Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, y en materia de prácticas democráticas el pueblo mexicano tiene el inminente uno de agosto, la gran cita para consolidar su andadura votante, apenas vitalizada en los comicios de 2018, tras más de un siglo de ficciones electorales. Desde Madero, para ser precisos.

Se han vencido enormes reticencias, necias oposiciones, soterrados impedimentos; pero al fin, luego de adicionarse la Constitución Federal en su artículo 35, fracción VII, millones de mexicanos, con el apoyo del legislativo y del poder ejecutivo, lograron que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) aprobara (con modificaciones) como constitucional, la convocatoria de consulta popular para que los ciudadanos digan: sí o no, al enjuiciamiento de quienes sumieron durante los recientes lustros a la nación, en una especie de foso, mismo que concluyó como un patente despeñadero.

Todavía el Instituto Nacional Electoral (INE) observó una actitud renuente, aduciendo insuficiencia presupuestal, luego que sus consejeros y altos funcionarios, se despachan con la cuchara gorda gastando y cobrando a manos llenas, aún de manera anticonstitucional. Pero para esta especie de plebiscito no había recursos. No encontró eco en sus demandas de dinero y, obligado a organizar la Consulta, vino a recortar el número de casillas, a mas o menos una tercera parte de las que instaló en las elecciones de junio.

La difusión del ejercicio electivo, no fue animado oficialmente sino hasta el día 15 de julio. Y en las conferencias y declaraciones del presidente del INE, se enfatizaba que no era la Consulta para decidir el enjuiciamiento de los expresidentes de la república (como inicialmente lo había planteado el actual primer mandatario), sino simple y llanamente, decir “si” o “no”, a la pregunta que aprobó la SCJN, que dice: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Tal como se aprecia, la interrogación, de ser simple como se propuso originalmente pues se precisaba el nombre de los exmandatarios nacionales desde Carlos Salinas, ahora quedó compleja, barroca, y para muchos sufragantes, casi ininteligible. Se pidió a la Corte que aclarara esos términos, pero no se obtuvo respuesta. Empero, los ciudadanos se han concientizado de que se trata de emitir su voto para juzgar, sí o no, a dichos exmandatarios.

Para los partidos de oposición, nada atractivo resultó esta convocatoria plebiscitaria. Los panistas sostienen que es una “payasada”: Damián Zepeda, exlíder blanquiazul, así lo afirmó. Y Markito Cortés, en sus medianías, sostiene que los dineros que se gastarán en la Consulta, deberían usarse para comprar medicinas, con lo cual se exhibe como el gran ignorante, pues ese gasto está etiquetado en el presupuesto del INE, y no tiene otro destino que dicha Consulta.

Los priistas, que desde Salinas (e incluso De la Madrid, el introductor del neoliberalismo) hasta Peña Nieto, no tienen punto de apoyo para defenderlos, se muestran reacios y no hacen mayor esfuerzo para difundir el tema de la Consulta. Esa pose mediocre le caerá como pesada loza.

El mismo AMLO, aunque respalda este acto democrático, declaró que no votará porque es de la idea de que en relación a los expresidentes, se debe partir de que ya es un punto y aparte. Pero eso sí, sostiene que si el pueblo lo manda, secundará que se enjuicie a los susodichos mandamases neoliberales: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

El partido en el poder, MORENA, ha puesto todo su vigor en promover la participación de la ciudadanía en la Consulta del uno de agosto. Y lo mismo hacen sus aliados, el Partido del Trabajo y en menor escala, el Verde. Igual varios organismos independientes (como el Ejército Zapatista de Liberación Nacioal) o activistas sin partido.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, invitó a las personas a participar en la multicitada consulta popular, y por aquello de que, “quien se quema con leche, hasta al jocoque le sopla”, aclaró que su promoción es gratuita, teniendo en cuenta la que le pasó a la esposa de Fosfo Fosfo, apodo de Samuel García, el criticado gobernador electo de Nuevo León: el INE le impuso una multa por haber sido impulsado en redes sociales por su cónyuge (la influencer Mariana Rodríguez Cantú), siendo él candidato.

La llamada prensa nacional, o tradicional, ha sido remisa, salvo honrosas excepciones, en divulgar la Consulta y exhortar la participación ciudadana. Pero concurrir a votar en estos ejercicios, fortalece la conciencia cívica, refuerza los derechos de los individuos y con ello se consolida la democracia.

Es cierto que la ley suprema del país, establece un porcentaje de votación para que el resultado de la Consulta sea vinculante, es decir obligatorio para las autoridades, y lo ideal es que se logre. Sin embargo, aún suponiendo que no se alcance la proporción exigida, será socialmente útil que la población manifieste su valoración, y se pronuncie sobre los que gobernaron a la república y la desplomaron.

Por lo anterior, es que todo ciudadano con responsabilidad cívica, debe acudir a las urnas y emitir su voto el domingo uno de agosto. El sí se impondrá, auguran los conocedores de estos menesteres; empero, si no se está de acuerdo, participar será la mejor oportunidad para demostrarlo, puesto que el “no”, también es respuesta lícita. Refugiarse en actitudes de avestruz, no es válido y mucho menos democrático: acudamos a las urnas y fortalezcamos nuestro civismo.