NACIONALES
Las protestas de agricultores
De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //
LOS PRODUCTORES agrícolas del país, pero sobre todo los productores de los llamados “graneros de México”, como son Sinaloa, Baja California y Sonora, no pueden acostumbrarse a que un día despertaron y se encontraron con otro régimen, el “populista” de la “cuarta transformación”, dispuesto a desaparecerlos.
Si bien es cierto que en campaña, el entonces candidato López Obrador prometió apoyar a los hombres del campo fijándoles precios de garantía justos, ya como gobernante esa promesa la mandó al olvido y sin rubor alguno, anunció hace unas semanas desde palacio nacional que los grandes productores estaban fuera de sus proyectos, para pasar a apoyar sólo a los pequeños.
El tema no es menor. Estamos hablando de la base de la producción alimentaria en México. El tema no es la actitud personal de hombres y mujeres del campo, si pertenecen o no pertenecen a una clase media o alta, si son pequeños, medianos o grandes; estamos hablando de políticas públicas que están fijando precedentes para hacer de nuestro país una nación autosuficiente en alimentos o, lamentablemente, condenados a la dependencia del extranjero.
La decisión por parte del presidente está tomada. Todavía, la secretaria de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Sonora, Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, ratificó dicha determinación en conversación que sostuvo el martes con el colega de radio, Juan Carlos Zúñiga: “No habrá precios de garantía para estos productores; que diversifiquen cultivos; ya están recibiendo agua barata y luz eléctrica accesible”.
Y tal como lo habían anunciado los hombres del campo, esta semana colocaron 250 tractores en la caseta de Fundición (tramo de la carretera federal entre Ciudad Obregón y Navojoa), a manera de presión y convencidos de que “para atrás ni para agarrar vuelo”, aunque los gritos de guerra sólo duraron cinco horas, porque dicha “toma” fue levantada.
El movimiento de protesta se dio en veinte estados del país, bajo el acuerdo de un recién creado “Frente Nacional por la Defensa del Campo Mexicano”.
Y como la historia –esa gran maestra de la vida- nos ha dejado sus enseñanzas, habría que hacer un apunte de las posibles consecuencias políticas de este escenario que ha invadido los límites de un conflicto social.
En 1976, el régimen prosocialista del Presidente Luis Echeverría, expropió más de 97 mil hectáreas productivas de los valles del Yaqui y Mayo, para entregárselas a ejidatarios.
La lucha de los productores fue intensa tanto en tribunales bajo la batuta del eminente abogado Ignacio Burgoa Orihuela, como en calles y pueblos, con manifestaciones, tractores por delante.
Sin embargo, desde el punto de vista político, ahí se generó una férrea oposición al régimen. Ahí nació la motivación para que la clase empresarial ingresara al Partido Acción Nacional y buscara llegar al poder, lo que lograron 24 años más tarde.
Ahí nacieron los grandes liderazgos opositores al PRI como “Maquío”, Manuel J. Clohutier y, en Sonora, conocimos los rostros, las luchas y el arrojo de hombres como Adalberto “Pelón” Rosas López, José Antonio Gándara Terrazas, Claudio Dabdoub Sicre, Carlos Amaya Rivera y líderes de la pequeña propiedad y comerciantes, como Jaime Miranda Peláez y Carlos Sparrow Sada.
La primera gran conquista local de la oposición al PRI se dio en Ciudad Obregón, con el triunfo de Adalberto Rosas, quien se convirtió en presidente municipal de Cajeme y las diputaciones federales y locales del Yaqui.
El fenómeno político-social ascendió a planos nacionales, surgiendo líderes panistas desde los organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la Concanaco y la Concamín. Llegaron incluso a apoderarse del gobierno del Estado de Nuevo León.
La pregunta de nuestro tiempo, ahora que existe un frente nacional contra las políticas públicas del Presidente López Obrador en materia del campo mexicano es, ¿Escalará este movimiento hasta traer consigo consecuencias de tipo político?
La generación de los “maquíos”, adalbertos y otros líderes que se gestaron en los años setenta del siglo pasado, eran hombres de convicciones firmes. ¿Los habrá ahora, en la tercera década del siglo XXI, cuando se sabe que el “populismo” de la “4-T” se propone acabar con la clase media y alta en el campo mexicano?
Por lo pronto, los “líderes” de los productores agrícolas del sur de Sonora –como un Juan Leyva Mendívil, Juan Gándara y Luis Cruz- quedaron a deber a la sociedad y a ellos mismos. Han resultado ladinos y fáciles de seducir por el poder público.
Los zapatos que dejaron aquellos agricultores y productores de los años setenta, les quedaron muy grandes.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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