NACIONALES
Las fiscalías en México: Entre la subordinación y la insurrección
Opinión, por Iván Arrazola //
Hay un problema con el funcionamiento de las fiscalías en los estados, ese problema tiene que ver con un diseño institucional, las fiscalías, que son los órganos encargados de investigar y perseguir delitos, y de reunir las pruebas para demostrar la culpabilidad de una persona, se encuentran bajo el acecho de los poderes locales en México.
Estos órganos que deberían de servir como instancias encargadas de investigar y hacer valer la justicia en el país, en realidad se encuentran al servicio de la clase política.
A partir de las reformas que se hicieron en el 2008 al sistema judicial, se buscó hacer de estos organismos, instancias independientes que no estuvieran al servicio de los gobernantes, su actuación tendría que ser completamente imparcial, libre de presiones políticas y siempre buscando que se haga justicia. Por eso se hicieron modificaciones para que el periodo del fiscal durara más allá del periodo del gobernador en turno, también se pensó en que fuera el Congreso el que nombrara al fiscal para evitar una relación de complicidad entre fiscal y gobernador.
Pues bien, ese diseño parece que poco ha ayudado, en muchos lugares, estas instituciones ejercen abiertamente una actitud sumisa y complaciente con el poder político, como sucede con la FGR. Atrás quedaron las diferentes protestas cuando Peña Nieto intentó designar en el cargo a una persona cercana a su partido como fiscal. El primer fiscal de la historia nombrado por López Obrador, no pasará a la historia por ser el más imparcial.
En días pasados el presidente relataba cómo reunió a Alejandro Gertz, fiscal general de la República y al propio Arturo Zaldívar, para que ejercieran acción penal en contra de Jesús Murillo Karam, lejos de la independencia que deberían mostrar los dos personajes. El relato muestra como en México hay cosas que no cambian, entre ellas la sumisión de la instancia encargada de procurar justicia, y que al menos una parte del poder encargado de impartir justicia también muestra una actitud sumisa ante el poder político.
Esto ha ocurrido en Morelos, donde el fiscal Uriel Carmona ha sido objeto de una persecución judicial no solo por parte del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, una de sus principales enemigas es la candidata Claudia Sheinbaum, que buscó por todos los medios encarcelar al fiscal de Morelos por el caso de la joven Ariadna López, por las diferencias entre las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos por las causas que ocasionaron la muerte de la joven. El fiscal pudo defenderse legalmente y continuar en el cargo, la candidata morenista ha señalado que buscará que su partido gane la mayoría calificada en el Congreso para destituir al fiscal.
También ocurrió en Veracruz, donde el ex fiscal Jorge Winckler fue perseguido por el gobernador morenista Cuitláhuac García, hasta que consiguió su destitución, Winckler fue una pieza clave en la investigación en contra de Javier Duarte por el desvío de recursos públicos, para García el funcionario resultaba incomodo, por lo que utilizó todos los recursos a su alcance para removerlo.
Pero no solo ocurre en estados gobernados por Morena, en Nuevo León el gobernador Samuel García de Movimiento Ciudadano, ha llamado “capo” y “patán” al fiscal Pedro Arce y ha solicitado al Congreso del Estado la destitución del funcionario para poder mejorar la “seguridad” en la entidad. Como se puede apreciar, el patrón que aplica es el mismo para poder justificar o explicar actos de inseguridad se recurre a las mismas estrategias, señalar a estos funcionarios por los problemas de inseguridad que hay en los distintos estados.
En días recientes, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se unió a la lista de gobernadores que ha solicitado la remoción del fiscal, la gobernadora cuestionada por el clima de inseguridad que azota al estado de Guerrero decidió prescindir del Secretario de Gobierno, del Secretario de Seguridad y de la fiscal Sandra Valdovinos, mientras los primeros dos presentaron su renuncia, la fiscal se negó a dejar el cargo y señaló que es el Congreso el que debe de resolver si considera su separación del cargo.
La situación en el estado de Guerrero se encuentra fuera de control, a tal grado que los pactos entre el crimen organizado y la Iglesia parecen tener un efecto más eficaz que cualquier acción gubernamental. La remoción de los funcionarios parece más una medida desesperada de la gobernadora.
Lejos de que la destitución de fiscales ayude a terminar con los problemas de seguridad, los fiscales sirven como chivos expiatorios para justificar la ineficiencia de los gobernantes o se convierten en enemigos declarados cuando no responden a los deseos de éstos. No se hace un análisis profundo de las condiciones en las que operan estas dependencias, la mayoría de las fiscalías del país no cuentan con el personal suficiente para atender todas las denuncias que se presentan, en otros casos es el nivel de saturación de trabajo que presentan los ministerios públicos lo que les hace imposible realizar trabajo de investigación y reunir las pruebas para demostrar la culpabilidad de una persona, pero la clase política solo piensa en una cosa la sumisión o la venganza.
– Por Mario Ávila
Con 435 votos a favor, 4 en contra y sin abstenciones, la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, se convirtió en la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el segundo año de la LXVI Legislatura federal.
El acuerdo de logró toda vez que la fracción parlamentaria de Morena y partidos aliados, retiraron el veto que le habían impuesto a su candidatura, presentada como primera opción por Acción Nacional y una vez que el propio PAN anunció que sus siguientes opciones eran los diputados Margarita Zavala, Germán Martinez y Federico Döring.
Esta misma tarde la nueva diputada presidenta asumió sus funciones tras rendir la protesta de ley, ante los legisladores integrantes de la LXVI Legislatura.
Kenia López Rabadán, que se desempeñó como coordinadora de campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, estará acompañada en la Mesa Directiva por los vicepresidentes: Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Paulina Rubio Fernández y Raúl Bolaños Cacho Cué; secretarias: Julieta Villalpando Riquelme, Alan Said Márquez Becerra, Nayeli Arlette Jiménez Cruz, Magdalena del socorro Núñez Monreal, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Ballesteros Mancilla.
– Por Francisco Junco
Con un llamado a reconocer la sabiduría y la fuerza de quienes han dado su vida a la familia y a la sociedad, se inauguró en Jalisco el Primer Congreso Nacional de Personas Mayores, bajo el lema “Sabiduría y derechos: Reconociendo el valor de las personas mayores”.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), junto con la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco y diversas universidades, abrió un espacio que busca visibilizar a un sector que enfrenta discriminación, exclusión y abandono, pero que también representa un pilar invaluable de nuestra cultura.
La presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez González, habló con claridad de los retos que viven día a día las personas mayores: “discriminación por edad, violencia y abuso, pobreza, exclusión digital, dificultades de movilidad y acceso limitado a servicios de salud, justicia y seguridad social”.
Frente a ese panorama, dijo, es momento de pasar del discurso a la acción y subrayó que “reafirmo mi compromiso y el de esta institución con la defensa y promoción de sus derechos. Trabajaremos incansablemente para erradicar la discriminación, garantizar el acceso a la justicia y promover políticas públicas que respondan a sus necesidades y aspiraciones”.
Enrique Michel Velasco, presidente de la fundación que lleva su nombre, lamentó que “nuestras ciudades, las instituciones públicas, las empresas y casi todo lugar público se manifiestan poco amigables con este sector”.
Para él este congreso debe ser un parteaguas que siembre una nueva cultura de respeto, ya que “no hemos sido capaces de crear un aparato de salud pública que otorgue mejores condiciones para alcanzar eso que llamamos calidad de vida. Veamos en este congreso el mundo de oportunidades para contribuir a formar una verdadera conciencia y una nueva cultura con las personas mayores”.
El rector de la UNIVA, Francisco Ramírez Yáñez, también elevó la voz para visibilizar la soledad y la desigualdad que padecen millones de adultos mayores.
“Hoy alzamos la voz por millones de personas mayores que enfrentan desigualdades, que enfrentan la soledad, el abandono, la discriminación por edad y la falta de acceso a servicios básicos y de calidad”.
A su vez, Eduardo Solorio Alcalá, en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro, subrayó que “el envejecimiento no es un problema por resolver, sino una oportunidad a valorar, de repensar las instituciones y las políticas públicas”, y aseguró que Jalisco trabaja para generar espacios y servicios incluyentes.
El congreso incluyó conferencias, paneles y una feria de la salud con servicios médicos y orientación, además de la participación de organizaciones civiles que recordaron que la dignidad no termina con la edad.
Entre reflexiones, denuncias y compromisos, el encuentro dejó en claro que el envejecimiento no es sinónimo de carga social, sino de riqueza humana que exige respeto, políticas públicas y un cambio cultural profundo.
– Por Mario Ávila
Luego de anunciar el compromiso de revisar las pensiones de los ministros en retiro y los sueldos de los trabajadores en activo del Poder Judicial, para evitar que se viole la Constitución y ganen más que la presidenta, Claudia Sheinbaum, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, advirtió que los nuevos ministros se atenderán en el ISSSTE, para eliminar el oneroso gasto de servicios médicos.
Ello lo anunció en su primer mensaje en el cargo, después de la ceremonia de toma de protesta en el Senado y la instalación en la sede de la SCJN y en presencia de la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo y los titulares del Legislativo, Laura Itzel Castillo, del Senado y Sergio Gutiérrez Luna, de la Cámara de Diputados.
Aguilar Ortiz ofreció cercanía con la ciudadanía, para aspirar a un cambio real, profundo y verdadero, que sirva para poner fin a la injusticias.
Incluso, planteó que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, «será un auténtico tribunal de justicia y no sólo un tribunal de derecho; será un espacio de puertas abiertas, cercano, austero, plural, transparente, eficiente y sin privilegios», garantizó.
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