JALISCO
Jalisco es ineficiente en recaudación: De cada 10 pesos que gasta, 9 provienen de la federación
Por Cayetano Frías //
La discusión sobre la necesidad de crear un marco jurídico que asegure la asignación de recursos federales a entidades y municipios, se encuentra contaminada por los discursos de un grupo de gobernadores, entre los que se encuentran varios que como legisladores, avalaron la Ley de Coordinación Fiscal de 2007, que fue impulsada por el entonces Presidente Felipe Calderón.
Independientemente de la estridencia en la esgrima verbal que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido con los gobernadores, agrupados en una mal llamada “Alianza Federalista”, la demanda por lograr un equilibrio en el reparto de los recursos que aportan las entidades y municipios a las arcas federales, es añeja y justa. La concentración por parte del Ejecutivo Federal en el ejercicio de los recursos, siempre ha sido cuestionada por gobernadores y presidentes municipales.
Lo deseable, y que no se ha observado en este conflicto, es que los políticos busquen privilegiar el diálogo y acuerden estrategias que permitan salir de la crisis económica resultante de la pandemia, tanto por factores internos como externos. Lo peor, es que desde el grupo de gobernadores, se ha utilizado el tema del COVID-19 como parte de esta controversia, en una manifestación mezquina de política.
Al margen de las descalificaciones, lo rescatable del comunicado firmado por los integrantes de la alianza, es que se le pide al gobierno federal que se convoque a una Convención Hacendaria, en la cual se discutan las modificaciones que deben hacerse a los esquemas de reparto de los recursos, lo cual como ya se dijo, es una demanda generalizada alentada por gobernadores y presidentes municipales desde el siglo pasado.
Hoy, con un gobierno electo con un bono democrático extraordinario, están dadas las condiciones para que el Presidente sea sensible a los requerimientos de los otros poderes y se aprueben modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, para tener certidumbre sobre un reparto más justo. En el mismo tenor, los gobernadores también deberán asumir la responsabilidad de ejercer los recursos con honestidad, eficiencia y eficacia, y a su vez, dar un trato más justo a los municipios, lo cual no hacen actualmente.
Uno de los principales argumentos que manejan los gobernadores inconformes, es que las entidades que encabezan, son las que generan el mayor porcentaje del Productos Interno Bruto (PIB) del país y que a cambio reciben una cantidad muy mínima en comparación con lo que aportan. En el caso de Jalisco, Enrique Alfaro quien se distingue como el más conflictivo en lo verbal, se expresa con medias verdades y mentiras completas para presionar al gobierno federal.
Asegura que Jalisco aporta el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y solo es de 7.1% -y esas décimas equivalen a cientos de miles de millones-, por lo que le parece inconveniente que se le destine el 3% del presupuesto. Parece no entender que el PIB es un indicador de consumo, de lo que compran y venden los mexicanos en lo local y al exterior. No es dinero que ingresa al erario federal.
Si bien es cierto que el INEGI reporta en 2018 un PIB de Jalisco por 1 billón 575 mil 126 millones de pesos, esa cantidad no tiene relación con los impuestos que se cobran, pues por ejemplo Jalisco solo ingresó a su hacienda aproximadamente 9 mil 720 millones de pesos, que es el equivalente al 9% de su presupuesto, estimado para ese año en 108 mil millones de pesos.
En febrero de este año, el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO), publicó un análisis en el cual detalla las debilidades de las administraciones en los gobiernos estatales: “El actual régimen de coordinación fiscal entre la federación y los gobiernos subnacionales genera un escenario complicado para las entidades federativas, ya que tienen poca autonomía fiscal, alta dependencia de las transferencias federales y baja recaudación”.
El IMCO explica que las entidades desaprovechan sus facultades tributarias, pues de los 18 impuestos que pueden recaudar, en promedio solo recaudan seis, sobresaliendo Baja California que cobra nueve y Puebla con tres impuestos es la que menos cobra. Para 2020, se estima que se recaudarán más de 2 billones de pesos en ingresos totales para los estados, las entidades solo recaudarán el 4.7% de los ingresos y el gobierno federal el 93.6%
En el documento, el IMCO propone que el Congreso de la Unión, los Congresos estatales y las secretarías de finanzas, aprueben una reforma fiscal de fondo, la cual permita recaudar más del 20% del PIB de forma progresiva, les den mayores facultades a los gobiernos estatales y emitan criterios de competencia y reglas de operación que mejoren la gobernanza de los recursos públicos.
Otras medidas que sugiere IMCO, es fomentar los impuestos progresivos, “a mayores ingresos, mayor tasa”, además señala que reducir el impuesto de nómina aumentaría la formalidad y ampliaría la base gravable.
En un análisis el economista del ITAM y de la Universidad de Columbia, Mario Campa, concluye que abandonar el Convenio de Coordinación Fiscal no es viable para la mayoría de las entidades, pero en el caso de Jalisco saldría perdiendo, porque nueve de cada diez pesos que gasta vienen de la federación. El especialista considera que Jalisco tendría que idear un plan para resolver el problemón de endeudamiento y recortes de gasto derivados de menores ingresos públicos.
“Aporta el 3.1% de los impuestos tributarios del país y recibe el 6.4% de participaciones y el 5% de aportaciones, así que ese vacío tendría que ser colmado de alguna forma”, precisa.
En una tabla elaborada por Campa, se refleja la ineficiencia recaudatoria de los gobiernos de esta alianza. Los más dependientes son Michoacán, que de cada 100 pesos que gasta, 94.50 los recibe del gobierno federal; le sigue Durango con 92.30 pesos de cada 100 y Jalisco con 91 pesos de cada 100. Los de mejor desempeño en recaudación son Aguascalientes que recibe de la federación 81.70 pesos de cada 100 que gasta; Guanajuato con 82 pesos de cada 100 y Chihuahua con 82.30 pesos de cada 100.
En otro documento, éste del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se describen las deficiencias de los municipios en el cobro del impuesto predial en México, que equivale al 0.309% del monto del PIB, ni siquiera llega al medio punto. La mayoría de los países de la OCDE, tienen su indicador por este rubro, entre el 2 y el 4.4% en relación con su PIB.
Y en los anteriores escenarios, no se incluye el endeudamiento de los gobiernos estatales, que son otro lastre porque para contratarlos, hipotecan sus participaciones con el aval del gobierno federal, lo cual oscurece aún más la intención de separarse del Convenio de Coordinación Fiscal.
Y por la vía legal, el camino de abandonar ese Convenio, se vislumbra tortuoso ya que los gobernadores cayeron en la provocación lanzada por el presidente López Obrador, quien los invitó primero a que consulten a sus ciudadanos. El problema es que la Ley Federal de Consulta Popular no admite ese mecanismo para temas hacendarios, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya desechó dos solicitudes.
Así, la mejor vía será la concertación y entendimiento entre poderes, pero aprovechando para que se sumen los municipios a este acuerdo para reorientar la política de distribución fiscal, porque actualmente la mayoría de los gobernadores no entregan a los alcaldes en su presupuesto más allá del obligatorio 20% de las participaciones.
LAS MENTIRAS DEL GOBERNADOR
El lunes 26 de octubre, los miembros de la Alianza Federalista, mezclaron el tema de la pandemia por COVID-19 entre sus motivaciones para denostar al gobierno federal. “Cabe señalar que han sido las administraciones locales las que han brindado la certidumbre existente en torno al tema de salud, pues la cobertura de gastos por la pandemia quedó relegada casi por entero a los gobiernos de los Estados”, cita el comunicado firmado por Martín Orozco, Javier Corral, Enrique Alfaro, Diego Sinhué, Jaime Rodríguez, José Rosas Aispuro, Francisco García, Miguel Riquelme, Silvano Aureoles e Ignacio Peralta.
En particular en Jalisco, la información de la Secretaría de Salud de Jalisco desmiente a su gobernador, porque en el IMSS y el que son dependencias federales, reportaron el 30 de octubre la atención a 419 pacientes, frente a los 124 que se atendieron en el sistema de salud estatal.
En el Hospital Civil de Guadalajara que es un organismo público descentralizado tutelado por la Universidad de Guadalajara, se atendió a 93 pacientes, en tanto que en hospitales privados reportaron atención a 101 personas.
El viernes pasado se reportó en total que fueron atendidos 727 pacientes, de los cuales solo 124 estuvieron en instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco. Por lo tanto, es una mentira que el Gobierno de Jalisco lleve la mayor parte de la carga en el combate a la pandemia, pues solo atiende al 17% de los pacientes; entre el IMSS y el ISSSTE atendieron al 57%; el sector privado atendió al 14% y el Hospital Civil de la Universidad de Guadalajara al 12%. Cifras similares se observan en los reportes de los días anteriores.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La Universidad de Guadalajara (UdeG), con más de 360 mil estudiantes, ha sido un pilar de estabilidad en el panorama educativo mexicano durante las últimas décadas, especialmente bajo la influencia de Raúl Padilla López, exrector y figura clave hasta su fallecimiento en 2023.
Sin embargo, las recientes protestas estudiantiles, marcadas por la confrontación y actos de violencia en centros universitarios como el CUCSH, donde encapuchados irrumpieron y dañaron instalaciones de la rectoría, han encendido las alarmas.
¿Estamos ante el fin de esa era de calma que caracterizó a la UdeG? ¿O es este un capítulo pasajero que la rectora Karla Planter, la primera mujer en el cargo, podrá resolver con liderazgo y diálogo?
Las movilizaciones estudiantiles, iniciadas el 10 de septiembre de 2025, recuerdan los turbulentos años 60 y 70, cuando movimientos de izquierda generaron inestabilidad en las universidades mexicanas, marcadas por huelgas, violencia, alta politización y enfrentamientos con autoridades y gobiernos estatales.
Aquella época de confrontación contrastó con el periodo de estabilidad que Raúl Padilla consolidó con su liderazgo, transformando a la UdeG en un referente académico y cultural. Su ausencia ha abierto interrogantes sobre el rumbo de la institución en un contexto de transición y nuevas demandas sociales.
Las protestas recientes, que incluyeron la exigencia de suspender las elecciones del Consejo General Universitario (CGU) y la creación de espacios para el consumo de cannabis, han puesto a prueba la capacidad de la rectora Planter para mantener la gobernabilidad.
En un mensaje claro, emitido este miércoles 17 de septiembre de 2025, la rectora general universitaria respondió con un enfoque conciliador pero firme. Aceptó revisar las demandas legítimas, como mejoras en infraestructura, seguridad y acceso a materias, muchas de las cuales ya están en proceso.
Sin embargo, fue contundente al rechazar propuestas que considera inviables o perjudiciales, como la suspensión de las elecciones del Consejo General Universitario (CGU), que calificó de ilegal por violar los derechos de la comunidad universitaria, y la tolerancia al consumo de cannabis en los campus, argumentando que la universidad debe priorizar la salud y el bienestar de los estudiantes.
Además, Planter advirtió contra la intervención de actores externos que podrían estar manipulando las protestas para fines políticos, un riesgo que ella se comprometió a evitar. “No permitiremos que actores ajenos se aprovechen de las causas legítimas de nuestros estudiantes”, afirmó, subrayando su compromiso con un diálogo abierto, pero dentro del marco normativo de la UdeG.
Esta postura refleja una intención de equilibrar la apertura a las demandas estudiantiles con la defensa de la autonomía y la estabilidad institucional. El manejo de esta crisis será determinante para el futuro de la UdeG.
La rectora, quien asumió el cargo el 1 de abril de 2025, se ha destacado por su trayectoria académica y su enfoque en la igualdad y la inclusión. Su elección marcó un hito al ser la primera mujer en liderar la institución en sus 232 años de historia, y ahora enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo en un momento de tensión.
Las protestas, aunque legítimas en algunos puntos, han incluido episodios de violencia, como los ocurridos en el CUCSH, que podrían escalar si no se gestionan con cuidado. La pregunta central es si estas movilizaciones son un síntoma pasajero o el preludio de una inestabilidad prolongada, similar a la de décadas pasadas registradas en otras universidades del país, donde los paros y las huelgas generaron mucho daño a la educación superior de México.
La respuesta dependerá de varios factores: la capacidad de Planter para canalizar las demandas viables, la voluntad de los estudiantes para dialogar dentro de los cauces institucionales y la habilidad de la universidad para evitar que intereses externos desestabilicen su comunidad.
La UdeG no es ajena a los retos, pero su historia reciente demuestra que puede superarlos con liderazgo firme y un compromiso con su misión educativa.
UN FUTURO EN JUEGO
La UdeG está en una encrucijada. Las declaraciones de Karla Planter muestran una disposición al diálogo, pero también una línea clara contra propuestas que comprometan la integridad de la institución. Si las demandas estudiantiles encuentran eco en soluciones concretas y la comunidad universitaria opta por la vía pacífica, la estabilidad que ha caracterizado a la UdeG podría mantenerse.
De lo contrario, el riesgo de una escalada de tensiones amenaza con revivir los fantasmas de las épocas de confrontación. La rectora, con su visión de una universidad más igualitaria e incluyente, tiene la oportunidad de forjar un nuevo capítulo de unidad.
– Por Francisco Junco
En el marco del Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco, la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, que preside Dolores Patricia Alvarado, entregó la presea La Paz hecha a mano.
El reconocimiento busca visibilizar proyectos comunitarios que fomentan la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa.
Entre las galardonadas se encuentra Cointa Sotomayor Reyna, distinguida por su proyecto Clan de Abus Excursionistas de Jalisco, iniciativa que promueve el derecho al esparcimiento y la vida plena de mujeres adultas mayores mediante viajes y actividades culturales, fortaleciendo con ello la convivencia pacífica y la participación activa.
También fue reconocida Josefina Acosta Rivera por su proyecto de arte por la paz Bodypaint en mujeres y hombres que luchan contra el cáncer de mama.
La iniciativa utiliza el arte corporal como herramienta de resiliencia, dignificando la vida de las personas que enfrentan esta enfermedad y proyectando un mensaje de esperanza y fortaleza.
La presea fue entregada igualmente a Liliana Pascual Bautista por su contribución a la paz a través de la confección del rebozo, símbolo de identidad, resistencia y memoria colectiva.
Su trabajo rescata la tradición textil mexicana como vehículo de cultura, dignidad y esperanza.
Otra de las galardonadas fue Epifanía Rosas Antonio, quien impulsa el proyecto Huipiles de mi pueblo. Esta propuesta resalta el arte textil indígena como un acto de resistencia e identidad, al tiempo que fortalece la economía de las artesanas y empodera a las comunidades a través de la revaloración de su patrimonio cultural.
También, el artista Enrique Chiu recibió el galardón por su proyecto Corazón Migrante, una obra de arte por la paz que busca recordar que la humanidad trasciende fronteras.
Con su propuesta, promueve el diálogo y la solidaridad, subrayando la necesidad de construir un mundo más justo e inclusivo.
JALISCO
Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco
– Por Francisco Junco
El Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco bajo el lema “Cosmovisión, Justicia y Paz”, reunió a autoridades, representantes de pueblos originarios, defensores de derechos humanos y sociedad civil, quienes coincidieron en que la paz no es sólo ausencia de violencia, sino un proceso colectivo basado en justicia, igualdad, respeto y diálogo, donde cada acción individual contribuye a transformar comunidades y construir un México más humano y solidario.
El Congreso de Jalisco, fue sede de este encuentro, organizado por la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, donde representantes de instituciones, autoridades y sociedad civil coincidieron en la necesidad de construir un país más justo, humano y solidario.
Bianca América Enríquez, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, destacó que el evento buscó generar un espacio de igualdad simbólica entre todos los asistentes.
“Lo importante no son los cargos o reconocimientos, sino la dignidad de cada individuo”, señaló.
Subrayó también los avances en materia de derechos sociales alcanzados a nivel nacional, como el derecho universal a la salud y la educación, así como el reconocimiento legal de los pueblos y comunidades indígenas.
Bianca América Enríquez recordó la cosmovisión wixárika al hablar de paz como un valor comunitario transmitido desde la infancia, donde se enseña a respetar la palabra de los abuelos, los acuerdos colectivos y la naturaleza.
Añadió que desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se impulsan proyectos para fortalecer la identidad, lengua y patrimonio cultural de los pueblos originarios, al tiempo que llamó a la sociedad a reconocer y respetar sus distintas formas de vida.
Por su parte, Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, advirtió sobre los retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacia 2030.
“Si tenemos el marco normativo y los presupuestos, ¿qué es lo que está fallando al ser humano? Lo que está fallando es volver a retomar la esencia del ser humano”, expresó, al tiempo que instó a reconocer la dignidad de cada persona y trabajar desde lo cotidiano para transformar la sociedad.
Godínez González enfatizó la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de paz, al señalar que cada acción puede generar un efecto multiplicador en familias, comunidades y municipios.
“Los buenos somos más, tenemos que hacer de verdad ese frente común”, afirmó, subrayando el compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de trabajar de manera conjunta con la sociedad civil.
En su intervención, Dolores Patricia Alvarado Corona, presidenta de Conciencia y Acción México, y encargada de inaugurar este encuentro, recordó que México enfrenta graves problemáticas como desapariciones, violaciones a derechos humanos y violencia estructural. Aún así, insistió en que la paz es un proceso activo que implica diálogo, justicia, libertad y respeto.
“La paz se construye en colectivo, no la podemos construir solitas ni solitos”, expresó y concluyó que este congreso busca no solo reflexionar, sino actuar en favor de una cultura de paz que se construya en lo cotidiano, desde decisiones individuales hasta transformaciones colectivas.
“La paz no es un destino lejano, la paz está aquí, cerquita de nosotros”, afirmó, invitando a los participantes a convertirse en promotores de un México más justo, equitativo y pacífico.
JALISCO
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
– Por Redacción Conciencia Pública
En un mensaje en video dirigido a toda la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, enfatiza el compromiso de la institución con la libertad de expresión y el respeto a la diversidad de opiniones dentro de la comunidad universitaria.
Destaca la importancia de escuchar las inquietudes de estudiantes, maestros y trabajadores, pero garantizando un ambiente de convivencia democrática y en forma pacífica, dentro del marco normativo vigente.
Anuncia que dirigen todos sus esfuerzos para atender las necesidades de infraestructura y bienestar social que han sido expresadas por comunidad universitaria, mientras mantiene una postura firme en contra de propuestas que comprometan la integridad y la autonomía de la universidad. Su liderazgo se fundamenta en la colaboración, el diálogo y la defensa de los derechos universitarios.
Planter reafirma la legalidad del proceso electoral del Consejo General Universitario, el cual representa la voz de una comunidad de más de 360,000 personas. Cancelar este proceso sería una violación de los derechos de la comunidad universitaria y de la normatividad vigente.
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