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Llevar a cinco expresidentes al banquillo: Consulta popular para llevar a juicio al modelo neoliberal

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Más información en: http://www.gaceta.udg.mx/cuidate

Opinión, por Cayetano Frías //

El fondo en el debate sobre la consulta popular para aprobar  o negar que se enjuicie a los cinco últimos expresidentes, es la impunidad y el abuso desde el poder que propiciaron el saqueo de la nación y los centenares de miles de muertFes y desapariciones de seres humanos, de acuerdo a la solicitud presentada por el Presidente y al proyecto de inconstitucionalidad elaborado por el ministro Luis María Aguilar.

Otro punto a resaltar, es la referencia que hacen ambos a la gravedad de que pudieran quedar sin castigo los delitos imprescriptibles. Aunque no los mencionan, entre los que cabrían son las desapariciones forzadas, las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, los crímenes masivos del 22 de abril en 1992 en Guadalajara, el de Aguas Blancas en Guerrero en 1995, los de San Fernando en Tamaulipas en 2011 y los de Ayotzinapa en 2014.

La interpretación de la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la consulta, no es de menor importancia. La que había propuesto el Presidente señalaba abiertamente a los expresidentes con sus nombres, por lo cual no era procedente que se aprobara con esa redacción, al incumplir los requisitos de no emitir juicios de valor y no ser neutro el planteamiento.

Hay quienes afirman que al excluir los nombres de los presidentes en anteriores sexenios, se desinfló la intención de la consulta. Sin embargo, la pregunta aprobada habla de “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Es decir, que se amplía el espacio para investigar a cualquiera, ya no solo a los expresidentes.

Y en la exposición de motivos de la solicitud de consulta, quedan registrados de manera específica los nombres de los cinco expresidentes, documento que no puede ser alterado o modificado por ninguna autoridad, por lo que no aparecer en la pregunta, no los exime de responsabilidad y siguen siendo objetivo principal de la consulta.

Hay que recordar además, que de manera alterna, se entregaron dos millones 700 mil firmas de ciudadanos en el Senado, solicitando que se enjuicie a los expresidentes, que es un soporte más para legitimar la demanda y que se proceda a castigar los delitos en que hayan incurrido como titulares el Poder Ejecutivo.

Esta es la primera Consulta Popular que declara constitucional la SCJN. Las cuatro anteriores de las que tuvo conocimiento, todas en 2014, fueron declaradas inconstitucionales: dos por tener como tema el concepto de ingresos, otra referente a los salarios mínimos y una sobre disminución de diputaciones plurinominales por ser en materia electoral.

Este ejemplo de democracia participativa será histórico, ya que por primera vez los ciudadanos podrán votar de manera libre con el objetivo de que se castiguen delitos cometidos por quienes ocuparon las altas esferas del poder de 1988 a 2018. Para que sea vinculatorio procesar a los presuntos responsables, es necesario que sea aprobado por el 40 por ciento de los enlistados en el padrón electoral.

PLANTEAMIENTOS DEL PRESIDENTE Y DEL MINISTRO

El Presidente afirma que “en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”. Proceder contra los expresidentes, sentaría un precedente necesario para evitar la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales.

En su proyecto el ministro Luis María Aguilar alerta sobre las consecuencias de conceder impunidad a los expresidentes señalados, si llegara a ganar el No, pues obligaría a las autoridades competentes a no cumplir con sus obligaciones de investigar, perseguir y sancionar los delitos, aun cuando en el futuro aparecieran pruebas que hicieran presumir la responsabilidad penal.

Llevado a un extremo, ante tal hipótesis se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía mexicana pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos especialmente odiosos, lo que no puede sostenerse, a más de obviar la obligación que se tiene de denunciar e investigar hechos posibles de constituir un delito”, abunda.

La coincidencia en la preocupación por la impunidad es lo único. Mientras López Obrador incluyó los nombres de los nombres de los expresidentes en la pregunta y denuncia violaciones de los derechos humanos contra millones de personas, el ministro Aguilar los defiende y asegura que el Estado no debe vulnerar los de las minorías.

Andrés Manuel López Obrador, precisa que de diciembre de 1988 a noviembre de 2018, los presidentes promovieron una concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados, crecimiento descontrolado de la violencia, violación masiva de derechos humanos, posibles crímenes de naturaleza imprescriptible y quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. 

Precisa que esos actos no fueron fortuitos, sino producto de actos voluntarios y racionales de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En los primeros seis años de ese lapso, gracias a la privatización de recursos públicos, se pasó de tener una familia en la lista Forbes a 26 multimillonarios mexicanos, superado solo por Estados Unidos, Japón y Alemania.

En contraste, se ha registrado según datos del Banco Mundial y de la OCDE, un exponencial crecimiento de la desigualdad, se sumaron millones de pobres, se deterioraron los sistemas de salud y educación y depredaron los derechos de ejidos y comunidades indígenas. Con Zedillo privatizaron los ferrocarriles y se socializó la deuda de los banqueros que en 1998 era de 552 mil millones de pesos –a la fecha se han pagado 700 mil millones y resta una deuda cercana a 2 billones de pesos-, con Fox se maquinó el fraude en las elecciones de 2006; Felipe Calderón embarcó al país en una guerra que solo logró multiplicar las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas; y con Peña Nieto se dieron los tratos de Odebrecht y otros grandes fraudes al erario.

López Obrador expone que la consulta es una reafirmación de soberanía popular y la potestad para tener derecho a la justicia, además de hacer notar la falta de claridad en el Artículo 108 de la Carta Magna para enjuiciar al Ejecutivo Federal. En materia de convenios internacionales, alude a los contenidos del Artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como al Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El país se encuentra en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de una cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes, y en la que es ineludible que el Estado emprenda un procedimiento de esclarecimiento a este respecto”, señala sobre la pertinencia de la consulta.

AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS: LUIS AGUILAR

En su proyecto el ministro Luis María Aguilar, fundamenta que la solicitud del Presidente debía ser declarada inconstitucional, porque en su diseño y contenido, “conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo”. Admite que la consulta es un derecho de participación de todos los ciudadanos y ciudadanas, y se refiere al Artículo 39 constitucional, pero excluye la última frase que establece “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Fundamenta su alegato en el Artículo Primero de la Constitución y en que los derechos humanos son de todas las personas y no pueden ser vulnerados ni reducidos por la mayoría, pues la mayoría no puede disponer de lo que no es suyo. “…si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México”, argumenta.

Añade que la consulta también puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas a quienes se someterá al escrutinio público, lo cual es inconstitucional por atentar contra el derecho al debido proceso penal, pero también puede tener un efecto negativo en los derechos de las posibles víctimas, ofendidas y en la sociedad en general.

RECUADRO (Texto en negras)

LA CONSULTA POPULAR ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL

El Articulo 35 de la Constitución General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VIII, establece el derecho de los ciudadanos «a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional». Las solicitudes deberán presentarse ante el Senado, cuyos integrantes piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se valide la constitucionalidad para precisar la certeza.

El Articulo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, faculta a la SCJN para «revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplear lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo».

Una vez que se tiene certeza de la legalidad de la consulta, deberá ser aprobada por ambas cámaras legislativas federales y enviarla al Instituto Nacional Electoral, que se encargará de promover y operar para su realización el día de la siguiente jornada electoral.

Las solicitudes de consulta popular pueden ser presentadas ante el Senado por los ciudadanos que respalden con las firmas de por lo menos el 2 por ciento del padrón electoral; por los legisladores de ambas cámaras federales que tengan el respaldo del equivalente al 33 por ciento de los integrantes de esos cuerpos colegiados y; por el presidente de la república.

Si en la jornada de votación la consulta es aprobada por lo menos por el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, será vinculatoria para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes.

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LAS PREGUNTAS:

DESECHADA POR LA SCJN

¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?

APROBADA

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.

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La presidenta y la espinosa relación con el Tío Sam

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La relación del gobierno de México con Estados Unidos siempre ha sido compleja, nada fácil es convivir y negociar con el imperio que tiende a avasallar. La historia de México así nos lo muestra. Más de la mitad del territorio del país lo arrebató el Tío Sam en el siglo 19.

Desde la fundación como país hace 200 años, la intervención norteamericana se hizo presente. Primero mandó a su embajador plenipotenciario Joel Roberto Poinsett, quien alentó a los grupos liberales de aquella época y así fue como dividió a los mexicanos.

El conflicto del 68 no se entiende sin la intervención norteamericana, cuando se estimuló un conflicto con la paranoia de que se trataba de un movimiento comunista subversivo que intentaba tomar el poder y buscaron a un militar golpista, pero a diferencia de la época postrevolucionaria, no encontraron al chacal émulo de Victoriano Huerta.

¿Cómo será la relación del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum con el gobierno norteamericano que en su momento expresó su desacuerdo con la reforma al poder judicial, bajo su lógica de que ésta no favorece a la democracia y por el contrario, tiende a una tendencia de un Estado autoritario que no quiere tener contra pesos?

LA HERENCIA DE AMLO

Andrés Manuel López Obrador dejó la víbora chillando a su sucesora en la Presidencia a propósito de la relación tirante con el gobierno de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

¿Cómo será la relación? ¿Mejorará o empeorará?

Por las primeras señales que ha enviado la Presidenta Sheinbaum, no se vislumbran señales que tiendan a que las relaciones mejoren.

Recordemos que antes de concluir su mandato sexenal, el hoy ex presidente congeló la relación con el representante del gobierno de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por las críticas que éste emitió a la reforma judicial que estaba en proceso y que formaba parte del llamado Plan C de López Obrador.

Ya como Presidenta muy pronto la doctora Sheinbaum mandó una señal clara al incómodo embajador del imperio en México. A través del canciller Juan Ramón de la Fuente se le informó al embajador gringo que ya no se verán sus asuntos en Palacio Nacional, esto ahora será por medio de la Cancillería.

Se establecieron una serie de lineamientos, digamos generales. Si quiere tocar algún tema con secretaría de energía porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería”.

Esto forma parte de lineamientos que se establecieron el pasado jueves 10 de octubre. Y que dijo: “Ordena de manera muy importante en la relación”.

La presidenta, Claudia Sheinbaum adelantó que también el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunirá con el embajador de Canadá, Graeme C. Clark.

EL FUTURO DARÁ LA RESPUESTA

El derrotero de las relaciones México-Estados Unidos dependerá de quien gane en noviembre las elecciones presidenciales, si Kamala Harris o Donald Trump.

Las agendas de una y otro son muy distintas. Una es de tendencia progresista, cercana en varios temas a Claudia Sheinbaum, y el otro es de tendencia conservadora- populista.

LOS INTERESES Y LA IDEOLOGÍA

La ideología de la Presidenta Sheinbaum es de izquierda y ha expresado que impulsará el segundo piso de la Cuarta Transformación.

El punto clave es cómo manejará la relación con el país vecino. Hemos señalado que los intereses económicos comunes hacen prácticamente imposible que México pueda llegar a un rompimiento. De acuerdo a esas condiciones en México es casi imposible que se instaure un gobierno políticas comunistas tipo Venezuela, Nicaragua o Cuba.

En el caso del Presidente López Obrador y su narrativa contra el neoliberalismo, su gobierno no cambió ni un ápice al modelo económico.

¿La Presidenta Sheinbaum sí lo hará?

EL PESO DEL T-MEC

La fuerza de la relación entre los dos gobiernos se centra en los acuerdos del T-MEC (Tratado entre México-EEUU-Canadá) que será en julio del 2026 y con el futuro gobierno. El T-MEC tiene una vigencia de 16 años y entró en vigor el 1 de julio de 2020 y busca brindar certidumbre y protección al comercio y a los inversionistas, haciendo más inclusivo y responsable al Tratado de Libre Comercio.

Cabe aclarar que en 2026 el T-MEC no será objeto de negociaciones, simplemente se revisará para que las partes estén convencidos que las acciones de algunos de los gobiernos contraviene el acuerdo.

Y allí se verá qué tanto la reforma judicial se convierte en un factor de diferencias. El gobierno mexicano ha argumentado que se trata de mejorar la justicia, la propia Presidenta lo ha defendido, pero habrá que ver en los hechos qué sucede, si realmente esto genera desconfianza y disminuye la inversión o simplemente forma parte del ruido político y mediático entre unos y otros.

Son interrogantes a las que aún no tenemos respuestas objetivas. Desde una posición ideológica polarizante tenemos muchas opiniones, pero será el tiempo si esas aseveraciones tenían razón o fueron simplemente producto de un miedo o de prejuicios ideológicos.

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Día Mundial de la Salud Visual: «México se ha convertido en un país de ciegos», advierte Sociedad Mexicana de Oftalmología

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Por Francisco Junco //

México se ha convertido en un país en donde la mayor parte de la población tiene padecimientos relacionados con la ceguera como el glaucoma, miopía o astigmatismo, padecimientos que disminuyen sustantivamente la visión de los mexicanos, coincidieron en conferencia de prensa especialistas de la Sociedad Mexicana de Oftalmología (SMO) que preside el doctor José Antonio Paczka Zapata.

En el marco del Día Mundial de la Salud Visual, que se celebró el 10 de octubre, la SMO ha lanzado una advertencia en la que se considera que México se ha convertido en un país de ciegos, debido al alarmante aumento de enfermedades oculares como el glaucoma, la miopía y el astigmatismo, que han afectado a gran parte de la población mexicana.

Los datos sobre la salud visual en México son de alerta. Y es que cerca del 19 por ciento de los niños en el país presenta errores refractivos no corregidos, mientras que se estima que unos 5 millones de niños padecen algún tipo de problema visual, siendo la miopía la afección más común.

La Dra. Luz María Ortiz Amézquita, vicepresidente del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva, señaló que: “México es hoy un país de ciegos; tenemos detectados padecimientos de miopía desde los 2 años, y el uso de tabletas, celulares y dispositivos móviles entre niños y jóvenes ha incrementado fuertemente las enfermedades de salud visual”.

Durante la conferencia de prensa, el doctor José Antonio Paczka Zapata, presidente de la SMO, agregó que “en México, se estima que uno de cada cuatro niños en edad escolar tiene problemas de visión no corregidos, por ello resulta imperativo que enfoquemos nuestros recursos y atención en la identificación y tratamiento de estos casos a tiempo, toda vez que los problemas visuales que podrían afectar su desarrollo académico y social. Es crucial que actuemos ahora para garantizar una salud visual saludable para nuestros niños y jóvenes”.

Esta situación es crítica, ya que los problemas visuales no sólo impactan la salud ocular, sino que también pueden afectar el desarrollo académico y social de los menores, por lo que SMO hace un llamado a padres, educadores y autoridades de salud para que se unan en un esfuerzo conjunto por la detección temprana y prevención de enfermedades oculares en la infancia.

Es crucial que actuemos ahora para garantizar una salud visual saludable para nuestros niños y jóvenes”, agregó el Paczka Zapata, enfatizando la importancia de la campaña 2024-2025 de la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera (IAPB).

Por su parte, el doctor David Lozano Rechy, vicepresidente de la SMO, también destacó la relevancia de esta causa, invitando a la población a participar activamente ya que “la salud visual es fundamental para el desarrollo integral de los niños, y juntos podemos hacer una diferencia significativa”.

Por su parte, la doctora Valeria Sánchez Huerta, representante de la IAPB, subrayó que “la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden prevenir el 80 por ciento de los casos de pérdida visual en niños. Necesitamos trabajar juntos para asegurar que todos los niños tengan acceso a exámenes visuales regulares”. Esta afirmación resalta la importancia de la detección a tiempo, que puede marcar la diferencia entre una infancia plena y un futuro con discapacidades visuales.

El compromiso de la SMO se extiende a asegurar que todos los niños tengan acceso a servicios de salud visual de calidad, “estamos comprometidos a mejorar la salud visual de los niños a través de programas de educación y concienciación. La prevención es clave para evitar problemas visuales que podrían tener repercusiones a largo plazo”, mencionó el doctor Juan Pablo Olivares de Emparán, presidente del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva.

La doctora Vanessa Bosch Canto, presidenta del Centro Mexicano de Visión Funcional y Rehabilitación, añadió que es esencial que los niños que ya enfrentan problemas visuales reciban la atención y el soporte necesarios para integrarse plenamente en sus comunidades.

En resumen, el Día Mundial de la Salud Visual no sólo busca concienciar sobre las afecciones visuales, sino también destacar la posibilidad de prevenir la ceguera y mejorar la calidad de vida de millones de personas. La SMO y sus especialistas hacen un llamado urgente para que la sociedad y las autoridades se unan en esta importante causa que puede cambiar el rumbo de la salud visual en México.

DATOS PARA TOMAR EN CUENTA

En México, aproximadamente 5 millones de niños padecen algún tipo de problema visual. La prevalencia de miopía en niños está en aumento, afectando a uno de cada tres menores. Más de 2 millones de personas en México viven con algún tipo de discapacidad visual, muchas de ellas debido a condiciones prevenibles o tratables.

Cerca del 19 por ciento de los niños en México tiene errores refractivos no corregidos, como miopía, hipermetropía y astigmatismo. En zonas rurales y marginadas, el acceso a servicios de salud visual es limitado, lo que afecta particularmente a los niños que no reciben exámenes visuales regulares.

Según datos de la OMS, en el mundo hay aproximadamente 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual, de todas ellas un total entre 40 y 45 millones son totalmente ciegas. Se estima que para el año que viene estos números se duplicarán de tal manera, que la ceguera en el mundo, así como el derecho a tener una buena salud visual se transformará en un derecho humano.

Los estudios más recientes demuestran que el 80% de los casos de ceguera que existen actualmente podían haberse prevenido e incluso curado totalmente. Ya que el 20% de los mismos se podían evitar, mientras que para el otro 60% existen tratamientos e intervenciones quirúrgicas que le proporciona una mejor calidad de vida al paciente e incluso le devuelven por completo este sentido.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD VISUAL

Esta jornada se celebra desde el año 2000, establecida por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, y busca concienciar sobre la importancia de la salud ocular y la necesidad de un acceso equitativo a los servicios de salud visual para todos.

Que todas las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y como, la mayor proporción son prevenibles o curables, haciendo susceptibles que las personas afectadas o susceptibles tengan oportunidad de mantener su capacidad de ver.

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Tómbola judicial: El sorteo que definirá el rumbo de la justicia en México

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Es viernes, estoy pegado a la pared del fondo, tratando de pasar inadvertido, la imagen que me toca contemplar es casi surrealista: el salón de plenos del Senado se transformó en el escenario de un ensayo de la llamada “tómbola judicial”, un mecanismo que, más allá de su inocente nombre, cargaba con el peso de reformar profundamente el sistema judicial del país. Dos tómbolas fueron introducidas, una transparente, hecha de acrílico, y otra negra, misteriosa, casi ominosa.

Era un detalle aparentemente trivial, pero la decisión de cuál usaría el Senado en su sesión del sábado contenía la esencia del simbolismo político: la transparencia de lo que debería ser un proceso democrático o la opacidad de un sistema que, según muchos, sigue sin cambios profundos.

La tarde del pasado viernes, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, se encontraba acompañado de dos figuras clave: Adán Augusto López y el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier. Los tres, como actores de una obra cuidadosamente ensayada, yo solo los veía caminar por el salón de plenos, observando cada rincón, cada detalle, en una especie de preámbulo solemne para el evento histórico que se avecinaba.

Fernández Noroña, fiel a su estilo, documentaba en redes sociales los últimos preparativos. Cuatro fotografías mostraban la sala, las tómbolas y a él mismo, supervisando el escenario donde se decidiría la distribución de los casi 900 juzgados que entrarían a un inédito proceso de elección popular el 1 de junio de 2025. Con el estilo que le caracteriza, escribió: “Viendo los detalles de la insaculación de mañana”. Lo que muchos vieron como una simple publicación de rutina era en realidad el anticipo de un día que, en sus palabras, marcaría un “hecho inédito, histórico”.

Pero en el trasfondo de esta transformación jurídica, la tensión política no dejaba de sentirse. La bancada del PAN, según se informó, no asistiría a la sesión. Noroña, sin embargo, minimizó la ausencia, atribuyéndola a una estrategia para descarrilar el proceso que él calificaba como inevitable. “Es el Supremo Poder Conservador, el Poder Judicial y ahí está articulado el PRI y el PAN”, sentenciaba.

Este ensayo del viernes no era más que una pequeña muestra de lo que vendría: un cambio profundo, un paso hacia una nueva era judicial. Mientras tanto, en el salón de plenos del Senado, las dos tómbolas esperaban. Una transparente y otra negra, listas para decidir, no solo el proceso del sábado, sino quizás el futuro del sistema judicial en México…

Este sábado, bajo la majestuosa cúpula del Senado de la República, un proceso inusual pero trascendental se desarrolló la mañana del 12 de octubre de 2024. Las sombras tempranas aún cubrían con sus nubes los alrededores de la Ciudad de México, cuando a las 9:40 horas, los senadores y diversos representantes se reunieron para llevar a cabo una histórica insaculación pública. Este mecanismo, casi arcaico pero lleno de simbolismo democrático, fue la vía para determinar qué magistradas, magistrados, juezas y jueces de circuito serán elegidos en los comicios de 2025 y 2027.

Presidiendo la sesión se encontraba el siempre polémico Gerardo Fernández Noroña, que vestía un traje gris cortado a la medida y una emblemática corbata tinta, con tono firme recordaba a los presentes la importancia de este acto, inscrito en el segundo transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial. Entre las notas políticas que usualmente invaden las discusiones legislativas, hoy se respiraba un aire distinto, cargado de expectativa y solemnidad por parte de los asistentes, pues la oposición estuvo ausente. Y no era para menos: el Senado estaba a punto de dar el primer paso en lo que podría ser una de las más grandes reformas al sistema judicial en las últimas décadas.

Frente a la mirada atenta de Juan José Barragán Abascal, notario público 171 de la Ciudad de México, las urnas recibían los nombres que serían parte de las elecciones. Un total de 927 magistraturas de circuito y 772 cargos de juezas y jueces de distrito. Pero, en este juego de números y cargos, algo era claro: la mitad de estos puestos serían renovados en 2025 y la otra mitad, en 2027. De entre estos números, emergía un dato más llamativo: 144 magistraturas y 25 juezas y jueces de distrito, cuyas vacantes ya marcaban el rumbo de la elección extraordinaria de 2025.

El eco de los nombres seleccionados en la insaculación resonaba no solo en el recinto, sino en los pasillos del Poder Judicial, donde seguramente algunos jueces comenzaban a vislumbrar el impacto que este proceso tendría en sus propias carreras. Como bien lo recordó el senador Óscar Cantón Zetina, a partir de este momento, no se permitirían cambios de adscripción en los cargos de magistraturas y juzgados a elegir.

Para mí, el mensaje estaba claro: comenzaba un proceso electoral inédito, uno que llevaría a los jueces y magistrados, por primera vez, a las urnas, creando un nuevo vínculo entre el Poder Judicial y la voluntad popular. Un reto que podría transformar, para bien o para mal, el modo en que se imparte justicia en este país… Deseo como abogado postulante, que esto que se me permite ver como cronista, ¡Sea para bien!

En X @DEPACHECOS

 

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