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NACIONALES

La separación de poderes: La presidencia de la Suprema Corte; las mujeres y la lealtad

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

La justicia es tan importante, que sin ella no habría democracia, igualdad, derechos humanos y moralidad. En pocas palabras, viviríamos en el mundo del más fuerte, partido en opresores y oprimidos, es decir, en una sociedad sin convivencia aceptable.

Por ello, en toda nación bien constituida (Estado) debe existir el poder público, cuyo objetivo y función primordial, es sustentar la ley y mantener el orden, a la par de promover el bienestar de los habitantes y garantizar la soberanía nacional.

Ahora bien, ese poder, a efecto de que se ejerza idóneamente, debe estar dividido. En nuestra república federal mexicana, la Constitución Política vigente (y también las anteriores) previene (artículo 49) que: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.” Luego en un párrafo segundo, precisa: “No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión…”.

Por lo anterior es que nunca, en condiciones normales, un poder debe dominar a los otros, de allí que, para su cabal funcionamiento, se requiere que actúen con independencia en el ámbito de sus atribuciones.

Por nuestra historia, y además por la experiencia que tenemos la mayoría de los ciudadanos mexicanos, sabemos que por décadas el poder ejecutivo, encarnado por el presidente de la república que es su titular, fue preeminente, sobre todo porque existía un partido político hegemónico (PRI) y el primer mandatario nacional, era de hecho su máximo directivo. En consecuencia, la inmensa mayoría de los miembros del poder legislativo, emanados de ese instituto político, eran sus adláteres; y en cuanto al poder judicial, el mismo gobernante proponía los ministros de la Suprema Corte de Justicia y el obsecuente Congreso los aprobaba, sin mayores trabas. Incluso los gobernadores estatales, solo llegaban a ese cargo, si tenían el visto bueno del ejecutivo federal. Como triste resultado de esos hechos, fue que había en la república, un sobrentendido dominador, a tal grado, que se llegó a comparar el período presidencial, con una especie de monarquía sexenal, y al sistema político imperante, se le bautizó por célebre escritor -Mario Vargas Llosa- como la dictadura perfecta.

Afortunadamente, en el momento en que por fin imperó la democracia y la ciudadanía decidió quien sería su gobernante (con apabullante participación en las elecciones nacionales de 2018), se transformó aquel viejo sistema y el desempeño de los tres poderes.

Por lo que ve a los integrantes de los poderes judicial y legislativo, ya sabemos que, “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.” (Art. 94 de la Constitución General de la República). Y por lo que ve al legislativo, el artículo 50 de la ley suprema, establece que lo ejercen los diputados (500) y (senadores 128) quienes integran el Congreso general, dividido en las dos cámaras respectivas.

Las maneras de integrar a cada uno de los tres poderes antedichos, son dos: la primera es la de elección popular, para el ejecutivo y el legislativo; por lo que ve al judicial, característicamente simbolizado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), compuesta por once ministros, se integra mediante un procedimiento que inmiscuye al presidente, -quien propone el nombramiento- y a los senadores, que en su caso lo aprueban. Conforme existe una vacante, de las once plazas con que cuenta la SCJ, se abre ese proceso para que acceda al cargo de ministro de la SCJ un nuevo miembro.

Desde hace semanas se había desatado un verdadero debate a lo largo y ancho del país, con motivo del relevo del entonces presidente de la SCJ, Lic. Arturo Zaldívar, cuyo período de cuatro años concluiría el último de diciembre de 2022. Dos eran los temas al respecto: si quien lo sustituiría, respondía a los intereses de la Cuatro T, y en segundo término, si sería una mujer, lo cual jamás había sucedido en la historia casi bicentenaria (1825-2003) de ese elevado tribunal.

Los candidatos para presidente fueron cinco ministros: Norma Lucía Piña Hernández (que llegó a su cargo proyectada por Enrique Peña Nieto), Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisec, Yasmín Esquivel Mossa y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Subrayamos que elegir presidente de la Corte, solo corresponde a los once ministros que la conforman.

Cada uno de esos aspirantes, presentó en su momento un programa sobre su potencial desempeño en caso de ser electo por sus pares. considerándose por los comentaristas que, de ellos, la abogada Yasmín Esquivel era muy cercana al primer mandatario de la república, y que por ello, sería la encargada de que López Obrador (AMLO) dominara la SCJ, con lo cual sería una especie de superpresidente (al estilo de los del PRI), puesto que controlado el poder judicial, se sumaría el hecho de que el Congreso es mayoritariamente del partido del mandatario. Esta situación, desató una campaña perruna de parte de las oposiciones al gobierno de la Cuatro T, es decir de la actual administración federal. Y el blanco fue la ministra Yasmín Esquivel, a quien se acusó de haber plagiado, dentro de la UNAM, su tesis para llegar a ser abogado.

Como es lógico suponer, el estrado que sirvió para iniciar esa serie de ataques sin cuartel, lo fue el portal digital de noticias anti AMLO que dirige su acerbo crítico Carlos Loret de Mola, y que se llama Latín Us, con sede en Estados Unidos y financiamiento -entre otros- de los señores Madrazo (cuya cabeza es Roberto, el indecoroso exdirigente priísta) y el despreciado exgobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo. Quien prestó sus servicios para ese fin, fue el intelectual orgánico (por lo tanto, agudo impugnante de AMLO) Guillermo Sheridan, un afortunado maestro -casi aviador- que generalmente siempre está en el extranjero, cobrando jugosos estipendios en la Universidad (donde debería estar impartiendo clases o realizando investigaciones) y en los lugares donde imparte conferencias.

La ministra Esquivel se defendió como pudo, y hasta la fecha, no está aclarado si realmente fue plagiaria de gran parte de su trabajo de tesis, o si como ella sostiene, quien la plagió fue el entonces pasante de leyes que presentó antes que ella su trabajo. Lo cierto es que los ataques fructificaron, pues virtualmente la eliminaron en su carrera por ocupar el mas alto sitial de la Suprema Corte. En la parte que se conjeturó sería la opuesta de la Cuatro T, se ubicó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que se dijo es el más rico de quienes forman la SCJ. El mismo AMLO así lo señaló, al tiempo que descalificó a quienes estigmatizaban a la jurista Yasmín Esquivel, quien ciertamente llegó a su puesto, propuesta por el actual presidente. La elección, que es secreta, aunque en sesión pública, se llevó a cabo el lunes dos de enero corriente.

El otro tema imperante, trataba sobre el papel de las mujeres. Ya sabemos que desde hace décadas existe un movimiento feminista que busca afanosamente igualar al sexo femenino con el masculino, en todos los órdenes. Mucho se ha avanzado sobre eso, pero ahora se tenía un gran reto: la SCJ jamás había sido presidida por una mujer, por lo tanto, era la ocasión para probar que es el tiempo de las damas.

Los que aventuraban opiniones exponían que la ministra Piña tenia tres votos, y los demás aspirantes dos cada uno. Llegado el momento cumbre, sostuvieron tres rondas, eliminándose en primera y segunda, a quienes lograron menos sufragios, obviamente entre esos estuvo la jurista Yasmín Esquivel. El conteo final encaró a los ministros Piña Hernández frente al acaudalado Gutiérrez Ortiz Mena. Y el resultado demostró que efectivamente, esta época es la de la mujer, pues triunfó la licenciada Norma Lucía Piña Hernández. Enseguida rindió su protesta y comenzó su cuatrienio al frente de la SCJ de la Nación.

Con motivo de este proceso, un experto periodista escribió: “Si Lilly Téllez y Germán Martínez -ambos senadores que llegaron apoyados por Amlo- no hubieran traicionado tan vulgarmente a AMLO, tal vez el presidente habría perdonado el pasado del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena” con Fox y Felipe Calderón, cuando era jefe del SAT y se perdonaban impuestos a los poderosos. “Pero, ya lo vimos, la lealtad no está entre las virtudes de la experiodista y el amigo y aliado de toda la vida de Felipe Calderón.”

“Sin esas traiciones, las más duras que ha sufrido el presidente, probablemente Andrés habría olvidado el pasado del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el sistema panista. Pero, dice el refrán, quien se quemó con leche, hasta al jocoque le sopla.

“Lilly y Germán, sin duda, complicaron la elección de Gutiérrez Ortiz Mena como presidente de la SCJN. Y es que sin el veto de Andrés Manuel quizá habría conseguido el voto que le faltó para vencer a Norma Piña.” (Federico Arreola, SDP noticias, 4 ene 2023).

En conferencia de prensa mañanera, AMLO aseguró que votaron por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro presidente saliente Arturo Zaldívar (quien dio un giro inesperado por su afinidad con López Obrador), las ministras Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjat -ambas propuestas por él, o sea, lo traicionaron –, el expresidente de la Corte Luis María Aguilar Morales, así como el propio Gutiérrez Ortiz Mena. Por la triunfadora Piña Hernández, votaron la ministra Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y la propia aspirante, quien resultó ganadora. Sus colegas la felicitaron en buen gesto solidario y democrático. La más expresiva fue la criticada Esquivel Mossa, quien auguró que sería una excelente guía del poder judicial.

La flamante presidenta expresó: “Por decisión de mis compañeras y compañeros, asumo la máxima responsabilidad a la que como mexicana, abogada, jurista, integrante del poder Judicial Federal puedo aspirar. La asumo consciente de su complejidad y ante ello, si bien se antoja la magia y el ilusionismo, lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado, en lo que soy, en lo que somos como juzgadoras y juzgadores: estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía.” Agregó que se sentía “acompañada, respaldada, acuerpada” por todas las mujeres; “me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí, nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos.”

Por su parte, el primer magistrado de la república, la felicitó y manifestó que este hecho, probaba la independencia de los poderes de la Unión, exhortándola para implementar la reforma judicial que acabe con la corrupción en ese poder. En general, la nación entera se congratuló de que la SCJ sea presidida por esta notable mujer. Ojalá que si esté a la altura de su compromiso tan delicado y finalmente, destierre tantos vicios que pervierten a la justicia mexicana. Esa es su tarea y los mexicanos viviremos agradecidos con ella si alcanza esa meta.

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JALISCO

El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.

Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?

Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.

¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.

El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.

En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.

Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.

Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?

Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?

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ENTREVISTAS

La lucha de AGRUAS es por un gremio unido, ético y eficiente: Enrique Dueñas

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

En un México donde el sector de grúas enfrenta desafíos históricos como la informalidad, la competencia desleal y la falta de regulación uniforme, la cuarta edición de Expo Grúas 2025, que se celebrará del 18 al 20 de junio en Expo Guadalajara, emerge como un espacio crucial para profesionalizar esta industria.

Este evento reúne a fabricantes, aseguradoras, empresarios y autoridades de América Latina, impulsando negocios y visibilizando la lucha de un gremio que busca ser reconocido por su ética y eficiencia.

Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), lidera un movimiento que ha transformado el sector en seis años, creciendo de 12 a 87 socios comprometidos con diferenciar a los operadores formales de las grúas piratas. Su gestión ha posicionado a AGRUAS como un interlocutor clave ante gobiernos y aseguradoras, enfrentando problemas estructurales como el contubernio con autoridades, corralones saturados y cobros excesivos que afectan a los ciudadanos.

Expo Grúas 2025 no solo exhibirá equipos modernos y capacitará operadores, sino que consolidará la visión de AGRUAS: un gremio unido, profesional y respetado, inspirado en modelos de Estados Unidos y Canadá, donde las grúas son servicios esenciales. En entrevista con Conciencia Pública, Dueñas Rodríguez comparte los avances, retos y su apuesta por un legado de transformación para las futuras generaciones de grueros.

Esta conversación refleja el compromiso de un líder que, tras años de trabajo arduo, busca homologar regulaciones nacionales, garantizar contratos públicos transparentes y dignificar un sector históricamente subestimado. Con Expo Grúas como plataforma, Dueñas vislumbra un futuro donde la informalidad sea reemplazada por profesionalismo, seguridad y confianza ciudadana.

SE CONSOLIDA EXPO GRÚAS

¿Cómo llegas a Expo Grúas 2025 en su cuarta edición?

Llego muy entusiasmado. Este evento se ha consolidado como un referente, con la participación de fabricantes de camiones, equipos, aseguradoras y proveedores de América Latina. Autoridades relevantes asistirán a la inauguración, lo que refuerza su impacto.

Expo Grúas ha puesto los reflectores en nuestro gremio, históricamente subestimado, dignificando nuestro servicio al mostrar su relevancia normativa y operativa. Nos posiciona como una alternativa profesional frente al mercado irregular, fomentando alianzas estratégicas que fortalecen el sector.

¿Qué ha significado liderar la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS) y ser su presidente?

Ha sido profundamente satisfactorio. Mis compañeros me eligieron para encabezar esta agrupación, que incluye a figuras destacadas del sector. Todas las decisiones son colegiadas, con el respaldo total de los socios. Como dice el refrán, “unidos somos más fuertes”. Agradezco su confianza y espero que continuemos en este camino ascendente, apoyando a las próximas generaciones para que el sector siga siendo fructífero y ético.

¿Cómo ha crecido la membresía de ANEMIG en estos años?

En seis años, pasamos de 12 socios fundadores a 87 en todo el país. Somos selectivos: un comité revisa el comportamiento de los solicitantes, verificando permisos y asegurando que no tengan quejas con autoridades. Solo admitimos a quienes comparten nuestra visión de negocio basada en la ética, la honestidad y la dignificación del sector, lo que fortalece nuestra representatividad.

¿Cuáles son los principales desafíos que han enfrentado como organización?

El mayor reto es la prestación irregular de servicios de grúa. En infracciones o accidentes, debe haber una autoridad presente, pero en los últimos años han fallado. Con la transición de la Policía Federal de Caminos a la Guardia Nacional, el problema se agudizó. Algunas autoridades municipales, estatales y de la Guardia Nacional venden servicios a grúas irregulares, cobrando por asignarlos. Dialogamos con la Guardia Nacional y gobiernos estatales para frenar esta práctica. Además, ciertas aseguradoras contratan empresas informales para reducir costos, afectando la calidad. Trabajamos con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para priorizar a empresas formales.

Los corralones y las grúas piratas son un problema grave. ¿Qué avances hay con la nueva reglamentación?

Los depósitos vehiculares federales están saturados con miles de autos abandonados, ya que las autoridades tardan en liberarlos, generando deudas impagables para los propietarios. Esto ocupa espacio y eleva costos de vigilancia. Una reforma permitió a empresas recoger chatarra, pero compañías como Sánchez y Sánchez pagaron precios irrisorios, como un peso por vehículo, mientras obtenían grandes ganancias. Negociamos con senadores y la Cámara de Diputados para revertir esta ley, asegurando que los concesionarios, quienes ya invirtieron, se beneficien del aprovechamiento de la chatarra.

¿Cómo ha sido la comunicación con gobiernos estatales y federal para abordar estos problemas?

Hemos visitado estados como Oaxaca, Chiapas, Nuevo León y Chihuahua, encontrando apertura de los gobiernos para colaborar en la resolución de problemas en caminos municipales, estatales y federales. Con la federación, la anterior directora de Autotransporte Federal apoyó acuerdos clave, como el reglamento de grúas, aunque persisten detalles por resolver con la actual administración. También avanzamos en la emisión de placas, un paso hacia la formalización.

Desde 2022, has denunciado las grúas piratas. ¿Qué avances han logrado?

Contamos con una base normativa, con reglamentos y leyes que clasifican y autorizan el servicio. En Jalisco, desde 2023, hay un reglamento y una norma técnica, un avance significativo. Sin embargo, la regularización es simulada en muchos casos: se autorizan grúas que no cumplen, y malos elementos de las autoridades se benefician, cobrando tarifas exorbitantes, de 1,000 a 8,000 pesos. Trabajamos con representantes locales en otros estados para replicar los avances de Jalisco, pero la implementación sigue siendo un desafío.

¿Qué riesgos enfrentan los ciudadanos al usar grúas piratas?

Los riesgos son múltiples: cobros desproporcionados sin tarifas reguladas, robo de piezas, llantas o gasolina, y daños a vehículos por traslados inadecuados, afectando suspensión, caja o diferencial, con costos de miles de pesos. Las grúas piratas no ofrecen pólizas de seguro ni garantías, dejando a los usuarios desprotegidos.

¿Qué recomiendas a quienes necesitan un servicio de grúa?

Buscar grúas de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), identificadas con nuestras calcamonías. Contamos con más de 3,500 grúas en el país que garantizan precios justos, sin daños ni robos, y con pólizas de seguro abiertas, una ventaja que las grúas irregulares no tienen. Nuestra red ofrece confianza y profesionalismo.

¿Cómo puede México aprender de países como EE.UU. o Canadá para fortalecer el sector?

En Norteamérica, las grúas son un servicio esencial, operando 24/7 con normativas estrictas. Hemos adaptado sus estándares, y el contacto con fabricantes y asociaciones norteamericanas, facilitado por Expo Grúas, nos ha permitido profesionalizar el servicio, tanto en capacitación como en equipos modernos.

¿Qué cambios esperas en el sector en los próximos cinco años?

Un sector pujante, con equipos modernos, personal capacitado y certificaciones de habilidades, como en EE.UU. Con el trabajo colectivo de los socios, mejoraremos la eficiencia y la percepción pública, consolidando a las grúas como un servicio confiable y respetado en México.

 

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JALISCO

Seminario de relaciones públicas en Guadalajara: ALARP reconoce a Desiré Cristina Rivas Díaz de Sandi

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Por Raúl Cantú //

La Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas (ALARP), capítulo México, celebró con éxito el Seminario de Relaciones Públicas, Comunicación y Ceremonial en el Auditorio del Centro de la Amistad Internacional. El evento congregó a expertos nacionales e internacionales para analizar el papel del ceremonial y las relaciones públicas en contextos complejos y en transformación.

El seminario destacó por sus conferencias, paneles y actos protocolarios que abordaron temas cruciales del sector. Un momento clave fue la entrega del Galardón “Dr. Pedro Gabriel Labariega Villanueva” a Desiré Cristina Rivas Díaz de Sandi, distinguida por su trayectoria en protocolo como Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad de Guadalajara. En su ponencia “Protocolo: desafíos entre la tradición y el cambio”, resaltó la importancia de fortalecer alianzas gremiales y el reconocimiento profesional.

Por primera vez en México, se otorga este galardón a un ceremonialista que ha destacado por su sobresaliente trayectoria profesional. Esta figura ha ganado respeto en los últimos 20 años en el ámbito de la gestión pública, relaciones exteriores y protocolo universitario.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó “Hablar es un derecho: libertad de expresión en tiempos de censura”, reflexionando sobre los retos que enfrentan periodistas en entornos polarizados. A su vez, la Dra. María Aparecida Ferrari (Brasil) impartió una conferencia magistral sobre el rol transformador de las relaciones públicas en contextos vulnerables, promoviendo inclusión y cohesión social.

El panel “Relaciones públicas en tiempos de complejidad: ética, estrategia y adaptación”, moderado por Yolanda Barroso y con la participación de Viridiana Lemus, Benjamín Covarrubias y Felipe Reyes, presidente de ALARP México, compartió estrategias éticas para actuar en escenarios inciertos. Además, se otorgó un reconocimiento especial a la Mtra. Ruth Rayo (Guatemala) por sus contribuciones al ceremonial y protocolo en América Latina.

El evento consolidó el compromiso de los comunicadores con una práctica ética e innovadora, enfrentando desafíos como la desinformación y la inseguridad. Este seminario se posicionó como un espacio esencial para el diálogo, la reflexión y la profesionalización, reafirmando la relevancia de las relaciones públicas y el ceremonial en la construcción de sociedades más inclusivas y éticas.

Sobre el galardón Pedro Gabriel Labariega Villanueva:

Pedro Gabriel Labariega Villanueva fue uno de los ceremonalistas y diplomáticos más influyentes de México. Con sólida formación académica, amplia trayectoria docente, significativa labor investigadora y liderazgo institucional, contribuyó decisivamente al desarrollo de los estudios de protocolo y derecho diplomático en el país.

Presidente fundador de la Academia Mexicana de Protocolo, A.C

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