NACIONALES
Las pifias del Poder Judicial y la necesidad de su reforma

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Nadie discute en nuestro país, que el poder judicial (tanto federal como estatal) es poco confiable. Que su personal está dañado profundamente por el nepotismo, el influyentismo y la corrupción. Por ello es necesaria una reforma a dicho poder constitucional.
Eso sí, se difiere de como ha de llevarse a cabo la innovación de la justicia. Por ahora, los sectores involucrados por su interés personal y de grupo, están sumamente molestos y en tanto que parte de los trabajadores, en contra de la ley, se declararon en “paro” (lo que es ilícito pues su derecho a huelga lo regula el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución), se les sumaron la mayoría de los magistrados y jueces (que no son simples trabajadores, es decir no tienen propiamente un patrón, como los empleados comunes) y como que deshojan la margarita los ministros, quienes por lo pronto se han dedicado a suspender sesiones.
Al margen de lo anterior, se adicionan varios equívocos de los miembros superiores del poder judicial. Y ello va a favor de lo indispensable de reestructurarlo a fondo, a partir de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ), seguida por los ministros, continuando con los magistrados y jueces, hasta aterrizar en sus subalternos, desde los más elevados a los más simples: todos han incurrido recientemente en despropósitos, para no hablar de tiempos pasados, donde abundan esos extravíos.
Para ejemplificar con pruebas lo anterior, revisemos brevemente los hechos registrados públicamente, porque de los más comunes que no son del dominio público, solo lo saben los litigantes y las partes poderosas comprometidas en los procedimientos que se tramitan en juzgados y tribunales.
Tampoco aludiremos su flagrante violación a la ley suprema, en relación con sus ingresos, área en donde más de 2300 ministros, magistrados, jueces y funcionarios, ganan más que el presidente de la república. Y esto lo defienden a capa y espada.
Veamos entonces, los despropósitos de este poder, comenzando de arriba, es decir con el sonado caso de la presidenta de la SCJ, ministra Norma Lucía Piña Hernández. Esta abogada se desempeñó previamente a su actual investidura, como Jueza de Distrito y Magistrada de Circuito; al cargo de ministra llegó en diciembre de 2015, con la ayuda entre otros del magistrado Arturo Zaldívar. Cuando este dejó de presidir la Corte, el 2 de enero de 2023, fue electa como la primera mujer que preside la SCJ.
Y en uno de sus primeros eventos, al cual asistió con lugar preferente, en Querétaro, con motivo del 106 aniversario de la Constitución el 5 de febrero de 2023, faltó al protocolo ordinario, pues cuando se recibió al primer mandatario de la república, ella no se levantó de su asiento, siendo la única personalidad que así se hizo notar.
Al respecto, en tanto muchos ciudadanos, funcionarios y políticos, la criticaron por su falta de atención, el mismo jefe del gobierno federal, la exculpó diciendo que quizás estaba cansada. Sin embargo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la criticó señalando:»¿Por qué la presidenta de la SCJ, en la primera reunión con el presidente, no se levanta? ¿Por qué no nombra al presidente en su discurso? Es un asunto de poderes, de reconocimiento de la investidura presidencial», anotando que además quien la invitó a esa ceremonia fue el mismo mandatario.
Pero dejemos ese tema, que en todo caso no es tan sustancial; ahora comentemos lo sucedido en diciembre 12 del año pasado, cuando estaba en desarrollo la lucha electoral por la presidencia de México. El suceso lo descubrió el periodista de Milenio, Salvador Frausto. En entrevista con Aristegui, se aclaró que fue una cena realizada en casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estuvo presente; la invitación a la reunión fue de la ministra presidenta Norma Piña. Un día antes se había demandado la dimisión del presidente del Tribunal Electoral de la Federación -TRIFE- magistrado Reyes Rodríguez, que se asegura es proclive al prianismo, por sus antecedentes cercanos al calderonismo.
Al encuentro acudió el inefable “Alito” (Alejandro Moreno), controvertible dirigente del PRI. También acudieron los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, quienes habían propiamente depuesto al magistrado Reyes. Estuvo invitado, pero no asistió, el jefe de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel. Lo tratado allí se entiende: reclamar a los consejeros electorales por qué exigieron renunciar a Reyes, además de acordar actos en pro de la campaña de la oposición.
Como dijo el periodista Frausto: lo menos del hecho, es considerar imprudente que Piña acercara a la cúpula judicial con Moreno, además de presionar a los magistrados electorales. En su momento, la nueva presidenta del TRIFE, Mónica Soto, señaló tales apremios, y la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum manifestó: “la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente”. (Contra línea, 16-V-2024).
Otro tema que denota la conducta de la presidenta de la SCJ es referente al trato que dio al expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar: en abril de este año, por acuerdo de dicha ministra Piña quien también dirige el Consejo de la Judicatura Federal, se tramitó una denuncia anónima contra Zaldívar, a todas luces precipitada e irregular. Por ello, Zaldívar dijo tajante: “Norma Piña me tiene animadversión, un odio patológico”. Lo cual desde luego no habla bien de tan alta funcionaria judicial.
Hace muy pocos días, en un calificado intento por socavar las funciones del INE y el TRIFE, se suscitaron dos casos desatinados: primero, a fines de junio el juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombrar provisionalmente a las dos vacantes de la Sala Superior, para que de inmediato sesione con el pleno completo. Esto, que es facultad del Senado, fue rechazado por el TRIFE, el cual anunció denunciaría penalmente a dicho juez, (que por cierto fue secretario de la ministra Piña, antes de ser enjuiciador) por abusar en sus funciones. El asunto lo terminó un tribunal colegiado, el cual revocó la resolución del incoherente juez.
El otro asunto, fue cuando la señora Piña aceptó un trámite del presidente del PAN, Marco Cortés, para impedir la asignación de mayoría calificada en la Cámara de diputados, a Morena y sus aliados. Ella lo encargó a su cofrade, el ministro González Alcántara, el cual ahora le falló y en sesión de la Corte, declaró que lo que propusiera sobre ese asunto, no tendría ni consecuencia retroactiva, ni incidiría en la asignación de diputados, cuya función suprema y última, es del Tribunal Federal Electoral. De esa forma se disipó la estratagema opositora y la complacencia de la SCJ.
En cuanto a los ministros, varios de ellos se han declarado adversarios de la Reforma judicial, pero el colmo es lo que declaró el multicitado González Alcántara: que la reforma judicial es un capricho del Ejecutivo, porque está molesto por no aprobársele que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa. Obvio que AMLO, el 2 de agosto en la mañanera, lo desmintió; en general la ciudadanía no creyó aquel señalamiento. Y así como el susodicho González Alcántara, están de acérrimos contrarios de la reforma, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.
Ahora veamos el absurdo que aconteció este sábado 31: Jueces de distrito de Morelos y Chiapas otorgaron suspensiones provisionales contra la discusión y aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y está previsto que comience su proceso legislativo mañana -1 de septiembre- luego de la instalación de la Cámara de Diputados. Asimismo, ocho jueces promovieron amparos en contra del proceso legislativo para evitar que sea enviada a los congresos locales. ¡Y eso que están en paro!
Lo anterior no lo aprobaron ni siquiera los más aguerridos críticos de la reforma judicial, como Diego Valadez: “esa resolución es un hecho inédito y sin fundamento jurídico. La defensa de la independencia judicial no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la Constitución y en la ley”. De igual manera, el afamado Francisco Burgoa, otro de los enemigos férreos a la reforma, dijo: “No comparto el criterio del Juez y sólo aumentará la narrativa en contra del Poder Judicial de la Federación”. (Latin Us, y Sin Embargo, 31 agosto 2024).
Con justa razón, el coordinador de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal afirmó: “Esta mayoría legislativa, categórica y enérgicamente, determina que no se somete, ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial”.
Así se las gastan los señores integrantes, en todos los niveles, del Poder Judicial Federal. Con lo anteriormente narrado, se confirma que “los guardianes de la ley se niegan a acatarla, para darse a sí mismos un régimen de excepciones y privilegios. Y no hay autoridad a la que se pueda recurrir para evitarlo”. De allí que no quede otra salida, que reformar a fondo ese poder, en un serio esfuerzo por lograr lo que dice el articulo 17 de la Carta Magna: que la justicia debe otorgarse pronta, expedita, imparcial y gratuitamente, para todos los mexicanos.
NACIONALES
Elecciones del Poder Judicial: Abstención del 86 por ciento; votaron 13 millones, es decir, entre el 12.57 y 13.32%

Por Mario Ávila //
En un ejercicio sin precedentes en la historia de México y del mundo, alrededor de 13 millones de ciudadanos salieron a las urnas este domingo para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.
La jornada electoral, que transcurrió sin incidentes graves en el país, marcó un hito en la democracia mexicana, aunque también dejó al descubierto los retos de un proceso inédito que busca transformar una de las instituciones más importantes del Estado.
Participación ciudadana: Un 13% acude a las urnas
A las 23:00 horas de este domingo, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ofreció un corte informativo sobre la jornada electoral. Según las estimaciones del INE, la participación ciudadana osciló entre el 12.57% y el 13.32%, lo que equivale a un rango de 12.5 a 13.3 millones de votantes de un padrón de 99.7 millones de ciudadanos registrados en el Listado Nominal del Electorado.
Para obtener esta cifra, el INE recurrió a una muestra representativa de 1,644 casillas seccionales, equivalente al 2% de las más de 83 mil instaladas en todo el país. La muestra fue diseñada por expertos en estadística y matemática, garantizando su representatividad. Aunque la participación fue baja comparada con otros procesos electorales, Taddei celebró el ejercicio como “una etapa histórica para el INE, como organizador y depositario de la confianza ciudadana, que ha hecho todo para garantizar una elección transparente”.
Para contextualizar, la participación en la elección presidencial de 2024, que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia, alcanzó el 61%, mientras que en la Revocación de Mandato de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, votaron 16.5 millones de mexicanos (un 17.7%).
En la consulta para juzgar a expresidentes de 2021, otro proceso inédito, la participación fue aún menor, con un 7.4%. Si bien la elección del Poder Judicial no puede compararse directamente con estos ejercicios, la cifra del 13% refleja los desafíos de involucrar a la ciudadanía en un proceso complejo y poco familiar.
Un proceso de conteo escalonado y transparente
El cierre de casillas marcó el inicio de un arduo proceso de cómputo que se lleva a cabo en los 300 Consejos Distritales del INE, donde miles de funcionarios y ciudadanos trabajan para dar certeza a los resultados. Taddei explicó que, a diferencia de elecciones anteriores, el conteo comenzó a las 18:00 horas del mismo domingo, transmitiéndose en vivo a través de los canales del INE y bajo la supervisión de observadores electorales para garantizar máxima publicidad.
En esta elección se renovaron 881 cargos del Poder Judicial: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 magistraturas de Salas Regionales del TEPJF, 464 magistraturas de Tribunales de Circuito y 386 jueces de Distrito. La magnitud del proceso obligó al INE a diseñar un calendario escalonado para el cómputo de votos.
Del 1 al 3 de junio se contarán los votos para la SCJN, y entre el 3 y el 4 se computarán los del Tribunal de Disciplina Judicial. Los días 4 y 5 se dedicarán a la Sala Superior del TEPJF, mientras que del 5 al 6 se contarán los votos de las Salas Regionales.
Entre el 6 y el 8 de junio se procesarán los votos para Tribunales de Circuito, y del 7 al 10 los de jueces de Distrito. El 12 de junio se validarán los resultados, y el 15 se realizarán los cómputos nacionales, declarando la validez de la elección y entregando constancias de mayoría a los ganadores.
López Obrador reaparece y respalda la reforma
Un momento que captó la atención nacional ocurrió a las 9:50 de la mañana en Palenque, Chiapas, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de esta reforma durante su sexenio, reapareció para votar en una casilla especial.
Visiblemente más delgado, con el cabello corto y vestido con una guayabera blanca con vivos guinda, López Obrador habló con los medios tras emitir su voto: “Nunca en la historia de nuestro país el pueblo había tenido el derecho de elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez, por eso quise participar en esta elección histórica”.
El expresidente aprovechó para elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor del mundo”, y reveló que está trabajando en un nuevo libro sobre la grandeza cultural de México. “Es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo algo que les va a gustar mucho”, adelantó, generando expectativa entre sus seguidores.
Protestas y elecciones concurrentes
Mientras López Obrador celebraba el proceso, en la Ciudad de México y otras capitales estatales se registraron marchas de protesta contra la elección, lideradas por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), exfuncionarios del Poder Judicial y comunicadores opositores a Morena. Las críticas señalaron la falta de información, la confusión en las boletas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones” para orientar el voto, lo que algunos consideran una forma de manipulación.
Este domingo también se eligieron cargos del Poder Judicial en 19 estados de la República, además de elecciones municipales en Veracruz y Durango. En:Jalisco, Luis Zamora Cobián, vocal de la Junta Local del INE, aseguró que la jornada transcurrió sin incidentes relevantes. “Fue una buena elección, no hubo hechos que lamentar en el estado”, afirmó, destacando el esfuerzo de organización en un contexto de procesos concurrentes.
Un hito con retos pendientes
La elección del Poder Judicial Federal marcó un antes y un después en la democracia mexicana al permitir que la ciudadanía participe directamente en la renovación de una institución clave. Sin embargo, la participación del 13% evidencia los retos de un proceso complejo, con miles de candidatos y cargos poco conocidos para la población. La desinformación, la falta de campañas efectivas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones”, subrayan la necesidad de ajustes para futuros ejercicios de este tipo.
A pesar de estos desafíos, el INE reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que cada voto será contado con certeza. Esta elección, aunque perfectible, sienta un precedente para la democratización de instituciones tradicionalmente alejadas de la participación ciudadana. Ahora, el país espera los resultados que definirán el rumbo del Poder Judicial, mientras la sociedad reflexiona sobre el impacto de este proceso en el equilibrio de poderes y la consolidación de la democracia mexicana.
LOS NÚMEROS
Los ciudadanos salieron a las urnas para elegir mil 800 puestos en los poderes judiciales locales y federales:
9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
2 Magistraturas de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)
464 Magistraturas de Circuito
386 personas Juzgadoras de Distrito
Se registraron 1,700 incidentes durante la jornada
De acuerdo con el corte de caja que dio el INE a las 18:00 horas, se instalaron en el país 83 mil 974 casillas, lo que representa el 99.98%. Las casillas cerraron alrededor de las 18:00 horas luego de su apertura a las 08:00 horas, después de la tradicional ceremonia de honores a la Bandera en la explanada del INE.
En tanto, el INE reportó 1770 incidentes; de los más relevantes, 500 fueron incidentes relacionados con la interferencia para impedir la realización de la jornada «sin causa justificada». Las incidencias fueron desde riesgo en casillas hasta el mal tiempo por el clima. De todas las incidencias reportadas, el 80.4% fueron atendidas.
JALISCO
Morena en Jalisco: El fracaso de la reforma judicial y el rechazo ciudadano

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La participación del 7.5% en las elecciones judiciales del pasado domingo en Jalisco, la más baja del país, es un mensaje contundente de la ciudadanía: un rechazo claro a la reforma judicial impulsada por Morena y una señal de desconfianza hacia las instituciones. Este resultado no solo expone las fracturas internas del partido en el estado, sino que también pone en duda la legitimidad del proceso y plantea serios desafíos para el futuro político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en una región clave.
Un abstencionismo que habla
El 7.5% de participación –equivalente a un 92.5% de abstención– no puede interpretarse de otra manera que como un fracaso estrepitoso de los operadores y liderazgos de Morena en Jalisco. Figuras como Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Chema Martínez y Laura Imelda Pérez, así como la Universidad de Guadalajara, mostraron una incapacidad evidente para movilizar al electorado.
¿Dónde quedó el morenismo que prometía transformar el estado? El abstencionismo no solo refleja la falta de articulación del partido, sino también un rechazo público a lo que muchos perciben como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial y socavar su independencia.
En mi columna del lunes, titulada “¿Democratización o control político?”, planteé si este proceso realmente democratiza la justicia o si es un mecanismo para consolidar el poder de Morena. Los números de Jalisco responden con claridad: los ciudadanos ven más allá de la narrativa oficial de “democratización” y perciben la reforma como una toma de poder, especialmente en un contexto donde Morena domina el Congreso de la Unión.
Líderes sociales como el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, han criticado el proceso como un ejercicio que favorece la agenda de Morena en lugar de mejorar el sistema judicial. Su descripción de un proceso “planchado” resuena con un electorado jalisciense históricamente receloso del control centralizado, lo que explica su decisión de abstenerse.
Fragmentación y divisionismo en Morena
Otro factor detrás de esta baja participación es la fragmentación interna de Morena en Jalisco. El partido carece de unidad y de una visión compartida; en su lugar, prevalece una lucha de intereses por el control y el poder. Los liderazgos locales, más preocupados por sus agendas individuales que por un proyecto colectivo, se comportan como “perros y gatos en disputa”, cada uno aferrado a su hueso. Desde la Ciudad de México, figuras como Leonel Cota Montaño y Alfonso Ramírez Cuéllar intentaron, sin éxito, alinear a los grupos locales. A pesar de sus declaraciones públicas de unidad y de promesas de duplicar la participación, el morenismo jalisciense quedó en evidencia.
La Universidad de Guadalajara, que se involucró en el proceso, tampoco logró movilizar al electorado. Su incapacidad para mantener el registro del partido Hagamos en elecciones pasadas ya había mostrado sus limitaciones, y esta elección judicial lo confirmó. Morena le falló a la presidenta Sheinbaum al no conectar con los jaliscienses, un estado donde el partido ha enfrentado dificultades históricas para consolidarse. Si en la elección federal de 2024 Morena obtuvo resultados en Jalisco, el mérito fue del liderazgo de Sheinbaum, no de las figuras locales, marcadas por el divisionismo, el egocentrismo y el individualismo.
Desconfianza institucional y desencanto ciudadano
El 92.5% de abstención no solo es un rechazo a la reforma judicial, sino también un reflejo del desencanto con el sistema político en general. La percepción de que estas elecciones carecen de legitimidad o de un impacto real en la justicia ha exacerbado la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos jaliscienses, conocidos por su tradición de autonomía y resistencia al poder central, ven en esta reforma un intento de Morena por imponer su agenda, más que una solución genuina a los problemas del Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia.
Esta desconfianza se suma a la falta de información y a la complejidad del proceso electoral. Con miles de candidatos y cargos poco conocidos, muchos ciudadanos optaron por no participar, percibiendo el ejercicio como una farsa diseñada para favorecer a Morena. La baja participación en Jalisco, comparada con el promedio nacional del 13%, refleja un sentimiento anti-morenista que podría fortalecerse en el futuro, especialmente si el partido no ajusta su estrategia.
Implicaciones para el futuro político de Jalisco
El fracaso de Morena en movilizar a los ciudadanos en un proceso tan publicitado como las elecciones judiciales expone su vulnerabilidad en Jalisco, un estado donde ha luchado por consolidarse frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta baja participación podría fortalecer a la oposición y al sentimiento anti-morenista, abriendo la puerta a que partidos locales capitalicen el descontento ciudadano. Además, el divisionismo interno de Morena podría llevar a una reconfiguración de sus liderazgos en el estado, un proceso que será crucial para su futuro político.
¿Quiénes podrían emerger como nuevos líderes? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero lo que sí está claro es que Morena necesita un liderazgo más inclusivo y una comunicación efectiva para reconectar con los jaliscienses. Sin estos cambios, el partido seguirá enfrentando reveses en un estado estratégico para el panorama nacional. La presidenta Sheinbaum, quien ha apostado por esta reforma como un pilar de la 4T, también enfrenta un desafío: demostrar que puede unificar a su partido y ganar la confianza de regiones tradicionalmente reticentes al proyecto morenista.
Un mensaje claro para Morena
El 7.5% de participación en Jalisco es una combinación de factores: un rechazo a la reforma judicial, una profunda desconfianza en las instituciones, una división interna de Morena y un fortalecimiento del anti-morenismo local.
Este resultado plantea un reto significativo para el partido y para Sheinbaum, quien deberá replantear su estrategia en el estado si busca consolidar su proyecto político a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense ha hablado con su abstención, y su mensaje es claro: no basta con discursos de democratización; se necesitan acciones que realmente.
NACIONALES
Elección judicial en México: ¿Democratización o control político?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La elección para renovar el Poder Judicial Federal, celebrada este domingo 1 de junio de 2025, fue presentada por Morena y la 4T como un hito de democracia directa. Sin embargo, el proceso, justificado con el discurso de un Poder Judicial corrupto y elitista, ha generado más dudas que certezas.
La baja participación ciudadana y las múltiples irregularidades sugieren que el objetivo real podría ser el control político de una institución clave para el equilibrio de poderes en México.
BAJA PARTICIPACIÓN: DESCONFIANZA Y DESINFORMACIÓN
Las encuestas de Infobae y El Economista anticipaban una participación de entre el 8% y el 23%, y el INE confirmó un 12% (unos 12.06 millones de votantes de un padrón de 100 millones). Esta abstención histórica no respalda la narrativa de Morena de un apoyo popular, sino que refleja desconfianza y falta de legitimidad. Una encuesta de Enkoll mostró que el 77% de los mexicanos no conocía a ningún candidato, evidenciando una desinformación generalizada.
La complejidad de las boletas, con 3,400 candidatos para 881 cargos y 60 distritos electorales (según la Universidad Iberoamericana), dificultó el voto informado, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a información.
El diseño del proceso también parece haber sido opaco. La ausencia de debates públicos y la distribución de «acordeones» –listas de candidatos oficialistas– sugieren manipulación para favorecer a Morena. Estas prácticas, denunciadas por analistas, minaron el voto libre y desincentivaron la participación. La abstención masiva no es apatía, sino una protesta silenciosa contra un sistema que no garantiza transparencia ni equidad.
IRREGULARIDADES: UN PROCESO VICIADO
La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades que refuerzan la percepción de un proceso diseñado para beneficiar a Morena. Reportes de El Universal e Infobae documentaron acarreo de votantes, compra de votos y distribución de «acordeones» por los «servidores de la nación». Estas acciones, lejos de ser aisladas, parecen coordinadas para controlar el Poder Judicial.
Además, hubo cargos «sin competencia», con candidaturas únicas en 51 posiciones federales, como en Durango (49 candidaturas para 49 cargos, según Integralia), lo que reduce la elección a una formalidad y cuestiona su pluralidad.
La complejidad del conteo, con casillas atendiendo hasta 2,250 electores (el triple que en elecciones ordinarias), generó dudas sobre la integridad del proceso. El INE enfrentó un desafío logístico sin precedentes, y la tardanza en los resultados —estimaciones para el 3 de junio en el caso de la Suprema Corte y el 5 de junio para el Tribunal Electoral— alimentan especulaciones sobre posibles manipulaciones.
EL DISCURSO DE LA CORRUPCIÓN
Morena justificó la elección señalando corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, un discurso que resuena con una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, el análisis no resiste un escrutinio crítico. El Índice Global de Impunidad 2025 coloca a México en el último lugar de 69 países, y problemas como la falta de juzgados, la sobrecarga de casos (un juez mercantil en Monterrey maneja 15 mil casos, según Rubén Moreira) y la necesidad de capacitación persisten. Pero la solución propuesta no ataca estas raíces, sino que politiza el Poder Judicial. La presencia de candidatos alineados con la 4T, según El País, sugiere una captura institucional disfrazada de participación popular, más que una verdadera democratización.
IMPACTO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA
La baja participación y las irregularidades tienen graves implicaciones. La abstención masiva refuerza la percepción de que las elecciones no son confiables para el cambio institucional. La manipulación del proceso amenaza la independencia judicial, pilar del equilibrio de poderes.
Si el Poder Judicial queda subordinado al Ejecutivo y Legislativo, ambos dominados por Morena, México podría deslizarse hacia un sistema de partido hegemónico, similar al viejo PRI, como advirtió PortalGuanajuato.mx.
La polarización también se ha profundizado. Mientras Claudia Sheinbaum defiende la elección como un hito democrático, críticos como Enrique Krauze y Javier Laynez Potisek la califican de «farsa» y «golpe de Estado». Esta división debilita la confianza en las instituciones y dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas reales del sistema judicial.
UN EXPERIMENTO FALLIDO CON COSTOS ALTOS
La elección judicial del 1 de junio de 2025 no democratizó el Poder Judicial ni combatió la corrupción. Se convirtió en un ejercicio de control político que deja al sistema judicial más vulnerable. La baja participación y las irregularidades no son fallas accidentales, sino síntomas de un proceso diseñado para favorecer a Morena sobre los principios democráticos.
México necesita una reforma judicial que fortalezca la independencia, la capacitación y los recursos, no que lo someta al poder político. La factura será alta: un Poder Judicial debilitado, una democracia erosionada y una ciudadanía desencantada. La pregunta es si la sociedad mexicana exigirá una transformación real o si este episodio marcará un retroceso autoritario más profundo.
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