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NACIONALES

Privilegios y fideicomisos

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Abolir los privilegios ha sido una prédica común en la retórica del régimen, postulado de campaña y estribillo del entonces aspirante, candidato y hoy presidente, que al igual que otros pronunciamientos ha quedado solo en una frase publicitaria de eficacia electoral. En los hechos esta administración ha hecho todo lo contrario y hoy, los privilegios abundan, particularmente en el sector oficial.

Por definición, un privilegio es una exención de una obligación, o bien una ventaja exclusiva o especial que alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia goza. Es decir que hay privilegios que la autoridad concede, que la legislación establece y que hay otros que derivan de circunstancias personales. Nunca ha quedado claro cuáles deseaba acabar este régimen, la retórica agarró parejo, más no así la actuación gubernamental. La lucha contra los privilegios ha resultado selectiva y más que un mecanismo de justicia es herramienta de mercadotecnia electoral e instrumento de venganzas y cobro de afrentas.

La más reciente muestra es la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 6 de ellos dedicados a pagar prestaciones derivadas de ley y laborales que fueron considerados privilegios.

Se dijo, por el propio presidente, que había que terminar con los excesivos salarios y canonjías de los ministros de la Suprema Corte, pero ninguno de los 13 fideicomisos extinguidos beneficia a los ministros y se vertieron opiniones, más retóricas que argumentales y de fondo.

“La intención es despejar la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad a través de la extinción de los 13 fondos y fideicomisos bajo la jurisdicción del Poder Judicial de la Federación”, indica la iniciativa presentada por el coordinador de la bancada oficialista, sin embargo, no se entiende la lógica de liquidar para transparentar, máxime cuando no había observaciones graves sobre el manejo de los mismos.

Hay en estas dos posiciones, la del ejecutivo, basada en la desigualdad de condiciones de ingresos y la del legislativo, fundada en la “falta de transparencia” cuando menos incongruencia, pero al fin coincidencia en los fines. El cálculo político le indicó al presidente desde su campaña, que hablar de los privilegios de unos, frente a las condiciones desiguales de otros era un buen resorte electoral en una sociedad marcada por profundas diferencias.

Este resorte lo ha venido utilizando, para ganar respaldo social para sus muy particulares batallas, ya sea contra los organismos autónomos, como el INE o el INAI, contra ex funcionarios etcétera, y tocó ahora a la Suprema Corte de Justicia a la que ha convertido en el símbolo de esa desigualdad que es su bandera para seguir posicionado como un luchador a favor de los desfavorecidos.

Con ese objetivo, se evitó que la discusión se diera sobre el origen y legitimidad de los llamados privilegios, obviando la gran cantidad de ellos que el presidente ha creado con su forma absolutista de gobernar. Él crea e interpreta leyes y además las ejecuta y no concibe que otro poder u órganos autónomos osen contradecirlo y corregirlo.

En su afán, desordenado afán, ha hecho cosas plausibles, como endurecer la política fiscal sobre grandes contribuyentes. Pero también ha incurrido en graves violaciones al estado de derecho, a la constitucionalidad, al federalismo, a la división de poderes y al carácter civil del régimen.

Su juicio determina cuáles privilegios son legítimos y cuáles no, cuáles fallos jurisdiccionales son justos y cuáles no, así como cuáles fideicomisos sirven y cuáles deben desaparecer, sin importar si salvaguardan contra contingencias económicas o a soportar desastres naturales. No hay razones, solo motivos e intenciones cuyo único fin es la acumulación y el ejercicio abusivo, discrecional, del poder. La extinción de los fideicomisos del poder judicial exhibe las incongruencias y el carácter veleidoso y visceral de ésta administración.

Se ordena la terminación de éstos, porque hay que dar transparencia y evitar la discrecionalidad, pero a la vez se crean otros, de mayor cuantía, que habrán de ser operados por militares en la más completa opacidad y reserva. Es decir, nada de privilegios para unos y todos los privilegios para otros, según sea el grado de sumisión que le muestren. Absolutismo total envuelto en un discurso falaz para un mundo desigual, gatopardismo puro para que la desigualdad siga siendo el sostén de sus victorias.

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1 Comment

1 Comments

  1. Héctor Manuel Barragán

    30 de octubre de 2023 at 09:52

    Excelente reflexión. Abrazo Lic. Robles!!!

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Beisbol

¡Hasta siempre Toro!

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Gracias por todas las emociones que le diste al beisbol

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NACIONALES

Gobernador Rubén Rocha Moya minimiza la situación de inseguridad que viven Culiacán y varias regiones de Sinaloa

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CIERTO O FALSO

“Es un momento difícil, pero está siendo atendido tanto por el Gobierno de la República como por mi administración, por el bien de las y los sinaloenses. No es una situación inédita; Sinaloa ha enfrentado enfrentamientos entre grupos delincuenciales en otros momentos”

RUBÉN ROCHA MOYA / GOBERNADOR DE SINALOA

“No es Gaza, no es Beirut, no es Ucrania, es Culiacán”

ANTONIO GARCI NIETO / CARICATURISTA

FUEGO CRUZADO

“Ante el desastre de la seguridad pública en Sinaloa, el senador Nacho Mier (Morena) minimiza los asesinatos en ese estado y le echa la culpa a Francisco Labastida, quien dejó la gubernatura hace 32 años”

PASCAL BELTRÁN DEL RÍO / DIRECTOR EDITORIAL DEL DIARIO EXCELSIOR

El cobro de piso, robo de mercancía y otros relacionados con la inseguridad pública suben el costo de producción, lo cual presiona al alza el precio al consumidor final”

GABRIELA SILLER / PROFESORA DE ECONOMÍA DEL TEC DE MONTERREY

Segunda oportunidad

La diputada Mónica Magaña no será Secretaria del Transporte y/o Movilidad en el gobierno que encabezará a partir del 6 de diciembre próximo Pablo Lemus, como su círculo de allegados lo venían comentando. Como premio de consolación la legisladora emecista a partir del 1 de noviembre presidirá la nueva Legislatura del Congreso de Jalisco entre el 1 de noviembre del 2024 al 30 de abril de 2025. La ya no tan joven diputada tendrá oportunidad de madurar en estos próximos tres años y entender que la política es para construir puentes con inteligencia, sensibilidad y algo muy importante, humildad.

MÓNICA MAGAÑA. Será presidenta del Congreso del Estado.

Las ambiciones de poder

Pues resulta que el diputado Alejandro Puerto no aceptó la decisión de Morena de que Miguel de la Rosa sea el coordinador de la bancada y decidió renunciar a la fracción legislativa con el argumento  de que el CEN de este instituto político rechazó su proyecto y abandonó a Morena Jalisco. Y ahora anuncia que creará en Jalisco el Movimiento Lopezobradorista. ¿Adónde va Puerto? ¿Cuál es su juego? La verdad es que no lo entendemos. Y cómo no se quiere sujetar a la disciplina que es un elemento de los partidos políticos, va a crear su propio grupo, todo porque su talento no fue valorado en Morena.

ALEJANDRO PUERTO. Sus arrebatos.

Evitar la crisis

El gobierno de Pablo Lemus manda la señal que buscará resolver el problema financiero que envuelve al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), si no se incrementan sus ingresos en el futuro y decide enviar a Juan Partida Morales de “salvador”, quien desde la Secretaría de Hacienda del gobierno alfarista conoce muy bien la situación que vive dicho organismo. Va a ser interesante cómo van a abordar el tema desde el principio para evitar que Ipejal se colapse. ¿Tomarán el toro por los cuernos y se irán por la reforma a Ipejal, incrementando las cuotas de gobierno y pensionados?

JUAN PARTIDA MORALES. ¿Tomará el toro por los cuernos?

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MUNDO

La importancia del servicio civil de carrera

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Columna invitada, por Raúl Gutiérrez Zaragoza //

El servicio civil de carrera es un pilar fundamental en la administración pública moderna. Este sistema, que se basa en la profesionalización y estabilidad de los empleados públicos, busca garantizar una gestión eficiente, transparente y orientada al bien común lo que se convierte en base angular para el funcionamiento del Estado y el bienestar de la sociedad.

André Molitor ha sido un destacado académico en el campo de la administración pública, en su obra, ha enfatizado la importancia de la formación y profesionalización de los funcionarios públicos para asegurar una administración eficiente y efectiva

En mi experiencia de más de treinta y cinco años dedicados a la administración pública, me he percatado que uno de los principales beneficios del servicio civil de carrera es la profesionalización de los empleados públicos. A través de procesos de selección rigurosos y basados en el mérito, se asegura que los funcionarios posean las competencias y conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva. Esto no solo mejora la calidad de los servicios públicos, sino que también fomenta una cultura de excelencia y responsabilidad en la administración.

De igual forma es relevante mantener la estabilidad laboral que ofrece este servicio civil, ya que permite a los empleados públicos desarrollar una carrera a largo plazo dentro de la administración. Esta continuidad es esencial para la implementación de políticas públicas sostenibles y coherentes. Las y los funcionarios con experiencia y conocimiento acumulado pueden contribuir de manera significativa a la formulación y ejecución de estrategias que requieren un enfoque a largo plazo, evitando así los cambios abruptos y la improvisación.

Por otra parte, concuerdo con Christopher Pollitt, quien es conocido por sus estudios sobre la reforma administrativa y la gestión pública, cuando argumenta “que un servicio civil de carrera bien estructurado es esencial para la implementación de políticas públicas coherentes y sostenibles”.

El servicio civil de carrera también juega un papel crucial en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. Al estar sujetos a normas y procedimientos claros, los empleados públicos deben actuar con integridad y en conformidad con los principios éticos. Además, la estabilidad en el empleo reduce la influencia de intereses políticos y personales, lo que contribuye a una administración más imparcial y justa.

Es innegable que la profesionalización y estabilidad del servicio civil de carrera de la que escribo, crean un entorno propicio para la innovación y la mejora continua. Los empleados públicos, al sentirse valorados y seguros en sus puestos, están más dispuestos a proponer y adoptar nuevas ideas y tecnologías que puedan mejorar la eficiencia y efectividad de los servicios públicos. Este espíritu de innovación es vital para que la administración pública pueda adaptarse a los cambios y desafíos del entorno.

Sostiene mi afirmación anterior con lo que Oscar Oszlak, reconocido experto en administración pública en América Latina, ha escrito extensamente sobre la profesionalización del servicio civil y su impacto en la eficiencia y transparencia de la gestión pública.

De igual forma se expresa Rafael Martínez Puón, que nos da luz al referir que “la profesionalización de la función pública en Latinoamérica, cómo un servicio civil de carrera puede mejorar la calidad y continuidad de los servicios públicos”.

Otro aspecto para destacar es que el servicio civil de carrera fortalece la democracia, al asegurar que la administración pública opere de manera independiente y al servicio de todos los ciudadanos, sin favoritismos ni discriminaciones. Un cuerpo de funcionarios públicos profesional y estable es esencial para la implementación equitativa de las políticas públicas y para garantizar que los derechos y necesidades de la población sean atendidos de manera justa y eficiente.

Pareciera que hay suficiente evidencia que permite señalar que el servicio civil de carrera es una pieza clave para el buen funcionamiento de la administración pública. Su enfoque en la profesionalización, estabilidad, transparencia, innovación y fortalecimiento de la democracia contribuye de manera significativa al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Ahora que, en México, se viven cambios de gobierno en sus tres órdenes federal, estatal y municipal, la aspiración fundamental que tenemos los ciudadanos es que los gobiernos entrantes continúen apoyando y fortaleciendo este sistema para asegurar una gestión pública eficiente y al servicio del bien común.

En los gobiernos, en sus distintos niveles, existen diversas áreas de oportunidad dentro de las administraciones para darle continuidad al aspiracional servicio civil de carrera, las Contralorías de los estados parecieran un buen ejemplo de ellas.

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