Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Estamos llegando al final del 2023, con dos temas que son significativos si queremos avizorar el futuro de la impartición de justicia en nuestro país. La designación de una Ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ratificación de la Fiscal para la Ciudad de México.

Es sabido, por evidente, que a nuestro presidente le gustaría un sistema de justicia plebiscitario, en el que, al más puro estilo del circo romano, sea la plebe la encargada de decidir la suerte del acusado.

Todas las mañanas, el pulgar presidencial decide a quien debe favorecer la justicia en sumarios juicios donde lo supuesto se da por averiguado.

Priva en él, más que un sentido estricto de justicia, el prejuicio del militante que privilegia el triunfo de su causa, aún a costa de la legalidad y los derechos de quienes no comparten su militancia. Por ello se explican, los intentos de colonizar al poder judicial, de domeñar a sus representantes e integrantes y finalmente de reformar al poder para ponerlo en manos de decisiones populares, que naturalmente se volverán políticas, o en su defecto en manos de militantes afines, lo que es el caso que nos ocupa.

La designación de Lenia Batres Ruvalcaba como Ministra en la Suprema Corte, es más una provocación que un intento por tener un sistema judicial mejor. Con nula experiencia como juzgadora, su discurso ante el senado fue ratificación de su militancia y su misión será impulsar los criterios salidos de palacio nacional. Su presencia no alterará el balance en las posturas de las y los ministros de la Corte, siguen siendo tres los ministros adeptos al oficialismo, pero sí introduce un elemento disruptor que influirá en el ambiente, ya de por si tenso, pero respetuoso, que priva en la institución.

Por otro lado, el intento de ratificación de Ernestina Godoy Ramos, la actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hasta hoy impedido por la firme decisión del bloque opositor en el Congreso local, es un signo también del ejercicio partidario y militante en la procuración de justicia.

Es innegable que ha sido una fiel aliada y servidora de Claudia Sheinbaum en su paso por la gubernatura, y su ratificación garantiza una posición importante aun cuando se perdiera la elección en la Ciudad de México. Como también está fuera de duda que se ha hecho, en su gestión, un uso político y faccioso de la institución.

No es solo la deficiente o dolosa actuación en la delimitación de responsabilidades en el caso del Colegio Rebsamen, o en la investigación y castigo a los culpables de las muertes en la línea 12 del metro. Sino también en la persecución y acoso al Fiscal General del Estado de Morelos en un fabricado caso de feminicidio, todo para vengar la osadía de integrar averiguaciones por el posible contubernio entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y conocidos narcotraficantes, y algunas otras rencillas ocultas con la hoy pre candidata. Es eso y la descarada intención de dejar una fiscal “carnal” para cubrir una eventual salida en condiciones adversas.

A nadie escapa que en esta administración el rasero de la justicia no es tan parejo y que las instituciones locales para la aplicación de la ley han servido al régimen. Uno es el tamiz por el que pasan los amigos y otro el que se usa para los adversarios.

No es la intención justificar o absolver a nadie, solo señalar lo disparejo. Emilio Lozoya, fue acusado de recibir un soborno por 10 millones de dólares, las acusaciones se han ido desvaneciendo pero lleva dos años y medio en prisión preventiva. Rosario Robles, se le acusó de desviar cinco mil millones de pesos, pasó tres años en prisión antes de ser absuelta, declarada inocente. Ignacio Ovalle, amigo del presidente, ex director de SEGALMEX, en su administración se perdieron más de 15 mil millones de pesos, pueden ser más, pero tiene más de dos años cobrando sueldo de funcionario de primer nivel y goza del perdón y justificación presidencial.

El presidente, su candidata y medios afines, podrán seguir diciendo que los alienta una vocación transformadora, que su intención es que la justicia llegue a los humildes y que para eso quieren reformar a las instituciones. Las evidencias muestran que uno es el discurso y otra la intención.

Controlar, por cooptación o sumisión, por colonización o asfixia a los poderes de la unión y sus instituciones autónomas es la forma a seguir para vestir de democracia un régimen absolutista como el practicado este sexenio. Ni Lenia ni Ernestina son garantía de justicia, imparcial y apegada a derecho, pero sí de obediencia y sumisión.

Cerramos 2023 con malos augurios, esperaremos la primavera del 2024 para romper esa hegemonía en ciernes.