NACIONALES
Justicia en el caso Roxana
Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //
Roxana es una joven indígena de 23 años originaria de Oaxaca, migró al Estado de México a los 15 años con la idea de buscar un mejor futuro. En mayo de 2021, un hombre entró a su casa para violentarla sexualmente, lo logró; su agresor amenazó con matarla, la joven señala que fue entonces que entraron en una disputa, finalmente, Roxana tomó una playera y asfixió a su atacante.
Después del incidente, decidió meter el cuerpo en un costal y lo sacó de su casa, hecho que fue observado por un vecino que llamó a la policía, los uniformados al ver la situación procedieron a detenerla y fue vinculada por homicidio. Roxana menciona que no se practicaron pruebas periciales, no se presentó examen médico y que incluso, no la dejaron hacer su declaración. Las autoridades no siguieron el debido proceso.
La joven, recibió prisión oficiosa por nueve meses y posteriormente, enfrentó su proceso en libertad, el 15 de mayo pasado, una jueza determinó que Roxana actuó con exceso, pues “dejar inconsciente a su agresor hubiera sido suficiente” hecho que la llevó a recibir una condena de seis años y siete meses de prisión y a pagar una compensación económica por 280 mil pesos.
Al recibir la condena, las palabras de Roxana fueron: “Me encerraron nueve meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta.” La argumentación de la jueza -con los elementos que tenía, ya que no contaba con pruebas periciales- podría ser un atentando contra los derechos fundamentales de las personas.
John Locke, uno de los filósofos más importantes de la historia, contribuyente a las teorías del contrato social, mencionaba que las personas, por el simple hecho de serlo, tienen tres derechos fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad privada; por consecuencia tienen derecho a defender estos derechos, tema que se delega al estado en aras de la equidad y la justicia; sin embargo, inicialmente cada individuo tiene la facultad de defender su vida, su libertad y su propiedad privada.
Roxana menciona que fue atacada en su domicilio, por consecuencia en su propiedad; que se transgredió su libertad sexual y que estaba bajo amenaza de perder su vida. Bajo esta argumentación suena ilógico y hasta irrisorio que se catalogue como excesiva cualquier tipo de defensa. ¿Para la jueza que hubiera sido lo correcto?
El tema ha causado revuelo nacional, el presidente lo ha tocado en su conferencia mañanera: “Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven, incluso la justificación del juez es tremenda ´porque pudo haber aminorado la fuerza´ y fue ´un exceso de legítima defensa´.
Esperemos que el caso se esclarezca, y que de ser lo justo, la joven pueda recuperar su libertad. Esta situación deja mucho que pensar. ¿Qué hubiera pasado si el caso no se hubiera viralizado? ¿Cuántas personas están siendo condenadas por defenderse de sus agresores? ¿Dónde falla el sistema de justicia que permite que culpables resulten inocentes e inocentes resulten culpables?
Estas preguntas llevan a otros temas: la impunidad y la falta de confianza en las autoridades. En México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que en México un delito termine en sentencia es de tan solo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en nuestro país. Sin embargo, hay inocentes que si son condenados.
Existe una baja confianza de los ciudadanos hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales, solo el 10.3% de las personas dice confiar en estas instituciones, casos como el anterior descrito nos muestran el porqué. Cuando no se cumplen los procesos adecuados y cuando no se tienen los elementos suficientes, la probabilidad de obtener una sentencia injusta es alta.
Vivimos en un país abrumado por la violencia. Necesitamos mejores instituciones de impartición de justicia, para esto debemos privilegiar el servicio profesional de carrera, como ciudadanos tenemos que estar atentos de los procesos y leyes que nos afectan a todos. No queremos más impunidad ni tampoco queremos más inocentes en las cárceles.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
– Por Mario Ávila
Con el propósito de abreviar tiempos, México cancela la solicitud de extradición del ex jefe policiaco de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, vinculado a la organización criminal de La Barredora, y admite la determinación del Gobierno de Paraguay, de expulsar de su territorio al presunto delincuente, quien ya vuela rumbo a México.
Hernán «N» es trasladado a México desde Paraguay y será ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en el Edomex, una vez que llegue al país, según lo informó a través de sus redes sociales el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Esta captura se logró gracias al trabajo coordinado del gabinete de Seguridad de México, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la SRE y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay.
El traslado de Hernán “N” a nuestro país se realiza con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra, contando con la colaboración y el apoyo de la presidencia de la República del Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país.
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
Entregan la presea “La Paz hecha a mano”
