NACIONALES
Transparencia antifederalista
Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
“Transparencia para el pueblo”, es el nombre del nuevo órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Ejecutivo Federal, que asumirá muchas atribuciones del actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que, por su naturaleza y origen, se asemeja mucho a una especie de ente creado por el doctor Frankenstein.
Está hecho con los restos de los cadáveres del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), del ya referido INAI y del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), aunque también tiene sus semejanzas con el Caballo de Troya.
En primer lugar, al igual que el entonces IFAI, por su naturaleza de desconcentrado, carece de atribuciones respecto del Poder Legislativo y el Poder Judicial; y -evidentemente- tampoco las tiene respecto de organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral, ni tampoco respecto de partidos políticos o sindicatos públicos, entre otros, quienes dependerán de otros entes o sus propias contralorías para tutelar el derecho de acceso a la información.
Irónicamente y, en razón de esa misma naturaleza tan limitada, muchísimo menos podría o debiera tener atribuciones respecto de las resoluciones emitidas por las autoridades garantes locales de las entidades federativas, pero en una evidente violación a la soberanía de los estados, se le están dando estas facultades notoriamente inconstitucionales, ya que es completamente antifederalista y nada ortodoxo que un simple órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo Federal, pueda estar requiriendo información y hasta sancionando a gobernadoras y gobernadores, y presidentas y presidentes municipales de todo el país.
Basta recordar que cuando se reformaron los artículos 6 y 116 de la Constitución Federal en materia de transparencia y derecho a la información en el año 2014, se partió de la premisa de que era imposible que el entonces IFAI revisara las resoluciones de los institutos o consejos locales de transparencia de las entidades federativas, justamente debido a su naturaleza administrativa vinculada directamente con el Poder Ejecutivo Federal, razón por la cual, con un libro de Fundamentos del Derecho Constitucional en la mano, se concluyó que la única forma en que ello era posible sería a través de la creación de un organismo constitucional autónomo nacional.
Sin embargo, 11 años después de aquella reforma, parecen haber olvidado esos principios básicos del constitucionalismo mexicano.
Cabe señalar que las facultades inconstitucionales de este desconcentrado se le están dando bajo la condición de que estén vinculadas con solicitudes de información concernientes a recursos públicos federales, sin embargo, dicha premisa es completamente inconsistente e injustificada para dotarle de dichas facultades.
No se justifica en primer lugar, porque bajo esa misma premisa podría también tener facultades respecto de cualquier otro poder federal (pues funcionan solo con ese tipo de recursos); y, en segundo lugar, porque la mayoría de los recursos públicos que se ejercen en las entidades federativas y los municipios tienen origen de carácter federal por el pacto fiscal que existe y, además, en sus presupuestos de egresos no se suele identificar el origen del recurso, por lo que casi todas las funciones que ejercen podrían vincularse con algún recurso público federal.
Por si fuera poco, en la fracción XIV del artículo 25 de la nueva Ley General de Transparencia, se le están dando atribuciones al nuevo «Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública» para emitir los Acuerdos que «autoricen y legitimen» (sic) a «Transparencia para el Pueblo» para resolver los recursos de inconformidad que interpongan las personas particulares en contra de todas las resoluciones de las contralorías estatales, sin importar si están vinculadas o no con el ejercicio de recursos federales, como si fuera posible “legitimar” un esquema profundamente inconstitucional y anti federalista.
Otro problema importante es que será un desconcentrado unipersonal, por lo que en lugar de que exista un órgano colegiado que delibere públicamente el sentido y los motivos de sus resoluciones, todas las decisiones las tomará en una oficina y unilateralmente una sola persona que será designada directamente por la Presidenta de la República, sin establecerse algún candado respecto del perfil mínimo que deba de cubrir dicha persona, cuya responsabilidad y atribuciones serán gigantescas y cuasi inquisidoras.
En conclusión, me parece que esta propuesta es un verdadero Caballo de Troya, un aparente “regalo para el pueblo” que en realidad está concediendo atribuciones inconstitucionales (incluso a la luz de la más reciente reforma al artículo 116 constitucional), a un simple órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que por conducto de la persona que lo presida, el Poder Ejecutivo Federal pueda supervisar, vigilar, requerir e, incluso, sancionar a cualquier gobernadora, gobernador, alcaldesa o alcalde del país que se niegue a entregar información, aunque ésta haya sido debidamente clasificada, en una evidente invasión de competencias, que podría significar el principio del fin de la poca soberanía federalista y autonomía municipal que aún nos queda.
– Por Mario Ávila
Con un acto en el Monumento a la Revolución y una caminata hacia la glorieta del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (CDMX), los miembros del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, festejaron lo que llaman un relanzamiento de su partido.
El PAN ha puesto punto final a las alianzas político-electorales, como las que han hecho en los últimos años con el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Ello luego de que también se hizo público el cambio al logotipo del partido de derechas.
En un acto donde incluso estuvieron como testigos el perredista Jesús Zambrano y el priista Enrique de la Madrid, lo mismo que Claudio X. González, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, planteó con mucha energía que: “El futuro de Acción Nacional, no depende, ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura; esta es la era en que los panistas le apostamos todo al PAN, donde toda nuestra energía, toda nuestra alma y espíritu, los usaremos para lograr que la gente vuelva a confiar en Acción Nacional”.
«Porque hace 86 años -dijo-, no nacimos para ver con quién nos aliábamos, nacimos para hacer nuestra propia opción democrática y cumpliremos con ese mandato fundacional y lo digo, esta decisión es por mucho la que pide no solamente una inmensa mayoría panistas, esta es una decisión que pide la inmensa mayoría de votantes en este país».
«Y lo decimos también claro, no nos pelearemos con nadie, no somos tan ingenuos, eso es precisamente lo que quiere y busca el régimen, pero el PAN pone punto final a una era y hoy se apuesta solopor el PAN», dijo.
«Ninguna sigla -abundó-, se antepondrá a las nuestras hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas nuestro color y nuestro partido. La alianza que sí tendremos, la que más definirá nuestro destino, es la que tendremos con los auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón de este país, en cada estado, en cada municipio, con liderazgos panistas o no, con los que juntos recuperaremos el sendero del triunfo y les quitaremos las mayorías artificiales a este oficialismo».
En su discurso pronunciado con vehemencia, Jorge Romero aseguró que el relanzamiento de su partido, gira en torno al concepto más importante, que es un nuevo relevo generacional.
También reveló algunas de las estrategias que utilizarán en lo subsecuente para enfrentar el gobierno de Claudia Sheinbaum “y será usar sus mismas frases, como ‘la mafia del poder’, como un espejo donde se vean reflejados y que no quieran ni siquiera voltear a ver”.
A la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a todos los que la rodean, Romero Herrera les mandó un mensaje: “Hoy se lo decimos, en todos los países del mundo se dialoga entre fuerzas políticas, se caigan bien o se caigan mal, da igual”.
NACIONALES
Aprueba el Congreso al gobierno de Sheinbaum ingresos por 10.1 billones de pesos para el 2026
– Por Mario Ávila
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, y en lo particular con cambios, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, que proyecta percibir 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp), es decir 891 mil 667 mdp más que el estimado para 2025.
El documento fue avalado en lo particular con 352 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, y se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La legislación forma parte del Paquete Económico remitido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Del monto total considerado como ingreso del año venidero, 5 billones 838 mil 541.1 mdp corresponden a impuestos; 641 mil 782.1 mdp a cuotas y aportaciones de seguridad social; 39.6 mdp a contribuciones de mejoras; 157 mil 081.7 mdp a derechos; 16 mil 488.3 mdp a productos; 203 mil 520.5 mdp para aprovechamientos; 1 billón 630 mil 973.6 mdp a ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos; 232 mil 630.4 mdp a transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y un billón 472 mil 626.4 mdp a ingresos derivados de financiamientos.
También, derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2026, se proyecta una recaudación federal participable por 5 billones 339 mil 634 millones de pesos.
Menciona que el Ejecutivo Federal podrá contratar y ejercer créditos, empréstitos otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores y para el financiamiento del PEF 2026, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por un billón 780 mil mdp.
Autoriza al Ejecutivo Federal mediante las referidas formas de ejercicio del crédito público, para obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares (mdd).
– Por Francisco Junco
En el histórico recinto legislativo de Palacio de Gobierno se llevó a cabo la toma de protesta de la primera dirigencia en Jalisco de la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Administración Pública y Ciencias Afines (ANDAPA), organización que busca fortalecer la profesionalización del servicio público en México y consolidar una red académica de especialistas comprometidos con el desarrollo institucional del país.
En el acto estuvieron como testigos de honor Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública y representante del gobernador Pablo Lemus Navarro; la diputada Martha Arizmendi, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y otras personalidades del ámbito político, académico, judicial y militar.
Al llegar su intervención, el expresidente municipal de Guadalajara, notario y jurista destacado, José Guillermo Vallarta Plata, recordó que el impulso para la creación de un doctorado en Administración Pública en Jalisco surgió “como un sueño quijotesco” del Instituto de Administración Pública estatal.
“Nos ilusionamos en crear un espacio donde la Administración Pública pudiera perfeccionarse mediante la profesionalización. Hoy tenemos diez generaciones con 94 egresados y 90 doctorantes en curso. Este esfuerzo no se debe quedar aquí: debemos desdoblarnos hacia los gobiernos municipales y estatales para ofrecer conocimiento y apoyo técnico”, expresó.
Por su parte, la doctora Idolina Cosío Gaona, secretaria general de la nueva asociación, destacó la relevancia de la participación femenina en los espacios de decisión pública. “Las mujeres aportamos perspectivas únicas que enriquecen el análisis y la toma de decisiones. Promover la profesionalización no es una cuestión ideológica, sino una estrategia práctica para optimizar la gestión del Estado. Invertir en la profesionalización es apostar por un gobierno más justo, eficiente y representativo”, afirmó.
El presidente nacional de ANDAPA, Alejandro Sierra Peón, subrayó que la asociación nace “para integrar a las mentes más brillantes y especializadas de México” y trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. “Impulsaremos la capacitación y certificación de nuestros miembros, promoveremos su participación en los debates nacionales y consolidaremos servicios de asesoría y gestoría especializada para fortalecer la administración pública del país”, señaló.
Sierra Peón destacó además que la ANDAPA desarrollará convenios con universidades y el Instituto Nacional de Administración Pública, con el fin de fortalecer la formación de nuevos cuadros técnicos y consolidar el servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). “Nuestra meta es clara: colocar al ciudadano y su bienestar en el centro de la gestión pública. Servir a Jalisco y servir a México es nuestro compromiso”, dijo ante un auditorio que aplaudió de pie su mensaje.
Los integrantes del presídium coincidieron en que la creación de esta asociación representa un paso decisivo hacia la modernización del Estado mexicano. “Estamos ofreciendo al gobernador y a los 125 alcaldes de Jalisco un colegio de profesionales serios, que piensan, que proponen y que tienen como objetivo a Jalisco y a México”, resumió Vallarta Plata.
– Por Mario Ávila
Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo a la Ley de Amparo, fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y con ello se cumple el requisito del Poder Ejecutivo de la promulgación, en donde además se señala expresamente que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigor mañana viernes 17 de octubre.
En las reformas legales aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, se incorporan nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.
También se incluye la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero; mientras que queda eliminado el tema polémico del artículo transitorio que habla de la retroactividad.
Así mismo, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, según se asienta en el nuevo marco normativo en el que se modificaron más de 30 artículos y se adicionaron disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para que las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.
Por otro lado, el nuevo Órgano de Administración Judicial contará con 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.
Según el decreto, para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.
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