A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Sin lugar a duda, si hay algo innegable en nuestra sociedad, es la importancia que juegan los procesos electorales. En primera instancia, estos juegan un papel fundamental debido a que son la esencia de la democracia participativa que rige a nuestro sistema de participación ciudadana en el cual, el centro son las personas.

Por otro lado, estos son fundamentales para nuestra sociedad ya que sin importar las simpatías o las fobias que podamos tener y/o albergar, estos son, para bien o para mal, uno de los pocos momentos y espacios en los que los ciudadanos no solo tenemos la oportunidad de escuchar las propuestas de quienes aspiran a liderar el futuro de nuestro país, sino que también son el espacio idóneo para cuestionar, externar y formular preguntas de relevancia nacional y de interés público.

En ese contexto, a raíz de los dos primeros debates presidenciales, una de las preguntas que ha surgido con mucha fuerza entre la audiencia de esta fiesta electoral, es la relacionada a la necesidad de una reforma fiscal como el pilar de la lucha contra la desigualdad en nuestro país.

No obstante, si bien es cierto que la lucha contra la desigualdad es probablemente una de las deudas más grandes que tenemos como nación ya que esta atañe uno de los temas más sensibles de nuestro país como lo es la pobreza en todas sus expresiones, la falta de oportunidades educativas y laborales, y la falta de acceso de muchas regiones del país a servicios públicos de vital importancia, tampoco podemos perder de vista que la necesidad de hablar de una reforma fiscal no solamente responde a un contexto nacional, sino que también responde a un contexto internacional.

Por esta razón, abordar un tema de esta naturaleza implica no solo estar a la altura de las necesidades de nuestro país, sino también, a la altura de un contexto global que día con día nos pone de frente nuevos retos y nuevas crisis tanto políticas, sanitarias y económicas.

En el caso económico, actualmente la economía global atraviesa por una etapa de desaceleración y mayor endeudamiento tanto público como privado, mismo que se agravó con mayor intensidad durante la pandemia, etapa de la historia de la humanidad en la que la brecha de desigualdad se amplió considerablemente.

En ese orden de ideas, nuestro país no está exento de las consecuencias de esa desaceleración, por ende, se requiere de acciones que logren dar impulso al crecimiento, pero que, al mismo tiempo, atiendan a las necesidades de la sociedad, es decir, impulsar cambios sustanciales con perspectiva social. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que para lograr estos tan anhelados cambios sustanciales, se requiere de recursos.

Derivado de lo anterior, cobra relevancia que en los últimos años, la política fiscal en México ha sido poco efectiva para disminuir las desigualdades en la distribución del ingreso. De hecho, de acuerdo con la OCDE, México reduce el índice de Gini (medida de concentración del ingreso que toma valores entre cero y uno) en 0.02 puntos en cuanto a la implementación de la política fiscal, lo que nos ubica como el país con menor incidencia fiscal dentro de dicha organización.

Por esta razón, es inconcuso que, en el contexto nacional y global actual, una reforma fiscal que eleve la progresividad de los impuestos y el gasto público es necesaria para reducir desigualdades y para propiciar un crecimiento económico más incluyente.

Al respecto, cobra relevancia lo postulado por el politólogo Herman Heller, quien señaló que el espacio fiscal constituye la capacidad del gobierno para proveer recursos financieros destinados a un propósito determinado sin comprometer la salud financiera del Estado, ni mucho menos, la estabilidad económica del país.

Y tomando en consideración el contexto actual de nuestro país, es necesario comenzar a destinar nuevos recursos a los siguientes sectores prioritarios: a) educación: para garantizar la educación superior gratuita y obligatoria e incrementar la cobertura educativa en todos los niveles; b) salud: para garantizar servicios médicos de calidad y acceso universal a estos servicios; c) seguridad: para ejercer con mayor eficiencia el uso de recursos para así obtener los resultados esperados del modelo de seguridad pública; d) seguridad hídrica: esto para garantizar un acceso universal real a este servicio de primera necesidad cuya ausencia en algunos hogares del país aumenta la brecha de desigualdad.

Como podemos observarlo, en el panorama actual de México la discusión sobre la reforma fiscal se erige como una necesidad apremiante, enraizada en las realidades económicas tanto a nivel nacional como global. La persistencia de desigualdades socioeconómicas clama por soluciones audaces y efectivas que solo una reforma fiscal integral puede proporcionar.

En esa tesitura, el corazón de esta reforma no solo yace en el incremento de la progresividad de los impuestos y el gasto público, sino también en su capacidad de redirigir los recursos hacia áreas críticas que impulsan el desarrollo humano y económico. La educación, la salud, la seguridad y la seguridad hídrica son pilares fundamentales que requieren inversión sostenida para construir una sociedad más justa y equitativa.

Al margen de lo anterior, la importancia de esta reforma va más allá de las cifras y los indicadores económicos. Se trata de un compromiso moral con las generaciones presentes y futuras. Una reforma fiscal bien diseñada y ejecutada no solo promueve un crecimiento económico inclusivo y sostenible, sino que también fomenta la cohesión social y el bienestar general.

Por lo tanto, la implementación de una reforma fiscal integral no puede ser postergada ni ignorada. Es una responsabilidad política ineludible, sí, pero también representa un imperativo moral. Es el camino hacia un futuro próspero y equitativo para todos los mexicanos, un futuro en el que las oportunidades no estén limitadas por la condición socioeconómica, sino que sean accesibles para cada individuo, sin importar su origen o circunstancias. Es hora de actuar con decisión y visión, para construir un México más justo, próspero y equitativo para todos.