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La corrupción es una constante: ¿Quién le sirve al servicio público?
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
En 1963, Martin Luther King Jr. escribió desde la cárcel de Birmingham que “la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes”. Su frase es tan relevante hoy como lo fue entonces, especialmente en un país como México, donde el servicio público enfrenta un desafío constante: la contradicción entre los principios éticos y la realidad de un sistema político marcado por la corrupción y el oportunismo.
Hablar de ética en el servicio público en México puede parecer un ejercicio inútil, casi ingenuo, como intentar sostener un castillo de arena frente al embate de las olas. Los ejemplos son abrumadores. Desde la “Estafa Maestra”, que reveló el uso de universidades públicas como intermediarias para desviar recursos o el programa ‘’A toda máquina’’ que estuvo repleto de irregularidades en el proceso de licitación, hasta los gobernadores prófugos que transformaron sus estados en feudos personales, la corrupción parece una constante. Y no se trata solo de figuras aisladas, sino de un entramado sistémico que convierte al servicio público, no en un espacio para servir al ciudadano, sino en una maquinaria para saquear al país.
Este problema no es exclusivo de México. La historia está llena de ejemplos de sistemas que han colapsado por ignorar los principios éticos en la gestión pública. En la antigua Roma, el abuso del poder por parte de gobernantes corruptos debilitó las instituciones, pavimentando el camino para la caída del imperio. Más recientemente, la crisis de Watergate en Estados Unidos expuso cómo la corrupción, incluso en una democracia avanzada, puede comprometer la confianza ciudadana. Lo que distingue a las sociedades que avanzan de aquellas que permanecen atrapadas en el mismo ciclo es su capacidad para aprender de esos errores y construir un marco sólido de transparencia y responsabilidad.
En México, esa capacidad parece atrofiada. Los escándalos se suceden unos a otros sin que las consecuencias sean proporcionales al daño causado. El discurso oficial apela frecuentemente a la moralidad, pero en la práctica, la ética se diluye en un sistema que prioriza la lealtad política por encima de la competencia técnica o la integridad personal.
El servicio público se ha convertido en un espacio donde lo más importante no es el mérito, sino la cercanía con quien detenta el poder. Esto explica por qué tantas dependencias y programas fracasan: no porque falte presupuesto, sino porque quienes los dirigen no están comprometidos con el bien común, sino con su propio beneficio.
La pregunta es inevitable: ¿es posible revertir esta situación? Algunos países han demostrado que sí. Dinamarca, considerado uno de los menos corruptos del mundo, no siempre tuvo un sistema ético ejemplar. En el siglo XIX, la corrupción era endémica en su gobierno. El cambio comenzó con una transformación cultural que promovió la transparencia, acompañada de sanciones ejemplares contra quienes abusaban de su posición. Más importante aún, se construyó un consenso social en el que la corrupción dejó de ser tolerada, incluso en sus formas más cotidianas. En México, ese consenso parece lejano. Aquí, las prácticas deshonestas no solo se toleran, sino que a menudo se justifican con frases como “así se hacen las cosas” o “todos lo hacen”.
No obstante, no todo está perdido. México ha mostrado que puede movilizarse cuando las circunstancias lo exigen. Las manifestaciones ciudadanas que exigen justicia, las organizaciones civiles que denuncian irregularidades y los periodistas que investigan, incluso a riesgo de sus vidas, son prueba de que existe una base sobre la cual construir un servicio público más ético.
Pero esa base necesita fortalecerse. La transparencia, por ejemplo, debe dejar de ser un término burocrático para convertirse en una práctica real. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas deben ser la norma, no la excepción.
Además, es fundamental transformar la percepción del servicio público. En lugar de verlo como un espacio para enriquecerse o escalar políticamente, debe recuperarse como una vocación, un compromiso con la sociedad. Esto requiere no solo de cambios estructurales, sino también educativos. La ética no puede ser algo que se aprenda en un curso aislado; debe ser parte integral de la formación de los futuros servidores públicos. Y, por supuesto, las sanciones deben ser ejemplares. No es suficiente con que se investigue un caso de corrupción; es necesario que haya consecuencias claras y visibles para quienes traicionan la confianza pública.
Hay quienes argumentan que la corrupción está tan arraigada en la cultura mexicana que es imposible erradicarla. Pero esta visión es derrotista y peligrosa. Justificar el abuso y la deshonestidad como parte de una supuesta “idiosincrasia” no solo perpetúa el problema, sino que lo normaliza. La ética no es un ideal utópico; es una necesidad para la supervivencia misma de cualquier sistema democrático. Sin ella, las instituciones se debilitan, la desigualdad se profundiza y la confianza ciudadana se desvanece.
El verdadero desafío no está en legislar sobre ética, sino en convertirla en acción. Y aquí es donde todos tenemos un papel que desempeñar. La exigencia de integridad no puede limitarse a los altos funcionarios; debe permear todos los niveles del gobierno y la sociedad.
Cada vez que un ciudadano rechaza un soborno, denuncia una irregularidad o se resiste a las prácticas corruptas, está contribuyendo a construir un sistema más ético. Puede parecer un gesto pequeño, pero como decía Edmund Burke: “Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada”.
¿Podremos algún día ver al servicio público como un espacio para el bien común, en lugar de un botín político? Tal vez la respuesta dependa menos de los discursos y más de nuestras acciones cotidianas. La ética no es un ideal lejano; es una construcción colectiva que comienza con cada uno de nosotros.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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