NACIONALES
Las decisiones de la SCJN son constitucionales: Dilema en el Poder Judicial ¿ministros electos por voto popular?

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
La decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de rechazar el Plan B de la reforma electoral ha desatado un acalorado debate sobre la necesidad de implementar cambios en el Poder Judicial de la Federación, especialmente que los ministros sean electos mediante voto popular, esto tal y como sucede en países como Bolivia en donde los integrantes de este poder son electos mediante sufragio universal o bien, Estados Unidos, país que de una manera más moderada contempla la elección mediante voto popular de ciertos personajes (de menor envergadura) del Poder Judicial.
Pero ¿cómo gira el mundo judicial en estos dos países?
En el caso de Bolivia no hay mucho que señalar y por lo tanto seré breve.
Ahí la Asamblea Legislativa Plurinacional preselecciona a los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, lista que posteriormente se remite al Tribunal Supremo Electoral para que este organice elecciones en las que quien obtenga una mayoría simple de votos tendrá el privilegio de ocupar un cargo de alta importancia dentro del Poder Judicial.
Sin embargo, esto simplemente no ha funcionado, de hecho, ha sido tan inútil que a mi gusto, podemos considerar a Bolivia como un Estado fallido, esto es así porque al menos en los últimos años he visto más presidentes y golpes al poder ejecutivo y judicial, que éxitos deportivos del Club Deportivo Zapopan.
Pero, por otro lado, tenemos a Estados Unidos que vale la pena analizar un poco más.
Nuestros vecinos no solo cuentan con un sistema electoral complejo, sino también con un sistema judicial moderadamente complejo, pero que, con todo y sus matices, prioriza la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial.
En este caso, el marcado federalismo de Estados Unidos nos permite diferenciar entre un sistema de justicia federal y otro a nivel estatal.
En lo que obedece a lo federal, grosso modo, podemos observar 3 instancia: la primera de ellas está compuesta por las Cortes de Distrito. La segunda corresponde las famosas Cortes de Apelación, y finalmente, por encima de estas ultimas dos instancias, encontramos a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Hasta aquí, el sistema de nuestros vecinos no es tan distinto de lo que conocemos, de hecho, la integración de estas tres es similar a la de nuestro poder judicial: el presidente de Estados Unidos nomina a los funcionarios, y este nombramiento es ratificado por el Senado.
Donde la cosa cambia un poco es en el sistema estatal, ya que este es diferente en cada Estado y está sujeto a la normativa estatal, y aunque la mayoría tiene una estructura similar a la federal, hay algunas diferencias, siendo la más notoria el sistema de elección de los jueces, el cual cambia dependiendo del estado, situación que nos permite ver algunos casos en donde tanto los jueces como el fiscal general del estado, son electos mediante el voto popular en elecciones generales.
En general, podríamos durar todo el día analizando la integración del poder judicial en distintos países y aunque probablemente encontremos excepciones similares al sistema en Bolivia, la realidad es que el común denominador de la mayoría de los países del mundo (desarrollados o no) es que con todo y sus matices, la integración de los máximos órganos de justicia, deja fuera de la ecuación la elección de estos funcionarios mediante sufragio efectivo.
Ahora bien, traigo esto a colación debido a que hace unos días leí un tuit que me hizo mucho eco; en él, el autor señalaba que los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fueron electos mediante el voto popular, pero aun así, estos pueden impedir reformas legislativas de legisladores que el pueblo sí eligió como representantes, y concluía su tuit cargado de sabiduría jurídica y constitucional, que a los actuales ministros no les interesa ni la justicia ni la democracia, y por lo tanto, estos deberían marcharse.
Sin embargo, plantear esto es un error, principalmente porque no podemos caer en la equivocación de creer que la única manifestación de la democracia es a través del voto popular, ya que no es así, y la realidad es que los ministros son figuras tan democráticas como cualquier legislador.
En primer lugar, los integrantes del Poder Judicial, entre ellos ministros, magistrados y jueces de Distrito, no pueden ser representantes populares porque su función e nuestro sistema no es representar o hacer valer la voluntad popular, su principal función es salvaguardar libremente la Constitución y los derechos que en ésta plasmaron nuestros legisladores.
En segundo lugar, quienes se encargan de salvaguardar la Constitución, deben hacerlo aun y cuando su decisión no sea popular, esto debido a que sus decisiones no tienen que ser populares, sino que deben de ser constitucionales. Por ello, tal y como lo mencioné hace unas ediciones, las decisiones más difíciles requieren de las voluntades más fuertes, y no siempre las voluntades sujetas al voto popular suelen ser las más fuertes.
Por último, si lo que se busca es que la SCJN rechace el menor número de iniciativas de ley emanadas del Poder Legislativo, la solución no está en reformar el Poder Judicial. Al contrario, el ejercicio de reflexión e introspección debe comenzar desde el Poder Legislativo, ya que en la medida en la que sus reformas sean inconstitucionales, estas seguirán siendo rechazadas, algo que al menos su servidor, agradece enormemente, ya que nada me parece más democrático que los contrapesos que salvaguardan los intereses constitucionales, que a la par, son los intereses del pueblo mexicano.
Las decisiones de la SCJN no son ni políticas ni populares, son constitucionales, y la Constitución no es un simple «formulismo» como muchos legisladores lo plantean, la Constitución es el medio pero al mismo tiempo la defensa de esta es también el fin, ya que solo con su defensa, podemos salvaguardar los pilares de nuestro sistema político, social y económico.
Recordemos que sí, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, y sí, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
En este orden de ideas, la integración del Poder Judicial en este país, especialmente la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de un presidente electo por la voluntad popular, y ratificados por un senado electo de la misma manera, es una de las expresiones más sólidas de soberanía, ya que a través de este ejercicio, el ejecutivo y el legislativo, haciendo valer la voluntad popular, depositan esta soberanía en un tercer poder independiente que será el encargado de salvaguardar nuestra carta magna.
ENTREVISTAS
Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

Por Francisco Junco //
“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.
Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.
Un camino desde abajo
Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.
“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.
Retos de una elección sin precedentes
En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.
Dilemas judiciales
Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.
“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.
Una justicia humana y equitativa
Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.
Propuestas claras
¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:
“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.
Deuda histórica con las víctimas
Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.
El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.
En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.
En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.
CARTÓN POLÍTICO
Herida abierta
NACIONALES
Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.
Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.
Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.
Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.
Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.
La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.
El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.
Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.
Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.
Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.
Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.
Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.
Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.
Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.
A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.
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