NACIONALES
Será consorcio
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El presidencialismo imperante desde el primer tercio del siglo XX nos ha impuesto una visión estereotipada del ejercicio del poder presidencial, especialmente tratándose de la transmisión de poderes sexenal. Se espera que el presidente entrante marque su distancia respecto a su predecesor y aplique el principio de que el poder no se comparte.
Puede ser que esta vez suceda algo diferente. Por primera vez desde la alternancia, la sucesión se da a favor de un proyecto cuyo autor tiene un concepto patrimonial y difícilmente se alejará de la paternidad y conducción del mismo.
Ha sido explícito en sus señales, un abrazo y un beso a la presidenta electa, más la invitación a hacer un recorrido juntos por algunos estados lleva un doble propósito; mostrar que quien la hizo presidenta fue él y que es a él a quien quieren. La electa no dio muestras de incomodidad, ni con el afectuoso y desproporcionado apapacho, ni con la gira, tan solo un tímido reflejo al no aceptar volar juntos, creo más por seguridad que por deseo de no hacerlo. Sería inimaginable el caos, si en un accidente perecieran ambos presidentes.
Otra señal es el empecinamiento porque la reforma al poder judicial salga en el mes de septiembre. No hay ningún motivo para la prisa, salvo la culminación de la venganza presidencial contra el poder judicial que obstaculizó, con la ley en la mano, sus decisiones autoritarias para que las obras emblemáticas se hicieran sin respeto a normatividad alguna. La electa no solo asiente sobre el propósito sino que lo hace suyo, ya sea por concesión o por convicción, como quiere que se crea.
Ante esto no queda duda de que quien manda es el actual presidente, sin embargo la duda persiste para después de octubre. Hay quienes afirman que una vez en el poder, la electa impondrá su sello y gobernará diferente, pero personalmente difiero.
Quienes esperan que, el ejercicio patrimonialista del poder la llevará a romper radicalmente con su antecesor, pueden estar cometiendo el error de dar lo supuesto por averiguado al pensar que en la transición habrá el rompimiento que fuera común en administraciones anteriores.
Nada hay que lo suponga más que los antecedentes y el criterio generalizado de marcar la autoridad e independencia del entrante, pero no hay una lógica que lo recomiende o lo indique. Cuál sería la lógica que aconsejara a la presidenta entrante el marcar diferencia y romper con la administración saliente, si son sus políticas y acciones las que le dan el soporte social, particularmente cuando se sabe que la votación que le ganó la presidencia responde a eso y no a su carisma o propuesta particular, que no la hubo.
Carente de base social propia, tendría que legitimarse por la apropiación de programas que ya tienen un sello personalizado, o como lo hiciera AMLO, transformarlos, maquillarlos para que se vuelvan suyos y eso lleva tiempo. Lo que se vislumbra en el horizonte cercano, es que no habrá el rompimiento que los opositores quisieran en el traspaso presidencial. No un maximato como tal, y sí, la operación de un consorcio entre el propietario de la base social y quien detenta el mando; un connubio conveniente para el proyecto que nadie ni nada los obliga a cambiar.
No es previsible una actitud hostil del presidente saliente si la sucesora no se aparta del proyecto, de lo contrario siempre tendrá la amenaza de soltar el tigre. Por ello y por la evidente, hasta ahora, identificación de ambos con el proyecto común, resulta difícil pensar en un rompimiento al iniciar el periodo de Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).
Para los observadores aún no queda claro cuál pueda ser ese proyecto al que se dice fiel CSP. La apuesta presumible del proyecto jamás expuesto, parece radicar en la ampliación de la base social, e incrementar la rectoría del estado para mantener al poder económico alejado del poder político. Hay coincidencia en el discurso y podrá variar el cómo hacerlo pero no la esencia.
Hasta ahora el método ha sido malo, como lo muestran los malos resultados de la administración. Si el consorcio insiste en dinamitar la estructura de impartición de justicia, en debilitar el equilibrio entre poderes y eliminar las entidades autónomas pueden venir condiciones que obliguen a rectificar
En la política mexicana nada es absoluto y esto podría cambiar después del segundo año, pero no se ve en el futuro inmediato una razón para ello, además del viejo concepto patrimonialista del poder. Más que un rompimiento es previsible un amigable consorcio, concertar ese connubio asomado en el apretado abrazo y beso presidencial, que fue más muestra de dominio que de afecto. El poder de la silla presidencial puede no ser suficiente para desarticular la estructura de poder más sólida que se haya construido desde el corporativismo priista. Ese se disciplinaba, éste lo dudo.
– Por Francisco Junco
En el histórico recinto legislativo de Palacio de Gobierno se llevó a cabo la toma de protesta de la primera dirigencia en Jalisco de la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Administración Pública y Ciencias Afines (ANDAPA), organización que busca fortalecer la profesionalización del servicio público en México y consolidar una red académica de especialistas comprometidos con el desarrollo institucional del país.
En el acto estuvieron como testigos de honor Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública y representante del gobernador Pablo Lemus Navarro; la diputada Martha Arizmendi, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y otras personalidades del ámbito político, académico, judicial y militar.
Al llegar su intervención, el expresidente municipal de Guadalajara, notario y jurista destacado, José Guillermo Vallarta Plata, recordó que el impulso para la creación de un doctorado en Administración Pública en Jalisco surgió “como un sueño quijotesco” del Instituto de Administración Pública estatal.
“Nos ilusionamos en crear un espacio donde la Administración Pública pudiera perfeccionarse mediante la profesionalización. Hoy tenemos diez generaciones con 94 egresados y 90 doctorantes en curso. Este esfuerzo no se debe quedar aquí: debemos desdoblarnos hacia los gobiernos municipales y estatales para ofrecer conocimiento y apoyo técnico”, expresó.
Por su parte, la doctora Idolina Cosío Gaona, secretaria general de la nueva asociación, destacó la relevancia de la participación femenina en los espacios de decisión pública. “Las mujeres aportamos perspectivas únicas que enriquecen el análisis y la toma de decisiones. Promover la profesionalización no es una cuestión ideológica, sino una estrategia práctica para optimizar la gestión del Estado. Invertir en la profesionalización es apostar por un gobierno más justo, eficiente y representativo”, afirmó.
El presidente nacional de ANDAPA, Alejandro Sierra Peón, subrayó que la asociación nace “para integrar a las mentes más brillantes y especializadas de México” y trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. “Impulsaremos la capacitación y certificación de nuestros miembros, promoveremos su participación en los debates nacionales y consolidaremos servicios de asesoría y gestoría especializada para fortalecer la administración pública del país”, señaló.
Sierra Peón destacó además que la ANDAPA desarrollará convenios con universidades y el Instituto Nacional de Administración Pública, con el fin de fortalecer la formación de nuevos cuadros técnicos y consolidar el servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). “Nuestra meta es clara: colocar al ciudadano y su bienestar en el centro de la gestión pública. Servir a Jalisco y servir a México es nuestro compromiso”, dijo ante un auditorio que aplaudió de pie su mensaje.
Los integrantes del presídium coincidieron en que la creación de esta asociación representa un paso decisivo hacia la modernización del Estado mexicano. “Estamos ofreciendo al gobernador y a los 125 alcaldes de Jalisco un colegio de profesionales serios, que piensan, que proponen y que tienen como objetivo a Jalisco y a México”, resumió Vallarta Plata.
– Por Mario Ávila
Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo a la Ley de Amparo, fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y con ello se cumple el requisito del Poder Ejecutivo de la promulgación, en donde además se señala expresamente que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigor mañana viernes 17 de octubre.
En las reformas legales aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, se incorporan nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.
También se incluye la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero; mientras que queda eliminado el tema polémico del artículo transitorio que habla de la retroactividad.
Así mismo, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, según se asienta en el nuevo marco normativo en el que se modificaron más de 30 artículos y se adicionaron disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para que las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.
Por otro lado, el nuevo Órgano de Administración Judicial contará con 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.
Según el decreto, para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.
– Por Mario Ávila
El Senado de la República entregó este jueves a la Secretaría de la Defensa Nacional 10 tráileres con víveres para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias, que se registraron en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que en el Campo Militar Número 1 se entregaron seis tráileres y cuatro más en el Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.
Además, dio a conocer que entre el domingo y el próximo lunes también se entregarán 80 mil despensas, que donaron senadores, trabajadores, personal del recinto parlamentario y ciudadanos, en el centro de acopio de la Plaza Luis Pasteur.
Castillo Juárez hizo entrega de los víveres al coronel de infantería Álvaro Vázquez Zacarías, en el Campo Militar Número 1, acompañada de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat; de la secretaria de este órgano de dirección del Senado, Lizeth Sánchez García; y de los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena; así como de las senadoras Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, del PT.
La senadora precisó que este día se entregaron dos mil 300 garrafones de agua de cinco litros, 67 mil 750 botes de agua de un litro y medio, así como nueve mil 700 despensas, más las 80 mil despensas que se entregarán entre el domingo y lunes.
En entrevista previa, en las instalaciones del Senado, Castillo Juárez recordó que a las y los senadores se les hizo un planteamiento para que donen “una quincena” de sus ingresos; precisó que el tema se analiza a través del área administrativa.
“En general todos estamos de acuerdo, pero sabemos que puede haber algunas particularidades que respetamos”, señaló.
– Por Mario Ávila
Ante la inminente aprobación de una Reforma Electoral en los primeros meses del año entrante, casi un millar de trabajadores se han inscrito a un programa de retiro voluntario, mediante el que se garantiza un pago conforme a la ley, además de un estímulo.
Se trata de una verdadera desbandada, la que se vive al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de casi el 5% del total de la nómina, motivados por la incertidumbre que ha generado la próxima reforma electoral que plantea recortar el presupuesto del órgano autónomo.
De acuerdo con autoridades del propio Instituto, ya son 970 los empleados que iniciaron el proceso para dejar el INE, superando ampliamente las expectativas iniciales. Esto obligó a ampliar el plazo del programa de retiro voluntario y redoblar esfuerzos para revisar las solicitudes.
El programa ofrece liquidación conforme a ley y un estímulo adicional. Se destinó una bolsa de 100 millones de pesos, y tendrán prioridad quienes cuenten con mayor antigüedad, mínimo 10 años.
La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, advirtió que el esfuerzo administrativo para atender esta salida masiva será “mucho mayor al que esperábamos”.
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
Nace la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Administración Pública
Promulga Claudia Sheinbaum las reformas a la Ley de Amparo y entran en vigor mañana
Regresan a sus labores policías de La Huerta detenidos
