NACIONALES
Transparencia antifederalista
Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
“Transparencia para el pueblo”, es el nombre del nuevo órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Ejecutivo Federal, que asumirá muchas atribuciones del actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que, por su naturaleza y origen, se asemeja mucho a una especie de ente creado por el doctor Frankenstein.
Está hecho con los restos de los cadáveres del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), del ya referido INAI y del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), aunque también tiene sus semejanzas con el Caballo de Troya.
En primer lugar, al igual que el entonces IFAI, por su naturaleza de desconcentrado, carece de atribuciones respecto del Poder Legislativo y el Poder Judicial; y -evidentemente- tampoco las tiene respecto de organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral, ni tampoco respecto de partidos políticos o sindicatos públicos, entre otros, quienes dependerán de otros entes o sus propias contralorías para tutelar el derecho de acceso a la información.
Irónicamente y, en razón de esa misma naturaleza tan limitada, muchísimo menos podría o debiera tener atribuciones respecto de las resoluciones emitidas por las autoridades garantes locales de las entidades federativas, pero en una evidente violación a la soberanía de los estados, se le están dando estas facultades notoriamente inconstitucionales, ya que es completamente antifederalista y nada ortodoxo que un simple órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo Federal, pueda estar requiriendo información y hasta sancionando a gobernadoras y gobernadores, y presidentas y presidentes municipales de todo el país.
Basta recordar que cuando se reformaron los artículos 6 y 116 de la Constitución Federal en materia de transparencia y derecho a la información en el año 2014, se partió de la premisa de que era imposible que el entonces IFAI revisara las resoluciones de los institutos o consejos locales de transparencia de las entidades federativas, justamente debido a su naturaleza administrativa vinculada directamente con el Poder Ejecutivo Federal, razón por la cual, con un libro de Fundamentos del Derecho Constitucional en la mano, se concluyó que la única forma en que ello era posible sería a través de la creación de un organismo constitucional autónomo nacional.
Sin embargo, 11 años después de aquella reforma, parecen haber olvidado esos principios básicos del constitucionalismo mexicano.
Cabe señalar que las facultades inconstitucionales de este desconcentrado se le están dando bajo la condición de que estén vinculadas con solicitudes de información concernientes a recursos públicos federales, sin embargo, dicha premisa es completamente inconsistente e injustificada para dotarle de dichas facultades.
No se justifica en primer lugar, porque bajo esa misma premisa podría también tener facultades respecto de cualquier otro poder federal (pues funcionan solo con ese tipo de recursos); y, en segundo lugar, porque la mayoría de los recursos públicos que se ejercen en las entidades federativas y los municipios tienen origen de carácter federal por el pacto fiscal que existe y, además, en sus presupuestos de egresos no se suele identificar el origen del recurso, por lo que casi todas las funciones que ejercen podrían vincularse con algún recurso público federal.
Por si fuera poco, en la fracción XIV del artículo 25 de la nueva Ley General de Transparencia, se le están dando atribuciones al nuevo «Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública» para emitir los Acuerdos que «autoricen y legitimen» (sic) a «Transparencia para el Pueblo» para resolver los recursos de inconformidad que interpongan las personas particulares en contra de todas las resoluciones de las contralorías estatales, sin importar si están vinculadas o no con el ejercicio de recursos federales, como si fuera posible “legitimar” un esquema profundamente inconstitucional y anti federalista.
Otro problema importante es que será un desconcentrado unipersonal, por lo que en lugar de que exista un órgano colegiado que delibere públicamente el sentido y los motivos de sus resoluciones, todas las decisiones las tomará en una oficina y unilateralmente una sola persona que será designada directamente por la Presidenta de la República, sin establecerse algún candado respecto del perfil mínimo que deba de cubrir dicha persona, cuya responsabilidad y atribuciones serán gigantescas y cuasi inquisidoras.
En conclusión, me parece que esta propuesta es un verdadero Caballo de Troya, un aparente “regalo para el pueblo” que en realidad está concediendo atribuciones inconstitucionales (incluso a la luz de la más reciente reforma al artículo 116 constitucional), a un simple órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que por conducto de la persona que lo presida, el Poder Ejecutivo Federal pueda supervisar, vigilar, requerir e, incluso, sancionar a cualquier gobernadora, gobernador, alcaldesa o alcalde del país que se niegue a entregar información, aunque ésta haya sido debidamente clasificada, en una evidente invasión de competencias, que podría significar el principio del fin de la poca soberanía federalista y autonomía municipal que aún nos queda.
– Por Francisco Junco
Hernán Bermúdez Requena, el ex secretario de Seguridad Pública, nombrado por el entonces Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, ahora senador de la República, rechazó ser extraditado a México.
Durante la audiencia inicial, donde un juez dictó prisión preventiva, se le ofreció la extradición voluntaria, pero Bermúdez Requena, presunto líder del cartel de “La Barredora”, no aceptó.
Ahora se iniciará un proceso ordinario, que podría tardar hasta 60 días, en tanto, Bermúdez Requena, continuará bajo la custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay.
En tanto, en México se informó que la Fiscalía General de la República ya presentó la solicitud de extradición contra Hernán Bermúdez Requena al gobierno guaraní.
“El Abuelo” o “El Comandante H”, como se le conoce al exfuncionario del gobierno del morenista Adán Augusto López en Tabasco, e identificado como el presunto líder del Cártel de “La Barredora”, fue detenido la madrugada del sábado, en Paraguay, en una residencia ubicada en la zona exclusiva de Marino Roque Alonso, donde permanecía escondido.
Este fin de semana, el presidente Santiago Peña, dio a conocer, en un pequeño video de 45 segundos, cómo fue el arresto de Bermúdez Requena.
En las imágenes, primero se ven aspectos de la residencia, se ve cómo las fuerzas especiales, revisaron la finca y derribaron la puerta, suben una escalera y someten a ex secretario de seguridad, lo encañonaron y lo tiraron al suelo, donde lo tenían sometido, bocabajo y un elemento le pone un pie en la espalda.
Después, el presunto líder de La Barredora, quien cuenta con una ficha roja activa de la Interpol, aparece sentado en un sillón con ropa deportiva, pelo más largo y canoso, barba larga.
Cuenta con una orden de captura en México por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.
En el video, se muestra que en la residencia, donde permanecía escondido, había fajos de dólares y guaraníes, moneda uruguaya, así como joyas, tarjetas bancarias, identificaciones y una camioneta de alta gama.
Manuel Doltane, titular de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Paraguay, reveló que Bermúdez, entró de manera ilegal al país.
Y es que en febrero de este año, después de hacer pública la orden de aprehensión en su contra, el ex funcionario estatal huyó del país.
De acuerdo con las autoridades, viajó primero a Panamá, después a España, más tarde a Brasil, para terminar en Paraguay.
En medios locales del país sudamericano, como el diario ABC, informaron que la detención del ex funcionario de Adán Augusto López, se logró, gracias a que en el mes de julio se detuvo a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del presunto líder de “La Barredora”.
– Por Francisco Junco
En la explanada del Congreso del Estado de Guanajuato, donde se conmemoraba el inicio de la Independencia, la gigantesca bandera monumental que suele ondear con orgullo se desgarró mientras era izada.
Una ráfaga de viento tensó la tela y provocó la primera rasgadura cerca del mástil; segundos después, otra bocanada de aire convirtió el estandarte en un lienzo vulnerable que cedió completamente ante la fuerza de la naturaleza.
El sonido seco del desgarre y el movimiento incontrolable de la bandera detuvieron por un instante el ritmo del acto cívico. Entre los asistentes se percibió un silencio respetuoso, mientras manos ágiles trataban de recuperar la tela antes de que tocara el suelo, consciente de que cualquier contacto con el pavimento sería una falta a la dignidad del símbolo nacional.
El protocolo indica que una bandera monumental dañada no debe desecharse ni manipularse de manera cualquiera. La norma establece que su retiro se realiza mediante una ceremonia solemne de incineración, un acto respetuoso que mantiene la dignidad del lábaro patrio, además de que su manejo está bajo la supervisión de autoridades competentes, como la Sedena.
La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, junto con normativas estatales, recuerda que la enseña no debe alterarse ni tocar el suelo.
Por ello, las autoridades presentes aseguraron que la bandera sería tratada siguiendo los procedimientos oficiales, garantizando que el símbolo nacional continúe recibiendo el respeto que merece incluso al final de su vida útil.
Al concluir la ceremonia, el acto continuó sin la bandera en el asta, pero con la certeza de que la experiencia sirve como lección: proteger los símbolos requiere previsión, cuidado técnico y respeto por la ley.
Cuando la próxima bandera monumental vuelva a ondear, su imagen será recordatorio de que los colores que representan a México merecen siempre una custodia digna.
– Por Francisco Junco
En el marco de las celebraciones de septiembre, el tequila se convierte en protagonista indiscutible de la mesa mexicana. No solo es la bebida nacional por excelencia, sino un emblema de identidad, cultura y tradición que representa a México ante el mundo con la fuerza de su historia y el sabor de su tierra.
De acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT), actualmente existen 3 mil 211 marcas registradas, vinculadas a 213 productores autorizados, lo que demuestra la amplitud y versatilidad de esta bebida que acompaña con orgullo a la gastronomía nacional.
“De esta agroindustria tequilera dependen más de 100 mil familias; hoy es un producto que se comercializa en más de 120 países y, por supuesto, está sujeto a un cumplimiento normativo muy minucioso. Cada gota es inspeccionada, certificada y analizada por el Consejo Regulador del Tequila”, destacó María Bertha Becerra, responsable de aseguramiento de producto terminado en el CRT.
El recorrido del tequila es también una historia de manos mexicanas. Desde los campos de agave azul, pasando por las destilerías, envasadoras y centros de distribución, miles de trabajadores imprimen tradición, conocimiento y pasión en cada etapa de su producción.
“Tenemos cinco clases: blanco, joven, reposado, añejo y extra añejo, además de dos categorías: tequila y tequila 100% de agave”, explicó Becerra, al recordar la diversidad que ofrece esta bebida reconocida como la primera Denominación de Origen de México.
Además de ser un símbolo, es una de las bebidas más reguladas del planeta. Desde 1994, el CRT supervisa cada fase de su producción conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, garantizando calidad y autenticidad en cada botella que se consume dentro y fuera del país.
Con más de 200 municipios protegidos por la Denominación de Origen, repartidos entre Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato, el tequila es mucho más que un acompañante de las fiestas patrias: es el espíritu de México que une a generaciones y brinda al mundo un motivo más para decir: ¡Qué viva México y qué viva el tequila!
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