Eterna transición de la justicia mexicana: El laberinto de las reformas inconclusas

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El sistema legal mexicano es un laberinto de reformas sin terminar, promesas incumplidas y procesos estancados que han dejado a millones de ciudadanos en un limbo judicial interminable, un enredo de reformas que, en lugar de ofrecer soluciones, parecen perpetuar la inercia de un sistema que ya no funciona. Este laberinto, alimentado por promesas incumplidas y una burocracia torpe, ha dejado a los ciudadanos atrapados en un tránsito que parece no tener fin.

Para entender el tortuguismo del sistema legal mexicano, es necesario remontarse al año 2008, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició una ambiciosa reforma del sistema penal. Se prometió una transformación completa de la justicia penal, pero la realidad fue mucho más amarga. Aunque la reforma nominalmente culminó en 2016 bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, lo cierto es que apenas se ha avanzado en lo esencial.

Los jueces pueden haber cambiado sus togas y las salas de juicios orales se han erigido en algunos juzgados, pero las entrañas del sistema permanecen ancladas en el pasado. Las policías, los ministerios públicos y las fiscalías no han experimentado las transformaciones prometidas, y los servicios periciales, fundamentales para la impartición de justicia, siguen en un estado de abandono que sólo puede calificarse de brutal.

El caso de Armando, quien lleva una década en la cárcel de Puente Grande sin sentencia, es un testimonio escalofriante de este fracaso. Su proceso, iniciado en el antiguo sistema penal, se encuentra hoy perdido en la maraña burocrática, y ni el juez ni el ministerio público parecen dispuestos a actuar con la prontitud que la justicia requiere. Los días de Armando se consumen en la incertidumbre, víctimas de un sistema que se devora a sí mismo.

En medio de este desorden, se creó la Guardia Nacional, una institución que, lejos de resolver el problema de la seguridad, ha puesto un simple curita sobre una herida que sigue supurando. Los patrullajes disuasorios, que deberían ser una herramienta para prevenir el delito, se han convertido en una simulación que apenas sirve para tranquilizar a la opinión pública. Mientras tanto, las policías federales y locales han sido relegadas, bajo la errónea suposición de que la Guardia Nacional es capaz de resolver todos los problemas de seguridad del país. Pero en realidad, lo que ha ocurrido es que no hay una policía primer respondiente eficiente, lo que deja un vacío que los delincuentes no han dejado de aprovechar.

La reforma del sistema mercantil, iniciada en 2017, representa un esfuerzo por modernizar un aspecto crucial de la justicia en México. Introdujo juicios orales, la caducidad en segunda instancia y la ejecución expedita de sentencias, entre otras medidas. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, el proceso sigue plagado de desafíos, especialmente en la uniformidad de su implementación en todo el país. Muchos tribunales locales carecen de la infraestructura y la capacitación necesarias para operar de manera eficiente, lo que significa que la modernización sigue siendo más una aspiración que una realidad.

Y mientras el sistema mercantil lucha por modernizarse, otra reforma se suma a la lista: la reforma laboral, también de 2017. Esta reforma, que pretendía transformar profundamente la justicia laboral en México, ha enfrentado resistencias y obstáculos en su implementación. En Jalisco, por ejemplo, los trabajadores de la Junta Local hacen todo lo posible por no concluir sus procesos, temerosos de perder su fuente de trabajo. El caso de un notificador que lleva más de un año sin poder cumplir con su tarea en Tlajomulco es sintomático de un sistema que se desmorona desde dentro. La construcción de la Ciudad Judicial en Jalisco no fue más que otro capítulo en la crónica de negocios turbios que han caracterizado a nuestra clase política.

Con la venia de los funcionarios estatales, se destinaron recursos de IPEJAL, los fondos de pensiones de los trabajadores, para levantar este monumento al despilfarro. Pero la historia no termina ahí. Los mismos funcionarios que autorizaron el uso de esos recursos ahora disfrutan del usufructo de los locales comerciales en el edificio, convertidos en empresarios gracias a su poder e influencia. Y como si esto no fuera suficiente para ilustrar el cinismo de nuestras autoridades, uno de los jueces laborales nombrado en esta misma Ciudad Judicial tiene una carpeta de investigación abierta por lesiones dolosas contra un familiar de la tercera edad.

Como si no bastara con las reformas inconclusas, el 12 de abril de 2023, el Senado de la República aprobó un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código, que establece un periodo de transición de cuatro años antes de entrar en vigor, promete uniformar los procedimientos, priorizar la oralidad y aprovechar las tecnologías de la información. Pero, al igual que con las reformas anteriores, los desafíos son enormes, y la promesa de una justicia más accesible y eficiente parece, de momento, una utopía lejana.

El panorama es desolador. El 80% de los litigios en México están en un proceso de tránsito hacia alguna parte, pero nadie parece saber hacia dónde. El Poder Legislativo, tanto a nivel federal como local, no ha cumplido con su deber de crear las leyes necesarias, y los presupuestos son insuficientes. Las administraciones, tanto locales como federales, han fracasado en reformar las policías, los ministerios públicos y los servicios periciales. En resumen, todo lo que se ha reformado anteriormente está abandonado.

La impunidad en México, que ronda el 94% según México Evalúa, es un reflejo de este abandono. La justicia en México se ha convertido en una promesa incumplida, un proyecto de reforma interminable que ha dejado a millones de ciudadanos atrapados en un sistema que simplemente no funciona.

Y mientras el país se ahoga en este mar de ineficiencia, las discusiones sobre la elección popular de jueces y magistrados son una distracción inútil. ¿Qué importa si un juez es electo por voto popular si el sistema en el que opera sigue siendo un desastre? La verdadera reforma que México necesita no es la elección de jueces, sino un sistema de justicia que realmente funcione. Pero mientras el poder político siga concentrándose en un solo lugar, disfrazado de reformas democráticas, la justicia en México seguirá siendo una utopía inalcanzable.

Estamos atrapados en un laberinto sin salida, y mientras no encontremos el camino correcto, la justicia en México seguirá siendo un sueño lejano, una promesa incumplida que se desvanece en el horizonte.

En X @DEPACHECOS