NACIONALES
Transparencia, dos narrativas políticas
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
Inicia el proceso de transición en materia de transparencia gubernamental. El 20 de marzo pasado se concretó la reforma en materia de transparencia en el Congreso de la Unión, con la publicación de la nueva “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, la “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados” y la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”.
Esta acción implica la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), un tema de gran importancia, pues la desaparición de este organismo autónomo debilita el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales de los ciudadanos.
Si bien es cierto que la presidenta de la República, en su narrativa discursiva, manifiesta que habrá más transparencia, pues la reforma establece que, en esencia, las obligaciones de transparencia y protección de datos personales no tienen cambios sustanciales (incluso el 80% de las obligaciones es una copia textual de la legislación anterior), el cambio sustancial está en la garantía de los ciudadanos para acceder a la información.
Al desaparecer el órgano autónomo, el cual no está subordinado a la titular del Poder Ejecutivo, estas funciones pasarán a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y será a través de esta secretaría que se crea el órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo.
De la misma manera, la reforma fracciona a las autoridades garantes, siendo estas: federal y local; el órgano de control y disciplina del Poder Judicial; los órganos internos de control o equivalentes de los órganos constitucionales autónomos; las contralorías internas del Congreso de la Unión; el Instituto Nacional Electoral, en lo que respecta al acceso a la información pública de los partidos políticos; el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, estos dos últimos en lo que respecta al acceso a la información pública de los sindicatos; y los órganos encargados de la contraloría interna u homólogos de los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas.
Y aquí es donde está el problema, pues las autoridades no modifican sustancialmente sus obligaciones, pero al fraccionar a las autoridades garantes, se dificulta el proceso para el ciudadano, ya que no habría criterios unificados que protejan al solicitante, sino que las inconformidades se atenderán, como dice el dicho, “De acuerdo al sapo, la pedrada”.
En este sentido, el nombramiento de las autoridades será por designación del ejecutivo y ya no por convocatoria pública ni por elección del Senado a sus miembros. Sin embargo, aun cuando la narrativa oficial es que será “Transparencia para el Pueblo”, la decisión se centraliza. Ahora bien, en cuanto a la reforma de transparencia en Jalisco, es curiosa la propuesta del Diputado de Morena, Alberto Alfaro, pues presentó una iniciativa para que la Contraloría del Estado sea autónoma, que su titular sea nombrado por convocatoria pública y que sea electo por las dos terceras partes del Congreso del Estado.
Llama la atención que los diputados de Morena a nivel federal protegen a la titular del ejecutivo, que es de su mismo partido, quitándole los contrapesos, pero a nivel local la postura es diferente y sí hay que ponerle contrapesos al gobernador, que es de un partido distinto al de la presidenta, por lo que pareciera que aplicaría aquello de “Hágase la transparencia en los bueyes de mi compadre”.
En resumen, el tema de la transparencia en el país y en nuestra entidad federativa es delicado. Este proceso de transición a la nueva reforma constitucional, que desaparece a los órganos garantes, podría polarizar temas tan importantes como la elección de los encargados del nuevo sistema de justicia, la crisis de los desaparecidos, las volubles relaciones con el vecino país y su gobierno, y una serie de circunstancias en las que el ciudadano deberá tener el derecho de pedir información, generarse un criterio con esa información y saber que se están rindiendo cuentas o que se les puede obligar a ello.
Ante el panorama tan complicado de cambios radicales y centralismo gubernamental, habrá que ver cómo responde este gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco para que el derecho a saber, la transparencia y la rendición de cuentas sean un referente de un gobierno comprometido con su ciudadanía y no exclusivamente con los asuntos políticos y de partidos.
– Por Mario Ávila
El grave problema de las inundaciones, los socavones y las muertes que se registran en el temporal de lluvias, que en este periodo han cobrado ya la vida de 11 personas, podría atenuarse o resolverse con grandes obras como la reposición de los viejos colectores y la creación de un drenaje profundo en la zona metropolitana, a decir de los expertos.
Ante ello, el problema central radica en la inversión que se requiere y sobre este tema, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Federal, planteó que, aunque se trata de obras que son responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal, “seguramente la presidenta, Claudia Sheinbaum, en su facultad, respaldará a Jalisco y a todo el país”.
Solo vamos a esperar -dijo-, para ver cómo viene el Presupuesto de Egresos 2026 que se presentará en la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva de nosotros aprobarlo; se presenta el 8 de septiembre y vamos a esperar, pero lo que sí te digo es que es una responsabilidad del estado, que ojalá que junto con los municipios puedan empezar a hacer estas obras de infraestructura fundamentales para la población.
«Pero desde que yo tengo conocimiento -abundó-, el grupo de Jalisco es un grupo que tiene mucho compromiso con su estado, cómo pelean, cómo luchan por obtener más programas, más recursos para su entidad, independientemente de quién lo gobierna. Y hoy tienen una gran ventaja ustedes, la presidenta de la Comisión de Presupuesto es de Jalisco y Marilyn Gómez Pozos tiene mucho compromiso con Jalisco; les quiero decir que si no mal recuerdo el año pasado obtuvo 8 mil millones de pesos más Jalisco y hoy no será la excepción».
– Por Mario Ávila
El primer tema que abordará el grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura Federal el 2 de septiembre, una vez arrancado el siguiente período ordinario de sesiones, será reformar el artículo 73 constitucional para elevar a la extorsión a rango de delito grave y perseguido de oficio.
Esto se acordó en la reunión plenaria efectuada en Jalisco, en presencia de 52 diputados federales integrantes de la bancada de Morena, quienes, bajo la coordinación del diputado Ricardo Monreal Avila, marcaron la pauta para ordenar los más de 30 instrumentos jurídicos que se han planteado como agenda, para aprobar en la Cámara de Diputados.
En presencia de legisladores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, el coordinador de la bancada guinda en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, hizo saber que la extorsión es un tema que le preocupa a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
«Por ello- dijo-, vamos a someterla a votación y vamos a aprobarla el día 2 de septiembre, es decir, será el primer instrumento que vamos a votar, la reforma al 73 constitucional y enseguida haremos la ley reglamentaria«.
«Ese día -abundó-, estamos planeando aprobarla con mucho gusto; ya está incluso aprobada en comisiones, ahora vamos al pleno. El lunes primero tendremos dos sesiones: la de arranque del Congreso y una sesión ordinaria, donde daremos publicidad a esa norma constitucional porque es un requisito legal el darle publicidad».
– Por Redacción Conciencia Pública
México enfrenta un repunte alarmante de casos humanos por miasis causada por el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), una plaga que se creía erradicada desde 1991 y que ha resurgido con fuerza en los últimos meses.
Desde abril de 2025, cuando se registraron los primeros contagios en Chiapas, la cifra ha ido en aumento, alcanzando a finales de julio 33 casos confirmados y la primera muerte atribuida a esta infestación.
Los pacientes afectados se concentran principalmente en Chiapas y Campeche, con un rango de edad que va de los 17 a los 86 años. La mayoría ha presentado lesiones en cabeza y extremidades, con síntomas como dolor intenso, fiebre, secreción y la presencia visible de larvas en heridas abiertas.
Aunque 24 personas ya han recibido el alta médica, al menos ocho permanecen en tratamiento y tres en hospitales debido a complicaciones severas.
El caso más grave hasta ahora fue el de una mujer de 86 años, originaria de Campeche, quien falleció a finales de julio tras desarrollar complicaciones asociadas a la infestación, agravadas por un cáncer avanzado.
Su muerte representa la primera víctima mortal humana en México por esta plaga, lo que ha encendido las alarmas en el sector salud y generado preocupación social.
La Secretaría de Salud ha reforzado la vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas, al tiempo que exhorta a la población a mantener medidas preventivas básicas: cubrir y desinfectar heridas, cuidar la higiene personal y del ganado, y acudir de inmediato al médico en caso de sospecha. Expertos subrayan que el gusano barrenador puede provocar destrucción tisular grave si no se atiende de forma oportuna.
El impacto de esta crisis no solo es sanitario, sino también económico. El resurgimiento del gusano barrenador amenaza a la ganadería mexicana, ya que la plaga afecta principalmente al ganado bovino, ovino y porcino, generando pérdidas millonarias y restricciones en la exportación de carne hacia Estados Unidos.
Desde noviembre de 2024, México y EE. UU. han intensificado la liberación de moscas estériles —más de 885 millones liberadas hasta mayo de 2025— como parte de la estrategia binacional de control.
Mientras la cifra de contagios sigue en vigilancia, autoridades y especialistas advierten que el gusano barrenador representa un desafío de salud pública y seguridad alimentaria.
La reaparición de esta plaga, erradicada hace más de tres décadas, no solo evidencia la vulnerabilidad de las zonas rurales del sureste, sino que obliga a redoblar esfuerzos para contener su expansión y proteger tanto a la población como a la producción pecuaria nacional.
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