Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

El 107 aniversario de la Constitución Federal de 1917, registró muchas celebraciones, pero las estelares fueron: la que se llevó a cabo en Querétaro y la que presidió en la ciudad de México, el primer mandatario de la República.

En el acto realizado en el teatro de la república queretano, donde se debatió y aprobó nuestra ley de leyes, la secretaria de Gobernación afirmó que las iniciativas para modificar la Carta Magna buscan reencausar el sentido social que se le impuso por el Constituyente de 1916-17, puesto que, en el camino hasta la fecha, especialmente en la etapa del neoliberalismo (desde Miguel de la Madrid hasta 2018) se habían desvirtuado. La joven funcionaria -María Luisa Alcalde- citó muy pertinentemente una frase del diputado Francisco Zarco, que en mucho explica la lejanía del poder judicial en relación con el pueblo y su cometido de aplicar la ley: “la impartición de justicia ha sido propiedad de los sabios con título”.

En su turno, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presente -Alberto Pérez Dayán- por delegación que le hizo la presidenta de la Corte (Norma Lucía Piña Hernández) por cierto muy criticado tras su indebida y apresurada actuación para invalidar la Ley Eléctrica (el pasado último de enero) norma general de suma importancia para México, con solo dos votos (él sufragó dos veces), en vez de haberlo hecho en el pleno de la SCJN o al menos haber llamado a otro ministro para completar la sala, que funcionó con cuatro, por excusa de uno.

Con su voto repetido, inclinó el asunto a favor de las grandes empresas que lo promovieron, en detrimento de la autonomía energética de la república. Decíamos que, en su oportunidad de hablar, este abogado afirmó, citando al constituyente jalisciense Paulino Machorro: “…el magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto”, en lo cual tiene razón, pero lo que deben entender es que son parte del Estado mexicano, a nombre del cual administrarán una justicia pronta, expedita y de esencial función social, aspectos que no cumplen la mayoría de los miembros de la Corte.

Sobre ello, admitiendo a verdad de que nada ni nadie está por encima de la Constitución, los ministros deben ceñirse estrictamente a tal principio, lo cual no es cierto, pues se desempeñan soberbiamente sobre la Carta Magna, por ejemplo al conocer ramos que tienen vedados (como leyes electorales), autorizar funciones contra la ley (como en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, INAI, que acordaron actúe su pleno con 4 integrantes, uno menos de los 5 prevenidos legalmente) o invalidando normas por meras cuestiones de trámite procesal, suplantando al poder Legislativo; y para no alargar la lista, al no obedecer el articulo 127 sobre su sueldo (ingresos) que debe ser menor al del presidente del país, pero se despachan con la cuchara gorda al obtener impúdicamente, hasta 4 veces más.

Para terminar el comentario sobre este “super ministro”, citamos su enunciado de que siendo tres los poderes constitucionales, todos son igualmente de origen democrático. Esto es plenamente discutible, pues a ellos -los miembros de la SCJN-, no los elige la ciudadanía, como sucedía en las constituciones de 1824 y 1857, sino que por una fórmula tramposa de los presidentes después de Carranza, inventaron la que esencialmente da el papel de forjador de ministros, al senado y al primer magistrado de la nación. Y eso, será trámite constitucional, pero en sustancia, no es democrático, y mucho menos las sentencias que emiten los señores jueces de cualesquiera jerarquías, como sostiene este prepotente jurisconsulto, quien encaja en la expresión del admirado Francisco Zarco: “sabio con título”.

Aun cuando las reformas previas al texto supremo se deben evaluar en el contexto histórico en que se le incorporan, las iniciativas que presentó el actual Presidente, se distinguen porque podrán ser debatidas profundamente, lo cual no se hacía en las ocasiones anteriores, cuando la voluntad del mandamás nacional en turno y la incondicionalidad del partido tricolor, permitían con suma facilidad alterar la Constitución. Como afirma la abogada, analista sociopolítica y maestra, Vanesa Romero Rocha: de las 20 iniciativas, tenemos dos grupos, las controversiales y las negociables.

En efecto, la del grupo inicial, son las que implican cambios a la estructura del Estado, como transformar profundamente al poder judicial, adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa (SEDENA), la supresión de algunos organismos constitucionalmente autónomos y la reforma eléctrica; en consecuencia, serán de materia de sesudos estudios y crudas discusiones. Enseguida vendrían las iniciativas negociables, que implican ampliación de derechos o beneficios para los mexicanos, como otorgar pensión a personas mayores de 65 años (ahora es obligatorio a partir de los 68, aunque López Obrador acordó incluir a los de 65 o más años), a los discapacitados, becas a los estudiantes, y algunos programas como sembrando vida, o de apoyo a jóvenes aprendices, etc. Aquí se engloban también los derechos de nuestros pueblos originarios, y algo muy trascendente, el garantizar que el salario mínimo siempre sea arriba de la inflación, a la vez que médicos, enfermeras, maestros, soldados, policías, etc., gocen de un ingreso igual al del término medio de los afiliados al IMSS (poco más de 16 mil pesos mensuales), lo que es justísimo e inaplazable que se alcance.

Al meditar sobre las propuestas antedichas, tal como afirmó la analista mencionada y ratifican muchos comentaristas, no cabe duda de que el mandatario saliente, hizo una jugada maestra, pues especialmente con el segundo grupo de iniciativas, si la oposición no las aprueba, casi casi se hará un “harakiri” electoral. Ya sabemos que esa práctica nipona, es un suicidio consistente en autodestruirse las entrañas.

Quizás por lo anterior, políticos avezados como el panista Damián Zepeda Vidales, declararon que todas las propuestas reformatorias, deben estudiarse cuidadosamente, y las que salvaguarden derechos o beneficien a las personas, se les deberá apoyar. Las demás se podrán discutir, buscar adecuaciones o si se quiere, rechazar, pero bien fundamentadas esas denegaciones.

Esa adecuada actitud de un destacado antagonista del gobierno, debiera ser el sistema que las oposiciones asuman, y no simplemente la de reprobar todo lo que emane de Palacio Nacional o del lopezobradorismo, tal como se han venido manifestando con su entrampado bloqueo legislativo, los guías del prianismo (que congloba al alicaído perredismo).

De continuar en esta actitud de censura total, estos adversarios de la Cuatro T, no solo incumplen su obligación de trabajar por México, sino que conspiran contra sus propios futuros, pues indudablemente, la ciudadanía lo tomará en cuenta para cuando emita su voto el 2 de junio. Y todo mundo estamos conscientes de la caída tremenda que han sufrido por su orden, el panismo, los tricolores y los del sol azteca: los primeros, que ya solo gobiernan en cinco entidades federativas, los segundos (o sea, los ahora seudo revolucionarios del PRI) porque de plano están de capa caída (tienen dos entidades por coalición) y los perredistas, que sin mayores ambages, están a punto de perder su registro.

Así pues, este paquete de iniciativas lanzadas el reciente aniversario de la Constitución, son un verdadero latigazo con repercusiones de diversa índole, ya que el tema está a flor de labio en la república entera, y en cuanto a los efectos, son de matices no solo sociales, políticos y jurídicos, sino que por el momento que vivimos, de incidencia espaciosa en el renglón electoral, cuya fecha cumbre será el no tan lejano dos de junio.