Opinión, por Víctor Hugo Celaya Celaya //

México atraviesa una transformación demográfica profunda y silenciosa: su población envejece a un ritmo acelerado mientras las tasas de natalidad caen a mínimos históricos. Durante décadas, fuimos una nación predominantemente joven, vibrante e impulsada por generaciones numerosas. Hoy, sin embargo, nos aproximamos a un punto de inflexión que amenaza con trastocar los cimientos sobre los que se construyó nuestro sistema económico y social.

Este cambio no es fortuito; está intrínsecamente ligado a las condiciones económicas que han limitado a millones de jóvenes en su proyecto de formar una familia. La incertidumbre laboral, los salarios insuficientes, la precariedad en el acceso a la vivienda y las restricciones para acceder a servicios de calidad han convertido la planificación familiar casi en una estrategia de supervivencia.

Surge la pregunta inevitable: ¿cómo traer hijos al mundo cuando el ingreso apenas alcanza para vivir con dignidad?

La evidencia numérica de una transformación inminente

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) pintan un panorama claro de nuestra realidad demográfica y su evolución reciente:

• Tasa global de fecundidad (TGF): En 1990, cada mujer mexicana tenía en promedio 3.5 hijos. Para 2023, esta cifra se desplomó a 1.6 (INEGI), situándose por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2.1 hijos por mujer.
• Edad mediana de la población: Ha aumentado de 22 años en el 2000 a 30 años en 2023, y esta tendencia ascendente continuará.
• Proporción de adultos mayores (65 años o más): Actualmente, representan el 8.7% de la población total. Las proyecciones indican que para 2050 podrían superar el 20% (CONAPO).
• Esperanza de vida: A pesar de retrocesos temporales debido a la pandemia, se mantiene alrededor de los 75 años. Esto implica un mayor número de años de vida que demandarán pensiones, cuidados especializados y atención médica continua.

El envejecimiento poblacional, si bien puede reflejar avances en salud y calidad de vida, se convierte en una bomba de tiempo cuando ocurre en un contexto de marcada desigualdad, alta informalidad laboral y debilidad institucional. Con frecuencia, olvidamos a este segmento crucial de la población que, habiendo sido joven, hoy enfrenta enormes desafíos para satisfacer sus demandas de servicios de salud y sustento.

Nos enfrentamos a las siguientes realidades y retos ineludibles:

1. Presión creciente sobre el sistema de salud

• Las enfermedades crónico-degenerativas, la necesidad de atención geriátrica especializada y los tratamientos prolongados inevitablemente incrementarán los costos del sistema de salud.
• México cuenta con una alarmante escasez de especialistas: aproximadamente 1 geriatra por cada 10,000 adultos mayores. Una gran parte del personal de salud carece de la capacitación específica para atender las necesidades de esta población en expansión.

2. Un sistema de pensiones al borde del colapso

• Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 6 de cada 10 adultos mayores carecen de una pensión o reciben montos inferiores o equivalentes a 3,000 pesos mensuales, insuficientes para una vida digna.
• Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), concebidas para un modelo de empleo formal y trayectorias laborales continuas, no logran garantizar una vejez digna para millones de personas que han trabajado en la informalidad o con ingresos consistentemente bajos.

3. Reducción progresiva de la población económicamente activa (PEA)

• En pocos años, el número de personas en edad de retiro podría superar al de aquellas en edad productiva.
• Esta inversión de la pirámide poblacional implica una base más reducida de contribuyentes, lo que se traduce en menor recaudación fiscal y una presión creciente sobre los sistemas de seguridad social y los recursos públicos necesarios para afrontar la demanda.

El riesgo latente de la tentación populista

Frente a esta compleja realidad fiscal y social, no han faltado sugerencias de recurrir a los ahorros de los trabajadores acumulados en las AFORES para cubrir déficits presupuestarios. Aunque estas propuestas se han contenido hasta ahora, el riesgo persiste. En una economía caracterizada por un crecimiento débil y una política fiscal con márgenes limitados, siempre existirá la tentación de considerar los fondos de retiro como un recurso de fácil acceso a corto plazo.

¿Y los jóvenes? La otra cara de la medalla demográfica

Paralelamente al envejecimiento poblacional, millones de jóvenes mexicanos enfrentan un panorama laboral desolador: desempleo, subempleo o inserción en la economía informal. De acuerdo con el INEGI, más del 50% de los jóvenes no tienen acceso a un empleo formal que les brinde seguridad social y prestaciones.

Estamos desperdiciando el potencial de nuestra juventud hoy, lo que inevitablemente condena al país a un futuro sin el soporte necesario cuando su población mayoritaria envejezca. Un país que no invierte en el presente de su juventud, difícilmente tendrá quien lo sostenga en el futuro.

Hacia un futuro sostenible: Propuestas clave para evitar el colapso

México aún dispone de una ventana de oportunidad para mitigar los efectos de esta transición demográfica. Sin embargo, el tiempo apremia. Ignorar esta realidad hoy significa transferir una factura impagable a las próximas generaciones. Para enfrentar estos retos, se proponen las siguientes líneas de acción:

1-Reformar integralmente el sistema de pensiones:

-Diseñar e implementar un sistema mixto y universal que incluya a quienes han laborado en la informalidad, reconociendo sus contribuciones no formales a la economía.

-Establecer un ingreso básico universal que garantice una vida digna para todos los adultos mayores.

2-Fortalecer los servicios de salud geriátrica:

-Invertir significativamente en la formación de médicos geriatras y personal de enfermería especializado.

-Ampliar y mejorar la infraestructura para la atención de largo plazo y cuidados paliativos.

3-Diseñar políticas de estímulo a la natalidad responsable y apoyo a las familias:

-Expandir la red de guarderías públicas, asegurando su calidad y accesibilidad.

-Ampliar los permisos de maternidad y paternidad, fomentando la corresponsabilidad en el cuidado.

4-Implementar incentivos fiscales progresivos para familias jóvenes.

-Reintegrar a los adultos mayores a la vida productiva y social.

-Promover el empleo para personas mayores («senior») mediante esquemas flexibles y adaptados a sus capacidades.

-Impulsar programas de mentoría intergeneracional y capacitación digital para cerrar la brecha tecnológica.

5-Implementar una planificación demográfica estratégica de largo plazo:

-Integrar la variable del envejecimiento poblacional en la planificación de infraestructura, transporte, vivienda, salud, educación y, crucialmente, en la asignación del gasto público.

-Crear un Consejo Nacional de Envejecimiento y Desarrollo, un órgano autónomo que diseñe, supervise y evalúe estrategias transversales con visión de Estado.

No basta con preguntarnos cuántos años vamos a vivir, sino cómo vamos a vivirlos y con qué calidad de vida. El verdadero dilema que enfrentamos como nación es si aspiramos a ser un país que envejezca con dignidad, seguridad y respeto, o uno que se deteriore progresivamente en el abandono y la precariedad.

Definitivamente, la decisión está en nuestras manos.

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Desde hace varias décadas el tema de traer o no al país los restos del expresidente de México, el general Porfirio Díaz Mori, ha sido tema de muchas controversias. En la mañanera del viernes 30 de mayo, se suscitó ese añejo asunto, y la presidenta prefirió que, inicialmente, fuese el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, quien abordara la cuestión.

A las primeras y muy seguro, el funcionario objetó que los restos del dictador de origen oaxaqueño (por cierto, con ascendencia jalisciense, pues su progenitor fue Rafael Díaz de León, oriundo de Encarnación de Díaz) fuesen repatriados a México, lo cual enlazó a un reprobable regreso del neoporfirismo, que es igual al neoliberalismo que imperó en la República desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto.

El maestro y antropólogo que jefatura el INAH, enfatizó: “Yo creo que los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, la dictadura, la represión, esos nunca. Yo creo que no es algo que importe al Estado mexicano, que el pueblo esté deseando. […] Don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí, pues que permanezca en paz.”

Forzada a intervenir, la primera mandataria, Claudia Sheinbaum, afirmó: «Lo que coincido con el maestro es que no regrese el porfirismo; lo demás puede debatirse, sería un buen debate”.

Dos días antes de esas opiniones, en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, se llevó a cabo la presentación del libro “Un general charro en el porfiriato”, cuyo autor es el cronista municipal de San Miguel el Alto, nuestro bellísimo pueblo afamado por sus hermosas mujeres, sus gallardos varones y sus edificaciones de cantera, entre otras virtudes de que hace gala.

Esa población es cuna de jaliscienses muy distinguidos, como el afamado tribuno José María Lozano (miembro del célebre cuadrilátero de oradores mexicanos que integró junto a Nemesio García Naranjo, Querido Moheno y Francisco M. de Olaguibel), todos muy brillantes, pero con un error que los rebajó: haber colaborado con Victoriano Huerta.

El personaje central de la obra que mencionamos fue el sanmiguelense Francisco M. Ramírez (la eme es por la inicial del apellido materno, Martín y como permanente homenaje filial).

Nacido el 13 de diciembre de 1841, falleció en la capital federal el 13 de enero de 1920. Fue miembro de una típica familia mexicana, es decir profusa, devota, trabajadora y muy unida. Podemos precisar que las áreas en que Francisco M. Ramírez descolló notablemente fueron la castrense, la de pacificador al frente de las fuerzas rurales que creadas en 1861 bajo el presidente Juárez, se consolidaron con el Gral. Díaz al nombrarlo inspector general en 1887.

La siguiente faceta en que se distinguió fue la de orden político, ejerciendo cargos legislativos en Nuevo León y Aguascalientes; finalmente, quizás en la actividad en que mayores lauros conquistó fue en la filantropía, desplegando singulares acciones en distintas partes de México, pero sobresaliendo su carácter de benefactor en su tierra natal: San Miguel el Alto.

Como militar, participó en la Guerra de Reforma desde 1857, con el grado de alférez. Luchó contra la intervención francesa con galones de teniente de caballería y terminó como comandante de escuadrón, para de allí escalar jerarquías hasta que, fungiendo como coronel de caballería en 1881-1884, se le elevó al rango de general de brigada el último año mencionado, lo que se le ratificó, en pleno porfiriato, al ser nominado general de Brigada efectivo, el uno de enero de 1892. Así cumplió su rol como hombre de armas dentro del ejército nacional.

La otra faceta en que destacó este paisano nuestro fue la de la política. Siendo hombre de confianza para el régimen porfirista, se desempeñó como diputado en Monterrey, en 1892 y años después, fue legislador en el Estado de Aguascalientes en 1900. La entidad hidalguense también conoció de sus virtudes cívicas y allí ejerció el cargo de presidente de la Junta Patriótica estatal.

En cuanto a efectos políticos en Jalisco, fue destacado dirigente de grupos radicados en la capital nacional (Jalisco Libre y el Círculo Jalisciense), en donde unió esfuerzos al lado de José López Portillo y Rojas, Carlos F. de Landero, Alberto Robles Gil. El declive de su estrella en este ramo fue al mismo tiempo que comenzó el desnivel porfirista, ya no pudiendo ser diputado en 1908.

Hombre de a caballo, en todos sus cometidos, siempre impulsó las suertes equinas, es decir, las de la charrería. De allí que en septiembre de 1887 el mandatario Díaz lo designara inspector general de las Fuerzas Rurales de la Federación. En tal encomienda, será recordado en toda la nación.

Organizó y dotó de todo tipo de equipo a los rurales, los cuales fueron admirados a lo largo y ancho de México, con reconocimiento en diversos países, como en la exhibición que hicieron en Búfalo, Estados Unidos en 1901. Creó la escuela de tiro, las brillantes bandas musicales de la corporación, vistiendo de forma definitiva a sus efectivos con el traje de charro.

Desde luego que, al contribuir a la pacificación del país, las clases económicas y políticas, mucho lo apreciaron. En los viajes que realizaba por diversas áreas geográficas, era recibido con entusiasmo. Su pueblo natal y Guadalajara, en varias ocasiones lo ovacionaron.

Sin embargo, la marcha de los sucesos que llevaron al estallamiento de la revolución mexicana, y con ello a la liquidación del porfiriato, marcarían también la salida del Gral. Ramírez de las fuerzas rurales, lo cual llevó a cabo el 26 de junio de 1911.

Dentro de los beneficios que otorgó, sobresalen los que atañen a la educación. Son relevantes los dos centros escolares de San Miguel el Alto, iniciados a construir bajo sus auspicios en 1911 y terminados al año siguiente.

A la fecha aún funcionan y recuerdan el nombre de los padres del insigne filántropo: Gregorio Ramírez y Carmen Martín. Pero los donativos a su solar natal fueron diversos, desde el siglo XIX, en que regaló bancas para la plaza de armas en dos ocasiones y otros objetos para el lucimiento de la entonces villa alteña.

Por todo lo anterior, el autor del libro, licenciado Francisco Javier Sánchez Muñoz, fue muy felicitado. Él ya había publicado varios trabajos, siendo muy recordado el que dedicó al tribuno José María Lozano. En un mensaje de dicho cronista, dice: Este libro será de utilidad para investigadores, profesores, servidores públicos, sociedad en general y sobre todo para los alumnos de las escuelas…ojalá que estos se inspiren y sepan que las metas se logran con esfuerzo, dedicación y visión, como lo hizo Francisco M. Ramírez…

Esperamos que muchos jaliscienses, al margen de las pugnas ideológicas, sepan aquilatar los méritos de quienes, con su talento, elevación de miras y valor, forjaron la grandeza de Jalisco y de México.

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El futuro de esta primera elección del Poder Judicial Federal será, sin duda, un completo desastre para la justicia en México. Esta ocurrencia de Morena, bien se dice, es una especie de venganza contra el Poder Judicial, al no haber sucumbido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, representa la oportunidad de tener a los ministros, magistrados y jueces federales rindiendo pleitesía a un partido político y no a una carrera judicial de vocación y servicio. Este cambio en la forma de elegir al Poder Judicial tendrá un costo muy alto para el país.

En este sentido y políticamente, esto es la consumación de la asunción del control de los poderes en México. Este 1 de junio de 2025, se desvanece la división de poderes que constitucionalmente mantenía contrapesos y equilibrios, más allá de lo difícil que será para la sociedad la brecha de aprendizaje y ejecución de 881 cargos del Poder Judicial federal, elegidos de manera popular bajo un entorno político adverso y descarado, para que un partido en el país tenga cargos judiciales.

Esta nueva elección, producto de una reforma constitucional imprecisa, con lagunas legales, controversial y criticada por muchos sectores de la ciudadanía, nos lleva a ejercer nuestro derecho al voto para elegir a ministros, magistrados y jueces federales en esta entidad federativa. Son decisiones que, sin duda, afectarán a la sociedad por décadas.

La democracia en el país se caracteriza por garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos para la toma de decisiones políticas que darán rumbo a la construcción de nuestra nación y a cómo queremos vivir en aras de la justicia, la legalidad y el Estado de derecho. La duda es si una elección popular de quienes impartirán justicia será lo justo para la ciudadanía o no.

El papel del Poder Judicial en México es la enorme responsabilidad de administrar justicia, interpretar las leyes y resolver las controversias de todo tipo. Su encargo principal es avalar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en el país, así como proteger los derechos humanos y el respeto absoluto a la legalidad.

El nuevo reto para la llegada de los cargos judiciales será titánico e histórico para la impartición de justicia en la nación. Habremos de denunciar y exigir su salida del Poder Judicial cada vez que una de estas personas, elegidas por esta atípica elección, no sea capaz, idónea, o se le compruebe cualquier situación de falta de capacidad o de corrupción.

Que la voz con finalidad democrática suene a modo de libertad de expresión para depurar a todo aquel que llegue por encargos políticos, por haber pasado los filtros, pero sin ser una persona de ética y de vocación en su nuevo encargo. Eso también será nuestra responsabilidad civil, como la que nos llevó a elegir los cargos judiciales.

El tiempo dará la razón a quienes en su momento expresamos que la transición del sistema judicial no era lo mejor en materia de impartición de justicia para el país. Pasar de cargos que habían llegado por una meritoria carrera judicial a una elección de ciudadanos con aspiraciones personales o partidistas —en su mayoría postulados por grupos de poder para conseguir un ministro, magistrado o juez «a modo»— no es lo que la sociedad merece. El precio será caro y les costará a los mexicanos.

Sin embargo, lo que pasará es un retroceso histórico de más de treinta años, a cuando el partido en el poder tenía simuladamente tomado el Poder Judicial. Ya habíamos empezado con cargos de probada y meritoria carrera judicial; ahora, otra vez, tendremos como juez a integrantes de un grupo de poder que podrán sentenciar y decretar a favor de alguien. Eso es corrupción.

El voto de esta histórica y sin precedentes elección, que todos sabemos, sí fue coaccionado y direccionado por otros para imponer sus intereses políticos y personales de grupo. El ejercicio democrático fue orientado hacia los que están en el poder. Quien suscribe la presente opinión fue buscada por conocidos para asegurar votos mediante la imagen de mi credencial de votar, e invitada a charlas para que me contaran los beneficios de tener un “amigo” en el Poder Judicial.

Desde mis más de doce años litigando en tribunales y escribiendo opinión política, reafirmo: esto no va a ser nada bueno para la impartición de justicia ni para la sociedad.