NACIONALES
Prepara la CTM su asamblea general ordinaria: «La prioridad es acceder a nuevas conquistas laborales», Juan Huerta

Por Juan Huerta Peres (*)
En el caminar de la segunda década del siglo XXI, la agenda laboral mexicana enfrenta inéditos y persistentes retos a la par que una nueva etapa política se inaugura con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien impulsa espacios de debate y concertación para avanzar en una reforma laboral de gran calado en beneficio de los trabajadores de México.
Legítimas y en algunos casos añejas demandas perduran en la lucha del movimiento obrero. Entendemos que el quehacer sindical detona de manera constante propuestas, programas, movilizaciones, defensa y conquista de nuevos derechos, quehacer sindical que se ha registrado en la memoria histórica de la clase obrera.
México ha transitado durante el siglo pasado por diversas reformas laborales, algunas que inspiradas en las reformas del Constituyentes de 1917 fueron de avanzada, progresistas y con reconocimiento mundial. En otras, nos hemos enfrentado a los intentos por retroceder en los derechos conquistados, pero esos intentos han sido estériles cuando se topan con un movimiento sindical unido, vigoroso y con claridad de ideas.
UNA AGENDA QUE NO ES ESTÁTICA
La agenda del movimiento obrero no es estática, proviene de los espacios sindicales en donde el trabajador vive y experimenta las transformaciones que se registran en su entorno social y en su fuente de trabajo. Hoy en día, la clase trabajadora es sujeto y objeto de vertiginosos cambios que conllevan riesgos, pero también oportunidades. No cabe duda de que vivimos un punto de inflexión en el quehacer sindical derivado de cambios de paradigmas que globalmente se registran en el mundo del trabajo. Llegamos a una cita con el presente y futuro de la agenda laboral que no podemos eludir, postergar o minimizar.
Los vientos provenientes del Norte replantean los escenarios de certeza en torno al Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, TMEC. Sobre los libres flujos comerciales se pronostican gravámenes y aranceles con consecuencias negativas para el crecimiento económico de la región especialmente en aquellos sectores especializados en la agricultura y la industria, con cientos de miles de empleos directos e indirectos. La construcción de opciones y alternativas productivas y laborales urgen para amortiguar posibles adversidades que lleguen del exterior.
Bajo estos escenarios visualizamos una agenda sindical que por definición debe ser democrática, nacionalista, renovada e inclusiva, agenda que nos exige altura de miras, compromiso con nuestro ideario y nuestros representantes y un elevado sentido de responsabilidad.
Pero todo lo anterior solo será pertinente y viable y, no quedará en buenas intenciones o en solo palabras, sí construimos un gran acuerdo nacional de unidad sindical como punto de lanza para el diálogo y los acuerdos con el gobierno federal y las representaciones patronales a fin de impulsar con sentido de clase, los intereses de los trabajadores de México.
Esta agenda laboral que nos encamina en el primer cuarto del siglo XXI integra los siguientes ejes sustantivos:
Primero: Sindicalismo, democracia y soberanía nacional
La vida sindical no ha sido ajena a la ruta de apertura, participación y democratización que se ha registrado en la esfera pública del país. Así, la legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo ha marcado una nueva dinámica del sindicalismo mexicano. La representación sindical proyecta su fuerza y legalidad a través de la decisión consciente e informada tomada por los trabajadores en sus centros de trabajo. La legitimación arraiga la democracia en las organizaciones obreras, fortalece su vida interna y favorece en las negociaciones obrero-patronales nuevas conquistas laborales.
En la CTM, en la FTJ, la consulta democrática con sus trabajadores nos ha fortalecido, ha significado movilización, dialogo, comunicación y convencimiento. Los trabajadores encuentran sentido de pertenencia a su sindicato e identidad con sus representantes. La legitimación no termina con las consultas, la legitimación es un quehacer cotidiano de los representantes con sus representados. Así se consolidan nuestras organizaciones y se nutren sus demandas.
Sindicalismo y democracia se traducen en legitimidad y legalidad, pilares incuestionables de la lucha sindical.
La defensa de la soberanía nacional reclama un espacio privilegiado de la agenda laboral. La defensa de los intereses nacionales necesariamente implica la defensa de los intereses de los trabajadores mexicanos, de sus empleos, de su estabilidad laboral. Históricamente la clase obrera ha sido un pilar de la soberanía nacional y en el contexto de sus luchas libertarias siempre ha cerrado filas en defensa de la nación.
En los tiempos que nos está tocando enfrentar y bajo el liderazgo de la presidenta de México, el sindicalismo mexicano afín a su sentido de pertenencia y nacionalismo asumimos nuestra parte a favor de la unidad y la soberanía de nuestro país. México es primero.
Segundo: Consolidación de la conciliación en las relaciones laborales
La consolidación institucional del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales nos define rutas de conciliación y de respeto de los derechos sindicales.
Dicha institución deberá encaminarse a la resolución eficaz, oportuna e imparcial de las negociaciones y conflictos laborales.
Su tarea es clave en la generación de un clima de armonía laboral, de colaboración entre los factores de la producción y de favorecer una cultura de entendimiento y paz laboral. Un centro federal que sea sensible al reclamo del trabajador, que reconozca las asimetrías entre los actores del conflicto y con un actuar apegado a derecho, a la ética y a la moral que se exige en el ámbito público.
Al llevar el registro nacional de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos de trabajo, los contratos -ley y los reglamentos interiores de trabajo, el centro federal tiene la enorme responsabilidad de la certeza jurídica del quehacer sindical, de la interlocución en el conflicto laboral y del respeto de los derechos constitucionales de los trabajadores mexicanos.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene que convertirse en el espacio institucional que descargue la tarea de los Tribunales, que como espacio previo de conciliación favorezca acuerdos que beneficien a los actores económicos, evitando el juicio laboral largo y costoso tanto para los trabajadores como para las empresas.
Tercero: Materializar el derecho a la vivienda
El derecho a una vivienda digna es una añeja y persistente demanda sindical. La vivienda propia para los trabajadores representa una de sus más grandes aspiraciones personales y familiares. Es la formación de un patrimonio intergeneracional, de padres a hijos, fruto de años de trabajo y esfuerzo.
Las reformas al INFONAVIT han quedado aprobadas y publicadas. Previo existió un significativo debate donde manifestamos nuestras propuestas. Resguardo y blindaje a las aportaciones de los trabajadores. El dinero de los trabajadores no se toca, es de su propiedad y de nadie más.
Es fundamental mantener la esencia y carácter tripartita de dicha institución. Un esquema de gobernanza horizontal de contrapesos y equilibrios donde se articulen y consensúen las propuestas gubernamentales, sindicales y patronales.
Esa nueva gobernanza que requiere el INFONAVIT debe tener como pilares los mecanismos de control y fiscalización por medio de una sólida y participativa Comisión de Vigilancia.
El INFONAVIT se proyecta como constructor de vivienda. El reto es complejo desde todos los ámbitos legal, tenencia de la tierra, financiero, administrativo, desarrollo urbano, principalmente. La tarea no es solo construir vivienda de manera eficaz y transparente, sino vivienda que por sus características eleve la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, que genere entornos sociales de convivencia y respeto, con la dotación y cercanía de los servicios educativos y de salud, con las vialidades e infraestructura adecuadas para la movilidad de miles de trabajadores. Es necesario romper los obstáculos estructurales que limitan a millones de trabajadores ya preclasificados, al acceso a una vivienda digna y de calidad.
En el Plan México del gobierno federal se enfatiza en la atracción de nuevas inversiones y en el impulso de nuevos polos de desarrollo regional. Se coincide de que no puede alentarse el establecimiento de nuevas inversiones, de poder avanzar en la relocalización industrial que gira en torno al “nearshoring” sin que se atienda previamente la demanda de vivienda. Sin casas para los trabajadores, no habrá suficiente oferta de trabajo para las nuevas inversiones.
Cuarto: Acciones afirmativas en sindicatos y centros de trabajo
En consonancia con los tiempos de la equidad de género, nuestra agenda laboral cruza con la urgencia de impulsar a fondo las acciones afirmativas de género que tanto impulsen los liderazgos femeniles en los sindicatos, como en ampliar las oportunidades de empleo de las mujeres en las empresas con salarios y espacios laborales que no sean discriminatorios a la mujer. Una gran agenda para romper inercias, prejuicios que aun prevalecen en los centros de trabajo y en la mentalidad de liderazgos sindicales y empleadores.
Quinto: Jornada laboral de 40 horas semanales
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Una jornada laboral que libere tiempo del trabajador para su crecimiento personal y un proyecto de vida que favorezca el uso adecuado del tiempo libre, la convivencia familiar y social, así como la adquisición de nuevas habilidades para una vida plena.
Sexto: Empleo e inteligencia artificial
Un debate recorre al mundo y tiene que ver con los previsibles impactos de la Inteligencia Artificia en la destrucción, pero también creación de fuentes de trabajo. La desaparición, pero también el surgimiento de nuevos tipos de trabajos que implica la inteligencia artificial requiere con urgencia de una agenda laboral vinculada estrechamente con la agenda educativa y de capacitación tanto en el ámbito público de las escuelas y universidades como al interior de las empresas.
Las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento deben avanzar con acelerada velocidad para el logro de adquisición de nuevas habilidades de los trabajadores en un marco de corresponsabilidad entre sindicato y empresa.
Seis puntos que no agotan la agenda laboral, pero que sí constituyen la parte nodal en las circunstancias actuales. Acceso a la Salud, Retiro y pensiones, Educación y Formación para y durante la vida, Recreación y Uso del Tiempo Libre, entre otros, complementan una agenda compleja, pero de un gran contenido humano, social y ético.
El bienestar de millones de trabajadores mexicanos. El esfuerzo y compromiso de las organizaciones obreras no puede decaer. Desde la CTM y la FTJ asumimos con enorme sentido de responsabilidad la agenda laboral del siglo XXI y la defensa de la integridad y la soberanía nacional.
*Propuesta que presenta Juan Huerta Pérez, secretario general de la FTJ en la reunión previa de la CXLII Asamblea General Ordinaria de la CTM en su 89 aniversario.
NACIONALES
Elecciones del Poder Judicial: Abstención del 86 por ciento; votaron 13 millones, es decir, entre el 12.57 y 13.32%

Por Mario Ávila //
En un ejercicio sin precedentes en la historia de México y del mundo, alrededor de 13 millones de ciudadanos salieron a las urnas este domingo para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.
La jornada electoral, que transcurrió sin incidentes graves en el país, marcó un hito en la democracia mexicana, aunque también dejó al descubierto los retos de un proceso inédito que busca transformar una de las instituciones más importantes del Estado.
Participación ciudadana: Un 13% acude a las urnas
A las 23:00 horas de este domingo, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ofreció un corte informativo sobre la jornada electoral. Según las estimaciones del INE, la participación ciudadana osciló entre el 12.57% y el 13.32%, lo que equivale a un rango de 12.5 a 13.3 millones de votantes de un padrón de 99.7 millones de ciudadanos registrados en el Listado Nominal del Electorado.
Para obtener esta cifra, el INE recurrió a una muestra representativa de 1,644 casillas seccionales, equivalente al 2% de las más de 83 mil instaladas en todo el país. La muestra fue diseñada por expertos en estadística y matemática, garantizando su representatividad. Aunque la participación fue baja comparada con otros procesos electorales, Taddei celebró el ejercicio como “una etapa histórica para el INE, como organizador y depositario de la confianza ciudadana, que ha hecho todo para garantizar una elección transparente”.
Para contextualizar, la participación en la elección presidencial de 2024, que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia, alcanzó el 61%, mientras que en la Revocación de Mandato de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, votaron 16.5 millones de mexicanos (un 17.7%).
En la consulta para juzgar a expresidentes de 2021, otro proceso inédito, la participación fue aún menor, con un 7.4%. Si bien la elección del Poder Judicial no puede compararse directamente con estos ejercicios, la cifra del 13% refleja los desafíos de involucrar a la ciudadanía en un proceso complejo y poco familiar.
Un proceso de conteo escalonado y transparente
El cierre de casillas marcó el inicio de un arduo proceso de cómputo que se lleva a cabo en los 300 Consejos Distritales del INE, donde miles de funcionarios y ciudadanos trabajan para dar certeza a los resultados. Taddei explicó que, a diferencia de elecciones anteriores, el conteo comenzó a las 18:00 horas del mismo domingo, transmitiéndose en vivo a través de los canales del INE y bajo la supervisión de observadores electorales para garantizar máxima publicidad.
En esta elección se renovaron 881 cargos del Poder Judicial: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 magistraturas de Salas Regionales del TEPJF, 464 magistraturas de Tribunales de Circuito y 386 jueces de Distrito. La magnitud del proceso obligó al INE a diseñar un calendario escalonado para el cómputo de votos.
Del 1 al 3 de junio se contarán los votos para la SCJN, y entre el 3 y el 4 se computarán los del Tribunal de Disciplina Judicial. Los días 4 y 5 se dedicarán a la Sala Superior del TEPJF, mientras que del 5 al 6 se contarán los votos de las Salas Regionales.
Entre el 6 y el 8 de junio se procesarán los votos para Tribunales de Circuito, y del 7 al 10 los de jueces de Distrito. El 12 de junio se validarán los resultados, y el 15 se realizarán los cómputos nacionales, declarando la validez de la elección y entregando constancias de mayoría a los ganadores.
López Obrador reaparece y respalda la reforma
Un momento que captó la atención nacional ocurrió a las 9:50 de la mañana en Palenque, Chiapas, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de esta reforma durante su sexenio, reapareció para votar en una casilla especial.
Visiblemente más delgado, con el cabello corto y vestido con una guayabera blanca con vivos guinda, López Obrador habló con los medios tras emitir su voto: “Nunca en la historia de nuestro país el pueblo había tenido el derecho de elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez, por eso quise participar en esta elección histórica”.
El expresidente aprovechó para elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor del mundo”, y reveló que está trabajando en un nuevo libro sobre la grandeza cultural de México. “Es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo algo que les va a gustar mucho”, adelantó, generando expectativa entre sus seguidores.
Protestas y elecciones concurrentes
Mientras López Obrador celebraba el proceso, en la Ciudad de México y otras capitales estatales se registraron marchas de protesta contra la elección, lideradas por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), exfuncionarios del Poder Judicial y comunicadores opositores a Morena. Las críticas señalaron la falta de información, la confusión en las boletas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones” para orientar el voto, lo que algunos consideran una forma de manipulación.
Este domingo también se eligieron cargos del Poder Judicial en 19 estados de la República, además de elecciones municipales en Veracruz y Durango. En:Jalisco, Luis Zamora Cobián, vocal de la Junta Local del INE, aseguró que la jornada transcurrió sin incidentes relevantes. “Fue una buena elección, no hubo hechos que lamentar en el estado”, afirmó, destacando el esfuerzo de organización en un contexto de procesos concurrentes.
Un hito con retos pendientes
La elección del Poder Judicial Federal marcó un antes y un después en la democracia mexicana al permitir que la ciudadanía participe directamente en la renovación de una institución clave. Sin embargo, la participación del 13% evidencia los retos de un proceso complejo, con miles de candidatos y cargos poco conocidos para la población. La desinformación, la falta de campañas efectivas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones”, subrayan la necesidad de ajustes para futuros ejercicios de este tipo.
A pesar de estos desafíos, el INE reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que cada voto será contado con certeza. Esta elección, aunque perfectible, sienta un precedente para la democratización de instituciones tradicionalmente alejadas de la participación ciudadana. Ahora, el país espera los resultados que definirán el rumbo del Poder Judicial, mientras la sociedad reflexiona sobre el impacto de este proceso en el equilibrio de poderes y la consolidación de la democracia mexicana.
LOS NÚMEROS
Los ciudadanos salieron a las urnas para elegir mil 800 puestos en los poderes judiciales locales y federales:
9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
2 Magistraturas de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)
464 Magistraturas de Circuito
386 personas Juzgadoras de Distrito
Se registraron 1,700 incidentes durante la jornada
De acuerdo con el corte de caja que dio el INE a las 18:00 horas, se instalaron en el país 83 mil 974 casillas, lo que representa el 99.98%. Las casillas cerraron alrededor de las 18:00 horas luego de su apertura a las 08:00 horas, después de la tradicional ceremonia de honores a la Bandera en la explanada del INE.
En tanto, el INE reportó 1770 incidentes; de los más relevantes, 500 fueron incidentes relacionados con la interferencia para impedir la realización de la jornada «sin causa justificada». Las incidencias fueron desde riesgo en casillas hasta el mal tiempo por el clima. De todas las incidencias reportadas, el 80.4% fueron atendidas.
JALISCO
¿Por qué el rechazo ciudadano a la reforma judicial en Jalisco?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La participación del 7.07% en las elecciones judiciales del pasado domingo en Jalisco, la segunda más baja del país (detrás de Guanajuato que fue del 6.5), es un mensaje contundente de la ciudadanía: un rechazo claro a la reforma judicial impulsada por Morena y una señal de desconfianza hacia las instituciones. Este resultado no solo expone las fracturas internas del partido en el estado, sino que también pone en duda la legitimidad del proceso y plantea serios desafíos para el futuro político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en una región clave.
Un abstencionismo que habla
El 7.07% de participación –equivalente al 92.93 de abstención– no puede interpretarse de otra manera que como un fracaso estrepitoso de los operadores y liderazgos de Morena en Jalisco. Figuras como Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Erika Pérez, Chema Martínez y Laura Imelda Pérez, así como la Universidad de Guadalajara, mostraron una incapacidad evidente para movilizar al electorado.
¿Dónde quedó el morenismo que prometía transformar el estado? El abstencionismo no solo refleja la falta de articulación del partido, sino también un rechazo público a lo que muchos perciben como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial y socavar su independencia.
En mi columna del lunes, titulada “¿Democratización o control político?”, planteé si este proceso realmente democratiza la justicia o si es un mecanismo para consolidar el poder de Morena. Los números de Jalisco responden con claridad: los ciudadanos ven más allá de la narrativa oficial de “democratización” y perciben la reforma como una toma de poder, especialmente en un contexto donde Morena domina el Congreso de la Unión.
Líderes sociales como el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, han criticado el proceso como un ejercicio que favorece la agenda de Morena en lugar de mejorar el sistema judicial. Su descripción de un proceso “planchado” resuena con un electorado jalisciense históricamente receloso del control centralizado, lo que explica su decisión de abstenerse.
Fragmentación y divisionismo en Morena
Otro factor detrás de esta baja participación es la fragmentación interna de Morena en Jalisco. El partido carece de unidad y de una visión compartida; en su lugar, prevalece una lucha de intereses por el control y el poder. Los liderazgos locales, más preocupados por sus agendas individuales que por un proyecto colectivo, se comportan como “perros y gatos en disputa”, cada uno aferrado a su hueso. Desde la Ciudad de México, figuras como Leonel Cota Montaño y Alfonso Ramírez Cuéllar intentaron, sin éxito, alinear a los grupos locales. A pesar de sus declaraciones públicas de unidad y de promesas de duplicar la participación, el morenismo jalisciense quedó en evidencia.
La Universidad de Guadalajara, que se involucró en el proceso, tampoco logró movilizar al electorado. Su incapacidad para mantener el registro del partido Hagamos en elecciones pasadas ya había mostrado sus limitaciones, y esta elección judicial lo confirmó. Morena le falló a la presidenta Sheinbaum al no conectar con los jaliscienses, un estado donde el partido ha enfrentado dificultades históricas para consolidarse. Si en la elección federal de 2024 Morena obtuvo resultados en Jalisco, el mérito fue del liderazgo de Sheinbaum, no de las figuras locales, marcadas por el divisionismo, el egocentrismo y el individualismo.
Desconfianza institucional y desencanto ciudadano
El 92.93% de abstención no solo es un rechazo a la reforma judicial, sino también un reflejo del desencanto con el sistema político en general. La percepción de que estas elecciones carecen de legitimidad o de un impacto real en la justicia ha exacerbado la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos jaliscienses, conocidos por su tradición de autonomía y resistencia al poder central, ven en esta reforma un intento de Morena por imponer su agenda, más que una solución genuina a los problemas del Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia.
Esta desconfianza se suma a la falta de información y a la complejidad del proceso electoral. Con miles de candidatos y cargos poco conocidos, muchos ciudadanos optaron por no participar, percibiendo el ejercicio como una farsa diseñada para favorecer a Morena. La baja participación en Jalisco, comparada con el promedio nacional del 13%, refleja un sentimiento anti-morenista que podría fortalecerse en el futuro, especialmente si el partido no ajusta su estrategia.
Implicaciones para el futuro político de Jalisco
El fracaso de Morena en movilizar a los ciudadanos en un proceso tan publicitado como las elecciones judiciales expone su vulnerabilidad en Jalisco, un estado donde ha luchado por consolidarse frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta baja participación podría fortalecer a la oposición y al sentimiento anti-morenista, abriendo la puerta a que partidos locales capitalicen el descontento ciudadano. Además, el divisionismo interno de Morena podría llevar a una reconfiguración de sus liderazgos en el estado, un proceso que será crucial para su futuro político.
¿Quiénes podrían emerger como nuevos líderes? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero lo que sí está claro es que Morena necesita un liderazgo más inclusivo y una comunicación efectiva para reconectar con los jaliscienses. Sin estos cambios, el partido seguirá enfrentando reveses en un estado estratégico para el panorama nacional. La presidenta Sheinbaum, quien ha apostado por esta reforma como un pilar de la 4T, también enfrenta un desafío: demostrar que puede unificar a su partido y ganar la confianza de regiones tradicionalmente reticentes al proyecto morenista.
Un mensaje claro para Morena
El 7.07% de participación en Jalisco es una combinación de factores: un rechazo a la reforma judicial, una profunda desconfianza en las instituciones, una división interna de Morena y un fortalecimiento del anti-morenismo local.
Este resultado plantea un reto significativo para el partido y para Sheinbaum, quien deberá replantear su estrategia en el estado si busca consolidar su proyecto político a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense ha hablado con su abstención, y su mensaje es claro: no basta con discursos de democratización; se necesitan acciones que realmente.
NACIONALES
Elección judicial en México: ¿Democratización o control político?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La elección para renovar el Poder Judicial Federal, celebrada este domingo 1 de junio de 2025, fue presentada por Morena y la 4T como un hito de democracia directa. Sin embargo, el proceso, justificado con el discurso de un Poder Judicial corrupto y elitista, ha generado más dudas que certezas.
La baja participación ciudadana y las múltiples irregularidades sugieren que el objetivo real podría ser el control político de una institución clave para el equilibrio de poderes en México.
BAJA PARTICIPACIÓN: DESCONFIANZA Y DESINFORMACIÓN
Las encuestas de Infobae y El Economista anticipaban una participación de entre el 8% y el 23%, y el INE confirmó un 12% (unos 12.06 millones de votantes de un padrón de 100 millones). Esta abstención histórica no respalda la narrativa de Morena de un apoyo popular, sino que refleja desconfianza y falta de legitimidad. Una encuesta de Enkoll mostró que el 77% de los mexicanos no conocía a ningún candidato, evidenciando una desinformación generalizada.
La complejidad de las boletas, con 3,400 candidatos para 881 cargos y 60 distritos electorales (según la Universidad Iberoamericana), dificultó el voto informado, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a información.
El diseño del proceso también parece haber sido opaco. La ausencia de debates públicos y la distribución de «acordeones» –listas de candidatos oficialistas– sugieren manipulación para favorecer a Morena. Estas prácticas, denunciadas por analistas, minaron el voto libre y desincentivaron la participación. La abstención masiva no es apatía, sino una protesta silenciosa contra un sistema que no garantiza transparencia ni equidad.
IRREGULARIDADES: UN PROCESO VICIADO
La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades que refuerzan la percepción de un proceso diseñado para beneficiar a Morena. Reportes de El Universal e Infobae documentaron acarreo de votantes, compra de votos y distribución de «acordeones» por los «servidores de la nación». Estas acciones, lejos de ser aisladas, parecen coordinadas para controlar el Poder Judicial.
Además, hubo cargos «sin competencia», con candidaturas únicas en 51 posiciones federales, como en Durango (49 candidaturas para 49 cargos, según Integralia), lo que reduce la elección a una formalidad y cuestiona su pluralidad.
La complejidad del conteo, con casillas atendiendo hasta 2,250 electores (el triple que en elecciones ordinarias), generó dudas sobre la integridad del proceso. El INE enfrentó un desafío logístico sin precedentes, y la tardanza en los resultados —estimaciones para el 3 de junio en el caso de la Suprema Corte y el 5 de junio para el Tribunal Electoral— alimentan especulaciones sobre posibles manipulaciones.
EL DISCURSO DE LA CORRUPCIÓN
Morena justificó la elección señalando corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, un discurso que resuena con una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, el análisis no resiste un escrutinio crítico. El Índice Global de Impunidad 2025 coloca a México en el último lugar de 69 países, y problemas como la falta de juzgados, la sobrecarga de casos (un juez mercantil en Monterrey maneja 15 mil casos, según Rubén Moreira) y la necesidad de capacitación persisten. Pero la solución propuesta no ataca estas raíces, sino que politiza el Poder Judicial. La presencia de candidatos alineados con la 4T, según El País, sugiere una captura institucional disfrazada de participación popular, más que una verdadera democratización.
IMPACTO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA
La baja participación y las irregularidades tienen graves implicaciones. La abstención masiva refuerza la percepción de que las elecciones no son confiables para el cambio institucional. La manipulación del proceso amenaza la independencia judicial, pilar del equilibrio de poderes.
Si el Poder Judicial queda subordinado al Ejecutivo y Legislativo, ambos dominados por Morena, México podría deslizarse hacia un sistema de partido hegemónico, similar al viejo PRI, como advirtió PortalGuanajuato.mx.
La polarización también se ha profundizado. Mientras Claudia Sheinbaum defiende la elección como un hito democrático, críticos como Enrique Krauze y Javier Laynez Potisek la califican de «farsa» y «golpe de Estado». Esta división debilita la confianza en las instituciones y dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas reales del sistema judicial.
UN EXPERIMENTO FALLIDO CON COSTOS ALTOS
La elección judicial del 1 de junio de 2025 no democratizó el Poder Judicial ni combatió la corrupción. Se convirtió en un ejercicio de control político que deja al sistema judicial más vulnerable. La baja participación y las irregularidades no son fallas accidentales, sino síntomas de un proceso diseñado para favorecer a Morena sobre los principios democráticos.
México necesita una reforma judicial que fortalezca la independencia, la capacitación y los recursos, no que lo someta al poder político. La factura será alta: un Poder Judicial debilitado, una democracia erosionada y una ciudadanía desencantada. La pregunta es si la sociedad mexicana exigirá una transformación real o si este episodio marcará un retroceso autoritario más profundo.
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