Por Mario Ávila //

Una vez consumada y asignada legalmente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para las tres fuerzas políticas de Morena, PT y PVEM y habiéndose quedado a solo tres votos de esa meta en el Senado de la República, los enemigos de la Cuarta Transformación han provocado el inicio de un cisma en las estructuras sociales, políticas y económicas del país.

Para ello, no solo han echado mano de sus cuadros en los partidos políticos del PAN y PRI, sino de la fuerza laboral del Poder Judicial, ya que se trata sin duda de la reforma de mayor calado, habida cuenta de que se plantea un parteaguas en la impartición de justicia en México, toda vez que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrán de ser electos mediante el voto popular.

Este segmento opositor, contó esta semana con el apoyo sorpresivo y relevante a nivel internacional, de parte de los embajadores en México, de Estados Unidos y Canadá, Ken Salazar y Graeme C. Clark, quienes, aclarando que su opinión se daba con absoluto respeto a la soberanía nacional, coincidieron en que la elección por voto popular en el Poder Judicial, afectada la confianza de los inversionistas y podría tener repercusiones en el T-MEC.

Particularmente el embajador estadounidense, Ken Salazar, mediante un comunicado dice creer “que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México”. A lo que la presidente electa Claudia Sheinbaum le respondió con el dato de que, en su país, 43 de los 50 estados eligen a sus jueces mediante el voto popular.

Por su parte el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, dijo que inversionistas canadienses le han transmitido sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el gobierno mexicano para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte; incluso señaló que la reforma judicial puede afectar ese “vínculo de confianza” entre los inversionistas y el Gobierno de México.

Y aunque ya se sabía por los resultados de la elección del 2 de junio, organizaciones de la sociedad civil, así como algunos opinólogos y medios de comunicación, lo mismo que abogados y líderes de colegios de juristas, se muestran sorprendidos por el reparto desde el INE de las posiciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, hablando de una “ilegal” sobre representación e incluso de un golpe a la democracia.

Incluso, fue un abogado, el titular de la PGR en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ex ministro de la SCJN en el mismo sexenio, Diego Valadés Ríos, quien en entrevista con Adela Micha elucubró que sería un tema de dinero, el que estaría detrás de la reforma al Poder Judicial.

En su opinión, el gobierno de la Cuarta Transformación va por las reservas del Banco de México, ya que se trata de 230 mil millones de dólares (4.6 billones de pesos), que podrían se utilizados solo con la reforma a una línea del artículo 28 Constitucional. Y remató Diego Valadés diciendo que de ninguna manera se trata de una venganza o un capricho de López Obrador, sino de una estrategia oculta.

AMLO CENSURA INJERENCISMO DE LOS EMBAJADORES DE EU Y CANADÁ

Como desafortunadas e imprudentes, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, las declaraciones de los embajadores de Estados Unidos y Canadá, Ken Salazar y Graeme C. Clark. Y en el caso concreto de los Estados Unidos, de inmediato dio instrucciones para enviar una nota diplomática a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por tratarse de un acto de injerencismo.

No aceptamos injerencismo -dijo en la conferencia mañanera-, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver y dirimir a los mexicanos. Quiénes son, con todo respeto, para opinar sobre este tema. Se cuestionó.

Se trata de un extrañamiento para la embajada y textualmente dice: “La Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos Mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar el día de hoy en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos Mexicanos.

“El presidente tiene una facultad de presentar iniciativas al Congreso y la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa a la reforma constitucional, es el de fortalecer el estado de derecho mediante una reforma al Poder Judicial, que se realiza a través de los procedimientos democráticas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

“El gobierno de México está comprometido con un Poder Judicial que goce de verdadera independencia autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el estado de derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos.

“En tal virtud la declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando su postura sobre este tema, tiene carácter estrictamente interno del Estado Mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado del respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos”, dice la misiva.

Sin embargo el presidente detalló que se está proponiendo esta reforma, porque el Poder Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México y nunca en el Poder Judicial en los últimos tiempos de la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, si no que está convertido en un instrumento al servicio de una minoría que era lo que sucedía con el Poder Legislativo, que desde que empezaron a aplicar la política neoliberal y neo porfirista, en cada reforma a la Constitución no había ninguna protesta, ni de Estados Unidos, ni de la oligarquía nacional… miren los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y todas las reformas que se hicieron en 36 años en el periodo liberal fueron para legalizar el robo el saqueo de los bienes de nuestro pueblo y de los bienes nacionales, privatizaciones y es increíble que con 36 años que duró el periodo neoliberal nunca aprobaron una sola reforma a la Constitución en beneficio del pueblo, se dedicaron al contrario, a quitarle todo lo que se había conseguido con Revolución Mexicana de 1910 y había quedado escrito en la Constitución de 1917.

Y abundó: “Llevaron a cabo reformas al artículo 27 para que desapareciera el ejido y que la tierra ejidal quedará al mercado, que se privatizara, entregaron las empresas públicas, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, congelaron los salarios de los trabajadores, le quitaron las prestaciones a los trabajadores, avanzaron en la privatización de la educación pública, de la salud y en ese entonces yo recuerdo que cuando se llevó a cabo la llamada reforma energética, que era privatizar el petróleo, se acudió a la SCJN y al Poder Judicial para pedir que se celebrara una consulta al pueblo de México, porque así lo establece la Constitución en el artículo 35 y qué hicieron los del Poder Judicial, rechazar la solicitud de consulta y en todo en el Poder Judicial ha estado a favor de esta política que beneficia a una minoría de nacionales y de extranjeros. Por eso se quiere llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial, aquí estamos hablando de la protección a los delincuentes de cuello blanco, pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas, los jefes de organizaciones criminales, domina la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco al Poder Judicial, entonces por eso es importante la reforma y que se propone de manera muy sencilla y democrática, que en vez de nombrar a través del voto ciudadano a la cúpula del poder, es decir a jueces, magistrados y ministros”.

Afirmó el mandatario mexicano que el Poder Judicial fue una moneda de cambio para que el PAN apoyara al PRI de Salinas de Gortari, en todas las reformas privatizadoras, “les entregó por completo al PAN el Poder Judicial, como en el gobierno de Zedillo se llegó al extremo de que el procurador General de Justicia era un panista, fue una concesión; entonces, si se eligen a los jueces qué es lo que estamos proponiendo, elegir a magistrados, elegir a ministros, podemos ir limpiando de corrupción el Poder Judicial”.

“¿Cuál es la afrenta, cuál es el agravio, cuál es la violación’”, se preguntó López Obrador y él mismo se respondió:: “Qué no vivimos en un estado democrático, que no el pueblo de México tiene en todo momento la forma de modificar su sistema de gobierno, que no es el pueblo el soberano, el que manda, por qué se eligen a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores, al presidente de la República, ahora Presidenta, y no se va a poder elegir a los jueces a los magistrados y a los ministros, además ya esto lo tenemos que estar viendo qué sucede en otros países, donde también dicho sea de paso, se eligen a integrantes del Poder Judicial, pero tenemos nuestra propia historia, aquí en la época de la República restaurada, en la época del presidente Juárez, de acuerdo a la constitución de 1857 se elegían a los ministros, a los jueces mediante el voto popular”.

Y la pregunta del por qué no quieren que el pueblo elija, López Obrador mencionó: “Porque actualmente la mayoría de estos integrantes del Poder Judicial están al servicio, son empleados de los potentados y es además muy fácil de demostrar, es del dominio público como hay ministros que dependen de los potentados y resuelven a partir de lo que les ordenan, es algo completamente ilegal y eso es lo que les molesta. Y en el caso de intereses extranjeros, lo mismo porque no quieren que la comisión Federal de Electricidad sea una empresa pública, quieren que toda la industria eléctrica esté en manos de empresas privadas, lo mismo el petróleo y todas las actividades económicas.

“Y nosotros no estamos aquí para aplicar esa política, eso era antes del 2018. Tardaron 36 años con ese estilo de gobierno, desde 1983 hasta el 2018 y fue un fracaso rotundo lo que dejaron al pueblo de México, en una extrema pobreza, una monstruosa desigualdad económica y social, y violencia que todavía estamos padeciendo por el abandono al pueblo, por el abandono a los jóvenes y desde luego por la corrupción, porque se dedicaron a saquear”, puntualizó.

Opinión invitada, por Rafael Medina Martínez //

Después de la pasada elección presidencial, donde Morena y aliados ganaron la presidencia y la mayoría de las cámaras legislativas, las ambiciones y las venganzas políticas se pusieron en marcha, el primer paso fue confabularse con la presidenta del INE para que les asignara una mayoría calificada en ambas cámaras, violando el principio de sobrerrepresentación que prohíbe la Constitución.

Enseguida de manera acelerada, comenzaron a fraguar un golpe de estado al Poder Judicial disfrazado de reforma democrática, proponiendo que los ministros, jueces y magistrados fueran electos por el voto popular a través de partidos políticos, postulando recién egresados que no tendrían, ni la experiencia ni la capacidad para juzgar.

El presidente ha propuesto esta iniciativa de manera desesperada, porque sabe que se termina su sexenio y saldría sin tener impunidad garantizada, y aunque tenga el poder tras el trono, sus verdaderos intereses son:

1.- Vengar todas las reformas anticonstitucionales que la suprema corte le rechazó.

2.- Destituir a los Ministros que son su contrapeso en el poder, así como a todos los jueces y magistrados que no tiene dominio sobre ellos.

3.- Someter al Poder Judicial, para que los nuevos integrantes estén a sus órdenes y obedezcan sus caprichos y designios al igual que sus diputados y senadores, y pueda destruir el INE y desaparecer órganos autónomos (como los 7 que están a punto de desaparecer), sin la oposición de la Corte.

Así mismo con el poder judicial a sus pies, garantizaría la total y absoluta impunidad para él, y sus familiares acusados de corrupción, así como de sus funcionarios corruptos como los de Segalmex, también para proteger a los gobernadores, alcaldes y legisladores que están coludidos con el narco, como recientemente sucedió en Sinaloa, defendería además a sus aliados de la “mafia del poder” para no tener que rescatarlos de órdenes de aprehensión, y finalmente también para liberar a los capos de manera legal y no de manera ilegal como lo hizo con el “chapito Guzman”.

Pero no sólo para eso quiere al Poder Judicial, sino también para perseguir a periodistas incómodos, como el que descubrió la corrupción de sus hijos con la “casa gris”, y exhibió a sus hermanos recibiendo sobres de dinero, también para perseguir a sus opositores y amedrentarlos con el iracundo mallete de un juez penal, y para seguir moviendo los hilos del poder en México teniendo a sus órdenes a los integrantes de los 3 poderes que él designó.

Afortunadamente este sueño dantesco que parecía fraguarse exitosamente, ya se derrumbó, sólo fue un sueño tenebroso de convertirse en el supremo rey de la nación, aunque su séquito legislativo le dio trámite a la iniciativa y la daban por aprobada con su mayoría espuria, no contaban con los recios opositores que tienen: como los 50 mil trabajadores del Poder Judicial que están en huelga; las cámaras empresariales que la reprueban; los organismos internacionales como la ONU y la OEA, y al opositor de más peso que es Estados Unidos, quien ya declaró: “Si llegaran a aprobar las elecciones de jueces, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido”. Y “Será más fácil que cárteles de la droga se aprovechen de jueces inexpertos”.

Ante este grave revés diplomático, la Canciller Alicia Bárcenas ya mandó una nota iracunda de protesta al gobierno estadounidense haciendo un “profundo extrañamiento” porque representa una “acción inaceptable de injerencia”. Qué arrebato de la Canciller, creí que podría persuadir al presidente de sus arranques coléricos, y tratar estos asuntos como una funcionaria de Estado, pero no fue así.

Por lo tanto estoy seguro que la reforma no pasará: Primero, porque confío en que el Tribunal Electoral no avalará la violación a la Constitución que prohíbe la sobrerrepresentación de partidos, ya sean individuales o en bloque, y hagan una reasignación equitativa.

Segundo, si tanto el INE como el TEPJF violan la Constitución y les ratifican la sobrerrepresentación a Morena y aliados, les faltarían tres votos de senadores para tener mayoría calificada, por lo que confío en que la oposición no venderá sus votos y no pasará la reforma dictatorial.

Tercero, si se vende la oposición y aprueban la reforma, es posible que se amparen los afectados y lleguen hasta la Suprema Corte, y ésta la declare inconstitucional, como sucedió con la pasada reforma electoral.

Cuarto, si Estados Unidos ve amenazados sus intereses económicos como socios comerciales, van a amagar con imponer aranceles y retirarse del T-MEC como lo hizo Trump, cuando amenazó y obligó a Ebrard y Obrador a desplegar 28 mil soldados en le frontera sur, burlándose tiempo después cuando declaró: “Nunca he visto a nadie doblarse así”, por lo que se volverán a doblar.

Estamos conscientes que necesitamos una verdadera reforma que fortalezca la justicia, modernice las instituciones y erradique la corrupción, pero todos juntos debemos construirla, y no ser presas de ningún mesiánico que quiere imponer su voluntad por encima de la carta magna de la nación. Confío en que México seguirá siendo un país democrático con equilibrio de poderes, porque hoy los mexicanos unidos no permitiremos que ni los tribunales, ni los juzgados, ni las salas de justicia, se conviertan en frías lápidas por los sepultureros siniestros de la democracia y de las libertades humanas.

Rafael Medina Martínez

Internacionalista

Por Francisco Junco //

En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el voto mayoritario de Morena y sus aliados, lograron la aprobación del dictamen que propone la desaparición de siete organismos autónomos, un tema que ha generado controversia tanto entre los legisladores como en la sociedad civil.

Y es que, con los votos del partido oficialista, la propuesta avanzó tras casi seis horas de discusión, con 22 votos a favor y 16 en contra, los órganos planteados han sido fundamentales para regular sectores clave como las telecomunicaciones, la energía, la competencia económica, la transparencia y la educación, entre otros, temas fundamentales.

Esta iniciativa forma parte de un paquete de reformas promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se discutirá en el pleno del Congreso una vez que inicie el periodo ordinario el próximo 1 de septiembre.

Entre los órganos que podrían desaparecer, de acuerdo con dictamen aprobado están: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).

CON LA FINALIDAD DE REDIRIGIR RECURSOS

Los legisladores de Morena y sus aliados justificaron la medida argumentando que estos órganos fueron creados durante los gobiernos neoliberales para entregar los bienes de la nación a actores privados y que, desde su creación, han representado un gasto acumulado de más de 32 mil 313 millones de pesos. Señalaron que con la desaparición de estos organismos se eliminarían «gastos innecesarios, lujos y duplicidad de funciones», permitiendo redirigir recursos al combate contra la desigualdad social, uno de los principales objetivos del gobierno actual.

En este sentido, consideran que la desaparición de estos organismos permitirá redirigir los recursos hacia áreas más prioritarias, alineándose con la política de austeridad promovida por el gobierno federal, que encabeza López Orador.

LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, la oposición expresó su preocupación por las implicaciones de esta reforma, Héctor Saúl Téllez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que «esta propuesta busca destruir avances de más de tres décadas para obtener mayor transparencia y establecer contrapesos al Poder Ejecutivo» y aseguró que los órganos autónomos son fundamentales para «contener y limitar los excesos del ejercicio del poder», por lo que su eliminación podría abrir la puerta a un mayor control centralizado del poder.

Los órganos autónomos existen para contener y limitar los excesos del ejercicio del poder y está claro que Morena y sus aliados sólo buscan instaurar un socialismo capitalista, argumentó el panista.

En una postura similar, Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que «la propuesta busca la destrucción del estado de derecho» y es que, según Moreira, esta medida generará un «supremo poder conservador», centralizando el poder en el Ejecutivo y debilitando los contrapesos necesarios en una democracia.

La desaparición de estos órganos, aseguró Moreira, responde a una aversión del actual gobierno a la crítica y la transparencia, y acusa a Morena de «estar con los grandes oligarcas de este país».

COPARMEX EXTERNA PREOCUPACIÓN

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en voz de su dirigente, José Medina Mora, manifestó su profunda preocupación ante la posible desaparición de estos organismos, argumentando que «la medida, justificada bajo el argumento de la austeridad, compromete gravemente la estabilidad democrática y el equilibrio de poderes».

Según Coparmex, estos organismos representan apenas el 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que su eliminación tendría un impacto mínimo en términos de ahorro.

A pesar de las críticas, la propuesta avanza con el respaldo de la mayoría legislativa. Marcos Rosendo Medina, diputado de Morena, subrayó que «serán secretarías de Estado y otros organismos los que asumirán la competencia de distintos asuntos que atienden los organismos autónomos que se pretende eliminar», dejando claro que el gobierno federal tomará las riendas de las funciones actualmente en manos de estos órganos.

Por lo que, en caso de ser aprobada por el pleno del Congreso, las funciones de los organismos autónomos, como por ejemplo, las del INAI podrían pasar a la Secretaría de la Función Pública (SFP), mientras que las tareas de la Cofece y del IFT podrían ser asumidas por la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), respectivamente.

Además, las funciones de la CRE y la CNH, encargadas de regular los mercados de energía e hidrocarburos, serían trasladadas a la Secretaría de Energía (Sener). En cuanto al Coneval, responsable de la evaluación de la política de desarrollo social, sus funciones podrían quedar bajo el control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o alguna otra entidad relacionada.

En contraste, la diputada Cynthia López, del PRI, expresó su preocupación por el rumbo que podría tomar el país con la desaparición de estos organismos, afirmando que «México está a una calle de ser Venezuela». Durante su intervención, realizó una protesta simbólica al colocarse una bolsa negra en la cabeza, indicando que Morena busca «censurar» a los ciudadanos y limitar la transparencia.

El debate sobre esta reforma apenas comienza y se espera que en las próximas semanas se intensifique la discusión tanto dentro como fuera del Congreso. La posible desaparición de estos órganos autónomos representa un cambio significativo en la estructura institucional del país, y las posturas a favor y en contra continúan generando un amplio debate en la arena política y social.

A lo largo de la sesión, se desahogaron un total de 57 reservas, presentadas en su mayoría por los partidos de oposición. Sin embargo, todas las observaciones realizadas por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) fueron descartadas por la mayoría de Morena, mientras que las presentadas por los mismos legisladores de Morena fueron retiradas antes de ser discutidas.

El siguiente paso será llevar el dictamen al pleno del Congreso una vez que inicie el periodo ordinario el 1 de septiembre. En esta etapa, se espera que continúe el debate sobre la desaparición de estos órganos autónomos, con la posibilidad de que se generen nuevas propuestas y reservas durante la discusión.

La aprobación del dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales marca un paso significativo en el proceso de desaparición de estos siete órganos autónomos. Mientras que los legisladores de Morena y sus aliados defienden la medida como una forma de racionalizar los recursos y eliminar duplicidades, la oposición y sectores de la sociedad civil advierten sobre los riesgos de concentrar aún más poder en el Ejecutivo y debilitar los contrapesos necesarios en una democracia.