NACIONALES
Justicia en el caso Roxana
Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //
Roxana es una joven indígena de 23 años originaria de Oaxaca, migró al Estado de México a los 15 años con la idea de buscar un mejor futuro. En mayo de 2021, un hombre entró a su casa para violentarla sexualmente, lo logró; su agresor amenazó con matarla, la joven señala que fue entonces que entraron en una disputa, finalmente, Roxana tomó una playera y asfixió a su atacante.
Después del incidente, decidió meter el cuerpo en un costal y lo sacó de su casa, hecho que fue observado por un vecino que llamó a la policía, los uniformados al ver la situación procedieron a detenerla y fue vinculada por homicidio. Roxana menciona que no se practicaron pruebas periciales, no se presentó examen médico y que incluso, no la dejaron hacer su declaración. Las autoridades no siguieron el debido proceso.
La joven, recibió prisión oficiosa por nueve meses y posteriormente, enfrentó su proceso en libertad, el 15 de mayo pasado, una jueza determinó que Roxana actuó con exceso, pues “dejar inconsciente a su agresor hubiera sido suficiente” hecho que la llevó a recibir una condena de seis años y siete meses de prisión y a pagar una compensación económica por 280 mil pesos.
Al recibir la condena, las palabras de Roxana fueron: “Me encerraron nueve meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta.” La argumentación de la jueza -con los elementos que tenía, ya que no contaba con pruebas periciales- podría ser un atentando contra los derechos fundamentales de las personas.
John Locke, uno de los filósofos más importantes de la historia, contribuyente a las teorías del contrato social, mencionaba que las personas, por el simple hecho de serlo, tienen tres derechos fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad privada; por consecuencia tienen derecho a defender estos derechos, tema que se delega al estado en aras de la equidad y la justicia; sin embargo, inicialmente cada individuo tiene la facultad de defender su vida, su libertad y su propiedad privada.
Roxana menciona que fue atacada en su domicilio, por consecuencia en su propiedad; que se transgredió su libertad sexual y que estaba bajo amenaza de perder su vida. Bajo esta argumentación suena ilógico y hasta irrisorio que se catalogue como excesiva cualquier tipo de defensa. ¿Para la jueza que hubiera sido lo correcto?
El tema ha causado revuelo nacional, el presidente lo ha tocado en su conferencia mañanera: “Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven, incluso la justificación del juez es tremenda ´porque pudo haber aminorado la fuerza´ y fue ´un exceso de legítima defensa´.
Esperemos que el caso se esclarezca, y que de ser lo justo, la joven pueda recuperar su libertad. Esta situación deja mucho que pensar. ¿Qué hubiera pasado si el caso no se hubiera viralizado? ¿Cuántas personas están siendo condenadas por defenderse de sus agresores? ¿Dónde falla el sistema de justicia que permite que culpables resulten inocentes e inocentes resulten culpables?
Estas preguntas llevan a otros temas: la impunidad y la falta de confianza en las autoridades. En México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que en México un delito termine en sentencia es de tan solo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en nuestro país. Sin embargo, hay inocentes que si son condenados.
Existe una baja confianza de los ciudadanos hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales, solo el 10.3% de las personas dice confiar en estas instituciones, casos como el anterior descrito nos muestran el porqué. Cuando no se cumplen los procesos adecuados y cuando no se tienen los elementos suficientes, la probabilidad de obtener una sentencia injusta es alta.
Vivimos en un país abrumado por la violencia. Necesitamos mejores instituciones de impartición de justicia, para esto debemos privilegiar el servicio profesional de carrera, como ciudadanos tenemos que estar atentos de los procesos y leyes que nos afectan a todos. No queremos más impunidad ni tampoco queremos más inocentes en las cárceles.
– Por José Modesto Barros Romo, Conciencia Pública
El internet de ultra velocidad ya no es un asunto de ciencia ficción, sino un campo estratégico donde las potencias tecnológicas definen su hegemonía. Japón, China y, en menor medida, México, han roto en este año barreras históricas de transmisión de datos, cada uno desde trincheras distintas, pero con un objetivo común: asegurar ventajas en la economía digital del siglo XXI.
Japón sorprendió al mundo al anunciar que sus científicos del Instituto Nacional de Información y Comunicaciones Tecnológicas (NICT) lograron transmitir datos a 1.02 petabits por segundo a través de fibra óptica.
Se trata de un récord mundial que equivale a descargar en un segundo la información de más de 10 millones de videos en alta definición, el equivalente a todo el catálogo de Netflix en un solo segundo.
Más allá de la hazaña técnica, el logro japonés envía un mensaje claro: su apuesta es consolidar infraestructuras terrestres estables y de larga distancia, con la mira puesta en mantener la competitividad industrial frente a China, Estados Unidos y Europa.
El gigante asiático, por su parte, libra otra batalla: el dominio del espacio inalámbrico. China Mobile reveló que en una red experimental de 6G alcanzó velocidades de 280 gigabits por segundo, descargando un archivo de 50 GB (unas 25 películas de mediana calidad) en apenas 1.4 segundos.
A esto se suman proyectos universitarios que exploran transmisiones en frecuencias en terahercios y enlaces satelitales de 100 Gbps, tecnologías que se perfilan como piezas centrales en la construcción de un ecosistema digital global, donde China pretende marcar la pauta a la espera lanzar comercialmente las redes 6G para el año 2030 en todo su territorio.
La estrategia china es evidente: no se conforma con desplegar infraestructura terrestre, busca liderar el futuro de las comunicaciones en el espacio y en el aire, donde se definirá el control de datos y, con ello, el poder geopolítico. De ahí que los experimentos en 6G no solo representen avances científicos, sino una carta de presentación en la carrera tecnológica frente a los estadounidenses, japoneses y los europeos.
México, en contraste, aparece con un logro más modesto pero simbólico. El año pasado la empresa Megacable, en alianza con Nokia, alcanzó 1.1 terabits por segundo en pruebas de fibra óptica de larga distancia.
No es un récord mundial ni una revolución en telecomunicaciones (aunque sí es un hito a nivel Latinoamérica, equivalente a descargar un videojuego como Call of Duty: Modern Warfare III en un segundo). Esta es una señal de que nuestro país busca modernizar su infraestructura digital con miras a los próximos años.
El reto está en si estos avances se traducirán en beneficios reales para los ciudadanos o quedarán como demostraciones técnicas en un país donde millones aún carecen de acceso a internet estable.
La comparación es reveladora: mientras Japón apuesta por la perfección de la fibra, China por la supremacía inalámbrica y espacial, México apenas intenta ponerse al día. El dilema nacional es mayúsculo: ¿apostar por ser solo consumidores de tecnologías extranjeras o trazar un plan estratégico que coloque a la región en la disputa global por la soberanía digital?
Lo cierto es que el internet del futuro no será solo más rápido; también será la nueva frontera de poder. Quien controle las redes de transmisión controlará la información, la seguridad nacional y el desarrollo económico. Japón y China ya están en esa carrera. México, como suele ocurrir, observa desde la periferia.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció su intención de imponer un arancel del 50 por ciento a los automóviles importados de países asiáticos sin tratados de libre comercio, como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
La medida, que representa un salto desde el 20 por ciento actual, busca frenar la entrada masiva de vehículos de bajo costo que, según autoridades federales, ponen en riesgo la competitividad de la industria automotriz nacional.
El anuncio forma parte de un paquete de reformas arancelarias que pretende abarcar importaciones por alrededor de 52 mil millones de dólares.
Además de los automóviles, se contempla aplicar nuevos gravámenes de entre el 10 y 50 por ciento a productos como acero, textiles, motocicletas y juguetes. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estrategia busca proteger más de 325 mil empleos vinculados directamente con el sector automotriz y manufacturero en el país.
La iniciativa surge en un contexto de presiones internacionales. Estados Unidos ha insistido en que México reduzca su dependencia comercial de China, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Washington considera que el ingreso creciente de autos eléctricos chinos, ensamblados a precios muy por debajo del mercado, amenaza con desestabilizar la cadena de valor regional que sostiene al acuerdo trilateral.
El Gobierno de México justifica la medida en el terreno de la defensa comercial, argumentando que los vehículos provenientes de Asia están siendo vendidos por debajo de los precios de referencia, lo cual constituye una práctica desleal.
El arancel del 50 por ciento es el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y colocaría a México como uno de los países más restrictivos frente a las importaciones automotrices chinas.
No obstante, la propuesta aún debe pasar por el Congreso de la Unión, donde se espera un intenso debate entre los defensores de la industria nacional y quienes advierten que un aumento de esta magnitud podría repercutir en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.
Aunque el partido en el poder cuenta con mayoría, especialistas prevén que habrá presiones de distintos sectores empresariales antes de que se concrete la votación.
De aprobarse, los nuevos aranceles modificarían de manera sustancial el mercado automotriz en México, elevando los precios de las marcas asiáticas y obligando a las armadoras a replantear sus estrategias de inversión y distribución.
Para el gobierno, se trata de una medida necesaria para proteger a la industria nacional; para los críticos, una apuesta arriesgada que podría tener costos económicos y políticos de gran alcance.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
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