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INAI: La trampa del voluntarismo
Opinión, por Iván Arrazola //
Mucho se ha debatido sobre la permanencia de los órganos autónomos, una cuestión que se ha convertido en una obsesión del actual gobierno, cuya principal intención es desaparecerlos bajo el argumento de que representan un gasto oneroso y no han sido eficaces en sus funciones. Quienes esperaban que con el cambio de mando en la presidencia de la República habría un cambio de visión en estos temas, parecen haberse equivocado.
La científica, académica, virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, piensa exactamente igual que la cabeza del movimiento de la Cuarta Transformación, López Obrador, dice Sheinbaum sobre el tema del INAI, “Tendría que verlo el congreso, si se hace también una serie de foros en particular para este tema; (pero) lo he dicho varias veces, no es la primera vez que lo digo y acostumbro decir lo que pienso: el tema de la transparencia no requiere grandes organismos ni grandes burocracias para que sea una realidad”.
Según esta concepción del oficialismo, lo esencial no son las instituciones, sino las personas y sus «buenas» intenciones; si se actúa en favor del pueblo, siempre se actuará correctamente. Desde esta perspectiva, se cree que las buenas personas son más poderosas que las leyes y las instituciones. Sin embargo, el problema con esta visión voluntarista es que los seres humanos, por su propia naturaleza, tienden a la parcialidad, de ahí la necesidad de contar con controles independientes.
La lucha por el derecho a la transparencia y la protección de los datos personales es relativamente reciente. En 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dio lugar al IFAI, una institución autónoma encargada de garantizar el derecho de acceso a la información en poder de las autoridades federales. En 2014, con la reforma constitucional en materia de transparencia, el IFAI se transformó en el INAI, ampliando su competencia para incluir no solo el acceso a la información, sino también la protección de los datos personales en manos de entidades públicas y privadas.
Sin duda, este fue un gran avance para el país, considerando la opacidad en la que muchas instituciones públicas operaban. Gracias a esta ley, se revelaron muchos de los excesos de la clase política y se logró un mayor control sobre cómo se gasta el presupuesto y en qué se emplea.
Hoy, parece que estamos regresando a una situación similar a la vivida hace 40 años, cuando ni la democracia ni la transparencia eran una realidad en México. Para la ciudadanía, es un misterio el costo de la refinería de Dos Bocas, y tampoco se conoce en detalle cómo se manejan las finanzas de grandes proyectos sexenales como el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles.
Lo que debería ser una obligación del gobierno, la transparencia de la información, se presenta en la narrativa oficial como un lujo, un exceso, algo innecesario. Al final, se nos pide confiar en un gobierno de personas «honestas», que, al actuar en favor del bien, siempre actuarán correctamente.
Otro tema preocupante son las revelaciones que el presidente de la república ha hecho en sus conferencias matutinas, donde ha divulgado información personal de periodistas, uno de los sectores más vulnerables en el país. Revelar el número telefónico de una periodista del New York Times o los ingresos personales del periodista Carlos Loret de Mola le parece normal al presidente, bajo el argumento de que tiene derecho a defenderse, aunque esto implique violar la ley.
El presidente sostiene que el INAI debe desaparecer porque no ha ayudado a combatir la corrupción, calificando a su personal como parte de una «burocracia dorada» y producto de la lógica neoliberal. Por ello, en su propuesta de reforma constitucional, sugiere que las funciones del INAI sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, lo que convertiría al gobierno en juez y parte. Si se solicita información, sería el propio gobierno quien decida si la transparencia es adecuada o no.
La obsesión por eliminar estos órganos autónomos obedece a una razón fundamental: lograr un control total sobre el poder y evitar rendir cuentas. Que nadie pueda hacer observaciones o cuestionamientos; que sea el gobierno quien decida si las personas pueden ejercer sus derechos o no. Estos molestos contrapesos deben ser eliminados para un movimiento que se considera democrático, porque según ellos, el gobierno es la voz del pueblo y, por lo tanto, saben lo que le conviene al pueblo.
Al final, saben que cualquier corruptela será más fácil de llevar a cabo sin organismos autónomos. Si una persona quiere saber si hay medicinas en su clínica o cuánto gasta el gobierno en determinado rubro, dependerá de la voluntad del gobierno decidir si proporciona o no la información.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
– Por Mario Ávila
Con el propósito de abreviar tiempos, México cancela la solicitud de extradición del ex jefe policiaco de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, vinculado a la organización criminal de La Barredora, y admite la determinación del Gobierno de Paraguay, de expulsar de su territorio al presunto delincuente, quien ya vuela rumbo a México.
Hernán «N» es trasladado a México desde Paraguay y será ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en el Edomex, una vez que llegue al país, según lo informó a través de sus redes sociales el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Esta captura se logró gracias al trabajo coordinado del gabinete de Seguridad de México, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la SRE y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay.
El traslado de Hernán “N” a nuestro país se realiza con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra, contando con la colaboración y el apoyo de la presidencia de la República del Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país.
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
Entregan la presea “La Paz hecha a mano”
