NACIONALES
Las protestas de agricultores
De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //
LOS PRODUCTORES agrícolas del país, pero sobre todo los productores de los llamados “graneros de México”, como son Sinaloa, Baja California y Sonora, no pueden acostumbrarse a que un día despertaron y se encontraron con otro régimen, el “populista” de la “cuarta transformación”, dispuesto a desaparecerlos.
Si bien es cierto que en campaña, el entonces candidato López Obrador prometió apoyar a los hombres del campo fijándoles precios de garantía justos, ya como gobernante esa promesa la mandó al olvido y sin rubor alguno, anunció hace unas semanas desde palacio nacional que los grandes productores estaban fuera de sus proyectos, para pasar a apoyar sólo a los pequeños.
El tema no es menor. Estamos hablando de la base de la producción alimentaria en México. El tema no es la actitud personal de hombres y mujeres del campo, si pertenecen o no pertenecen a una clase media o alta, si son pequeños, medianos o grandes; estamos hablando de políticas públicas que están fijando precedentes para hacer de nuestro país una nación autosuficiente en alimentos o, lamentablemente, condenados a la dependencia del extranjero.
La decisión por parte del presidente está tomada. Todavía, la secretaria de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Sonora, Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, ratificó dicha determinación en conversación que sostuvo el martes con el colega de radio, Juan Carlos Zúñiga: “No habrá precios de garantía para estos productores; que diversifiquen cultivos; ya están recibiendo agua barata y luz eléctrica accesible”.
Y tal como lo habían anunciado los hombres del campo, esta semana colocaron 250 tractores en la caseta de Fundición (tramo de la carretera federal entre Ciudad Obregón y Navojoa), a manera de presión y convencidos de que “para atrás ni para agarrar vuelo”, aunque los gritos de guerra sólo duraron cinco horas, porque dicha “toma” fue levantada.
El movimiento de protesta se dio en veinte estados del país, bajo el acuerdo de un recién creado “Frente Nacional por la Defensa del Campo Mexicano”.
Y como la historia –esa gran maestra de la vida- nos ha dejado sus enseñanzas, habría que hacer un apunte de las posibles consecuencias políticas de este escenario que ha invadido los límites de un conflicto social.
En 1976, el régimen prosocialista del Presidente Luis Echeverría, expropió más de 97 mil hectáreas productivas de los valles del Yaqui y Mayo, para entregárselas a ejidatarios.
La lucha de los productores fue intensa tanto en tribunales bajo la batuta del eminente abogado Ignacio Burgoa Orihuela, como en calles y pueblos, con manifestaciones, tractores por delante.
Sin embargo, desde el punto de vista político, ahí se generó una férrea oposición al régimen. Ahí nació la motivación para que la clase empresarial ingresara al Partido Acción Nacional y buscara llegar al poder, lo que lograron 24 años más tarde.
Ahí nacieron los grandes liderazgos opositores al PRI como “Maquío”, Manuel J. Clohutier y, en Sonora, conocimos los rostros, las luchas y el arrojo de hombres como Adalberto “Pelón” Rosas López, José Antonio Gándara Terrazas, Claudio Dabdoub Sicre, Carlos Amaya Rivera y líderes de la pequeña propiedad y comerciantes, como Jaime Miranda Peláez y Carlos Sparrow Sada.
La primera gran conquista local de la oposición al PRI se dio en Ciudad Obregón, con el triunfo de Adalberto Rosas, quien se convirtió en presidente municipal de Cajeme y las diputaciones federales y locales del Yaqui.
El fenómeno político-social ascendió a planos nacionales, surgiendo líderes panistas desde los organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la Concanaco y la Concamín. Llegaron incluso a apoderarse del gobierno del Estado de Nuevo León.
La pregunta de nuestro tiempo, ahora que existe un frente nacional contra las políticas públicas del Presidente López Obrador en materia del campo mexicano es, ¿Escalará este movimiento hasta traer consigo consecuencias de tipo político?
La generación de los “maquíos”, adalbertos y otros líderes que se gestaron en los años setenta del siglo pasado, eran hombres de convicciones firmes. ¿Los habrá ahora, en la tercera década del siglo XXI, cuando se sabe que el “populismo” de la “4-T” se propone acabar con la clase media y alta en el campo mexicano?
Por lo pronto, los “líderes” de los productores agrícolas del sur de Sonora –como un Juan Leyva Mendívil, Juan Gándara y Luis Cruz- quedaron a deber a la sociedad y a ellos mismos. Han resultado ladinos y fáciles de seducir por el poder público.
Los zapatos que dejaron aquellos agricultores y productores de los años setenta, les quedaron muy grandes.
– Por José Modesto Barros Romo, Conciencia Pública
El internet de ultra velocidad ya no es un asunto de ciencia ficción, sino un campo estratégico donde las potencias tecnológicas definen su hegemonía. Japón, China y, en menor medida, México, han roto en este año barreras históricas de transmisión de datos, cada uno desde trincheras distintas, pero con un objetivo común: asegurar ventajas en la economía digital del siglo XXI.
Japón sorprendió al mundo al anunciar que sus científicos del Instituto Nacional de Información y Comunicaciones Tecnológicas (NICT) lograron transmitir datos a 1.02 petabits por segundo a través de fibra óptica.
Se trata de un récord mundial que equivale a descargar en un segundo la información de más de 10 millones de videos en alta definición, el equivalente a todo el catálogo de Netflix en un solo segundo.
Más allá de la hazaña técnica, el logro japonés envía un mensaje claro: su apuesta es consolidar infraestructuras terrestres estables y de larga distancia, con la mira puesta en mantener la competitividad industrial frente a China, Estados Unidos y Europa.
El gigante asiático, por su parte, libra otra batalla: el dominio del espacio inalámbrico. China Mobile reveló que en una red experimental de 6G alcanzó velocidades de 280 gigabits por segundo, descargando un archivo de 50 GB (unas 25 películas de mediana calidad) en apenas 1.4 segundos.
A esto se suman proyectos universitarios que exploran transmisiones en frecuencias en terahercios y enlaces satelitales de 100 Gbps, tecnologías que se perfilan como piezas centrales en la construcción de un ecosistema digital global, donde China pretende marcar la pauta a la espera lanzar comercialmente las redes 6G para el año 2030 en todo su territorio.
La estrategia china es evidente: no se conforma con desplegar infraestructura terrestre, busca liderar el futuro de las comunicaciones en el espacio y en el aire, donde se definirá el control de datos y, con ello, el poder geopolítico. De ahí que los experimentos en 6G no solo representen avances científicos, sino una carta de presentación en la carrera tecnológica frente a los estadounidenses, japoneses y los europeos.
México, en contraste, aparece con un logro más modesto pero simbólico. El año pasado la empresa Megacable, en alianza con Nokia, alcanzó 1.1 terabits por segundo en pruebas de fibra óptica de larga distancia.
No es un récord mundial ni una revolución en telecomunicaciones (aunque sí es un hito a nivel Latinoamérica, equivalente a descargar un videojuego como Call of Duty: Modern Warfare III en un segundo). Esta es una señal de que nuestro país busca modernizar su infraestructura digital con miras a los próximos años.
El reto está en si estos avances se traducirán en beneficios reales para los ciudadanos o quedarán como demostraciones técnicas en un país donde millones aún carecen de acceso a internet estable.
La comparación es reveladora: mientras Japón apuesta por la perfección de la fibra, China por la supremacía inalámbrica y espacial, México apenas intenta ponerse al día. El dilema nacional es mayúsculo: ¿apostar por ser solo consumidores de tecnologías extranjeras o trazar un plan estratégico que coloque a la región en la disputa global por la soberanía digital?
Lo cierto es que el internet del futuro no será solo más rápido; también será la nueva frontera de poder. Quien controle las redes de transmisión controlará la información, la seguridad nacional y el desarrollo económico. Japón y China ya están en esa carrera. México, como suele ocurrir, observa desde la periferia.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció su intención de imponer un arancel del 50 por ciento a los automóviles importados de países asiáticos sin tratados de libre comercio, como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
La medida, que representa un salto desde el 20 por ciento actual, busca frenar la entrada masiva de vehículos de bajo costo que, según autoridades federales, ponen en riesgo la competitividad de la industria automotriz nacional.
El anuncio forma parte de un paquete de reformas arancelarias que pretende abarcar importaciones por alrededor de 52 mil millones de dólares.
Además de los automóviles, se contempla aplicar nuevos gravámenes de entre el 10 y 50 por ciento a productos como acero, textiles, motocicletas y juguetes. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estrategia busca proteger más de 325 mil empleos vinculados directamente con el sector automotriz y manufacturero en el país.
La iniciativa surge en un contexto de presiones internacionales. Estados Unidos ha insistido en que México reduzca su dependencia comercial de China, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Washington considera que el ingreso creciente de autos eléctricos chinos, ensamblados a precios muy por debajo del mercado, amenaza con desestabilizar la cadena de valor regional que sostiene al acuerdo trilateral.
El Gobierno de México justifica la medida en el terreno de la defensa comercial, argumentando que los vehículos provenientes de Asia están siendo vendidos por debajo de los precios de referencia, lo cual constituye una práctica desleal.
El arancel del 50 por ciento es el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y colocaría a México como uno de los países más restrictivos frente a las importaciones automotrices chinas.
No obstante, la propuesta aún debe pasar por el Congreso de la Unión, donde se espera un intenso debate entre los defensores de la industria nacional y quienes advierten que un aumento de esta magnitud podría repercutir en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.
Aunque el partido en el poder cuenta con mayoría, especialistas prevén que habrá presiones de distintos sectores empresariales antes de que se concrete la votación.
De aprobarse, los nuevos aranceles modificarían de manera sustancial el mercado automotriz en México, elevando los precios de las marcas asiáticas y obligando a las armadoras a replantear sus estrategias de inversión y distribución.
Para el gobierno, se trata de una medida necesaria para proteger a la industria nacional; para los críticos, una apuesta arriesgada que podría tener costos económicos y políticos de gran alcance.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
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