Por Cayetano Frías //

La discusión sobre la necesidad de crear un marco jurídico que asegure la asignación de recursos federales a entidades y municipios, se encuentra contaminada por los discursos de un grupo de gobernadores, entre los que se encuentran varios que como legisladores, avalaron la Ley de Coordinación Fiscal de 2007, que fue impulsada por el entonces Presidente Felipe Calderón.

Independientemente de la estridencia en la esgrima verbal que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido con los gobernadores, agrupados en una mal llamada “Alianza Federalista”, la demanda por lograr un equilibrio en el reparto de los recursos que aportan las entidades y municipios a las arcas federales, es añeja y justa. La concentración por parte del Ejecutivo Federal en el ejercicio de los recursos, siempre ha sido cuestionada por gobernadores y presidentes municipales.

Lo deseable, y que no se ha observado en este conflicto, es que los políticos busquen privilegiar el diálogo y acuerden estrategias que permitan salir de la crisis económica resultante de la pandemia, tanto por factores internos como externos. Lo peor, es que desde el grupo de gobernadores, se ha utilizado el tema del COVID-19 como parte de esta controversia, en una manifestación mezquina de política.

Al margen de las descalificaciones, lo rescatable del comunicado firmado por los integrantes de la alianza, es que se le pide al gobierno federal que se convoque a una Convención Hacendaria, en la cual se discutan las modificaciones que deben hacerse a los esquemas de reparto de los recursos, lo cual como ya se dijo, es una demanda generalizada alentada por gobernadores y presidentes municipales desde el siglo pasado.

Hoy, con un gobierno electo con un bono democrático extraordinario, están dadas las condiciones para que el Presidente sea sensible a los requerimientos de los otros poderes y se aprueben modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, para tener certidumbre sobre un reparto más justo. En el mismo tenor, los gobernadores también deberán asumir la responsabilidad de ejercer los recursos con honestidad, eficiencia y eficacia, y a su vez, dar un trato más justo a los municipios, lo cual no hacen actualmente.

Uno de los principales argumentos que manejan los gobernadores inconformes, es que las entidades que encabezan, son las que generan el mayor porcentaje del Productos Interno Bruto (PIB) del país y que a cambio reciben una cantidad muy mínima en comparación con lo que aportan. En el caso de Jalisco, Enrique Alfaro quien se distingue como el más conflictivo en lo verbal, se expresa con medias verdades y mentiras completas para presionar al gobierno federal.

Asegura que Jalisco aporta el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y solo es de 7.1% -y esas décimas equivalen a cientos de miles de millones-, por lo que le parece inconveniente que se le destine el 3% del presupuesto. Parece no entender que el PIB es un indicador de consumo, de lo que compran y venden los mexicanos en lo local y al exterior. No es dinero que ingresa al erario federal.

Si bien es cierto que el INEGI reporta en 2018 un PIB de Jalisco por 1 billón 575 mil 126 millones de pesos, esa cantidad no tiene relación con los impuestos que se cobran, pues por ejemplo Jalisco solo ingresó a su hacienda aproximadamente 9 mil 720 millones de pesos, que es el equivalente al 9% de su presupuesto, estimado para ese año en 108 mil millones de pesos.

En febrero de este año, el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO), publicó un análisis en el cual detalla las debilidades de las administraciones en los gobiernos estatales: “El actual régimen de coordinación fiscal entre la federación y los gobiernos subnacionales genera un escenario complicado para las entidades federativas, ya que tienen poca autonomía fiscal, alta dependencia de las transferencias federales y baja recaudación”.

El IMCO explica que las entidades desaprovechan sus facultades tributarias, pues de los 18 impuestos que pueden recaudar, en promedio solo recaudan seis, sobresaliendo Baja California que cobra nueve y Puebla con tres impuestos es la que menos cobra. Para 2020, se estima que se recaudarán más de 2 billones de pesos en ingresos totales para los estados, las entidades solo recaudarán el 4.7% de los ingresos y el gobierno federal el 93.6%

En el documento, el IMCO propone que el Congreso de la Unión, los Congresos estatales y las secretarías de finanzas, aprueben una reforma fiscal de fondo, la cual permita recaudar más del 20% del PIB de forma progresiva, les den mayores facultades a los gobiernos estatales y emitan criterios de competencia y reglas de operación que mejoren la gobernanza de los recursos públicos.

Otras medidas que sugiere IMCO, es fomentar los impuestos progresivos, “a mayores ingresos, mayor tasa”, además señala que reducir el impuesto de nómina aumentaría la formalidad y ampliaría la base gravable.

En un análisis el economista del ITAM y de la Universidad de Columbia, Mario Campa, concluye que abandonar el Convenio de Coordinación Fiscal no es viable para la mayoría de las entidades, pero en el caso de Jalisco saldría perdiendo, porque nueve de cada diez pesos que gasta vienen de la federación. El especialista considera que Jalisco tendría que idear un plan para resolver el problemón de endeudamiento y recortes de gasto derivados de menores ingresos públicos.

“Aporta el 3.1% de los impuestos tributarios del país y recibe el 6.4% de participaciones y el 5% de aportaciones, así que ese vacío tendría que ser colmado de alguna forma”, precisa.

En una tabla elaborada por Campa, se refleja la ineficiencia recaudatoria de los gobiernos de esta alianza. Los más dependientes son Michoacán, que de cada 100 pesos que gasta, 94.50 los recibe del gobierno federal; le sigue Durango con 92.30 pesos de cada 100 y Jalisco con 91 pesos de cada 100. Los de mejor desempeño en recaudación son Aguascalientes que recibe de la federación 81.70 pesos de cada 100 que gasta; Guanajuato con 82 pesos de cada 100 y Chihuahua con 82.30 pesos de cada 100.

En otro documento, éste del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se describen las deficiencias de los municipios en el cobro del impuesto predial en México, que equivale al 0.309% del monto del PIB, ni siquiera llega al medio punto. La mayoría de los países de la OCDE, tienen su indicador por este rubro, entre el 2 y el 4.4% en relación con su PIB.

Y en los anteriores escenarios, no se incluye el endeudamiento de los gobiernos estatales, que son otro lastre porque para contratarlos, hipotecan sus participaciones con el aval del gobierno federal, lo cual oscurece aún más la intención de separarse del Convenio de Coordinación Fiscal.

Y por la vía legal, el camino de abandonar ese Convenio, se vislumbra tortuoso ya que los gobernadores cayeron en la provocación lanzada por el presidente López Obrador, quien los invitó primero a que consulten a sus ciudadanos. El problema es que la Ley Federal de Consulta Popular no admite ese mecanismo para temas hacendarios, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya desechó dos solicitudes.

Así, la mejor vía será la concertación y entendimiento entre poderes, pero aprovechando para que se sumen los municipios a este acuerdo para reorientar la política de distribución fiscal, porque actualmente la mayoría de los gobernadores no entregan a los alcaldes en su presupuesto más allá del obligatorio 20% de las participaciones.

LAS MENTIRAS DEL GOBERNADOR

El lunes 26 de octubre, los miembros de la Alianza Federalista, mezclaron el tema de la pandemia por COVID-19 entre sus motivaciones para denostar al gobierno federal. “Cabe señalar que han sido las administraciones locales las que han brindado la certidumbre existente en torno al tema de salud, pues la cobertura de gastos por la pandemia quedó relegada casi por entero a los gobiernos de los Estados”, cita el comunicado firmado por Martín Orozco, Javier Corral, Enrique Alfaro, Diego Sinhué, Jaime Rodríguez, José Rosas Aispuro, Francisco García, Miguel Riquelme, Silvano Aureoles e Ignacio Peralta.

En particular en Jalisco, la información de la Secretaría de Salud de Jalisco desmiente a su gobernador, porque en el IMSS y el que son dependencias federales, reportaron el 30 de octubre la atención a 419 pacientes, frente a los 124 que se atendieron en el sistema de salud estatal.

En el Hospital Civil de Guadalajara que es un organismo público descentralizado tutelado por la Universidad de Guadalajara, se atendió a 93 pacientes, en tanto que en hospitales privados reportaron atención a 101 personas.

El viernes pasado se reportó en total que fueron atendidos 727 pacientes, de los cuales solo 124 estuvieron en instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco. Por lo tanto, es una mentira que el Gobierno de Jalisco lleve la mayor parte de la carga en el combate a la pandemia, pues solo atiende al 17% de los pacientes; entre el IMSS y el ISSSTE atendieron al 57%; el sector privado atendió al 14% y el Hospital Civil de la Universidad de Guadalajara al 12%. Cifras similares se observan en los reportes de los días anteriores.