Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Cómo entender la desaparición de cerca de 10 mil personas en un sexenio y de estos un buen número son jóvenes?

Por qué el gobernador Enrique Alfaro siempre negó la crisis de desaparecidos y en forma machacona repetía una y otra vez que no eran desaparecidos, que se iban de sus casas por propia voluntad y en su último informe sostuvo su discurso de seis que durante su administración fueron localizadas 17 mil 405 personas (con vida): 5 mil 595 mujeres y 11 mil 810 hombres (…) No hay crisis de desaparecidos, muchos se van por voluntad propia”.

¿Y cuántos no regresaron? Eso no respondió porque eso no le importó nunca. Un personaje sin un ápice de empatía con las víctimas y con sus familiares.

¿Pero cómo tapar o esconder tanto desaparecido? ¿En qué cabeza cabe que tarde o temprano el problema iba a explotar y que su sucesor no lo taparía?

Y pensar que hubo medios de comunicación que completita le compraban esa narrativa, desde la oficina de Comunicación del Gobierno del Estado hasta les dictaban las cabezas, sin siquiera tener el pudor de cambiar la redacción a ese boletín.

El operador de esa desinformación fue Ricardo Sánchez Berumen, coordinador del gabinete de seguridad, le preparaba los datos a Alfaro, quien quería convencer que “los periodistas enemigos de Jalisco inventábamos estos datos de los miles de desaparecidos”.

Alfaro vivió gran parte de su gobierno protegido por cientos de guaruras, con carros blindados, con una Casa Jalisco y un Palacio de Gobierno rodeado de bayas. Los liderazgos de los colectivos de buscadores de desaparecidos le echaban en cara al entonces gobernador: “ustedes tienen a sus familias bien aseguradas, con carros blindados, escoltas y los ciudadanos estamos en el desamparo”

La seguridad se convirtió en una crisis por un desgobierno que no tuvo ni quiso tener contacto con los familiares de las víctimas. Simplemente hay que echarle una mirada al Semefo para ver que hay más de 5 mil cuerpos sin identificar. La bronca se la hereda Alfaro a Pablo Lemus.

Y Jalisco así se convirtió en el estado líder en desaparecidos.

Desde el 2022 el gobierno de Jalisco dejó de subir información al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNDDNO).

Quienes confrontábamos la información de desaparecidos con los datos de Alfaro fuimos satanizados por el propio gobernador desde la muralla de Casa Jalisco.

SE ABRE LA CAJA DE PANDORA

El campo de entrenamiento y exterminio de Teuchitlán, abre la caja de pandora de un gobierno que en lugar de cumplir con su compromiso de poner orden, dejó crecer a la criminalidad. Sin embargo, todo gobierno tiene fecha de caducidad y ahora Alfaro sin la protección de ser la cabeza del Poder Ejecutivo de Jalisco que le permitió asumir una arrogancia, sintiéndose dueño de la verdad absoluta, podría enfrentar lo que su irresponsabilidad generó que el Estado sea un desastre en inseguridad y violencia, como lo muestran las imágenes en el Izaguirre Ranch, los 200 pares de calzado y las prendas de vestir e hombres y mujeres muestran el tamaño de la tragedia con los delitos de lesa humanidad allí cometidos.

Gente cercana a Alfaro comentan que éste estaba harto de los problemas de Jalisco que no pudo o no quiso resolver, de allí que se inventaba viajes a Europa o fuera de México.

Por eso el último día de su gobierno huyó de Jalisco y se fue a vivir a España.

Dice que se prepara en Europa para convertirse en director técnico de Chivas de Guadalajara. Imaginemos a Alfaro de director técnico del equipo más popular de México, del hombre que dejó esa larga estela de sangre y cadáveres, por no haber asumido su responsabilidad y aplicar la ley.

¿LO CITARÁ LA FISCALÍA?

No se qué ideas pasen por la cabeza de Alfaro allá en España, donde seguramente disfruta de una tranquilidad que en Jalisco no es posible. ¿Cómo tomará la información de estos centros de exterminio en Teuchitlan? ¿Cuándo va a subir sus clásicos vídeos para desmentir “las falsedades de las Fiscalías y de los Guerreros Buscadores de Jalisco”?

¿Qué le responde al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero a esos graves señalamientos que hizo la pasada al calificar de «muy crítico y muy grave» el hallazgo del crematorio clandestino”?

El Fiscal General cuestionó la falta de conocimiento y acción por parte de las autoridades locales y estatales respecto a la existencia de este centro de exterminio. Hertz Manero expresó:»no es creíble» que las autoridades municipales y estatales no estuvieran al tanto de las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en el rancho Izaguirre por lo que anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La investigación se centrará en identificar posibles omisiones o complicidades de las autoridades locales y estatales en relación con el funcionamiento de este centro de exterminio.

El Fiscal General también enfatizó la importancia de coordinar esfuerzos entre las distintas instancias de gobierno para combatir eficazmente al crimen organizado y evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro y subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para garantizar la protección de los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos.

¿Qué responsabilidad tuvo Alfaro en minimizar el suceso de Izaguirre Ranch y dejarlo en que se trataba de un campo de entrenamiento de un grupo criminal? ¿Alfaro desconoció que se trataba de un centro de exterminio de jóvenes?

Habrá que ver hasta dónde se quiere llegar en esta terrible tragedia y si el brazo de la justicia no sólo queda en un agente del ministerio público, agentes de investigación y algunos funcionarios menores de la Fiscalía.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Hay maneras múltiples de negar un crimen, formas infinitas de enterrar un cuerpo, procedimientos diversos para desaparecer personas, ideas, realidades. En México, especialmente en Jalisco, el gobierno parece haberlas aprendido todas. El más reciente y grotesco episodio de negación oficial se escenifica alrededor de un rancho en Teuchitlán, cuyo nombre, «Izaguirre», se volvió sinónimo del horror: fosas, huesos quemados, restos calcinados, zapatos sin dueño.

Pero, según la fiscalía general del Estado, allí nunca hubo hornos crematorios. Así lo dijeron, con palabras oficiales, tranquilas, demasiado tranquilas, con la frialdad de quien niega para no actuar.

Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, habla con el tono cansado de quien ya conoce todas las versiones oficiales. «Quieren minimizar la crisis, callar lo que dicen las familias y los medios», señala. No habla desde la teoría; lo suyo es la práctica cotidiana de una búsqueda desesperada, un intento de hacer justicia con propias manos, mientras el Estado responde con burocracia y negaciones. Y no habla solo de Teuchitlán, sino de una realidad que atraviesa todo México: más de 15,000 desaparecidos solo en Jalisco y decenas de miles más en todo el país. Números que aumentan, cifras que no despiertan acción sino indiferencia.

«La confianza está en las familias, no en las instituciones», sentencia Flores. Las palabras golpean con fuerza porque reflejan una verdad ya inocultable: el Estado ha dejado hace tiempo de ser garante de seguridad para convertirse en cómplice por omisión, por negligencia, por indiferencia. Flores lo explica sencillo, pero la simplicidad de su denuncia encierra toda la complejidad del fracaso institucional: «La federación no puede lavarse las manos echándole la culpa a los estados. La delincuencia organizada es competencia federal y tienen que actuar».

Pero México es el país donde los gobiernos siempre encuentran razones para no actuar. La Fiscalía argumenta que necesita denuncias formales para iniciar carpetas de investigación. Las familias responden que denunciar es ponerse en peligro, es exponerse a la violencia del crimen organizado, protegido por autoridades corruptas. La paradoja es brutal: se exige que las víctimas, ya violentadas, vulnerables, amenazadas, sean quienes se arriesguen aún más para hacer el trabajo que el Estado rechaza.

La negativa oficial sobre los hornos de Teuchitlán no solo busca invisibilizar la tragedia, sino evitar las consecuencias internacionales que podría acarrear el reconocimiento de un crimen que claramente constituye una violación masiva de derechos humanos. Flores apunta hacia organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, advirtiendo que esta crisis, de ocurrir en cualquier país europeo, sería inmediatamente calificada como una emergencia global. Pero ocurre en México, donde los muertos pesan menos, donde los desaparecidos son culpables antes que víctimas.

La negación no es solo federal, es también local. Enrique Alfaro, gobernador saliente de Jalisco, dejó en herencia un récord macabro: pasó de 5,000 a más de 15,000 desaparecidos durante su mandato. Colectivos como «Por Amor a Ellxs» recuerdan cómo Alfaro prometió diálogo y puertas abiertas, pero solo entregó indiferencia y abandono. María del Refugio Torres resume así el gobierno de Alfaro: «ineficaz, lleno de omisiones y deficiencias».

Ahora la responsabilidad recae en Pablo Lemus, sucesor político que, al parecer, ante esta prueba está actuando a destiempo. En reuniones en noviembre del año pasado, previas a la toma de poder, Salvador Zamora, quien ahora es secretario general de Gobierno, asistió solo para sacarse la foto. No escuchó, no conversó, no actuó, en esta crisis, no ha aparecido.

La crisis institucional no se detiene en el Ejecutivo. Jonathan Ávila, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), denunciaba al finalizar la administración de Enrique Alfaro que no había ni siquiera un programa estatal de búsqueda en Jalisco y que el rezago en el Servicio Médico Forense alcanzaba niveles vergonzosos: más de 9,400 cuerpos sin identificar.

Mientras las autoridades siguen negando la realidad, las familias se organizan y protestan. Este sábado pasado, frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, más de dos mil personas gritaron consignas claras y dolorosas: «El Estado sí sabía, Alfaro sí sabía». Lo sabían porque es imposible no saberlo, porque los campos del horror no nacen en secreto sino bajo el amparo de complicidades. Daniela Gómez, quien busca a su hermano desaparecido, resume el sentimiento común: «No es posible que haya más de 18,000 desaparecidos y solamente seis buscadores en el gobierno».

La vigilia del sábado fue otra demostración del dolor transformado en resistencia. Héctor Águila Carvajal, padre de otro desaparecido, pidió unidad: «Sigamos uniendo fuerzas, el dolor no cesa». Y no cesa porque la respuesta oficial sigue siendo mínima, burocrática, cínica.

Y lo de que Teuchitlán no se trata de un caso aislado. La lista de sitios donde se repite la tragedia es dolorosamente extensa: desde la macabra «Gallera» en Veracruz hasta los cuerpos disueltos en ácido por el infame «Pozolero» de Tijuana, pasando por la escalofriante cifra de restos en «La Bartolina», Tamaulipas. Un catálogo infernal de barbaries toleradas, acaso protegidas, por autoridades que prefieren mirar hacia otro lado.

Esta crisis no puede seguir siendo escondida bajo excusas burocráticas ni minimizada con comunicados oficiales. Los colectivos lo denuncian: Teuchitlán no es un caso aislado, sino un símbolo más de la impunidad institucionalizada. Héctor Flores alerta sobre al menos seis puntos más similares en Jalisco, que nadie quiere investigar porque nadie quiere reconocer lo evidente.

Desde Madrid hasta Nueva York, mexicanos en el exilio exigen lo básico: reconocer el término «sitios de exterminio», proteger efectivamente a las buscadoras, garantizar justicia y reparación. Es un grito desesperado, es una demanda urgente, y es, sobre todo, una advertencia: la negación no borrará los muertos, solo prolongará el sufrimiento.

Negar lo evidente es una forma más de violencia. México merece más que excusas. Las víctimas merecen más que palabras. Y la justicia, que debería ser obvia, hoy parece un privilegio inalcanzable.

En X @DEPACHECOS