Por Juan Huerta Peres //

La realización de un foro sobre “El futuro de la vivienda social en México” es un gran espacio deliberativo, de reflexión y propuesta que se convoca en un momento oportuno, en un momento histórico y político donde se requiere establecer definiciones, rutas y compromisos para la transformación a fondo del país.

A nombre de los trabajadores de la CTM y de la FTJ agradezco a los organizadores del evento, a la diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para la LXVI (Sexagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados), la invitación para participar en tan significativo evento.

Como representante sindical, estoy convencido de que solo a través del diálogo y del consenso entre todos los sectores involucrados en el tema de la vivienda podemos dar cauce a una política pública con un andamiaje institucional, viable y con sentido económico y social.

El movimiento obrero tiene toda la autoridad y legitimidad política para que su visión y propuestas sean parte sustancial de la política de vivienda del Estado mexicano y poder hacer realidad lo que señala el artículo 4 constitucional en materia de vivienda y muy particularmente la fracción XII del artículo 123 Constitucional, que manda que “toda empresa… estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas”.

Para el movimiento obrero, el derecho a la vivienda es un derecho consustancial a sus conquistas sociales, junto al derecho a la salud, son dos pilares del estado de bienestar mexicano y que permiten a millones de trabajadores y a sus familias dar un salto cualitativo de mejora en sus condiciones de vida. Para el sindicalismo, la política de vivienda es un tema prioritario de su agenda política, de demanda, de reclamo y de compromiso permanente con sus trabajadores.

Me permito compartirles que actualmente el mapa laboral de Jalisco registra más de 2 millones 100 mil trabajadores agrupados formalmente y registrados en 110 mil empresas. Más de la mitad de esos trabajadores cuentan con ingresos promedio por debajo de los 12 mil 614 pesos, ingresos con los que tienen que cumplir con su manutención y la de su familia, a la vez de poder intentar consolidar un patrimonio por medio de la propiedad de una vivienda.

Es dato es crudo, pero muy preciso en torno a los alcances de un trabajador para cumplir con ese derecho constitucional, humano y laboral y poder acceder a una vivienda digna e integrada a una urbanidad con servicios educativos, servicios de salud, centros de abasto, fuentes de trabajo y vías de comunicación.

SE REQUIERE VIVIENDA DE BAJO COSTO

Con una membresía de 839 mil trabajadores afiliados al Infonavit en condiciones de solicitar un crédito para vivienda, 500 mil de ellos requieren una oferta de vivienda de bajo costo porque el monto de crédito al que pueden acceder está entre los 450 y 550 mil pesos.

El drama social y el desafío para una política de vivienda social es que estos compañeros no tienen donde comprar, no existe una oferta suficiente en este rango de precio. Así no se puede cumplir a cabalidad con los imperativos marcados en nuestra Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en las recomendaciones sobre Derechos Humanos.

Esta demanda de vivienda por parte de los trabajadores de Jalisco, y así debe integrarse en las propuesta de política pública, adquiere una magnitud de carácter estatal porque, aunque la mayoría de las empresas se concentran en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara albergando a más de 445 mil trabajadores con bajos ingresos, otros 55 mil de ellos se localizan en los municipios del interior del estado, quienes también requieren ser atendidos y es justo que alcancen la oportunidad de acceso a una vivienda.

Todos conocemos que la oferta de vivienda de precio accesible ha venido reduciendo en los últimos años, las razones que hemos encontrado son varias y presentan problemáticas muy particulares. La mayoría coincide en que no hay tierra donde construir y la que hay está lejos y cara; se señala que los trámites y permisos para los conjuntos habitacionales son tardados y difíciles. La inflación ha pegado mucho sobre el precio de los materiales de construcción, lo que, junto a otros factores, hace que los precios de la vivienda se alejan de las posibilidades de miles de trabajadores.

EL LUCRO Y LA ESPECULACIÓN EN VIVIENDA

En este Foro, y en otros, hemos planteado la urgente necesidad, porque es un reclamo constante de la base trabajadora y de sus representantes sindicales, que desde el Estado en sus tres niveles de gobierno se elaboren y articulen políticas activas de intervención y regulación para que el mercado de vivienda no se abandone al lucro y a la especulación, sino que también ese mercado sea capaz de atender las demandas de vivienda social. Sin la decidida participación pública, el mercado será omiso a la vivienda social y el costo será sobre la calidad de vida de miles de trabajadores y sus familias.

LA PROPUESTA DE VIVIENDA

Proponemos y nos sumamos a un gran proyecto nacional para el impulso de la oferta de vivienda social en un gran esfuerzo colectivo de participación del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales con sus áreas especializadas y responsables en materia de vivienda, promoviendo la participación del sector privado, desde la industria de la construcción hasta el bancario-financiero y el sector social.

Un proyecto nacional para el impulso de la oferta de vivienda social bajo los siguientes pilares:

1-Planeación urbana con sentido social, con sus componentes fundamentales en materia de disponibilidad de terreno, seguridad jurídica, suficiencia de infraestructura física y calidad de servicios públicos. El papel del Estado es determinante para realizar las provisiones necesarias en materia de disponibilidad de suelo, inversión en infraestructura de cabecera para abastecimiento de agua, disposición de aguas residuales, abastecimiento de energía eléctrica, equipamientos y redes viales necesarias para futuras áreas de crecimiento. Es importante que se hagan Planes Estatales de Vivienda para responder a las necesidades habitacionales actuales y futuras.

2-Cooperación y sinergia entre los sectores público, privado y social para alinear instituciones, objetivos, metas y acciones hacia la promoción y generación de vivienda social. Proponemos que se activen alianzas, acuerdos entre los gobiernos estatales y municipales con los actores de la industria de la construcción y de la economía social para trabajar concertadamente en habilitar suelo urbano bien calificado, libre de riesgos y jurídicamente seguro, a precio accesible para desarrollar vivienda económica, metiéndole inversión a la infraestructura y equipamiento, bajando los costos a los trámites y permisos para incentivar la participación de constructores de vivienda, que deben ofrecer casas a bajo costo.

3-Para el sindicalismo mexicano la viabilidad y mejora del INFONAVIT es fundamental para atender el problema de vivienda. El sentido de las reformas aprobadas recientemente en el INFONAVIT las debemos materializar en un acceso real, cuantificable y medible de los trabajadores a la vivienda. Sosteniendo y defendiendo su gobernanza tripartita el INFONAVIT debe ser muy eficiente y la vez transparente en su nueva responsabilidad como constructor y arrendador de vivienda, trabajando desde sus órganos de gobierno para que este nuevo quehacer que le otorga la Ley ofrezca soluciones a los trabajadores y evitar complicaciones operativas futuras.

Modificaciones adicionales para ampliar la edad límite de a 70 y 75 años para hombres y mujeres respectivamente o los montos máximos de crédito deben reflejarse en mejoras reglamentarias y administrativas para su eficiente operación. Actualmente existen muchas casas abandonadas en la zona metropolitana de Guadalajara, son viviendas recuperadas por el Infonavit, y resulta evidente que la mezcla de viviendas abandonadas con viviendas ocupadas legalmente o invadidas, viviendas vandalizadas, hace extremadamente difícil el desarrollo de la vida comunitaria, propiciando problemas de inseguridad, se ha convertido en un grave problema social, con fuerte impacto en las materias de violencia intrafamiliar, salud y otros.

Por lo que hemos solicitado a Infonavit la implementación de un plan de acción para que se regularicen legalmente y se arreglen para ponerlas a la disposición de los trabajadores para que puedan solucionar su necesidad de vivienda. Esta opción puede ser muy viable para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda al alcance de su capacidad de crédito ya que las colonias, fraccionamientos o desarrollos en que se ubican son zonas ya consolidadas con equipamiento y servicios.

4-Impulso a modelos de financiamiento de vivienda social que promuevan un virtuoso y eficiente proceso de ahorro/ inversión entre los actores e instituciones involucradas, tasas de mercado preferenciales y subsidios gubernamentales focalizados, integración y complementación de créditos hipotecarios como el que existe entre INFONAVIT e IPEJAL en Jalisco.

5-Impulso a los proyectos de innovación en la construcción y de apoyo técnico para la reducción de costos de vivienda, sin afectar su calidad y habitabilidad.

6-Desarrollo de normativas y regulaciones a favor de la vivienda social, con especial énfasis en los ámbitos de responsabilidad de Estados y Municipios y la supervisión bajo un catálogo de buenas prácticas y así destrabar los impedimentos para lograr la construcción de miles de casas baratas, lo que necesitamos aquí es que la autoridad gubernamental le entre al reto e implemente políticas locales para habilitación de reservas urbanas en donación o aportación que puedan facilitar la construcción de vivienda barata.

La construcción de vivienda es el motor más importante de crecimiento económico porque genera derrama económica y propicia la creación de al menos 5 empleos formales por cada vivienda que se construya, además garantiza la atracción de inversiones, mejora la productividad, el arraigo laboral, la convivencia social, la seguridad económica y emocional de la familia.

Un Estado que no garantice la habilitación de opciones de vivienda, mina sus oportunidades de atraer inversión económica, y por lo tanto se dejan de generar empleos.

En consonancia con el PLAN MÉXICO que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y con la estrategia del nearshoring recordemos que esos proyectos de inversión generan nuevos requerimientos de vivienda, por lo que todo lo que hagamos en esta materia serán incentivos para alcanzar las metas del PLAN MÉXICO.

Por nuestra parte, hemos incorporado en la agenda sindical el tema de la vivienda como prioritario y apoyaremos las diversas medidas que busquen el impulso a la vivienda económica y social en Jalisco y así se promueva una sociedad más equitativa donde la voz de los trabajadores no solo se escuche, sino principalmente se atienda y se resuelva a su favor.