NACIONALES
Eterna transición de la justicia mexicana: El laberinto de las reformas inconclusas
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
El sistema legal mexicano es un laberinto de reformas sin terminar, promesas incumplidas y procesos estancados que han dejado a millones de ciudadanos en un limbo judicial interminable, un enredo de reformas que, en lugar de ofrecer soluciones, parecen perpetuar la inercia de un sistema que ya no funciona. Este laberinto, alimentado por promesas incumplidas y una burocracia torpe, ha dejado a los ciudadanos atrapados en un tránsito que parece no tener fin.
Para entender el tortuguismo del sistema legal mexicano, es necesario remontarse al año 2008, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició una ambiciosa reforma del sistema penal. Se prometió una transformación completa de la justicia penal, pero la realidad fue mucho más amarga. Aunque la reforma nominalmente culminó en 2016 bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, lo cierto es que apenas se ha avanzado en lo esencial.
Los jueces pueden haber cambiado sus togas y las salas de juicios orales se han erigido en algunos juzgados, pero las entrañas del sistema permanecen ancladas en el pasado. Las policías, los ministerios públicos y las fiscalías no han experimentado las transformaciones prometidas, y los servicios periciales, fundamentales para la impartición de justicia, siguen en un estado de abandono que sólo puede calificarse de brutal.
El caso de Armando, quien lleva una década en la cárcel de Puente Grande sin sentencia, es un testimonio escalofriante de este fracaso. Su proceso, iniciado en el antiguo sistema penal, se encuentra hoy perdido en la maraña burocrática, y ni el juez ni el ministerio público parecen dispuestos a actuar con la prontitud que la justicia requiere. Los días de Armando se consumen en la incertidumbre, víctimas de un sistema que se devora a sí mismo.
En medio de este desorden, se creó la Guardia Nacional, una institución que, lejos de resolver el problema de la seguridad, ha puesto un simple curita sobre una herida que sigue supurando. Los patrullajes disuasorios, que deberían ser una herramienta para prevenir el delito, se han convertido en una simulación que apenas sirve para tranquilizar a la opinión pública. Mientras tanto, las policías federales y locales han sido relegadas, bajo la errónea suposición de que la Guardia Nacional es capaz de resolver todos los problemas de seguridad del país. Pero en realidad, lo que ha ocurrido es que no hay una policía primer respondiente eficiente, lo que deja un vacío que los delincuentes no han dejado de aprovechar.
La reforma del sistema mercantil, iniciada en 2017, representa un esfuerzo por modernizar un aspecto crucial de la justicia en México. Introdujo juicios orales, la caducidad en segunda instancia y la ejecución expedita de sentencias, entre otras medidas. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, el proceso sigue plagado de desafíos, especialmente en la uniformidad de su implementación en todo el país. Muchos tribunales locales carecen de la infraestructura y la capacitación necesarias para operar de manera eficiente, lo que significa que la modernización sigue siendo más una aspiración que una realidad.
Y mientras el sistema mercantil lucha por modernizarse, otra reforma se suma a la lista: la reforma laboral, también de 2017. Esta reforma, que pretendía transformar profundamente la justicia laboral en México, ha enfrentado resistencias y obstáculos en su implementación. En Jalisco, por ejemplo, los trabajadores de la Junta Local hacen todo lo posible por no concluir sus procesos, temerosos de perder su fuente de trabajo. El caso de un notificador que lleva más de un año sin poder cumplir con su tarea en Tlajomulco es sintomático de un sistema que se desmorona desde dentro. La construcción de la Ciudad Judicial en Jalisco no fue más que otro capítulo en la crónica de negocios turbios que han caracterizado a nuestra clase política.
Con la venia de los funcionarios estatales, se destinaron recursos de IPEJAL, los fondos de pensiones de los trabajadores, para levantar este monumento al despilfarro. Pero la historia no termina ahí. Los mismos funcionarios que autorizaron el uso de esos recursos ahora disfrutan del usufructo de los locales comerciales en el edificio, convertidos en empresarios gracias a su poder e influencia. Y como si esto no fuera suficiente para ilustrar el cinismo de nuestras autoridades, uno de los jueces laborales nombrado en esta misma Ciudad Judicial tiene una carpeta de investigación abierta por lesiones dolosas contra un familiar de la tercera edad.
Como si no bastara con las reformas inconclusas, el 12 de abril de 2023, el Senado de la República aprobó un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código, que establece un periodo de transición de cuatro años antes de entrar en vigor, promete uniformar los procedimientos, priorizar la oralidad y aprovechar las tecnologías de la información. Pero, al igual que con las reformas anteriores, los desafíos son enormes, y la promesa de una justicia más accesible y eficiente parece, de momento, una utopía lejana.
El panorama es desolador. El 80% de los litigios en México están en un proceso de tránsito hacia alguna parte, pero nadie parece saber hacia dónde. El Poder Legislativo, tanto a nivel federal como local, no ha cumplido con su deber de crear las leyes necesarias, y los presupuestos son insuficientes. Las administraciones, tanto locales como federales, han fracasado en reformar las policías, los ministerios públicos y los servicios periciales. En resumen, todo lo que se ha reformado anteriormente está abandonado.
La impunidad en México, que ronda el 94% según México Evalúa, es un reflejo de este abandono. La justicia en México se ha convertido en una promesa incumplida, un proyecto de reforma interminable que ha dejado a millones de ciudadanos atrapados en un sistema que simplemente no funciona.
Y mientras el país se ahoga en este mar de ineficiencia, las discusiones sobre la elección popular de jueces y magistrados son una distracción inútil. ¿Qué importa si un juez es electo por voto popular si el sistema en el que opera sigue siendo un desastre? La verdadera reforma que México necesita no es la elección de jueces, sino un sistema de justicia que realmente funcione. Pero mientras el poder político siga concentrándose en un solo lugar, disfrazado de reformas democráticas, la justicia en México seguirá siendo una utopía inalcanzable.
Estamos atrapados en un laberinto sin salida, y mientras no encontremos el camino correcto, la justicia en México seguirá siendo un sueño lejano, una promesa incumplida que se desvanece en el horizonte.
En X @DEPACHECOS
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
