Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Inicia el proceso de transición en materia de transparencia gubernamental. El 20 de marzo pasado se concretó la reforma en materia de transparencia en el Congreso de la Unión, con la publicación de la nueva “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, la “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados” y la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”.

Esta acción implica la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), un tema de gran importancia, pues la desaparición de este organismo autónomo debilita el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales de los ciudadanos.

Si bien es cierto que la presidenta de la República, en su narrativa discursiva, manifiesta que habrá más transparencia, pues la reforma establece que, en esencia, las obligaciones de transparencia y protección de datos personales no tienen cambios sustanciales (incluso el 80% de las obligaciones es una copia textual de la legislación anterior), el cambio sustancial está en la garantía de los ciudadanos para acceder a la información.

Al desaparecer el órgano autónomo, el cual no está subordinado a la titular del Poder Ejecutivo, estas funciones pasarán a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y será a través de esta secretaría que se crea el órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo.

De la misma manera, la reforma fracciona a las autoridades garantes, siendo estas: federal y local; el órgano de control y disciplina del Poder Judicial; los órganos internos de control o equivalentes de los órganos constitucionales autónomos; las contralorías internas del Congreso de la Unión; el Instituto Nacional Electoral, en lo que respecta al acceso a la información pública de los partidos políticos; el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, estos dos últimos en lo que respecta al acceso a la información pública de los sindicatos; y los órganos encargados de la contraloría interna u homólogos de los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas.

Y aquí es donde está el problema, pues las autoridades no modifican sustancialmente sus obligaciones, pero al fraccionar a las autoridades garantes, se dificulta el proceso para el ciudadano, ya que no habría criterios unificados que protejan al solicitante, sino que las inconformidades se atenderán, como dice el dicho, “De acuerdo al sapo, la pedrada”.

En este sentido, el nombramiento de las autoridades será por designación del ejecutivo y ya no por convocatoria pública ni por elección del Senado a sus miembros. Sin embargo, aun cuando la narrativa oficial es que será “Transparencia para el Pueblo”, la decisión se centraliza. Ahora bien, en cuanto a la reforma de transparencia en Jalisco, es curiosa la propuesta del Diputado de Morena, Alberto Alfaro, pues presentó una iniciativa para que la Contraloría del Estado sea autónoma, que su titular sea nombrado por convocatoria pública y que sea electo por las dos terceras partes del Congreso del Estado.

Llama la atención que los diputados de Morena a nivel federal protegen a la titular del ejecutivo, que es de su mismo partido, quitándole los contrapesos, pero a nivel local la postura es diferente y sí hay que ponerle contrapesos al gobernador, que es de un partido distinto al de la presidenta, por lo que pareciera que aplicaría aquello de “Hágase la transparencia en los bueyes de mi compadre”.

En resumen, el tema de la transparencia en el país y en nuestra entidad federativa es delicado. Este proceso de transición a la nueva reforma constitucional, que desaparece a los órganos garantes, podría polarizar temas tan importantes como la elección de los encargados del nuevo sistema de justicia, la crisis de los desaparecidos, las volubles relaciones con el vecino país y su gobierno, y una serie de circunstancias en las que el ciudadano deberá tener el derecho de pedir información, generarse un criterio con esa información y saber que se están rindiendo cuentas o que se les puede obligar a ello.

Ante el panorama tan complicado de cambios radicales y centralismo gubernamental, habrá que ver cómo responde este gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco para que el derecho a saber, la transparencia y la rendición de cuentas sean un referente de un gobierno comprometido con su ciudadanía y no exclusivamente con los asuntos políticos y de partidos.