ENTREVISTAS
Liconsa es pilar de la seguridad alimentaria del país, Víctor Hugo Pérez Pelayo
Por Mario Ávila //
La leche de Liconsa, más que una bebida, bien podría considerarse como un alimento nutritivo, ya que bastarán dos vasos de leche al día para que un niño, que si bien puede llegar a tener hambre, esté exento de padecer signos de desnutrición, porque la leche contiene todos los nutrientes necesarios para tener una dieta balanceada.
Esto lo ha confirmado el Instituto Nacional de Salud Pública, según lo expuso en el Foro Metropolitano de Seguridad Nacional, titular de la Gerencia Nacional de Abasto Social de Leche Liconsa, Víctor Hugo Pérez Pelayo Rojas, quien se dijo plenamente satisfecho de encabezar los esfuerzos del programa social más antiguo de México, que opera desde el año de 1944 y que en el año anterior cumplió ya 80 años de operación.
El foro tuvo lugar en las instalaciones del auditorio “Raúl Padilla López” del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG, a convocatoria de Karina Lomelí Legoff, líder de la asociación civil INCOLTAL y del programa “Jalisco sin Hambre Crece”.
En lo que resultó también como un foro de análisis de la problemática de la seguridad nacional, tomaron parte los diputados federales Fernando Vilches, y Felipe Delgado, a la vez ex alcaldes de los municipios de Ecatepec, en el Estado de México y La Paz, BCS; así como el delegado federal de Sader, Alfredo Porras, el coronel Noyola Castillo y el magistrado del STEJ, Luis Enrique Villanueva.
Además de los temas de seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad en la impartición, procuración y administración de la justicia, también se habló de la seguridad alimentaria, que le correspondió abordar al abogado Víctor Hugo Pérez Pelayo Rojas, quien durante los últimos tres años le ha correspondido encabezar los trabajos relativos a uno de los programas sociales más importantes que opera el gobierno de la República, a través de la paraestatal Liconsa.
Explicó que la seguridad nacional alimentaria o la soberanía alimentaria que procuran los gobiernos de la República, los gobiernos estatales y los municipales, es precisamente con la intención de garantizar el acceso de la alimentación, de la nutrición y combatir la carencia alimentaria de la sociedad que se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad, en entidades, municipios, colonias, delegaciones o agencias con alta marginación.
Liconsa –dijo-, es una empresa paraestatal que se dedica precisamente a la seguridad alimentaria bajo una difusión de un programa de abasto de leche, esto quiere decir que nos dedicamos a distribuir leche con más de mil rutas que tenemos en todo el territorio mexicano, a empadronar, a poder proponer a toda la derechohabiencia, en este caso nos focalizamos en una sociedad en específico para que se puedan incorporar a un programa que opera el gobierno de México desde hace 80 años.
Es una para estatal –precisó-, que tiene 80 años de vida, nace en 1944 gracias a una visión de estado del entonces presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, donde nace con la idea de ayudar al sector ganadero de pequeños y medianos productores del país, adquiriendo, comprándole su leche para después poderla envasar y distribuir a la gente más necesitada del país; así nace Liconsa y el año inmediato anterior acabamos de cumplir 80 años de existencia, es el programa social del gobierno mexicano más legendario, el más antiguo de los 18 programas sociales que opera el Gobierno de la República.
LA LECHE SE FORTIFICADA
En la parte central de su participación, Víctor Hugo Pérez Rojas, compartió con orgullo que la vida le ha dado la oportunidad de estar en los tres rubros de la seguridad nacional, ya que estuvo en el ISSSTE, como director jurídico en el estado de Jalisco, atendiendo temas de seguridad social.
Posteriormente estuvo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en calidad de director de Control y Seguimiento Jurídico en el país, donde se ven todos los temas relativos a los programas de subsidios para todos los municipios y todos los estados, para el equipamiento de los policías y hoy le toca en la seguridad alimentaria con Liconsa, que es uno de los programas más importantes que se tienen para ayudar en la nutrición de todos los mexicanos.
Insistió en que Liconsa es una empresa que combate la carencia alimentaria con un producto nutricional, buscando una seguridad, pero con nutrición. La leche por sí sola –dijo-, tiene muchos nutrientes pero la leche que se industrializa por parte de Liconsa, tiene una fortificación muy especial que va focalizada a una población y objetivo específico: niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónico degenerativas.
Con una leche que se compra –puntualizó-, se ayuda al sector agroalimentario, comprándoles la leche la leche a través del gobierno de México a esos pequeños y medianos productores y en ocasión hasta grandes productores, a un precio de garantía que se ha convertido en un precio de referencia en todo el país, se le paga el precio del litro al productor a 11.50 pesos, lo que no pagan ninguna industria láctea mexicana, e incluso hay estudios que dicen que es el mejor precio que se le paga al productor en el mundo.
Planteó también que después de comprarla, Liconsa la industrializa, la pasteuriza, la ultrapasteuriza, la embolsa, “pero aparte, la fortificamos precisamente buscando una seguridad nacional alimentaria, agregando ácido fólico, zinc, hierro, calcio y vitaminas A y B12”.
Esa leche ya fortificada luego la distribuye el gobierno de México buscando la soberanía alimentaria, en más de 11 mil 892 puntos de venta que se tienen distribuidos en todo el territorio mexicano; es decir prácticamente son 12 mil lecherías en las que de manera diaria se distribuyen por parte del gobierno de México, leche que es un alimento, no es una bebida, es leche de primera calidad con esos nutrientes especializados que vienen avalados por el Instituto Nacional de Salud Pública”.
Liconsa, en estos 12 mil puntos de venta, distribuye la leche a precios bastante accesibles porque el gobierno de México subsidia el precio, de tal suerte que la compra al productor a 11.50 pesos el litro y la vende a 7.50 pesos el litro, aunque al gobierno mexicano le cuesta 27 pesos la producción de un litro de leche. Incluso existe un precio diferenciado, precisamente buscando la seguridad alimentaria, y en algunas zonas, el costo a los ciudadanos que habitan en los 500 municipios más vulnerables, el litro llega a costar en 4.50 o 6.50 pesos el litro.
En el estado de Jalisco, Liconsa tiene más de 350 mil beneficiarios en todo el territorio, prácticamente con 500 puntos de venta, es decir 500 lecherías en todos los municipios de la entidad.
Mientras que a nivel nacional, Liconsa tiene un padrón de beneficiarios de 6.3 millones, con una cobertura y presencia en las 32 entidades federativas, así como en la Ciudad de México y en todas sus alcaldías; pero a la vez de distribuir leche fluida, también se distribuye leche en polvo en estados como Sonora, Baja California Sur, Baja California Norte, Sinaloa y Durango, porque tienen comunidades en donde se nos complica el tema de la distribución y se corre el riesgo de que la leche se pudiese descomponer, por lo tanto ahí llega la leche en polvo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
