NACIONALES
La oposición a AMLO y la marcha al Zócalo: México, democracia vibrante
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Muchos ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, suelen hacerle severas críticas, muchas de ellas llevadas por una pasión visceral. Así tenemos desde la señora que durante la marcha del 12 de noviembre de 2022 le dijo que se largara a su casa en el sureste del país, hasta lo que enfatizó el inefable Javier Lozano: “este hombre es un dictador en potencia” (El Diario NTR, 12-jul- 2022).
En la más reciente marcha “ciudadana” (así le llaman los partidos de oposición y algunos empresarios o personas que de verdad lo sienten) organizada bajo la divisa de “El INE no se Toca” y su derivado “Mi voto no se toca”, se patentizó que el común denominador de los marchistas es el aborrecimiento al presidente y su partido.
Incluso, ciertos “comentócratas” han pedido al presidente Joe Biden de los Estados Unidos que intervenga para detener la administración lopezobradorista. También varios senadores conservadores estadounidenses pidieron al mandatario norteamericano intervenga para frenar lo que consideraron como “el desmantelamiento de instituciones democráticas en México”. (Robert Menéndez, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Patrick Leahy, senador por Vermont, Jeffrey A. Merkley, de Oregon, y Benjamín L. Cardin, de Maryland, según Etc. 2-marzo-2023).
A estos señores, basta con anteponerles lo que declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price: “México tiene una democracia vibrante y eso lo hemos visto en los últimos días. Hicimos esos comentarios con este espíritu. “(Aristegui Noticias, 01 Mar, 2023).
Y lo que han visto ha sido muy elocuente: una prensa tradicional en casi su totalidad, convertida -gracias a la libertad de ideas imperante- en crítica exacerbada de AMLO; comentaristas exorgánicos, que dicen entremezcladas con mentiras y medias verdades, hasta “de lo que se va a morir” el presidente; pero, sobre todo, la marcha que se llevó a cabo el domingo 26 de febrero, tanto en la capital azteca como en un centenar de ciudades mexicanas, e incluso en urbes extranjeras. Estas manifestaciones, se han realizado con plena libertad tanto de sus organizadores como de los participantes, quienes presumen concentraron como un millón de personas en todos los lugares, sin valorar que el padrón de votantes es de casi 95 millones de mexicanos, es decir, marcharon un poco más del uno por ciento: nada del otro mundo.
Los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, se dieron vuelo informando sobre ese evento del día 26 del mes pasado. En general, todos narran cómo se desarrolló la marcha, enlistan las principales exigencias allí expresadas y le dieron juego a los oradores, que en el caso de zócalo capitalino, fueron la priísta Beatriz Pagés Rebollar y el exministro de la Corte de Justicia, José Ramón Cossío. Solo como excepción, incluían pálidas opiniones de los que respaldan al partido en el gobierno y a este mismo.
Como muestra de lo anterior, leemos en Milenio del lunes 27 de febrero, al pie de una gran foto de primera plana: “Marcha. Se pinta el Zócalo de rosa ‘en defensa’ del INE.” Los de Reforma y Mural (en Guadalajara), dicen que en la plaza de la Constitución de la ciudad de México, “Se manifiestan en más de 100 ciudades en defensa del voto” y en letras mayores el encabezamiento principal: “Emplaza a Corte la voz ciudadana”. En nuestra Perla Tapatía, El Informador, publica: “Llenan plazas y exigen a la Corte revés al Plan B”. Y así por el estilo, los diarios de toda la República y desde luego, la insuflada “prensa nacional”, que se presume de esa manera solo por estar impresa en la capital de la nación.
Las exhortaciones para que se formulen amparos y se presione a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han sido desmedidas. El mismo día 2 de marzo, recién publicada la segunda parte del llamado Plan B, de reformas electorales, que por lo tanto ya están en vigor, hubo una firma de convenio entre el PRI y el INE, ocasión que aprovechó Lorenzo Córdova, para señalar “que combatirán por todos los medios institucionales a la mayoría tiránica”. (diario 24 horas, 2 marzo 2023).
Al respecto, el primer magistrado del país, dijo en la mañanera inmediata a la marcha, a pregunta sobre tal suceso: “esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN, y ahora ya sabemos que no es así, ya caminan juntos agarrados de la mano.” Quizás al PRD no lo mencionó porque, aunque también va en la combinación opositora, la verdad es residual por su dimensión, reducida a meros remanentes de lo que hace lustros fue, y que ahora lo tienen casi en extinción.
Y agrega el gobernante federal: “también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, que en sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados; no les importa el pueblo…”
En eso no cabe duda de que hay al menos dos planteamientos de nación: el que encabeza bajo la divisa de “primero los pobres”, el actual gobierno conocido como Cuatro T, y de otro lado sus adversarios, que son las oposiciones, (donde están muchos empresarios y bastantes comentócratas antiamlo). Para entender mejor su cuantía, estos grupos son entre el 25 y 30 por ciento de la ciudadanía. El otro frente, es decir los que apoyan al nacionalista presidente de origen tabasqueño, así como a su partido MORENA y sus aliados (PT y PVEM), en suma significan un 65 o 70 por ciento de votantes.
Claros están los campos en que se enfrentarán durante los comicios, este año en el Estado de México y Coahuila, y el 2024, en la madre de las grandes competiciones, pues está en juego la presidencia de la república y el poder legislativo, así como numerosas gubernaturas y cientos de municipalidades.
“Después de una larga temporada de vacas flacas, la oposición obtuvo por fin una buena noticia con la marcha que llenó el Zócalo y otras plazas públicas el pasado domingo. Una muestra de músculo que, si bien no se equipara con el movimiento de masas que pueda desplegar el obradorismo, tampoco es algo que pueda ningunearse” dice Jorge Zepeda Patterson, (colaboración de Milenio, 2 marzo 2023) agregando que los seguidores del presidente, no cuentan ya con parte de la clase media, pero a pesar de eso, “lo que uno pierde no necesariamente el otro lo gana. Podría incidir en las próximas elecciones, pero la oposición tendría que hacer su trabajo, no es claro que eso esté sucediendo.
Y no solo se trata de un tema de nuevas y mejores caras, que no se ven. Tampoco hay programa para ofrecer. López Obrador propuso inversiones en el sureste abandonado, mejoras al poder adquisitivo, moderación en las cuentas públicas, cobro justo de impuestos, internet para todos y un largo etcétera. En el camino cometió errores, pero construyó esperanzas. La oposición no puede pretender recuperar el poder, o parte de él, a partir del resentimiento a la 4T. Algo que da para una marcha, no para conquistar el voto de un ciudadano medianamente lúcido, así se encuentre desencantado.”
René Delgado, viejo analista del devenir político de México, al hablar de las oposiciones, dice contundente: “Las dirigencias de los partidos opositores no ofrecen ninguna garantía a los organismos y las personalidades de la sociedad que los instan a coaligarse y, unidos, ofrecerle competencia al gobierno y su partido. A ellas ni necesidad de ponerles zancadillas, se tropiezan solas. Dan pena ajena.” (El Financiero, Sobreaviso del 3-marzo-2023).
Álvaro Delgado, el agudo periodista nativo de Lagos de Moreno, escribió la semana pasada: La “oposición de derecha trabaja para recuperar el poder que tuvo hasta hace cinco años. Está por verse si gana en 2024, porque no es lo mismo llenar plazas que llenar urnas. Pero nadie lo dude: Va a regresar, enfurecida, por la revancha.”
Y aunque muchos estudiosos consideran que los obradoristas casi tienen segura la elección presidencial del 2024, hay que tener en cuenta lo que menciona el antedicho Delgado: “En democracia, la oposición puede obstruir y destruir tanto como puede cooperar, cogobernar y hasta ser un apéndice del poder público, porque los opositores de hoy serán las autoridades de mañana, así como las actuales volverán a la oposición, si así lo decide la voluntad mayoritaria de los mexicanos”. (Sin Embargo, enero 10 y marzo 2, de 2023).
En conclusión: en nuestra patria está vigente la libertad de expresión, tenemos todos los derechos en plenitud y la democracia vibrante, como opinó el gobierno gringo. Ese escenario nos dará la oportunidad a los mexicanos, para decidir nuestro futuro. Lo que resta, como buenos demócratas, es informarnos, ver las encuestas y finalmente, votar y respetar los resultados de los comicios.
– Opinión, por Violeta Moreno
México enfrenta una crisis hídrica marcada por contradicciones: mientras ciudades como Guadalajara (GDL) y la Ciudad de México (CDMX) se inundan durante la temporada de lluvias, otras regiones padecen sequías severas.
El cambio climático intensifica esta problemática al concentrar las precipitaciones en eventos cortos y violentos, exponiendo la vulnerabilidad de los sistemas urbanos. La captación de agua de lluvia emerge como una solución estratégica, no solo para mitigar inundaciones, sino para garantizar seguridad hídrica y promover justicia social.
Dos metrópolis que reflejan la urgencia de repensar la gestión pluvial. Martin Heidegger proponía un “habitar poético” que armonice con la naturaleza, cuidando sus recursos. En un país semiárido como México, donde los acuíferos están sobreexplotados, las lluvias de la temporada de huracanes son esenciales para sostener a la población.
Hans Jonas, con su ética de la responsabilidad, nos recuerda la obligación de planificar considerando el impacto futuro en los recursos naturales. Vandana Shiva, por su parte, defiende el agua como bien común, abogando por una gestión comunitaria que priorice la equidad.
Estas perspectivas éticas inspiran un enfoque integral para la captación pluvial. En 2025, tormentas históricas ponen a prueba a ambas ciudades. La Ciudad de México registró 84 mm de lluvia en una sola noche, saturando drenajes, mientras el lago de Chapala en Jalisco alcanzó niveles récord.
Sin embargo, el cambio climático ha alterado los patrones de precipitación: menos días de lluvia, pero más intensos, incrementando inundaciones y comprometiendo la disponibilidad hídrica a largo plazo.
La captación pluvial, como sugieren Heidegger, Jonas y Shiva, no es solo una solución técnica, sino un acto ético para preservar el agua y fortalecer la resiliencia urbana.
CIUDAD DE MÉXICO: HACIA LA JUSTICIA HÍDRICA
La capital mexicana vive una paradoja: mientras alcaldías como Iztapalapa enfrentan tandeos y cortes, otras se inundan por drenajes obsoletos. Programas como Cosecha de Lluvia, impulsado por el gobierno y organizaciones como Isla Urbana, han demostrado que la captación pluvial puede reducir desigualdades hídricas. En barrios marginados, los sistemas comunitarios de captación abastecen hogares y fomentan la cooperación vecinal, creando redes de solidaridad que fortalecen la resiliencia frente a la escasez y las inundaciones.
Para consolidar este modelo, la Ciudad de México debe implementar:
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Expansión de sistemas de captación pluvial (SCALL) y cisternas en hogares, escuelas, hospitales y mercados públicos.
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Creación de pozos de infiltración y zanjas de absorción en parques para recargar acuíferos agotados.
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Modernización del drenaje con sensores en tiempo real y alertas tempranas para prevenir inundaciones.
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Campañas de educación hídrica y subsidios para desarrollos habitacionales que integren captación pluvial desde su diseño.
Estas medidas, respaldadas por la participación ciudadana, pueden transformar la lluvia en un recurso equitativo, reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades más desfavorecidas.
LA CRISIS DEL SIAPA EN GUADALAJARA
En el Área Metropolitana de Guadalajara, los cortes de agua en 2025 afectaron a más de cien colonias debido a fallas en bombeo, mantenimiento deficiente y corrupción en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
La ineficiencia de esta institución ha llevado a los ciudadanos a recurrir a tinacos, cisternas, garrafones y pipas, coordinándose a través de redes sociales para gestionar crisis más rápido que los canales oficiales. La captación pluvial ofrece una alternativa para aumentar la autonomía hídrica y reducir la dependencia de un sistema ineficiente. Para mejorar la gestión hídrica en Guadalajara, se propone:
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Reestructurar el SIAPA, destituyendo funcionarios corruptos y seleccionando perfiles técnicos mediante procesos transparentes.
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Crear un consejo ciudadano con autoridad para supervisar obras y presupuestos hídricos.
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Modernizar las redes de distribución con sectorización hidráulica y monitoreo de fugas en tiempo real.
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Invertir en infraestructura redundante, como bombas de respaldo y conexiones alternas, para evitar cortes prolongados.
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Promover la captación pluvial en hogares y edificios públicos, con incentivos fiscales para sistemas de infiltración.
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Fortalecer la comunicación vecinal para coordinar respuestas ante emergencias hídricas.
Estas acciones, combinadas con la captación pluvial, pueden empoderar a las comunidades tapatías y mitigar los impactos de la fragilidad institucional.
UN COMPROMISO ÉTICO Y COLECTIVO
El cambio climático ha convertido la lluvia en un recurso crítico e impredecible. En México, donde las reservas hídricas dependen de la temporada de huracanes, la captación pluvial es un imperativo ético y técnico.
Inspirados por Heidegger, Jonas y Shiva, debemos habitar responsablemente, preservar el agua como bien común y garantizar su acceso equitativo. Para la Ciudad de México y Guadalajara, adoptar estas soluciones significa mitigar inundaciones, combatir la escasez y fortalecer la resiliencia urbana.
La colaboración entre gobiernos, comunidades y ciudadanos es esencial para transformar la lluvia en una oportunidad para un futuro hídrico sostenible y justo.
– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya
Los números presentados por el INEGI, supliendo ya las funciones del extinto CONEVAL, mostraron una reducción de la pobreza de 17.7% respecto a 2024. Es un gran logro que no debe ser regateado por nadie y si, en cambio, celebrado.
El origen de estos números positivos es el crecimiento del ingreso. Hay 13.3 millones de mexicanos que reciben más dinero, ya sea por los incrementos salariales, las remesas, las pensiones y los programas sociales. Sin dudarlo, han sido los incrementos salariales los que más contribuyeron, y los tres restantes contribuyeron también, aunque con menores porcentajes, a mejorar el ingreso familiar.
Aprovechando estos números positivos, el gobierno y sus voceros oficiosos y oficiales, se han dado a la tarea de exhibirlos como resultado de la política social del régimen, sin hacer caso de los otros datos que arroja la muestra censal aplicada por el INEGI. En efecto, creció el ingreso, pero la pobreza multidimensional dista mucho de ser abatida. En efecto, 13.3 millones de mexicanos ganan más dinero, pero no dejarán de ser pobres debido a las carencias asistenciales que aún les afectan.
Es innegable que mucho del ingreso adicional se ha tenido que ir a satisfacer necesidades de salud, así como también la inflación en productos alimentarios medra el nuevo ingreso, sin embargo, hay que reconocer que al menos tienen recursos para suplir las deficiencias institucionales.
No obstante, lo positivo que es el que haya mejorado el ingreso, no podemos ignorar otras señales que deberían restar al optimismo oficial. El primer semestre de 2025 mostró un crecimiento privado moderado. Los usuarios de tarjetas de crédito las están manejando con más prudencia, pues persiste la incertidumbre en el ámbito económico. Hay un menor dinamismo en el crecimiento del empleo formal y ambas cosas se reflejan en el consumo.
Las ventas que reporta la Asociación de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) desaceleraron en julio y desde mayo la tendencia en ventas va en declive. Se percibe una atonía en la economía como resultante de la baja inversión, la constante incertidumbre por la incierta política económica de los EUA y la desconfianza de inversionistas por las tendencias estatizadoras del régimen.
Con estas señales valdría la pena moderar el optimismo y la jactancia por el “éxito” de la política social del régimen. Si bien es cierto que el ingreso mejoró y que hubo una aparente distribución más equitativa de la riqueza que provocó también la disminución de la brecha de la desigualdad, habrá que reflexionar sobre el costo y el cómo se logró reducir la pobreza en tan amplio margen.
El sexenio anterior extinguió todas las reservas de ahorro para contingencias, redujo el gasto gubernamental, no solo el corriente, sino también en inversión pública, concentrando el gasto en obras no prioritarias y en apoyar a Pemex; con la pretendida austeridad se fondearon los programas sociales y se mejoraron las pensiones menores y estos, junto con las remesas de los paisanos y el incremento de los salarios mínimos, lograron el salto en el ingreso que ahora se publicita. La súbita inyección de efectivo a la economía provocó un salto en la inflación que ha logrado ser controlada; sin embargo, persiste y, no obstante, gravitó en contra del ingreso apenas mejorado.
Habiendo sido el aumento a los salarios mínimos el impulsor de este avance en el ingreso de las familias, pensar en un incremento igual será insostenible en el corto plazo, en especial con una economía contenida. El menor dinamismo del empleo formal y el estancamiento de la inversión pública, sumada a la retracción de la inversión privada, seguirán limitando el crecimiento y, con ello, provocando una menor recaudación, necesaria por el momento para superar el ejercicio presupuestal deficitario y el sostenimiento de los programas sociales.
En conclusión, aun aplaudiendo que haya crecido el ingreso, no podemos ignorar que esta tendencia no tiene sustentabilidad a mediano plazo, porque el salario no puede seguir creciendo por decreto en los términos en que lo hizo y mantener las pensiones y programas sociales, que tienen crecimiento geométrico por la tabla poblacional, requerirá no solo de austeridad sino de una profunda revisión de la política económica y la repercusión de las pulsiones autoritarias y hegemónicas del régimen.
Las campanas que hoy echan al vuelo nos alegran el momento, pero al mirar el horizonte no se ve que puedan seguir sonando tan alegremente. El producto interno bruto no habrá de crecer por decreto y hoy, inflación, población, gasto y deuda crecen más y más velozmente que los salarios y las transferencias de efectivo.
Mejorar el ingreso no garantiza movilidad social porque no modifica los factores estructurales que la permiten, como el sistema educativo, el mercado laboral, el crecimiento económico, la cultura y los valores sociales.
Justifico que el gobierno capitalice el éxito momentáneo, pero no veo justificación para el optimismo.
– Opinión, por Iván Arrazola
La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad enfrenta un dilema central que puede resumirse en la idea “Seguridad sí, DEA no”. Con esta fórmula no se busca negar la necesidad de cooperación, sino subrayar que la asistencia en la lucha contra el crimen organizado no debe implicar subordinación frente a una agencia extranjera.
El reto para el gobierno mexicano, y particularmente para la presidenta Claudia Sheinbaum, es mantener una coordinación eficaz con Washington sin dar la impresión de entregar autonomía ni de actuar bajo órdenes externas.
Ahora bien, el reto no es menor: en Estados Unidos, Donald Trump busca enviar a su electorado la señal de que está enfrentando el problema del tráfico de fentanilo y, en ese propósito, no mostrará sutileza alguna al remarcar quién ejerce el control y quién toma las decisiones para atender la crisis.
Por otra parte, el propio gobierno mexicano envía señales contradictorias. El reciente traslado de 26 reos a Estados Unidos revela que, pese a estar encarcelados, estos seguían operando desde prisiones mexicanas y dirigiendo las actividades de sus cárteles.
Esta decisión, aunque pragmática, pone en entredicho el discurso de soberanía que la presidenta Sheinbaum defiende con frecuencia y, en cambio, exhibe las serias debilidades del sistema de seguridad y control penitenciario en el país.
A ello se suma la presencia de drones estadounidenses en territorio mexicano —revelada primero por la prensa norteamericana y después reconocida únicamente en el caso del Estado de México—, lo que pone en evidencia la dependencia tecnológica del gobierno para monitorear y analizar las operaciones de los grupos criminales.
Este tipo de acciones parecían anticipar la firma de un acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos; no obstante, ante el rechazo de la presidenta Sheinbaum a colaborar directamente con la DEA, ese entendimiento parece quedar en suspenso.
En este escenario, se observan dos posibles rutas. La primera es que el gobierno estadounidense incremente la presión para que México adopte acciones alineadas a sus intereses —como frenar el tráfico de fentanilo— y que el gobierno mexicano, sin margen de maniobra, termine aceptando. La segunda posibilidad es que el gobierno mexicano busque resistirse, consciente de que aceptar sin condiciones lo exhibiría ante la ciudadanía como un gobierno entreguista.
La ambigüedad de la postura oficial se refleja en la idea de “coordinación sin subordinación”. Aunque Sheinbaum la reitera, no queda claro cómo se traducirá en la práctica. El antecedente de tensiones con la DEA —desde la detención del general Salvador Cienfuegos hasta las restricciones impuestas por López Obrador— refuerza la desconfianza mutua y hace más evidente la necesidad de definir los límites de la cooperación.
El problema de fondo radica en que las instituciones de seguridad mexicanas —Ejército, Marina y Guardia Nacional— no cuentan aún con la fortaleza necesaria para enfrentar al crimen organizado por sí solas. A pesar de reformas legales y esfuerzos de centralización, persisten dudas sobre el tiempo que tomará ver resultados tangibles y si existen recursos suficientes para sostenerlos.
La debilidad es aún mayor en inteligencia: México carece de capacidad plena para desmantelar redes de protección criminal, lo que coloca en el centro la relevancia del llamado “Proyecto Portero”, enfocado en rastrear tanto el ingreso de fentanilo a Estados Unidos como el flujo de armas hacia México.
Ante esta evidente asimetría, México difícilmente puede reclamar un trato en condiciones de igualdad. De ahí que el verdadero malestar de la presidencia parezca estar más en la exposición pública de la dependencia que en la cooperación misma. Casos como el uso de drones —negado oficialmente pero imposible de ocultar tras lo ocurrido en el Estado de México— revelan la dificultad de mantener discreción en un terreno donde Estados Unidos busca mostrar control y capacidad de acción.
A ello se suman las acusaciones lanzadas de manera abierta por Donald Trump sobre una alianza intolerable del gobierno con el crimen organizado. Aunque la presidenta ha respondido a través de redes sociales y en sus conferencias matutinas, no ha logrado disipar las dudas. La presunta alianza entre el crimen organizado y el gobierno mexicano constituye una de las imputaciones más graves planteadas desde Estados Unidos.
La fórmula “Seguridad sí, DEA no” sintetiza la paradoja de la política mexicana: el gobierno necesita la cooperación estadounidense para enfrentar al crimen organizado, pero busca evitar que esa relación lo convierta en un actor subordinado. Es probable que lo que se pretenda sea mantener la cooperación operativa mientras se controla la narrativa interna para no perder legitimidad política.
Sin embargo, en Estados Unidos la presión para exhibir resultados es mayor, lo que inevitablemente pondrá en evidencia quién detenta el control de la estrategia binacional. El desafío, entonces, no es decidir si habrá o no cooperación, sino cómo lograr que esta se ejerza sin erosionar la soberanía mexicana.
