NACIONALES
Las decisiones de la SCJN son constitucionales: Dilema en el Poder Judicial ¿ministros electos por voto popular?
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
La decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de rechazar el Plan B de la reforma electoral ha desatado un acalorado debate sobre la necesidad de implementar cambios en el Poder Judicial de la Federación, especialmente que los ministros sean electos mediante voto popular, esto tal y como sucede en países como Bolivia en donde los integrantes de este poder son electos mediante sufragio universal o bien, Estados Unidos, país que de una manera más moderada contempla la elección mediante voto popular de ciertos personajes (de menor envergadura) del Poder Judicial.
Pero ¿cómo gira el mundo judicial en estos dos países?
En el caso de Bolivia no hay mucho que señalar y por lo tanto seré breve.
Ahí la Asamblea Legislativa Plurinacional preselecciona a los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, lista que posteriormente se remite al Tribunal Supremo Electoral para que este organice elecciones en las que quien obtenga una mayoría simple de votos tendrá el privilegio de ocupar un cargo de alta importancia dentro del Poder Judicial.
Sin embargo, esto simplemente no ha funcionado, de hecho, ha sido tan inútil que a mi gusto, podemos considerar a Bolivia como un Estado fallido, esto es así porque al menos en los últimos años he visto más presidentes y golpes al poder ejecutivo y judicial, que éxitos deportivos del Club Deportivo Zapopan.
Pero, por otro lado, tenemos a Estados Unidos que vale la pena analizar un poco más.
Nuestros vecinos no solo cuentan con un sistema electoral complejo, sino también con un sistema judicial moderadamente complejo, pero que, con todo y sus matices, prioriza la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial.
En este caso, el marcado federalismo de Estados Unidos nos permite diferenciar entre un sistema de justicia federal y otro a nivel estatal.
En lo que obedece a lo federal, grosso modo, podemos observar 3 instancia: la primera de ellas está compuesta por las Cortes de Distrito. La segunda corresponde las famosas Cortes de Apelación, y finalmente, por encima de estas ultimas dos instancias, encontramos a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Hasta aquí, el sistema de nuestros vecinos no es tan distinto de lo que conocemos, de hecho, la integración de estas tres es similar a la de nuestro poder judicial: el presidente de Estados Unidos nomina a los funcionarios, y este nombramiento es ratificado por el Senado.
Donde la cosa cambia un poco es en el sistema estatal, ya que este es diferente en cada Estado y está sujeto a la normativa estatal, y aunque la mayoría tiene una estructura similar a la federal, hay algunas diferencias, siendo la más notoria el sistema de elección de los jueces, el cual cambia dependiendo del estado, situación que nos permite ver algunos casos en donde tanto los jueces como el fiscal general del estado, son electos mediante el voto popular en elecciones generales.
En general, podríamos durar todo el día analizando la integración del poder judicial en distintos países y aunque probablemente encontremos excepciones similares al sistema en Bolivia, la realidad es que el común denominador de la mayoría de los países del mundo (desarrollados o no) es que con todo y sus matices, la integración de los máximos órganos de justicia, deja fuera de la ecuación la elección de estos funcionarios mediante sufragio efectivo.
Ahora bien, traigo esto a colación debido a que hace unos días leí un tuit que me hizo mucho eco; en él, el autor señalaba que los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fueron electos mediante el voto popular, pero aun así, estos pueden impedir reformas legislativas de legisladores que el pueblo sí eligió como representantes, y concluía su tuit cargado de sabiduría jurídica y constitucional, que a los actuales ministros no les interesa ni la justicia ni la democracia, y por lo tanto, estos deberían marcharse.
Sin embargo, plantear esto es un error, principalmente porque no podemos caer en la equivocación de creer que la única manifestación de la democracia es a través del voto popular, ya que no es así, y la realidad es que los ministros son figuras tan democráticas como cualquier legislador.
En primer lugar, los integrantes del Poder Judicial, entre ellos ministros, magistrados y jueces de Distrito, no pueden ser representantes populares porque su función e nuestro sistema no es representar o hacer valer la voluntad popular, su principal función es salvaguardar libremente la Constitución y los derechos que en ésta plasmaron nuestros legisladores.
En segundo lugar, quienes se encargan de salvaguardar la Constitución, deben hacerlo aun y cuando su decisión no sea popular, esto debido a que sus decisiones no tienen que ser populares, sino que deben de ser constitucionales. Por ello, tal y como lo mencioné hace unas ediciones, las decisiones más difíciles requieren de las voluntades más fuertes, y no siempre las voluntades sujetas al voto popular suelen ser las más fuertes.
Por último, si lo que se busca es que la SCJN rechace el menor número de iniciativas de ley emanadas del Poder Legislativo, la solución no está en reformar el Poder Judicial. Al contrario, el ejercicio de reflexión e introspección debe comenzar desde el Poder Legislativo, ya que en la medida en la que sus reformas sean inconstitucionales, estas seguirán siendo rechazadas, algo que al menos su servidor, agradece enormemente, ya que nada me parece más democrático que los contrapesos que salvaguardan los intereses constitucionales, que a la par, son los intereses del pueblo mexicano.
Las decisiones de la SCJN no son ni políticas ni populares, son constitucionales, y la Constitución no es un simple «formulismo» como muchos legisladores lo plantean, la Constitución es el medio pero al mismo tiempo la defensa de esta es también el fin, ya que solo con su defensa, podemos salvaguardar los pilares de nuestro sistema político, social y económico.
Recordemos que sí, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, y sí, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
En este orden de ideas, la integración del Poder Judicial en este país, especialmente la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de un presidente electo por la voluntad popular, y ratificados por un senado electo de la misma manera, es una de las expresiones más sólidas de soberanía, ya que a través de este ejercicio, el ejecutivo y el legislativo, haciendo valer la voluntad popular, depositan esta soberanía en un tercer poder independiente que será el encargado de salvaguardar nuestra carta magna.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
