NACIONALES
Sistema de pensiones en las universidad públicas del país
Bioética, por Omar Becerra Partida //
Definimos a la Seguridad Social, como el derecho que tienen los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo, abarca las acciones de previsión social, salud social y ayuda social aunado a los principios de la bioética principialista, la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia.
Hacemos énfasis en esta definición de seguridad social por una problemática administrativa en las instituciones académicas de mayor renombre en país, distintos expertos en esta rama del derecho han opinado sobre este tema y nos dimos a la tarea de investigar un poco de la situación que acontece en la casa de estudios.
Según el Análisis situacional de las pensiones en las Universidades Públicas Estatales (UPES), 2000-2022 en México, al no existir ordenamientos generales que regulen la jubilación en las UPES, cada institución desarrolló su propio sistema, lo que para algunas se ha convertido en un problema de carácter financiero al traer como consecuencia pasivos por este concepto; mismo que se ha incrementado notablemente en el transcurso de los años recientes. Las UPES han presentado dificultades financieras para cumplir con sus objetivos y con sus compromisos contractuales
¿QUÉ ESTARÁ PASANDO EN LAS UPES?
Un Fideicomiso, desde los especialistas en derecho corporativo, es una figura jurídica con grandes beneficios, pero solo para empresas o particulares que lo ven con un fin de lucro, o determinado fin económico, claro está es una de las figuras jurídicas más rentables para el sistema bancario, según estudios del Mtro. César Uribe Vera, ex catedrático de la Universidad de Guadalajara y experto en la figura, en paz descanse.
Dentro del Fideicomiso también se puede manejar desde la previsión social, pero atendiendo a legislación vigente en materia de seguridad social.
Bióeticamente hablando la seguridad social es parte fundamental del bienestar social y para una vejez digna.
¿Pero un fin de lucro? ¿Un fin económico? ¿En seguridad social? Entendamos que la seguridad social tiene un fin paternalista en el que el estado cuida a su población brindándole servicios de salud y de varios tipos de pensiones.
Curiosamente la figura del fideicomiso en prevención social, tiende a tener muchos vacíos legales, sobre todo en tipos pensiones a los ascendientes, viudez, menores de edad, tutores y descendientes, digamos que no es tan completa como una AFORE.
Desde los orígenes de la seguridad social en el mundo, los grandes pensadores alemanes como Otón Bismarck considerado el padre de la seguridad social tiene un origen paternalista, en México, vivimos un mal sistema híbrido en cuestiones de seguridad social, copiado a Chile, reforma que por cierto fue aprobada en tan solo 3 semanas y Chile duró 32 años en perfeccionarlo, pero ese es otro tema.
Pero, ¿realmente un fideicomiso de prevención social es mejor que una AFORE?
Entendemos que el fideicomiso es un contrato mediante el cual una Persona Física o Moral transmite la titularidad de ciertos bienes y derechos a una institución fiduciaria, expresamente autorizada para fungir como tal.
Según el banco BANORTE:
El fideicomiso de previsión social es un fondo que se constituye por empresas privadas o dependencias y entidades del sector público a favor de sus empleados, como complemento a los planes que para tales efectos establecen las instituciones de Seguridad Social. Estos tipos de fideicomiso son:
Fondo de ahorro: Se constituye un fondo con aportaciones de la empresa y de los empleados cuyo fin principal es fomentar el ahorro y otorgamiento de préstamos a los trabajadores participantes.
Plan de pensiones: Las empresas constituyen una reserva para el pago de pensiones o jubilaciones del personal, complementaria a la que establecen las Afores y la Ley de Seguro Social, y cuyo principal objetivo es que los trabajadores cuenten con un patrimonio al momento de su retiro.
Deben estar complementados en un régimen Obligatorio del IMSS, preferentemente, y el sistema de pensiones de la casa de estudios dejó de pagar al IMSS, sólo constituyendo un fideicomiso.
Una AFORE significa según el gobierno federal es una Administradora de Fondos para el Retiro. Es una institución que se encarga de llevar a cabo la administración de fondos para el retiro de los trabajadores.
En unos años más, nos daremos cuenta si realmente podrá sostenerse como se espera por parte de las casas de estudios del país y sus trabajadores.
Las universidades públicas aún no terminan de definirse como una entidad pública o privada en el ámbito de la seguridad social y es que realmente no es una institución de seguridad social es un ente académico que debería regirse bajo las leyes mexicanas como todas las demás instituciones públicas y privadas de este país.
También, habría que definir la condición de los académicos y administrativos de las universidades, porque es su futuro laboral, y observar en qué condiciones se encuentran en este momento.
Tenemos muchas dudas sobre el tema; ¿tendría que regresar al IMSS, a un régimen obligatorio de pensiones? Y así complementar para una pensión digna para sus trabajadores o ¿que aporten más al fideicomiso de previsión los nuevos académicos? Dudas y más dudas, solo el tiempo lo dirá.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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