Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) está en el ojo del huracán. La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, presidida por la diputada Gabriela Cárdenas, aprobó un aumento del 9.65% a la tarifa del agua, una decisión que ha encendido las alarmas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

¿Cómo justificar un incremento cuando se desconoce la realidad de las finanzas del SIAPA? ¿De qué tamaño es la cartera vencida? Hay versiones de que esta llega a los 11 mil millones de pesos. Ha trascendido que 7 mil millones de ese monto han prescrito o están por prescribir. ¿Cómo se pretende cubrir su pasivo?

La ciudadanía merece respuestas claras. El SIAPA, creado hace más de cuatro décadas para servir a los ayuntamientos metropolitanos, atraviesa su peor crisis: un servicio deficiente, agua de pésima calidad y una gestión administrativa desastrosa.

Reportes periodísticos revelan que el organismo apenas recauda el 66.91% de lo facturado, lo que evidencia una ineficiencia estructural en la cobranza y sugiere privilegios indebidos en cuentas de empresas o instituciones, como ha denunciado el Observatorio Ciudadano de la Gestión Integral del Agua.

Ante este panorama, llama la atención la postura de los alcaldes metropolitanos. Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, ha sido el único en alzar la voz contra este aumento, calificándolo de injustificado.

Pero, ¿dónde está Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara? Su silencio es ensordecedor. ¿Por qué un tema que afecta a millones de tapatíos no figura en su agenda? ¿Y qué hay del compromiso de rendición de cuentas prometido por el gobernador Pablo Lemus? La opacidad del SIAPA, ¿es un preludio de lo que vendrá con la desaparición del Instituto de Transparencia (ITEI)?

Un aumento sin fundamento

El incremento tarifario del 9.65% carece de sustento, sin un diagnóstico claro de la situación financiera y administrativa del SIAPA. La ciudadanía desconoce cómo se manejan los recursos de un organismo que, según trascendidos, está al borde de la bancarrota técnica.

Antes de avalar cualquier aumento, los alcaldes metropolitanos y los legisladores deberían exigir una auditoría exhaustiva que revele el grado de ineficiencia, identifique posibles irregularidades y proponga soluciones de fondo.

El servicio del SIAPA es un agravio cotidiano para miles de familias. En colonias del sur y oriente de Guadalajara, el suministro es intermitente o inexistente, y las quejas por agua turbia, de mal olor o color “tamarindo” son constantes, como han señalado regidores de oposición y ciudadanos indignados. ¿Es aceptable cargar a los usuarios con un aumento cuando el organismo no garantiza un servicio digno?

Exigencia de transparencia y un plan de rescate

El director del SIAPA, Antonio Juárez, debe comparecer ante el Congreso del Estado y presentar un diagnóstico integral que detalle el estado real del organismo, incluyendo los números reales que reflejen la situación financiera y administrativa en que se encuentra.

No basta con promesas vagas: se necesita un plan de rescate y reingeniería con metas claras, indicadores de desempeño y estrategias de corto, mediano y largo plazo. Este plan debe priorizar la optimización administrativa, la mejora del servicio en zonas marginadas y una cobranza eficiente que no castigue a los usuarios cumplidos.

El dictamen de la Comisión de Hacienda propone medidas como brigadas territoriales, programas de captación de agua pluvial y campañas de concientización. Son pasos en la dirección correcta, pero insuficientes si no se acompañan de una reestructuración profunda. La ciudadanía debe ser parte de la solución, pero también debe exigir que los recursos se inviertan en infraestructura y calidad del servicio, no en paliativos que encubran la ineficiencia.

Juegos políticos y traición a la confianza ciudadana

La aprobación del aumento, respaldada por la bancada mayoritaria (Movimiento Ciudadano, Hagamos, Partido Verde y PAN), contrasta con la oposición de Morena, PRI, Futuro y un diputado sin partido. Esta decisión huele más a intereses políticos que a un compromiso con los 5 millones de habitantes de la ZMG que dependen del SIAPA.

Recordemos que propuestas previas, como la de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara para frenar incrementos tarifarios, han sido ignoradas, evidenciando una falta de voluntad para enfrentar la crisis hídrica de manera integral.

La ciudadanía organizada tiene un papel crucial. Debe exigir rendición de cuentas y presionar a los legisladores para que no aprueben incrementos hasta que el SIAPA demuestre mejoras concretas. Antes de cargar el costo a los usuarios, es imperativo abatir la cartera vencida, sancionar la corrupción y garantizar que cada peso se traduzca en agua limpia y accesible para todos.

Aprobar un aumento en estas condiciones es fallarle a los ciudadanos que confiaron su voto a quienes prometieron proteger sus intereses. El SIAPA no puede seguir siendo un símbolo de opacidad e ineficiencia. Es hora de que los responsables, desde los alcaldes hasta los legisladores, asuman su deber y rescaten a este organismo vital para Jalisco.

El agua no es un lujo: es un derecho.

 Por Gabriel Ibarra Bourjac //

El Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo necesario para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pague adeudos que tiene desde 2004 con la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Jalisco, al disponer de 269 mil metros cuadrados de tierras comunales para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Una deuda de más de dos décadas

En 2004, el Gobierno federal amplió la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río a cuatro carriles, ocupando tierras de Mezquitán. Un convenio con la SICT estableció una compensación de casi 40 millones de pesos para las 333 familias afectadas, pero solo se pagaron 4 millones (10% del total) y un abono de 1.6 millones por extracción de materiales, dejando un adeudo de 35 millones.

Para hacer efectivo el pago, en cumplimiento de las sentencias de los tribunales agrarios, INDAABIN debe actualizar los valores catastrales del terreno, a valor comercial, como lo ordena la sentencia, ya que los valores de hace 21 años están desfasados.

“Llevamos 21 años luchando por nuestro pago. La SICT no ha cumplido, y ahora INDAABIN debe actualizar el avalúo para que el pago refleje el valor comercial de nuestras tierras”, denunció Saúl Rodríguez Barajas, Presidente del Comisariado de la Comunidad Indígena de Mezquitán.

Este monto, pendiente por la ocupación de 269 mil metros cuadrados de tierras comunales para la ampliación de la carretera federal Guadalajara-Ixtlahuacán del Río, para hacer efectivo el pago, en cumplimiento de las sentencias de los tribunales agrarios, deben actualizarse los valores del terreno, a valor comercial, ya que así lo ordenan las sentencias de los tribunales, indicó a su vez el abogado de la comunidad, Luis Antonio Rocha.

Los dirigentes de la comunidad desconfían de la prontitud de INDAABIN, señalando antecedentes de retrasos en procesos similares. “Exigimos que INDAABIN con base en nuestro derecho constitucional de justicia pronta y expedita, dentro del término señalado, dé respuesta a lo ordenado por el Tribunal Agrario y, a la mayor brevedad, elabore el avalúo como lo ordenan las sentencias, para que se nos pague lo justo.

“Llevamos más de 21 años esperando, y no confiamos en que actúen con rapidez”, afirmó Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la Comunidad Indígena de Mezquitán.

Las mujeres de la Comunidad Indígena de Mezquitán, piden a la Presidenta Claudia Sheimbaum, gire instrucciones para que se agilice el pago de sus tierras ocupadas por la SICT.

Desconfianza y exigencia de justicia

La instrucción del Tribunal Agrario busca agilizar un proceso estancado, pero la comunidad permanece escéptica debido al historial de dilación de INDAABIN. “No es solo una deuda, es una cuestión de respeto a nuestros derechos. Queremos justicia pronta y expedita y un avalúo justo y que se cumpla la ley”, añadió el líder indígena.

La carretera, originalmente de dos carriles y construida hace más de 50 años, se amplió sin que se pagara una compensación adecuada, evidenciando los abusos contra las comunidades indígenas frente a proyectos de infraestructura de los gobiernos anteriores.

Un caso clave para los derechos indígenas

El plazo de 10 días pone a prueba la capacidad de INDAABIN para cumplir con el mandato del Tribunal y actualizar el avalúo, un paso crucial para saldar la deuda de la SICT. La resolución de este caso no solo beneficiará a las 333 familias de Mezquitán, sino que también sentará un precedente sobre el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

La comunidad advierte que no cejará en su lucha hasta que se haga justicia y se cumpla con el pago ordenado en las sentencias.

Por Mario Ávila //

La importancia de la armonía política y la buena relación entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Pablo Lemus es un factor clave para el desarrollo del estado. La legisladora morenista Marta Arizmendi Fombona, presidenta del Congreso de Jalisco, subrayó que el diálogo y la coordinación han permitido superar los desencuentros del pasado, cuando la falta de colaboración entre el gobierno estatal y federal generó perjuicios para Jalisco.

En una entrevista realizada para Conciencia Pública en su oficina del Palacio Legislativo, Arizmendi destacó que el objetivo de Morena en Jalisco y México es “el bienestar de la población, con justicia y desarrollo”. En la LXIV Legislatura local, los acuerdos entre Morena y Movimiento Ciudadano (MC) se limitan a propuestas que beneficien a los jaliscienses, sin compromisos ocultos.

Marta Arizmendi Fombona, a lo largo de la entrevista, destaca la importancia del diálogo, la transparencia y la participación ciudadana, y su visión busca superar divisiones políticas, priorizando resultados tangibles para Jalisco.

Aborda también los retos pendientes, desde reformas judiciales hasta temas sociales como las infancias trans que exigen un trabajo conjunto que ella está decidida a liderar, siempre con el bienestar de la población como eje rector. La colaboración con el Ejecutivo, sin comprometer principios, es clave para una legislatura efectiva que responda a las demandas de los jaliscienses.

HAY DIÁLOGO, NO PACTOS

Al mismo tiempo, la presidenta del Congreso negó enfáticamente la existencia de pactos entre su grupo parlamentario y MC, la fracción mayoritaria y partido en el gobierno. Esta claridad se refleja en la aprobación de la reforma constitucional que extingue el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), lograda mediante diálogo respetuoso con todas las fuerzas políticas, tras no concretarse en el primer semestre.

Arizmendi aclaró que la ausencia de acuerdos secretos se evidencia en la oposición de Morena a varias decisiones del gobierno de Pablo Lemus. Por ejemplo, rechazaron el endeudamiento, el “paquetazo” —considerando la verificación, un programa recaudatorio— y la compra de patrullas Cybertrucks de Tesla, criticadas por no combatir el crimen, sino por buscar mejorar la percepción de seguridad de cara al Mundial de Fútbol 2026.

“Y hemos sido muy abiertos”, abundó, señalando que, aunque su grupo parlamentario es crítico, está comprometido con el bienestar de los jaliscienses y apoyará propuestas beneficiosas, sin importar su origen. Esta postura refleja un equilibrio entre fiscalización y colaboración.

FEDERALIZAR PROGRAMAS NACIONALES

Arizmendi criticó la falta de coordinación del exgobernador con el gobierno federal, que perjudicó a Jalisco, y apostó por el diálogo para priorizar el bienestar ciudadano. Señaló que la negativa de Jalisco a adherirse a programas federales de salud, educación y apoyo a personas con discapacidad ha generado inconvenientes, obligando a la federación a intervenir directamente.

Elogió la colaboración entre Sheinbaum y Lemus, destacando las visitas presidenciales para supervisar proyectos de movilidad, obra pública y agropecuarios, pero urgió al gobernador a reconsiderar la adhesión a programas federales clave para maximizar beneficios para el estado.

CARGADA LA AGENDA PARLAMENTARIA

La presidenta enlistó las prioridades legislativas para el segundo semestre de la LXIV Legislatura. Entre ellas, destacó la aprobación de 19 leyes secundarias en 90 días para implementar la extinción del ITEI, pendiente de ratificación por la mayoría de los 125 cabildos municipales. Aseguró que los derechos a la información pública y protección de datos están garantizados bajo la Contraloría, y se trabajará con la iniciativa del gobernador para su seguimiento.

Arizmendi lamentó los desacuerdos iniciales de la legislatura, resueltos bajo su presidencia gracias al diálogo inclusivo. Otro tema es la reforma al Poder Judicial estatal, inspirada en la elección federal de junio de 2025. Aunque la elección de magistrados y jueces será en 2027, la armonización con la ley federal comenzará pronto, abordando preocupaciones sobre el proceso de insaculación o “tómbola”.

TEMAS PENDIENTES PARA ANALIZAR

Un exhorto reciente de la Suprema Corte obliga al Congreso a legislar sobre infancias trans, atendiendo ocho puntos específicos, con plazo hasta el 3 de julio. Arizmendi aclaró que esta decisión recaerá en el voto libre de los deputados, no en la presidencia. También abordó el desabasto y la mala calidad del agua, un problema histórico que requiere soluciones urgentes sin alzas fiscales. Morena, afirmó, no apoyará incrementos de impuestos sin proyectos claros que garanticen beneficios, priorizando la economía ciudadana.

EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Arizmendi destacó la importancia del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, resultado de la participación de más de 600 mil ciudadanos, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Propuso mesas de trabajo con legisladores para enriquecerlo, asegurando su cumplimiento en beneficio de Jalisco.

Subrayó la necesidad de un Presupuesto de Egresos 2026 equitativo, trabajado con la Comisión de Hacienda, liderada por Gabriela Cárdenas, para evitar prisas y atender necesidades estatales. Criticó que la legislatura anterior ignoró propuestas de Morena, por lo que ahora buscan un proceso inclusivo.

UN CONGRESO CERCANO A LA CIUDADANÍA

Finalmente, Arizmendi delineó los objetivos de la LXIV Legislatura en su segunda etapa: mejorar la imagen del Congreso, abrirlo a la ciudadanía, eliminar barreras y acercarse a los municipios mediante reuniones regionales con alcaldes. Este enfoque busca conocer de cerca las necesidades locales y consolidar un legislativo accesible, comprometido con el bienestar de los jaliscienses, promoviendo justicia y desarrollo.