Opinión, por Iván Arrazola //

Cuando López Obrador mencionó que la oposición estaba moralmente derrotada, lo que señalaba era que su proyecto era legítimo y, por lo tanto, había razones para suponer que los cambios que intentaba hacer los generaba precisamente de la legitimidad ganada en las urnas, a un grupo de partidos desgastados y con serios cuestionamientos respecto a su actuar.

Una vez instalado en el gobierno a López Obrador se le cuestionó la eficacia de sus medidas, pero en ningún momento se puso en duda su legitimidad. Con la aprobación del Plan B las cosas han cambiado diametralmente, no solo altera las condiciones de la competencia, con su reforma socava irremediablemente a las instituciones que le han dado certeza al país en la construcción de un régimen democrático y con ello daña su legado.

En un proceso sumamente desaseado que incluyó la dispensa del trámite legislativo, de una densa iniciativa de más de 300 páginas que el oficialismo aprobó únicamente con sus aliados sin siquiera revisar y permitir la discusión de los puntos principales.

Las razones para actuar de esa forma eran evidentes, mucho de lo que ahí se aprobó al único que beneficia es el partido en el poder. La principal virtud que presume la reforma según el presidente son los ahorros por más de 3500 millones de pesos, sin embargo, el precio que tuvo que pagar el oficialismo para obtener ese supuesto ahorro fue generar una propuesta que otorga al partido en el gobierno todas las ventajas para hacer proselitismo desde la administración pública y no ser sancionado.

Una de las mayores falacias con las que el oficialismo ha tratado de justificar los recortes al INE es que el voto es más caro en México que en países como Brasil o Estados Unidos con más habitantes, en sus argumentos no se toma en cuenta que Estados Unidos no cuenta con un organismo central para organizar las elecciones, de ahí los problemas que enfrenta cada uno de los estados al recibir y contar votos, por otro lado, la credencial de elector es un documento único, no solo sirve para votar, también sirve como identificación oficial. Además, el INE realiza labores de fiscalización, es decir, el INE realiza más funciones, además de la organización de las elecciones.

Uno de los elementos más controversiales del Plan B es la transferencia de votos entre partidos en los convenios de coalición, de tal forma que ante la falta de votos para alcanzar el registro de un partido pequeño el socio mayor se los puede transferir, esta medida también permite asegurar la presencia de los partidos pequeños en el sistema. Cuando López Obrador amenazó con vetar la propuesta el PVEM se vio en la necesidad de retirar la que se llamó la cláusula de vida eterna.

El elemento clave del plan B es limitar las facultades tanto del INE como del Tribunal Electoral para no poder sancionar las conductas indebidas tanto de funcionarios como de partidos. Entre las modificaciones que se han realizado se permite servidores públicos puedan opinar durante los procesos electorales en aras de proteger su “libertad de expresión”.

Actualmente los servidores públicos tienen prohibido opinar o apoyar a algún candidato o hacer promoción de las consultas ciudadanas, la modificación señala “no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.

Tampoco constituye propaganda según la reforma “la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas” desde las instancias de poder ahora los funcionarios de gobierno podrán hacer campaña y proselitismo abierto a favor de su persona y de su partido.

El presidente se dice demócrata, pero no lo es, alguien que no acepta el juego democrático, que no acepta la derrota, que no es capaz de aceptar que el gobierno debe de estar fuera de las contiendas electorales, es una persona que será recordado por su talante autoritario.

La elección que ganó en 2018 López Obrador fue señal de un sistema democrático, fuerte y confiable en la organización de elecciones, lo que el presidente pretende heredar con sus reformas, son las elecciones de Estado, en donde la fuerza política que se encuentre en el poder podrá sacar una ventaja indebida respecto al resto de los competidores, esa persona y esa fuerza política no puede ser considerada demócrata.

La iniciativa que seguramente será ratificada en febrero de 2023, es altamente probable que libre la acción de inconstitucionalidad por parte del poder judicial, que cada vez se le cuestiona más su independencia respecto al poder ejecutivo.

Este episodio es una prueba más de que los actores que ayer se quejaban de la inequidad de la contienda hoy pretenden generar un sistema a modo, debilitar al árbitro electoral y aprovechar los espacios de poder desde el gobierno para seguir haciendo campaña, el plan B es una señal inequívoca de que México está entrando en una fase de retroceso democrático.

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