NACIONALES
Seguridad y riesgos, ¿escenarios previos para el 2024?
Opinión, por Ramiro Escoto Ratkovich //
Luis Donaldo Colosio fue asesinado cuando era candidato a la presidencia de la República, luego de ese acontecimiento, el país vivió una ola de homicidios de personajes de la política, específicamente del PRI, como lo fueron los hermanos Ruiz Massieu; antes, también Manuel J. Clouthier habría fallecido en un accidente por demás extraño cuando su camioneta chocó de frente en un tramo carretero en contra de un viejo camión.
Tenemos memoria corta, y se nos olvida que también en tiempos electorales, candidatos a diputados y presidentes municipales han sido asesinados en cada periodo electoral, y en algunos casos se ha vinculado a proceso como autores intelectuales a compañeros de su partido e incluso adversarios, y pareciera que, eliminar al enemigo de esa forma advierte que se cambia la historia en la votación.
La semana pasada lo que ocurrió en Ecuador y el modus operandi pareciera tener similitudes con un homicidio donde hubo coincidencias con el magnicidio de Colosio. De principio, las declaraciones hechas por Fernando Villavicencio días atrás, señalaba un constante asedio de amenazas de un grupo delincuencial ligado al narcotráfico, el gobierno hizo caso omiso de las denuncias hechas para perseguir y detener la ola de violencia provocada por los señalados, y tras el término de un acto de campaña, Villavicencio fue asesinado al interior de su camioneta justo cuando la abordaba.
Su esposa, horas más tarde, habría dado una declaración fría y lacerante en contra del equipo de seguridad del propio candidato, dijo que, en ese acto, la seguridad actuó mal en todo, que Villavicencio tendría que haber salido por el estacionamiento y no por la puerta frontal del auditorio, que tendría que subirse a una camioneta blindada y no a una común a la que le pidieron meterse. Durante el tiroteo un sujeto había sido llevado a la fiscalía en calidad de detenido, pero un reportero que se encontraba ahí vio como mataron al presunto involucrado, para luego, la institución de seguridad emitir un comunicado donde advertían de que iniciarán una investigación para aclarar la muerte de ese detenido, ¿algo parecido con la historia de Lee Harvey Oswald?.
En ese suceso hubo además 9 personas lesionadas que viajaban en la comitiva de Villavicencio, y en la confusión, la banda que habría perpetrado el asesinato lanzó una granada para generar aún mas daño, pero ésta no explotó afortunadamente. La policía detuvo a 6 presuntos involucrados, de origen venezolano y colombiano, por cierto, pero hasta ahora, ninguno de los elementos de seguridad del candidato fallecido ha sido detenido por el hecho, al evidenciarse varias fallas en su actuar.
En México, como escribo arriba, no estamos exentos a estar en un clima similar en materia de violencia, los homicidios están al alza, y entraremos a una etapa electoral muy densa y polarizada. Hace unos días una persona en estado de ebriedad, pero viralizado en redes sociales, amenazó de muerte al presidente López Obrador, los cibernautas lo apodaron: Lord Lomas. El tema es que como este personaje existen también fanáticos que llenos de odio estarían dispuestos a matar en la primera oportunidad y eso representa un peligro que estoy seguro están revisando los que hoy están contendiendo para aparecer en la boleta, y es que estamos hablando el poder, de lo que se juega en el 2024 y que eso para algunos advierte en el escenario de Matar o Morir de manera figurada pero para muchos una situación que tendrá escenas de violencia.
Ya no existe el CISEN, tampoco el estado mayor presidencial que tenía esas funciones de investigar, advertir y en su caso resguardar a los funcionarios y candidatos. Hoy por ejemplo sabemos del miedo que existe en la seguridad del primer mandatario, donde se le veía saludando a la gente a las afueras de palacio nacional, o en los eventos masivos donde solía ir.
Hoy, quienes queden de candidatos a cualquier puesto de elección popular deben tomar en cuenta primero que nada la seguridad de ellos mismos y de los suyos ante lo que existe y se ha advertido. El 2024 será un año difícil y un reto en las estrategias políticas de México.
– Por José Modesto Barros Romo, Conciencia Pública
El internet de ultra velocidad ya no es un asunto de ciencia ficción, sino un campo estratégico donde las potencias tecnológicas definen su hegemonía. Japón, China y, en menor medida, México, han roto en este año barreras históricas de transmisión de datos, cada uno desde trincheras distintas, pero con un objetivo común: asegurar ventajas en la economía digital del siglo XXI.
Japón sorprendió al mundo al anunciar que sus científicos del Instituto Nacional de Información y Comunicaciones Tecnológicas (NICT) lograron transmitir datos a 1.02 petabits por segundo a través de fibra óptica.
Se trata de un récord mundial que equivale a descargar en un segundo la información de más de 10 millones de videos en alta definición, el equivalente a todo el catálogo de Netflix en un solo segundo.
Más allá de la hazaña técnica, el logro japonés envía un mensaje claro: su apuesta es consolidar infraestructuras terrestres estables y de larga distancia, con la mira puesta en mantener la competitividad industrial frente a China, Estados Unidos y Europa.
El gigante asiático, por su parte, libra otra batalla: el dominio del espacio inalámbrico. China Mobile reveló que en una red experimental de 6G alcanzó velocidades de 280 gigabits por segundo, descargando un archivo de 50 GB (unas 25 películas de mediana calidad) en apenas 1.4 segundos.
A esto se suman proyectos universitarios que exploran transmisiones en frecuencias en terahercios y enlaces satelitales de 100 Gbps, tecnologías que se perfilan como piezas centrales en la construcción de un ecosistema digital global, donde China pretende marcar la pauta a la espera lanzar comercialmente las redes 6G para el año 2030 en todo su territorio.
La estrategia china es evidente: no se conforma con desplegar infraestructura terrestre, busca liderar el futuro de las comunicaciones en el espacio y en el aire, donde se definirá el control de datos y, con ello, el poder geopolítico. De ahí que los experimentos en 6G no solo representen avances científicos, sino una carta de presentación en la carrera tecnológica frente a los estadounidenses, japoneses y los europeos.
México, en contraste, aparece con un logro más modesto pero simbólico. El año pasado la empresa Megacable, en alianza con Nokia, alcanzó 1.1 terabits por segundo en pruebas de fibra óptica de larga distancia.
No es un récord mundial ni una revolución en telecomunicaciones (aunque sí es un hito a nivel Latinoamérica, equivalente a descargar un videojuego como Call of Duty: Modern Warfare III en un segundo). Esta es una señal de que nuestro país busca modernizar su infraestructura digital con miras a los próximos años.
El reto está en si estos avances se traducirán en beneficios reales para los ciudadanos o quedarán como demostraciones técnicas en un país donde millones aún carecen de acceso a internet estable.
La comparación es reveladora: mientras Japón apuesta por la perfección de la fibra, China por la supremacía inalámbrica y espacial, México apenas intenta ponerse al día. El dilema nacional es mayúsculo: ¿apostar por ser solo consumidores de tecnologías extranjeras o trazar un plan estratégico que coloque a la región en la disputa global por la soberanía digital?
Lo cierto es que el internet del futuro no será solo más rápido; también será la nueva frontera de poder. Quien controle las redes de transmisión controlará la información, la seguridad nacional y el desarrollo económico. Japón y China ya están en esa carrera. México, como suele ocurrir, observa desde la periferia.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció su intención de imponer un arancel del 50 por ciento a los automóviles importados de países asiáticos sin tratados de libre comercio, como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
La medida, que representa un salto desde el 20 por ciento actual, busca frenar la entrada masiva de vehículos de bajo costo que, según autoridades federales, ponen en riesgo la competitividad de la industria automotriz nacional.
El anuncio forma parte de un paquete de reformas arancelarias que pretende abarcar importaciones por alrededor de 52 mil millones de dólares.
Además de los automóviles, se contempla aplicar nuevos gravámenes de entre el 10 y 50 por ciento a productos como acero, textiles, motocicletas y juguetes. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estrategia busca proteger más de 325 mil empleos vinculados directamente con el sector automotriz y manufacturero en el país.
La iniciativa surge en un contexto de presiones internacionales. Estados Unidos ha insistido en que México reduzca su dependencia comercial de China, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Washington considera que el ingreso creciente de autos eléctricos chinos, ensamblados a precios muy por debajo del mercado, amenaza con desestabilizar la cadena de valor regional que sostiene al acuerdo trilateral.
El Gobierno de México justifica la medida en el terreno de la defensa comercial, argumentando que los vehículos provenientes de Asia están siendo vendidos por debajo de los precios de referencia, lo cual constituye una práctica desleal.
El arancel del 50 por ciento es el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y colocaría a México como uno de los países más restrictivos frente a las importaciones automotrices chinas.
No obstante, la propuesta aún debe pasar por el Congreso de la Unión, donde se espera un intenso debate entre los defensores de la industria nacional y quienes advierten que un aumento de esta magnitud podría repercutir en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.
Aunque el partido en el poder cuenta con mayoría, especialistas prevén que habrá presiones de distintos sectores empresariales antes de que se concrete la votación.
De aprobarse, los nuevos aranceles modificarían de manera sustancial el mercado automotriz en México, elevando los precios de las marcas asiáticas y obligando a las armadoras a replantear sus estrategias de inversión y distribución.
Para el gobierno, se trata de una medida necesaria para proteger a la industria nacional; para los críticos, una apuesta arriesgada que podría tener costos económicos y políticos de gran alcance.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
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