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Privilegios y fideicomisos

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Abolir los privilegios ha sido una prédica común en la retórica del régimen, postulado de campaña y estribillo del entonces aspirante, candidato y hoy presidente, que al igual que otros pronunciamientos ha quedado solo en una frase publicitaria de eficacia electoral. En los hechos esta administración ha hecho todo lo contrario y hoy, los privilegios abundan, particularmente en el sector oficial.

Por definición, un privilegio es una exención de una obligación, o bien una ventaja exclusiva o especial que alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia goza. Es decir que hay privilegios que la autoridad concede, que la legislación establece y que hay otros que derivan de circunstancias personales. Nunca ha quedado claro cuáles deseaba acabar este régimen, la retórica agarró parejo, más no así la actuación gubernamental. La lucha contra los privilegios ha resultado selectiva y más que un mecanismo de justicia es herramienta de mercadotecnia electoral e instrumento de venganzas y cobro de afrentas.

La más reciente muestra es la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 6 de ellos dedicados a pagar prestaciones derivadas de ley y laborales que fueron considerados privilegios.

Se dijo, por el propio presidente, que había que terminar con los excesivos salarios y canonjías de los ministros de la Suprema Corte, pero ninguno de los 13 fideicomisos extinguidos beneficia a los ministros y se vertieron opiniones, más retóricas que argumentales y de fondo.

“La intención es despejar la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad a través de la extinción de los 13 fondos y fideicomisos bajo la jurisdicción del Poder Judicial de la Federación”, indica la iniciativa presentada por el coordinador de la bancada oficialista, sin embargo, no se entiende la lógica de liquidar para transparentar, máxime cuando no había observaciones graves sobre el manejo de los mismos.

Hay en estas dos posiciones, la del ejecutivo, basada en la desigualdad de condiciones de ingresos y la del legislativo, fundada en la “falta de transparencia” cuando menos incongruencia, pero al fin coincidencia en los fines. El cálculo político le indicó al presidente desde su campaña, que hablar de los privilegios de unos, frente a las condiciones desiguales de otros era un buen resorte electoral en una sociedad marcada por profundas diferencias.

Este resorte lo ha venido utilizando, para ganar respaldo social para sus muy particulares batallas, ya sea contra los organismos autónomos, como el INE o el INAI, contra ex funcionarios etcétera, y tocó ahora a la Suprema Corte de Justicia a la que ha convertido en el símbolo de esa desigualdad que es su bandera para seguir posicionado como un luchador a favor de los desfavorecidos.

Con ese objetivo, se evitó que la discusión se diera sobre el origen y legitimidad de los llamados privilegios, obviando la gran cantidad de ellos que el presidente ha creado con su forma absolutista de gobernar. Él crea e interpreta leyes y además las ejecuta y no concibe que otro poder u órganos autónomos osen contradecirlo y corregirlo.

En su afán, desordenado afán, ha hecho cosas plausibles, como endurecer la política fiscal sobre grandes contribuyentes. Pero también ha incurrido en graves violaciones al estado de derecho, a la constitucionalidad, al federalismo, a la división de poderes y al carácter civil del régimen.

Su juicio determina cuáles privilegios son legítimos y cuáles no, cuáles fallos jurisdiccionales son justos y cuáles no, así como cuáles fideicomisos sirven y cuáles deben desaparecer, sin importar si salvaguardan contra contingencias económicas o a soportar desastres naturales. No hay razones, solo motivos e intenciones cuyo único fin es la acumulación y el ejercicio abusivo, discrecional, del poder. La extinción de los fideicomisos del poder judicial exhibe las incongruencias y el carácter veleidoso y visceral de ésta administración.

Se ordena la terminación de éstos, porque hay que dar transparencia y evitar la discrecionalidad, pero a la vez se crean otros, de mayor cuantía, que habrán de ser operados por militares en la más completa opacidad y reserva. Es decir, nada de privilegios para unos y todos los privilegios para otros, según sea el grado de sumisión que le muestren. Absolutismo total envuelto en un discurso falaz para un mundo desigual, gatopardismo puro para que la desigualdad siga siendo el sostén de sus victorias.

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1 Comment

1 Comments

  1. Héctor Manuel Barragán

    30 de octubre de 2023 at 09:52

    Excelente reflexión. Abrazo Lic. Robles!!!

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Asesinan a Gaby Mejía, ex alcaldesa de Cuauhtémoc y regidora de Colima

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Por Mario Ávila 

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, confirmó el ataque y asesinato a balazos de la ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Gaby Mejía, y reportó que otra persona también resultó lesionada.

La gobernadora de Colima expresó su repudio y pesar ante este hecho de violencia y señaló que ha exigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva y expedita. 

Además, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a colaborar con todas las herramientas a su alcance para esclarecer los hechos.

La gobernadora destacó que las y los colimenses rechazan la violencia.
Hizo ver la necesidad de mantenerse unidos ante quienes dijo: «Buscan arrebatar la tranquilidad de la población».

Gaby Mejía, se desempeñaba también como presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres del PRI en Colima (Onmpri).

Líderes del PRI condenan asesinato de ex alcaldesa Gaby Mejía y en particular la diputada federal por Monterrey, Marcela Guerra, pidió un minuto de silencio en San Lázaro y apuntó: «Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera».

Ante el pleno de la LXVI Legislatura federal se dijo invadida de tristeza y enojo «por el asesinato recién perpetrado por viles cobardes contra la ex alcaldesa; que este crimen no quede impune, por lo cual solicito también un minuto de silencio”.

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MC exige rendición de cuentas real de la Guardia Nacional

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Por Francisco Junco

Durante la discusión del Primer Informe del Poder Ejecutivo federal sobre las actividades de la Guardia Nacional, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, demandó que la corporación rinda cuentas con datos verificables y resultados concretos.

“Conocer cifras no equivale a evaluar el desempeño de la Guardia Nacional”, advirtió, al señalar que el informe “cumple con la ley, pero no con la rendición de cuentas”.

El senador jalisciense subrayó que el debate no gira en torno a la militarización del cuerpo de seguridad, sino a las deficiencias del reporte presentado por el Ejecutivo, que, dijo, “poco aporta para medir el impacto real de sus acciones”.

Castañeda ejemplificó las inconsistencias al mencionar que “Colima y Baja California Sur tienen una población similar, pero una incidencia delictiva distinta; sin embargo, Colima cuenta con apenas una tercera parte de los elementos que Baja California Sur”.

También señaló que casi la mitad de las 10 mil 69 detenciones reportadas por la corporación (46%) fueron por faltas administrativas, tareas que podrían corresponder a las policías locales.

“Esto confirma que la corporación está supliendo funciones (de las policías locales), no complementándolas, lo que contradice el espíritu de colaboración temporal previsto en la ley”, afirmó.

Castañeda recordó que en 2018 la extinta Policía Federal, con una tercera parte del personal, realizó más del doble de detenciones que la Guardia Nacional en 2024, lo que evidencia su falta de resultados.

“El informe cumple con los requisitos formales, pero no ofrece elementos para medir cómo sus acciones contribuyen a reducir la incidencia delictiva o garantizar la paz social”, agregó.

El senador destacó que Movimiento Ciudadano ha propuesto reformas para fortalecer la evaluación y la transparencia de la Guardia Nacional, como clarificar los criterios de despliegue, establecer indicadores de impacto y resultados, y evaluar sus labores migratorias.

“Queremos una Guardia Nacional que rinda cuentas con datos, indicadores y transparencia, no una institución que se mida solo por lo que hace, sino por lo que logra en favor de la seguridad y la paz de las y los mexicanos”, concluyó.

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Llaman desde el Senado a apoyar zonas inundadas en Puerto Vallarta

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Por Mario Ávila 

Un llamado para ayudar a las entidades afectadas por las luvias, al margen de Veracruz, Querétaro, Morelos, San Luis Potosí y Puebla, fue lanza desde el Senado de la República, en donde se enlistó a Jalisco, especialmente a Puerto Vallarta, lo mismo que a Bahía de Banderas, Nayarit, Guaymas, Sonora y Casas Grandes, Chihuahua, como las zonas que requieren de apoyo nacional.

El mensaje fue lanzado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, senador Augusto López Hernández, quien advirtió que son tiempos de unidad y solidaridad nacional, al tiempo que recordó que cuando él fue gobernador de Tabasco y en el 2020 se inundaron los 17 municipios, el primer estado en apoyar fue Jalisco “y fue el gobernador Enrique Alfaro del partido Movimiento Ciudadano, quien llegó con equipo para ayudarnos”.

Expuso que lo que se vivió el fin de semana, fue una tragedia de magnitud impredecible, por lo que los primero que hizo fue expresar su solidaridad con todas aquellas familias, “que aún días después de la catástrofe, están intentando rescatar sus cosas, incluso buscando familiares que todavía son reportados como desaparecidos”.

Calificó además como lamentable, que en estos tiempos en donde se requiere la solidaridad de todos, haya todavía algunos que no entiendan que este país ya cambió, “que ya no es el país de ellos y de su absurdo Fonden”.

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Exige Laura Haro el regreso urgente del Fonden ante tragedia nacional

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Por Francisco Junco

La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro Ramírez, hizo un llamado urgente para que el Gobierno Federal reactive el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ante la magnitud de los daños provocados por las lluvias y desbordamientos registrados en distintos estados del país.

“Las escenas que estamos viendo, cómo la fuerza del agua se está llevando a las familias enteras, nos deben no solamente conmover, sino comprometer”, expresó durante su rueda de prensa semanal.

Laura Haro lamentó la indiferencia del gobierno federal ante la tragedia y cuestionó la desaparición del Fonden, que, dijo “atendía a los desastres naturales, daba respuesta inmediata y activaba los planes de las fuerzas armadas”.

Recordó que este fondo contaba con 35 mil millones de pesos y fue eliminado durante la administración de Morena y resaltó que “les guste o no les guste a los morenos, tienen que regresar el Fonden”.

La dirigente priista reprochó la falta de empatía y coordinación institucional en la atención de los damnificados.

“No sabemos si por incompetentes, si por ignorantes o por negligentes, las autoridades hicieron oídos sordos ante los pronósticos y alertas de la Comisión Nacional del Agua”, señaló.

La dirigente estatal priista aseguró que la omisión de las autoridades ha costado vidas y patrimonio a cientos de familias en los estados más afectados, como Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

Durante su intervención, Laura Haro acusó a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber saqueado los recursos públicos que antes se destinaban a la atención de desastres naturales.

Señaló que el dinero desaparecido del Fonden y otros fondos públicos habría sido utilizado para el beneficio personal de los allegados al exmandatario, mientras miles de familias hoy sufren por falta de apoyo.

“Con esos 600 mil millones de pesos que Andrés Manuel López Obrador y su camarilla de rateros se robaron, el fraude más grande en la historia de este país. Con ese robo tendríamos para atender y para resolver 35 veces. Los López Obrador son ratas, eso son”, sentenció la dirigente priista al exigir transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos federales.

Ante la emergencia, anunció que los comités municipales y el Comité Estatal del PRI en Jalisco se habilitarán como centros de acopio. “Es momento de demostrar de qué estamos hechos los mexicanos, de ser solidarios con quienes hoy más nos necesitan”, dijo al exhortar a la población a no caer en la polarización política.

Adelantó que en las próximas semanas el PRI llevará su exigencia al Senado de la República. “Vamos a exigirle a la presidenta Sheinbaum que no se le ocurra robarse el agua de Chapala. Van a topar con el PRI”, concluyó, al tiempo que reiteró que su partido “está de luto, pero de pie, solidario con las causas y las necesidades del pueblo mexicano”.

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