– Por José Modesto Barros Romo

En los próximos meses se pretende que México actualice sus reglas fiscales para 2025-2026. El objetivo principal es que el Estado recaude mejor, especialmente revisando lo que ocurre en plataformas digitales, como tiendas en línea, apps de servicio, streaming, intermediarios, etc.

La idea es que las autoridades tengan más herramientas tecnológicas para supervisar estas operaciones y a final de cuentas poder obtener más ingresos tributarios.

Una de las propuestas más fuertes es que las plataformas digitales otorguen al SAT acceso “en línea y en tiempo real” a información como transacciones, pagos, usuarios y movimientos. Esto serviría para detectar ingresos que no se declaran o se ocultan. Pero esta medida genera preocupación sobre la privacidad y sobre cuánta libertad tendría la autoridad para revisar datos delicados.

Las plataformas también podrían tener que actuar como retenedoras de impuestos: es decir, al momento de pagar a un vendedor o creador, deducir un porcentaje de ISR o IVA y entregarlo al SAT. Dependiendo de si el vendedor cuenta con RFC o vive en México o en el extranjero, las tasas serán distintas.

¿Qué significa esto para el ciudadano-consumidor?

Algunas de las cargas adicionales que tengan las plataformas podrían trasladarlas a los precios de bienes o servicios. En otras palabras: podríamos ver aumentos en tarifas, comisiones o precios de productos digitales. Ya hay advertencias de que muchas empresas pequeñas y medianas (pymes) que venden por internet tienen márgenes pequeños, así que retener más impuestos podría complicar su operación.

Para quienes usan las plataformas para generar ingresos (vender productos, ofrecer servicios, ser creadores), los cambios van a sentirse más directos: tendrán más obligaciones fiscales, retenciones automáticas, necesidad de declarar mejor, emitir comprobantes, y estar sujetos a mayor escrutinio. Si alguien no cumple correctamente, podría tener sanciones, bloqueos o pérdidas de beneficios.

También hay riesgos en cuanto a la protección de datos y derechos digitales. Que una autoridad tenga acceso frecuente a información operativa de plataformas puede abrir la puerta a abusos si no hay límites claros. Por eso es clave que en la ley queden salvaguardas para evitar revisiones arbitrarias y para que los ciudadanos tengan capacidad de defensa.

Pero no todo es negativo. Si las reformas se aplican con justicia, podrían disminuir la evasión fiscal, hacer que más personas participen formalmente en la economía y generar más ingresos para servicios públicos: salud, educación, obra pública. Eso beneficiaría indirectamente a todos.

En resumen: estas reformas pueden cambiar no solo cómo funciona el comercio digital, sino también qué tan gravosos son los costos para los que consumen, venden o participan en plataformas. Será clave que quienes diseñen las leyes mantengan un equilibrio entre recolectar lo justo y no cargar excesivamente al ciudadano común.

Estado actual de estas propuestas:

• El Gobierno de México ya presentó el Paquete Económico Federal para el año 2026, que incluye la Miscelánea Fiscal y propuestas de reformas al Código Fiscal de la Federación, al ISR, al IVA, entre otras disposiciones.
• En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya se aprobó un dictamen que reforma disposiciones del Código Fiscal de la Federación con el objetivo de combatir a las empresas factureras, operaciones simuladas y uso indebido de sellos digitales.
• También ha habido avances en la aprobación de la Miscelánea Fiscal en comisiones del Congreso, con ajustes a impuestos como el de tabaco, bebidas azucaradas, videojuegos, etc.
• Sin embargo, aún quedan etapas por cumplirse: discusión en lo particular, votaciones en pleno en ambas cámaras (Diputados y Senado), posibles modificaciones, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entren en vigor.

– Por Raúl Cantú 

La Cámara de Diputados ha respondido al llamado de la Comunidad Indígena de Mezquitán, aprobando un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a cumplir con el ordenamiento judicial y pagar la indemnización pendiente desde 2004 por la ocupación de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.

Esta decisión histórica representa un avance crucial en una lucha de más de 21 años, marcada por el incumplimiento de convenios firmados en su momento sin la debida compensación.

La aprobación del Pleno surge como respuesta directa a una carta enviada por la Comunidad Indígena de Mezquitán al Pleno de la Cámara en agosto de 2025, en la que solicitaban la intervención legislativa para resolver esta injusticia persistente.

A pesar de contar con sentencias favorables emitidas por los Tribunales Agrarios, la comunidad ha enfrentado durante más de dos décadas una burocracia federal insensible que ha retrasado el pago justo ordenado por ley.

La Comunidad Indígena de Mezquitán, reconoce y agradece profundamente el liderazgo del diputado jalisciense Alberto Maldonado Chavarín, coordinador de los diputados federales de Jalisco y del grupo parlamentario de Morena, quien atendió la solicitud de la comunidad e impulsó decididamente este punto de acuerdo en el recinto legislativo.

Su compromiso ha sido clave para visibilizar y avanzar en esta causa indígena, convirtiendo el clamor de Mezquitán en una resolución formal del Poder Legislativo.

La comunidad extiende un sincero agradecimiento al resto de las diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias de la actual Legislatura Federal, cuya solidaridad y voto unánime transformaron la petición en un exhorto oficial, demostrando un apoyo transversal a los derechos de las comunidades indígenas.
«La aprobación de este punto de acuerdo prueba que nuestra voz fue escuchada.

Enviamos nuestra carta al Pleno en agosto con la esperanza de ser atendidos, y hoy la Cámara de Diputados responde a nuestro clamor. Agradecemos a todos los legisladores, con el diputado Maldonado al frente, por hacer suya nuestra lucha y proponer este avance histórico”.

Ahora exigimos que la SICT acate sin demora este exhorto, en los términos de las sentencias agrarias», declararon representantes de la comunidad.

La Comunidad Indígena de Mezquitán confía en que la SICT atenderá de inmediato el exhorto de la Cámara de Diputados, saldando esta deuda histórica y poniendo fin a décadas de marginación. Este pago justo no solo reparará el daño causado, sino que honrará los derechos ancestrales de la comunidad.

– Por Francisco Junco

Mientras el reloj marcaba las cuatro de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo. Morena y sus aliados sacaron adelante el dictamen entre gritos, reclamos y acusaciones de la oposición.

El artículo tercero transitorio, que había sido corregido apenas un día antes en el Senado, volvió a introducirse con una redacción distinta, pero con el mismo efecto: aplicar nuevas reglas a juicios en curso, lo que para los opositores significa una “retroactividad disfrazada”.

El encargado de presentar la reserva fue el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, quien aseguró desde tribuna que no se trataba de retroactividad, sino de una precisión jurídica. “Con la nueva redacción del artículo, es un tema de materia y trascendencia procesal, es derecho procesal puro. Es poner las reglas claras. Lo hecho queda bajo la ley antigua, lo que se haga después, bajo la nueva”, explicó, mientras la bancada oficialista levantaba pancartas en apoyo a la reforma.

En defensa de la iniciativa, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, calificó la redacción del artículo como “impecable” y aseguró que la reforma busca “poner fin a los amparos mañosamente alargados” que benefician a empresarios y deudores fiscales.

“Actualmente, hay más de dos mil créditos fiscales que se resisten a pagar, con montos superiores a los cien mil millones de pesos. Con esta reforma queremos que paguen lo justo, incluso los lavadores de dinero y delincuentes de cuello blanco”, afirmó Monreal.

Esta mañana, desde la Mañanera, en el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la modificación y justificó la fórmula jurídica. “Es la misma propuesta que presentó aquí el ministro Saldívar. La Corte tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no, y eso es lo que quedó en el transitorio”, explicó, insistiendo en que la nueva redacción “garantiza el derecho de amparo” y permite distinguir entre casos antiguos y procesos futuros.

Pero en el pleno de la Cámara de Diputados, la oposición denunció que el cambio abría la puerta a una manipulación judicial. La panista Paulina Rubio fustigó a la mayoría oficialista y acusó: “Se avientan la cereza del pastel, el dichoso transitorio, ese transitorio que está más manoseado que una moneda en un camión. ¡Es la legalización de la extorsión! La presidenta no va a poder negar que es la autora y artífice absoluta”.

El priista Emilio Suárez Licona advirtió las consecuencias que podría tener en los tribunales. “Habrá que explicarles a los damnificados de Veracruz, Puebla o Hidalgo que sus agrupaciones vecinales muy probablemente no podrán combatir vía juicio de amparo las omisiones del gobierno. Bajo el argumento de que es una materia procesal, se aplica una forma encubierta de retroactividad que debilita la certeza jurídica”, dijo.

En medio del debate, también se escucharon críticas más duras. El panista Germán Martínez calificó de hipócritas a los morenistas al recordar que ellos mismos recurrieron a los amparos cuando les convenía, por ejemplo Ricardo Monreal, que se amparó contra Laida Sansores; Cuauhtémoc Blanco, y la ministra Esquivel, cuando se supo que plagió su tesis.

Aunque la presidenta de la Comisión de Justicia, la morenista Olga Sánchez Cordero, había advertido en comisiones que los cambios “limitaban el acceso a la justicia”, la mayoría desoyó las advertencias y con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, la reforma fue aprobada y devuelta al Senado.

En San Lázaro, mientras algunos celebraban una “modernización del juicio de amparo”, otros vieron en la madrugada legislativa la confirmación de que el derecho en México también puede tener un disfraz y fue devuelta a la Cámara Alta, es decir al Senado para su aprobación.

– Por Mario Ávila 

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, confirmó el ataque y asesinato a balazos de la ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Gaby Mejía, y reportó que otra persona también resultó lesionada.

La gobernadora de Colima expresó su repudio y pesar ante este hecho de violencia y señaló que ha exigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva y expedita. 

Además, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a colaborar con todas las herramientas a su alcance para esclarecer los hechos.

La gobernadora destacó que las y los colimenses rechazan la violencia.
Hizo ver la necesidad de mantenerse unidos ante quienes dijo: «Buscan arrebatar la tranquilidad de la población».

Gaby Mejía, se desempeñaba también como presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres del PRI en Colima (Onmpri).

Líderes del PRI condenan asesinato de ex alcaldesa Gaby Mejía y en particular la diputada federal por Monterrey, Marcela Guerra, pidió un minuto de silencio en San Lázaro y apuntó: «Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera».

Ante el pleno de la LXVI Legislatura federal se dijo invadida de tristeza y enojo «por el asesinato recién perpetrado por viles cobardes contra la ex alcaldesa; que este crimen no quede impune, por lo cual solicito también un minuto de silencio”.