NACIONALES
Profesiones que han sido relegadas: El reto de la dignificación
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Uno de los proyectos económicos, sociales y culturales de Estados Unidos fue el denominado New Deal del presidente Roosevelt, programa que fue desarrollado entre 1933 y 1938, proyecto desarrollado con el objetivo de sostener a los sectores más pobres de la nación, esto a través de una profunda reforma en los mercados financieros, reforma que a su vez perseguía redimir una economía con profundas heridas.
A raíz de esto, Estados Unidos implementó una serie de campañas mediáticas cuyo principal objetivo era simple: redignificar los trabajos que sostienen a la economía tanto nacional, como de la clase media.
Por esto, en razón de estas campañas, el Gobierno se dio a la tarea de difundir durante décadas una serie de imágenes que retrataban a ciudadanos ejerciendo sus respectivas profesiones con una gran sonrisa en el rostro.
Estas imágenes tuvieron tanto impacto que se convirtieron en símbolos tan fuertes que no solo lograron dignificar ciertos oficios, sino que también incentivaron a muchos otros ciudadanos a sumarse en esa lucha de sacar adelante a la nación que tanto les había dado.
Con esto, más la suma de otros elementos, se podría decir que Estados Unidos comenzó a construir un modelo de nación que a la fecha los ha convertido en la tierra de las oportunidades, de la esperanza y de la prosperidad.
En este orden de ideas, aunque le duela a los denominados anti-yankees, la verdad es que de Estados Unidos de América tenemos muchísimo que aprender, especialmente de este proyecto de nación con el que sus gobernantes forjaron, a raíz de una profunda crisis, los cimientos de la nación que son hoy.
Y es que si bien es cierto que en México tenemos muchas tareas pendientes, probablemente una de las más importantes es justamente la de construir un modelo de nación que redignifique el trabajo que muchas personas realizan cotidianamente y que contribuye en gran medida al sostenimiento de la economía del país, pero que además, tienen grandes aportaciones sociales, pero que tristemente, hoy han sido relegadas.
Desde hace un par de semanas he estado en comunicación constante con personas que integran a los distintos cuerpos de bomberos de la zona metropolitana, y estas pláticas además de permitirme conocer un poco más de su trabajo, también me han permitido conocer sus carencias y por ende, la deuda que tiene el Estado mexicano con todas aquellas personas que deciden dedicar su vida a tareas cuya principal finalidad es la de mantener el orden público y velar por la integridad de quienes formamos parte de la sociedad.
Por ejemplo, uno de los bomberos con los que tuve la oportunidad de intercambiar ideas la semana pasada me compartió que desde su perspectiva, los cuerpos de bomberos han sido olvidados por la administración pública. No importa cuántas veces arriesguen su vida y pongan en riesgo su integridad, no son reconocidos.
Pero no solo eso, sino que diversos cambios de índole administrativo les han quitado certeza jurídica respecto a sus prestaciones laborales y hasta cierto punto, estos mismos cambios les han quitado la oportunidad de crecer profesionalmente, mientras que en cuanto a sus percepciones económicas, su salario no ha aumentado en los últimos 8 años lo que los coloca aproximadamente un 58% por debajo de la inflación.
Para quienes se lo preguntan, las categorías de oficial de desastres, oficial de emergencias y de bombero ganan aproximadamente entre $7,500-$8,500 pesos al mes, cantidad que en proporción con la relevancia de su labora, insisto, corrobora la deuda del Estado en cuanto a la significación de ciertas profesiones u oficios.
Pero ciertamente, esto es algo que no podemos permitir, ya que la situación que atraviesan los distintos cuerpos de bomberos que carecen de oportunidades de crecimiento, de salarios más competitivos, de herramientas de trabajo indispensables para ejercer sus funciones, como son las pipas, no es ajena a este grupo, al contrario, es la realidad por la que atraviesan miles de mexicanos que sin importar la relevancia del trabajo que prestan a la sociedad, han sido relegados al olvido.
El estado y las autoridades tienen una deuda enorme con la ciudadanía, ya que sus fallas han hecho que muchas personas dejen de preguntarse qué pueden hacer por su país tal y como el New Deal de Roosevelt lo planteó a sus ciudadanos hace algunas décadas. Y en la medida en la que continuemos olvidando la importancia de sumar a todos en el compromiso constante de trabajar en beneficio de la nación, y en la medida en la que seamos omisos a la hora de dignificar profesiones y oficios por igual, enfrentar cualquier crisis, ya sea económica o social, será más dificil de lo que cualquier experto analista podría preveer.
Y en el caso en particular de los cuerpos de bomberos que prestan un servicio público de tanta relevancia, tampoco podemos ser omisos a su realidad o a sus necesidades, al contrario, debemos ponerlos en la agenda pública y volver el centro de discusión tanto a ellos, como a todas aquellas personas que se enfrentan a situaciones similares desde sus espacios laborales.
Seamos claros, la realidad que enfrentamos y los problemas que se avecinan nos obligan a construir soluciones que vayan más allá de lo técnico, debemos también regresar a las bases para construir soluciones capaces de curar esas heridas provocadas por el olvido en el que se ha dejado a quienes integran ciertos sectores tanto obreros como profesionales y que sostienen en gran medida a nuestro país.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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