NACIONALES
Otra historia de violencia
Opinión, por Iván Arrazola //
Ese lunes 17 de julio cuando Jesús Adid y Laura ingresaron a un kínder de Cuautitlán Izcalli a agredir a la maestra de su hijo por un tema de maltrato al menor, sabían que tenían una alta probabilidad de salir impunes del delito que habían cometido, lo tedioso del proceso para denunciar o el temor de sufrir represalias por parte de los agresores, son algunas de las razones por las que las personas en muchas ocasiones no denuncian en México.
Pero una cámara cambió el desarrollo de los acontecimientos, lo que habría sido una historia más de agresión que probablemente quedaría en la impunidad, quedó grabada en video y todo el mundo fue testigo de la brutalidad que se cometió esa mañana, las imágenes reflejan la crudeza de la violencia de una mujer hacia otra, la imposibilidad de dialogar, de tratar de entender qué sucedió, la agresión artera que a un niño de tres años le puede causar gracia y la prepotencia de Jesús, padre del menor, cómplice de la agresión que para amedrentar a la maestra le dice que sabe dónde vive, que no sabía con quién se había metido y que la iba a matar, frases recurrentes del crimen organizado o de personas que intentan infundir miedo en sus víctimas.
Lo paradójico del tema es que Jesús y Laura no están presos por la agresión a la profesora sino por un tema de extorsión, el día que fueron a levantar la denuncia en contra de la maestra por agredir a su hijo, fueron abordados por policías investigadores que interrogaron a la pareja, señalan los oficiales que la pareja les ofreció 5 mil pesos y un vehículo por dejarlos libres, el juez ordenó la presión oficiosa por el delito de cohecho y porque los detenidos ofrecieron domicilios diferentes y podían escapar, sin embargo, pareciera que la autoridad buscó el “modo” de mantener presos a los imputados sabiendo que la agresión no constituye un delito grave y los padres podían seguir su proceso en libertad.
Jesús tiene un historial de crímenes por los que se le investiga: extorsión en contra de dos personas, tentativa de homicidio en contra de una mujer, amenazas y daño a propiedad privada. Jesús se ha hecho de cierta reputación, el hecho de conducir un BMW y portar una pistola le dan derecho de amenazar a quien se cruce en su camino, así lo refleja un video, minutos después al salir del colegio, Jesús amenazó a un conductor con su arma.
La maestra agredida señaló que el hoy imputado la hizo arrodillarse, le apuntó con una pistola y le hizo pedir perdón a su hijo, Jesús negó portar un arma el día de la agresión.
Varias preguntas surgen a partir de este caso: ¿Se trata de un acto de justicia el encarcelamiento de estas dos personas o es producto del linchamiento mediático? ¿El caso ilustra la importancia de no hacerse justicia por propia mano o únicamente propaga el discurso de odio y los estereotipos, como se aprecia en las redes sociales? ¿Estas personas deberían de enfrentar su proceso en libertad o deben seguir presas? ¿Se puede establecer algún tipo de diálogo a partir de esta experiencia o se trata de otro caso de violencia que quedará en el anecdotario como el de Norma Lizbeth en el Estado de México que murió producto de una agresión de una de sus compañeras?
El principal problema con la violencia es que emerge de distintos lugares, la violencia estatal, surge del discurso de las autoridades gubernamentales que día con día genera diferencias y polarización entre las personas, la violencia institucional, que deriva de la indiferencia de las dependencias gubernamentales para atender las demandas de atención y de justicia de la ciudadanía, y la más preocupante es la violencia social, esa que impide que las personas se puedan entender, comunicar, razonar.
El Índice de Paz en México 2023 revela que los delitos con violencia cometidos en México aumentaron un 18% entre 2015 y 2022. Dentro de esta categoría de delitos se encuentra la violencia familiar y la violencia sexual, México se ubica como el cuarto lugar a nivel Latinoamérica en el que la ciudadanía identifica a los delitos con violencia como la mayor amenaza de sus vidas.
Como en otros casos de violencia el consenso general es que con cárcel se hará justicia, sin embargo, la violencia se encuentra latente en el imaginario colectivo, los memes por la apariencia de los padres detenidos inundan las redes, los mensajes de odio de usuarios, opinólogos y periodistas promoviendo el linchamiento público de los padres agresores poco ayuda a reflexionar sobre las causas del conflicto, un sistema de justicia que actúa de manera inercial ya que se trata de una justicia mediática, actuar para calmar el clamor popular, todo eso lejos de cortar de tajo el problema de la violencia lo único que hace es acrecentarla.
La pregunta que se tiene que hacer es hasta dónde está dispuesta a llegar la sociedad mexicana para darse cuenta que con la cárcel no se detendrá la violencia, que el linchamiento mediático lejos de ayudar a reflexionar sobre el comportamiento de las personas lo único que genera es más violencia, que de mantener la misma dinámica lo único que queda esperar es el próximo de caso de violencia, que en algún momento tendremos que pensar que se pueden resolver de otra forma los problemas, que no sea con golpes o con cárcel.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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