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NACIONALES

La abogacía: En un punto de inflexión

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A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Al día de hoy, si algún joven me pidiera mi opinión sobre estudiar derecho para construir una carrera profesional como abogado litigante, probablemente mi consejo para ese joven en este momento sería, tal y como dice el meme: no lo haga, compa.

Según los datos del Observatorio Laboral, en México hay aproximadamente 363 mil 96 alumnos matriculados en la licenciatura de derecho, y aproximadamente 800 mil 160 profesionistas ejerciendo dicha carrera, cifra que puede ser catalogada como «extraoficial» ya que ésta solo considera a aquellos abogados que están inscritos a algún Colegio y/o Barra, pero fuera de estas agrupaciones, hay un sinfín de abogados litigantes y despachos que no son censados, por lo que la cifra real puede ser significativamente más elevada.

De igual forma, los datos reflejan la abogacía es la 24 carrera mejor pagada del país, pero el grueso de los abogados percibe un sueldo promedio mensual de aproximadamente 11 mil 755 pesos, mientras que el 48% de las personas que estudiaron derecho tienen un trabajo acorde con sus estudios.

No obstante, mi postura de no recomendar a los jóvenes ingresar a las aulas de cualquier facultad de derecho no obedece propiamente a estas cifras, ni mucho menos a que ya haya muchos abogados en el mundo profesional, al contrario, creo que una sociedad como la nuestra que está en constante desarrollo y crecimiento nunca tendrá suficientes abogados para atender en su totalidad todos los problemas, controversias y conflictos que derivan de la interacción social.

Realmente la verdadera razón por la que hoy yo no le recomendaría a ningún joven estudiar esta carrera obedece a una serie de factores con un trasfondo un poco más complejo que los salarios y la cantidad de profesionales del derecho que transitan por tribunales o dependencias gubernamentales, y es que aunque no lo parezca, actualmente el gremio, al menos en nuestro estado, atraviesa una crisis que considero debemos de solucionar de fondo, antes de invitar a más personas a aventurarse en una licenciatura.

En primer lugar, debemos de tener presente que el primer problema al que nos enfrentamos como gremio es que el papel y la importancia del abogado en la sociedad ha sido subestimado y relegado, a tal grado que un importante sector de la población no está dispuesta a invertir en su seguridad y certeza jurídica por un par de razones que son igual preocupantes: por un lado el número de personas indispuestas a invertir en servicios legales es proporcional al número de personas que en el pasado han atravesado situaciones desagradables con abogados carentes de profesionalidad, y por el otro lado, se ha comenzado a consolidar a nuestro alrededor una sutil cultura que hace creer a las personas que no necesitan invertir en arreglar problemas que desde su óptica pueden solucionar por su cuenta o por una módica cantidad.

Un claro ejemplo de esto lo viví la semana pasada conversé con una señora que me comentó que a ella le estaban cobrando $10,000 por un amparo, cantidad que a ella le pareció excesiva ya que un conocido suyo le dijo que ese ‘’papel’’ lo podían conseguir por tan solo $100, como si hacer un amparo fuera fácil, cuando realmente no lo es.

Es casi imperceptible, pero situaciones de esta naturaleza se reproducen cotidianamente, y además, dinamitan las bases de una profesión cuyo valor social no se puede equiparar puesto que es de donde nace el proceso de reparación del tejido social, pero cuya reputación dentro del grueso poblacional está casi tan lastimada como la del político tradicional, razón por la cual es momento de replantearnos seriamente nuestra profesión, de tal manera que podamos sentar las bases para un futuro en el que los abogados puedan vuelvan a ser verdaderos factores de cambio social.

Y muy probablemente el primer paso para alcanzar este objetivo lo podremos encontrar en la iniciativa presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero con la que plantea cambios en materia de colegiación y certificación de profesionistas, iniciativa que guardando sus proporciones, podría encender un acalorado debate como lo hizo la reforma educativa de Enrique Peña Nieto que tocó fibras sensibles.

En su iniciativa, la senadora plantea que la colegiación, como la certificación periódica de determinadas profesiones son los medios aceptados internacionalmente para evitar que se ataquen derechos de terceros ni se ofendan derechos de la sociedad, por lo que la colegiación obligatoria para los abogados se puede traducir en un mecanismo de control en el ejercicio de la profesión en virtud del cual se deberá replantear también el papel de los Colegios o Asociaciones en donde la afiliación es voluntaria y por lo tanto no solo no cuentan con estándares mínimos de calidad, sino que tampoco cuentan con códigos de conducta profesional o mecanismos de sanción por mala práctica, ya que solamente son vistos como hubs de networking.

Seamos puntuales y muy claros: sí, hay abogados corruptos, que abusan de los clientes, que juegan con su estabilidad y sus derechos laborales, que juegan con el patrimonio de las personas, y aún peor, que juegan con la libertad de aquellas personas que se juegan más de lo que tienen, y por supuesto, también hay abogados que sin ser corruptos, pero que por falta de pericia o capacidad, exponen a sus clientes a peores situaciones, y esta realidad, es innegable porque todos y cada uno de nosotros, la conocemos, y al menos yo realmente no necesito más razones para convencerme de que debemos hacer cambios.

En más de una ocasión lo he dicho en este espacio: no hay nada en nuestra sociedad que sea perfecto, todo es susceptible de mejorar y de ser perfeccionado, y nuestra profesión no es la excepción, de hecho, los problemas que rodean al gremio legal nos gritan que uno de los problemas más grandes que nos rodean, es la falta de colegiación y de controles de calidad efectivos respecto a la prestación de un servicio profesional tan importante como el que ofrecen los abogados, pero que actualmente no cuenta con los índices de popularidad más alto en la industria profesional.

Y sí, probablemente replantear las bases de nuestra profesión partiendo de las condiciones bajo las cuales tanto nosotros como nuestros colegas estarán facultados para ofrecer y prestar sus servicios puede que se torne en un debate bastante incómodo y polémico que seguramente calentará los ánimos de algunos, pero son justamente los debates incómodos y polémicos, las primeras señales de que se está dando en el clavo, y mientras haya debate, habrá voluntad de cambio y apertura para reconocer todo aquello en lo que hemos fallado, y en lo que le hemos fallado a la sociedad.

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ENTREVISTAS

Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

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Por Francisco Junco //

“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.

Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.

Un camino desde abajo

Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.

“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.

Retos de una elección sin precedentes

En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.

Dilemas judiciales

Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.

“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.

Una justicia humana y equitativa

Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.

Propuestas claras

¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:

“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.

Deuda histórica con las víctimas

Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.

El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.

En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.

En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.

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CARTÓN POLÍTICO

Herida abierta

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NACIONALES

Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

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Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.

Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.

Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.

Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.

Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.

La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.

El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.

Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.

Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.

Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.

Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.

Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.

Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.

Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.

A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.

 

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