Socavar al Poder Judicial

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

La reforma judicial propuesta por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador preocupa de sobremanera en varios sectores del país, si bien es cierto que todo sistema es perfectible y que existe sin duda la necesidad de reformar en beneficio para la sociedad, el sistema de justicia, que además es un poder extremadamente caro, también lo es que el punto polémico de esta reforma de gran trascendencia está en la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) magistrados y jueces por voto popular, la cual apunta a la caída de la carrera judicial y deja abierta la puerta a que un ciudadano sin profesionalización judicial, acceda a un cargo que implica alta responsabilidad, el de juzgar e impartir justicia en los principios de independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y gratuidad.

En este sentido el Poder Judicial en México, desarrolla una de las tareas más importantes en la vida de un ciudadano que busca ejercer sus derechos o considera han sido violentados, la de impartir justicia resolviendo la controversia que surja entre particulares o el estado, bajo principios rectores de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Es un órgano encargado de proteger los derechos humanos internacionales y los consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que hace delicado que se nombre por elección popular a un juzgador, magistrado o ministro, podría resultar que sea solo popular favorablemente y no una persona de alta profesionalización judicial que cuente con la capacidad para ejercer un cargo de tan grande complejidad.

El problema de la elección popular es muy simple, se basa en que el pueblo prefiera, es este caso no es a quién lo represente como en el poder ejecutivo o legislativo, sino a quién le represente en lo judicial, lo que sin duda implica elegir a quién le favorecerá o simplemente le gustaría ver que desempeñe ese cargo, lo que resulta no sensato para ministros, magistrados y jueces, quiénes además para ser elegidos en una elección que muy probablemente vendrá impulsada por políticos, disfrazando que el pueblo resolvió, para poder poner el catálogo y les favorezca el encargo social de quién llegue a los puestos y cargos del poder judicial, la repercusión será en los sectores vulnerables del país y en politizar un poder que iba ganando independencia y cultivando profesionalización judicial en los últimos 20 años.

En este contexto y como activa usuaria del sistema judicial ejerciendo la abogacía, opino sobre lo que vivo todos los días y no puedo imaginar que un juez penal que tiene en su encargo y responsabilidad la valiosa libertad de las personas, sea un representante de la sociedad por elección popular y atienda sobre delitos, porque el pueblo bueno lo eligió para ejercerlo confiando en su criterio para impartir justicia y no en su profesionalización, capacidad y carrera judicial; muy delicado será porque de aprobarse el punto de la elección popular estaremos parados ante un retroceso de 50 años, donde el compadre del político, el apoyado por tal grupo de poder llegaba de manera directa al poder judicial a cuidar o generar intereses para quienes lo llevaron al puesto.

Por lo que esta reforma, en especial el tema de elección popular, en el fondo, apuesta a politizar y socavar la autonomía del poder judicial y pone en riesgo la división de poderes que marca la carta magna, sí ya tenemos congresos doblados por el ejecutivo entre mayorías o alianzas de bancas, ahora sigue doblegar al poder judicial para tener el poder de proponer al pueblo de manera indirecta candidatos a impartir la justicia que al final resultarán de las fuerzas políticas, matando uno de los grandes contrapesos frente a el absolutismo y el poder ilimitado, sin conceder que la totalidad de la reforma judicial sea perjudicial para el país, el punto que se debe analizar y discutir a fondo es la elección por voto popular y la renovación inmediata, esta última podría a su vez ser inconstitucional por ser reforma y por el principio constitucional de la retroactividad.

Dice un dicho: “piensa mal y acertarás”. Me parece que la reforma judicial propuesta y hoy muy discutida, tiene dos puntos medulares en los que el gobierno federal pretende debilitar son la SCJN y el Tribunal Electoral, la propuesta de la elección popular es la forma más efectiva de convencer al ciudadano que sabe poco de la división de poderes y del papel importantísimo que juegan en esta sociedad, el poder judicial es un valioso equilibrio para evitar que el poder absoluto se vuelva un dolor de cabeza nacional y no se pueda combatir; sin embargo, estamos ante una mayoría que cree firmemente en la palabra de los morenistas recién electos, esperemos que entonces la historia juzgue.