La transformación por decreto

Opinión, por Iván Arrazola //

Un aspecto fundamental en estos días de campaña es que la fuerza de la Cuarta Transformación sigue presente en la vida del país, lejos de que el país se inserte en un proceso de renovación, todo apunta a la continuidad, por ningún motivo debe de haber la menor sospecha de ruptura o de cambio, el proyecto debe de continuar con independencia de quien esté al frente de la presidencia de la República, solamente así se pueden entender las reformas que se están discutiendo en estos días en el Congreso de la Unión y que el oficialismo pretende imponer a través de su mayoría en las cámaras.

Uno de los rasgos más visibles de esta forma de gobernar se encuentra en la forma en que se ha legislado en los últimos años, la inmediatez, el proceso legislativo desaseado y los cuestionamientos a la constitucionalidad de lo aprobado, son las principales características de los proyectos que ha impulsado la 4T en los últimos años, es el caso de la reforma eléctrica, la reforma político electoral, el Plan B y el traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA.

Todas estas reformas han sido declaradas inconstitucionales por lo que el gobierno ha emprendido una campaña contra el poder Judicial al que acusa de ser parcial y estar a favor de los intereses de los “conservadores”, de ahí la necesidad de cambiar la configuración actual del Poder Judicial y nombrar a los ministros por voto popular.

El gobierno de la Cuarta Transformación ha experimentado en carne propia lo complicado que es impulsar proyectos cuando las leyes ponen frenos a las grandes obras de este gobierno. Con las modificaciones a la Ley de Amparo, lo que se busca es que ante la solicitud de un amparo dicha medida no afecte la continuidad de los proyectos gubernamentales, un ejemplo es el Tren Maya, la ciudadanía ha presentado amparos ante los daños que la obra ha ocasionado al medio ambiente, lo que ha impedido que la obra se concluya en tiempo.

Aunque la reforma fue aprobada en Cámara de Senadores y lo más probable es que la iniciativa también se apruebe en Cámara de Diputados, la oposición presentará una acción de inconstitucionalidad por considerar que la medida viola los derechos de la ciudadanía, al no poder otorgar la suspensión de un acto que la ciudadanía considere que viola o no respeta sus garantías.

Otro de los proyectos que han generado polémica, son los cambios a la Ley de Amnistía, por medio de dichos cambios la persona titular del Poder Ejecutivo podrá dar amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado Mexicano.

Con esta reforma Morena parece reconocer que el único camino posible para lograr justicia y para que el sistema político mexicano sea eficiente, es dotar de una mayor dosis de presidencialismo al poder Ejecutivo, de manera inexplicable y sin entrar al detalle de qué se entiende por un “caso relevante” para el presidente y qué es “información comprobable”, se pretende dotar al presidente de un poder discrecional para que por medio de la figura de la amnistía se le otorgue el perdón a las personas sobre las que se haya ejercido acción penal, que estén siendo procesadas o se encuentren sentenciadas por cualquier delito, por lo que se extinguirán las acciones penales y las sanciones impuestas.

En defensa de la aprobación de esta iniciativa el senador Ricardo Monreal de Morena señaló que se trata de “ir a la verdad de los hechos que se suscitaron en tragedias que enlutaron al país y que generaron profundas heridas al mismo”, casos como el de Tlatlaya, San Fernando o Ayotzinapa se podrían esclarecer con esta reforma.

La última de las propuestas es sobre el tema de las Afores y las pensiones, lo que se busca es transferir los recursos de las cuentas no activas de personas mayores de setenta años al Fondo de Bienestar, con estos recursos se busca otorgar una pensión digna a las personas que se jubilen con la ley de 1997, a las que se les dará una pensión de 16 mil pesos mensuales, la medida también ha generado polémica, porque en primer lugar, el gobierno tomará recursos que le pertenecen a particulares, si bien se ha señalado que las personas podrán reclamar su pensiones, lo cierto es que la ley no se señala cómo se recuperarán estos recursos e inclusive se cuestiona si el fondo de 40 mil millones será suficiente para cubrir las pensiones de este sector de la población

Sin duda todas las iniciativas que se están discutiendo en este momento son relevantes, pero el oficialismo ya hizo su apuesta y las va aprobar con o sin el apoyo de la oposición, en caso de que las aprueben en solitario y que la Corte las declare inconstitucionales acusarán al poder Judicial y a la oposición de detener la transformación del país en pleno proceso electoral, de poco sirve tomar decisiones trascendentes por decreto, imponer decisiones lo único que evidencia es la incapacidad para discutir y consensar, el costo para el país será enorme, lo que se construye desde la imposición será sustituido por otra imposición generando un círculo vicioso.