Por Alfredo Jalife-Rahme //

Los gobernadores de los estados mexicanos de Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua amenazan con una balcanización fiscal-sanitaria con el fin de ser rescatados de su grave crisis económica por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Lo que no hay que descuidar porque forma parte congénita de su historia secesionista.

Ya había planteado en cuatro artículos las veleidades de balcanización de México: tanto inducidas por EEUU como alentadas por sus fuerzas centrifugas domésticas:

• Armada de EEUU expone la balcanización de México en tres repúblicas;

• México del siglo XXI: ¿fracturado en tres o cinco repúblicas?

• ¿Alienta EEUU la balcanización de México para quedarse con la Cuenca de Burgos?

• ¿Invadirá Trump a México, hoy desestabilizado por Soros?

Desde el año 2000 propuse que la postglobalización y/o la desglobalizacion tenían como corolario las balcanizaciones (El Lado Oscuro de la Globalización: Post-globalización & Balcanización), que 20 años más tarde aceleraron su ritmo, como es el caso reciente del estado-nación de California, un vecino relevante del norte de México.

En México siempre ha existido una discriminación racista del norte—muchos de cuyos integrantes provienen del Reino de Nueva Vizcaya del siglo XVI, integrado por Durango, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila —hacia el sur, donde radica la mayor parte de los pobres de México y cuyo número es uno de los más pletóricos del mundo—.

Baste contrastar el índice de pobres tan dispar del próspero estado norteño de Nuevo León (14.5% de pobreza) —cuyos empresarios han sido rescatados varias veces por la federación— frente al 76.4% del estado sureño de Chiapas, que si se actualiza estaría mucho peor.

En lo que al PIB se refiere, antes del COVID-19, los estados norteños de Aguascalientes y Baja California ostentaban un 11% del PIB frente al -11% de Tabasco, estado natal del presidente López Obrador.

En una ocasión, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López—muy cercano al presidente, quien incluso lo califica de su «hermano»—, comentó que el polémico expresidente Felipe Calderón del PAN, debido a su ascenso mediante un fraude electoral, «odiaba a Tabasco» en alusión a su obsceno favoritismo a la cementera norteña CEMEX rescatada de su quiebra con dinero del Seguro Social estatal y cuya operación fue lubricada por Enrique Krauze Kleinbort, vilipendiado rusófobo y apologista del megaespeculador George Soros, atrapado en una conspiración para derrocar al presidente mediante la Operación Berlín.

En la etapa de auge petrolero, cuando el precio alcanzó un promedio de 110 dólares el barril, los dos presidentes panistas Fox —de Guanajuato, estado del corazón del Bajío norteño —y Calderón— pese a ser de Michoacán, un estado del paupérrimo del sur— focalizaron los 500 mil millones de dólares en ingresos del oro negro para beneficiar al norte, en detrimento de los discriminados estados del sur: paradójicamente los principales productores de petróleo de México.

Durante la campaña presidencial de hace dos años, el gobernador de Nuevo León apodado el Bronco —debido a sus vulgares bravatas de cantina— llegó hasta a exigir durante el gobierno priista de Peña Nieto que el presupuesto de Chiapas, el estado sureño más pobre de México, se le debía otorgar a Nuevo león para pagar su cuantiosa deuda.

Más aún: un excandidato de muy bajo nivel a la Presidencia, Gabriel Quadri, que obtuvo un raquítico 2,3%, llegó a insultar a los estados del sur de ser los culpables de frenar el crecimiento neoliberal de México.

En fechas recientes, llamó poderosamente la atención la reunión del hiperquinético y locuaz embajador de EEUU en México, Christopher Landau, quien se reunió con cuatro gobernadores del Occidente de México: Enrique Alfaro, de Jalisco (del opositor partido Movimiento Ciudadano); Ignacio Peralta, de Colima (del PRI); Martín Orozco, de Aguascalientes (del opositor PAN), y Antonio Echevarría, de Nayarit (PAN).

La relevancia de Jalisco no es menor —que fue parte de la provincia de Nueva Galicia en el siglo XVI, con Aguascalientes— y forma parte hoy de la Alianza Bajío-Occidente conformada por Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato (PAN), San Luis Potosí (PRI) y Querétaro (PAN).

Amén de ser una de las zonas más prósperas de México y considerado el cuarto estado mas productivo -después de la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León-, Jalisco ostenta límites con siete estados: Zacatecas (PRI), Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Nayarit, Colima y Michoacán (del opositor PRD).

Se pudiera aducir que a partir de Querétaro hasta la frontera de EEUU gobierna la oposición al presidente sureño López Obrador, y donde predominan los gobernadores secesionistas del PAN.

Antes del COVID-19, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León exhibieron sus veleidades secesionistas con amagos de salirse de la federación debido a, lo que juzgan, un mal reparto fiscal.

Después de que la pandemia del COVID-19 alcanzó a México, ahora las veleidades de balcanización se han transmutado de protestas fiscales a rebelión sanitaria, en particular, del gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, quien desea ser candidato presidencial para 2024: arremetió contra el omnipotente subsecretario de Salud López-Gatell a quien acusó de «traición a la patria«—que en México es una grave impugnación porque es el único caso que amerita la pena de muerte— por haber engañado, con sus modelos y curvas, la profundidad de la infección viral.

Cabe señalar que las veleidades secesionistas, tanto fiscales como sanitarias, pueden arrastrar la esfera de influencia de los estados aledaños a Jalisco, donde los empresarios han proclamado sin tapujos su rebeldía.

Asimismo, los gobernadores opositores de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila amagan con su ruptura fiscal de la federación, apuntalados por sus empresarios.

Después de que López Obrador presentó su Plan Económico, que plantea la ayuda jerárquica de Primero los Pobres, un grueso de empresarios, encabezados por el golpista Gustavo de Hoyos —que muchos analistas consideran será el candidato a la presidencia por el alicaído PAN— que preside Coparmex (empresarios de clase media de corte medieval) y que se volvió el centro ideológico del partido de extrema derecha PAN, se rebeló retóricamente contra la federación y ha amagado con cesar el pago de impuestos hasta que reciban «ayuda»: para no pagar impuestos en esta fase de la pandemia y para ser rescatados como lo fueron antes los empresarios en 1998 con el Fobaproa/IPAB, cuando Zedillo, presidente neoliberal del PRI, los salvó de la quiebra a costa de haber arruinado la mayoría de los mexicanos.

El desastre del Fobaproa/IPAB dejó a México en la pauperización económica, ya que le obliga a pagar anualmente una pantagruélica suma de intereses.

No solamente existen veleidades secesionistas en el norte de México, a las que habría que agregar Baja California norte, sino también en el mismo estado sureño de Chiapas, frontera con Guatemala y que ha sufrido los embates de la migración promovida por el megaespeculador George Soros, en la lucha que libra contra Trump en suelo mexicano.

El año pasado fue expuesta la conexión del golpista Enrique Krauze Kleinbort con Juan Villoro, que se ostenta como uno de los ideólogos del grupo guerrillero EZLN bajo los auspicios de George Soros.

Tampoco hay que desdeñar que en las redes sociales ha tomado vuelo como tendencia la separación del nortexit, a partir de Querétaro hasta el norte.

Otros propalan, de acuerdo a sus gustos regionales, la República del Rio Grande y la República del Bajío.

Los empresarios golpistas y/o secesionistas buscan un Fobaproa/IPAB 2 —su rescate de la hoguera de la grave crisis económica posterior al COVID-19— que no se ve cómo se los pueda conceder López Obrador debido a sus convicciones ideológicas antineoliberales, por lo que han arreciado sus campañas multimediáticas —controlan a las televisoras, radios y a la mayoría de los periódicos del ancien régime— que exigen su renuncia cuando no gozan de un apoyo mayoritario, sino simplemente plutocrático, hasta ahora.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK