Teocaltiche: Normalidad institucional

Opinión, por Iván Arrazola //

Teocaltiche, Jalisco, es uno de los municipios que, a simple vista, parecen disfrutar de una calma aparente. Sin embargo, las noticias revelan que esa serenidad oculta el dominio del crimen organizado, evidenciando una profunda presencia del narcotráfico en la zona de los Altos de Jalisco Norte.

El descubrimiento de equipos de videovigilancia en el municipio, destinados a monitorear diversos puntos de la ciudad mediante cámaras urbanas y sistemas de circuito cerrado, operados por el comisario —según indicó el gobernador— parece evidenciar el alcance del poder del crimen organizado en la región. Sin embargo, esta aparente calma se ve interrumpida por el anuncio de la desaparición de ocho policías y, de forma aún más trágica, por el hallazgo de restos de al menos cuatro de ellos, cuyas identidades ya han sido confirmadas por sus familiares.

Quizás por ello, las autoridades estatales pretenden actuar sobre el sector más visible: la policía encargada de custodiar el municipio. Esa es su estrategia principal, investigar a los agentes responsables de garantizar la seguridad de los pobladores, ya que la desaparición de dichos efectivos parece haber tomado por sorpresa a las autoridades.

La propuesta de desarmar a los policías municipales y dejar que sean las autoridades federales y estatales quienes patrullen las calles armadas, mientras se intenta recuperar la confianza en los cuerpos policiales locales, es, en el mejor de los casos, insuficiente.

Además, esta medida pone de manifiesto la vulnerabilidad y la falta de autoridad efectiva en los niveles municipales. Los municipios, en calidad de eslabón más débil del Estado, han sido sistemáticamente abandonados a su suerte por las autoridades estatales y federales.

Aunque la reacción gubernamental ante los lamentables acontecimientos pueda generar expectativas, lo más probable es que, una vez pasada la conmoción, todo retorne a la normalidad. Sin embargo, lo que quedará claro una vez más es que los municipios operan con recursos limitados: unos pocos policías y autoridades locales que, ante la supremacía del crimen organizado en sus territorios, se ven desbordados y sin capacidad real de acción.

Este escenario apenas refleja la magnitud de la crisis de seguridad que enfrenta el país. Cuando nuestros vecinos del norte afirman que en México existe un narco gobierno, siempre hay reacciones a nivel federal, que insisten en que eso es cosa del pasado. García Luna ya está en la cárcel y Calderón fuera del gobierno. Las autoridades estatales parecen convertirse en simples espectadores ante esta realidad, tal vez porque, aunque se niegue, saben que lo que dice Estados Unidos es cierto.

Por otro lado, la nueva estrategia federal de seguridad parece estar en manos de una de las personas en las que más confía la presidenta Sheinbaum: García Harfuch, quien ha prometido que ya no habrá abrazos para los delincuentes. Sin embargo, ha dejado claro que el problema no se resolverá de la noche a la mañana. A pesar de ello, el secretario de Seguridad aún es incapaz de señalar cuánto tiempo tomará ver resultados palpables de la nueva estrategia, y mucho menos qué se espera lograr con las medidas implementadas.

Pero quizás lo más cuestionable de esta estrategia tiene que ver con el enfoque para los estados. La presidenta afirmó que los gobernadores deben ser corresponsables en la implementación de la estrategia, mientras que el secretario García Harfuch insiste en la importancia de la coordinación, aunque no aclara qué entiende exactamente por ella. Lo que se repite constantemente en diversos foros es que los gobernadores deben acudir a las mesas de seguridad en sus estados, pero si esa es la estrategia, podrán reunirse todos los días, aunque eso por sí solo no traerá resultados.

Lo único que queda claro, tanto a nivel estatal como federal, es que la estrategia de los gobiernos es meramente reactiva; se limita a apagar fuegos donde surge un foco de violencia, pero se hace poco o nada para evitar que estos incidentes se repitan.

La normalidad institucional se ha instalado en el país, con gobiernos que aparentan abordar el problema sin contar con una estrategia clara. Su apuesta parece recaer en el tiempo, esperando que este calme a la opinión pública y que el tema deje de estar en los medios. Cuando surja un nuevo escándalo, ya conocen la fórmula: intervenir a la policía, enviar más efectivos para la vigilancia y esperar la próxima tragedia. En esencia, se trata de dejar pasar los hechos sin lograr un cambio real.