NACIONALES
«Transparencia para el pueblo»
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
Un grave problema se avecina con la transparencia gubernamental en México, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, en este intermedio en que surte efectos la reforma que desaparece al INAI y a los 32 órganos autónomos con institutos de transparencia, los cuales deben ser liquidados en junio del presente.
El plazo de los transitorios de la reforma misma somete los avances en derecho a la información que el país conquistó durante los últimos 25 años, a un híbrido de autonomías constitucionales mal entendidas, con autoprotección de la federación y sumisión de las autoridades locales en materia de transparencia.
El nuevo modelo propuesto por el Poder Ejecutivo Federal, llamado “Transparencia para el pueblo”, fue presentado el 31 de enero por la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública. De él se desprende que, evidentemente, en México no se puede dejar de garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales, por lo que la propuesta genera una serie de ajustes en que las autoridades federales, locales y municipales deberán someterse entre ellas a un enredoso y poco práctico modelo que solo en teoría garantiza que las autoridades de todos los niveles, o también llamados sujetos obligados por la ley, mantengan la obligación de poner a disposición de la ciudadanía información sobre sus acciones y el uso de los recursos públicos, de manera oportuna, completa y permanente; y que, además, posea el ciudadano la forma de exigirla cuando no considere que fue completa o real.
En la práctica, difícilmente resultará que el sujeto obligado sea requerido a la revisión de su actuar y se le ordene entregar información pública al ciudadano, sin judicializar, por ser su derecho humano; lo cual sí, ya existía en el casi extinto Sistema Nacional de Transparencia.
La propuesta de leyes secundarias presentada por el Ejecutivo Federal se caracteriza por la oferta de que sean los poderes ejecutivos los que absorban las facultades y obligaciones que caracterizaban a los casi extintos órganos garantes y al Sistema Nacional de Transparencia, un pulpo de tres mil tentáculos que se supone debemos entender como lo que garantizará el derecho humano a la información y su acceso, la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados o de particulares, y la manera de exigir a sujetos obligados la entrega de lo que se solicita, cuya finalidad debería ser combatir la corrupción y la opacidad.
En este sentido, y ante la desarticulación del Sistema Nacional de Transparencia, tratan de ocultar que no están proponiendo en el fondo ser juez y parte en materia de transparencia, ni que pretenden someter a los ejecutivos estatales a la supremacía del Ejecutivo Federal y a los ayuntamientos a sus poderes ejecutivos estatales, en completa anticonstitucionalidad de autonomías, buscando el control jerárquico político y gubernamental de los más pequeños. Y así, como cadena alimenticia, la transparencia en México se volverá inentendible, poco accesible, burocrática y abrumadora para el ciudadano que quiera ejercer su derecho a saber.
Además, la propuesta de “Transparencia para el pueblo” plantea que la mejor forma de exigir ante la presunción de opacidad o negación es la vía judicial para forzar el acceso a la información, sea el amparo, bajo una lógica irreal y fantasiosa de lo que implica realizar un amparo y darle seguimiento.
La propuesta se fundamenta en que el ciudadano no requiere asistencia legal ni mayor complicación en realizar un escrito de amparo, presentarlo, darle seguimiento, entender la resolución, sus términos y etapas procesales, para conseguir que un sujeto obligado sea requerido por la justicia federal, vía amparo, a entregar información pública y no un tribunal administrativo.
Complicado escenario nos espera durante los próximos seis años, solo la voluntad política de cada entidad federativa, apelando a la autonomía constitucional, podrá mostrar el interés de los gobiernos de los estados en respetar y garantizar los derechos humanos al acceso a la información pública, la protección de datos personales y a un gobierno libre de corrupción.
Con lo que respecta a la rendición de cuentas, nos quedarán a deber; este pulpo de tres mil tentáculos tiene un mecanismo de defensa para evitar que los gobiernos de todos los niveles se sometan a la rendición de cuentas y consta de una tinta oscura preparada de excesiva burocracia, inconstitucionalidad, mil instancias gubernamentales y amparos. Evidentemente, no es transparencia para el pueblo; es un enredo de control de información, sometiendo a los ayuntamientos a sus poderes ejecutivos locales y a estos al federal.
– Por Mario Ávila
La labor de inteligencia de las fuerzas policiales del país y con el apoyo de las autoridades de la República del Paraguay, fue detenido el líder criminal de la organización delincuencial «La Barredora», Hernán Bermúdez Requena, alias «Requena», El Abuelo» y «comandante H».
La detención fue anunciada por el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, en donde él precisa que el presunto criminal fue detenido en Paraguay.
En un comunicado hecho público hace algunos minutos, García Harfuch, explica: «Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de cero tolerancia a la corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, Defensamx, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se realizó la detención de Hernán “N”, presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”.
En esta operación -abunda-, fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
El comandante H, jefe de la policía de Tabasco de 2018 a 2014, presunto líder del grupo criminal La Barredora, dedicado al tráfico de drogas, la extorsión y el robo de combustible o huachicol, estuvo prófugo desde febrero y hoy, Hernán Bermúdez Requena ha sido detenido en Paraguay, según ha informado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un comunicado divulgado este viernes en la noche.
Bermúdez llegó al cargo cuando uno de los principales dirigentes de Morena, Adán Augusto López, era gobernador en el Estado.
– Por Francisco Junco
El diputado federal de Morena, Manuel Espino Barrientos, se encuentra hospitalizado en terapia intensiva luego de sufrir un derrame cerebral.
La noticia fue confirmada por el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien detalló que el legislador de 65 años fue intervenido de emergencia durante la noche del miércoles.
“Tuvo un derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las nueve o diez de la noche. Está en terapia intensiva, en un lugar al que sus familiares, por la emergencia, lo condujeron”, informó Monreal, al tiempo que expresó su deseo de pronta recuperación y pidió oraciones por la salud de su compañero de bancada.
Espino, originario de Durango y actual integrante de las comisiones de Seguridad, Defensa y Comunicaciones y Transportes, fue trasladado por decisión de su familia a una clínica especializada, donde permanece bajo vigilancia médica. En un comunicado de Morena se informa que se mantiene estable dentro de la gravedad.
En redes sociales, la presidenta de Morena en Durango, Lourdes García Garay, envió un mensaje de solidaridad al legislador.
“Enviamos toda nuestra solidaridad y los mejores deseos de pronta y total recuperación a nuestro querido compañero diputado federal Manuel Espino. Confiamos en su fortaleza y en que pronto estará de vuelta”, publicó.
Con más de cuatro décadas de trayectoria política, Manuel Espino ha transitado por diversos partidos y cargos. Fue dirigente nacional del PAN entre 2005 y 2007, presidió la Organización Demócrata Cristiana de América y en los últimos años se integró a Morena, donde actualmente ocupa una curul por representación proporcional.
– Por José Modesto Barros Romo, Conciencia Pública
El internet de ultra velocidad ya no es un asunto de ciencia ficción, sino un campo estratégico donde las potencias tecnológicas definen su hegemonía. Japón, China y, en menor medida, México, han roto en este año barreras históricas de transmisión de datos, cada uno desde trincheras distintas, pero con un objetivo común: asegurar ventajas en la economía digital del siglo XXI.
Japón sorprendió al mundo al anunciar que sus científicos del Instituto Nacional de Información y Comunicaciones Tecnológicas (NICT) lograron transmitir datos a 1.02 petabits por segundo a través de fibra óptica.
Se trata de un récord mundial que equivale a descargar en un segundo la información de más de 10 millones de videos en alta definición, el equivalente a todo el catálogo de Netflix en un solo segundo.
Más allá de la hazaña técnica, el logro japonés envía un mensaje claro: su apuesta es consolidar infraestructuras terrestres estables y de larga distancia, con la mira puesta en mantener la competitividad industrial frente a China, Estados Unidos y Europa.
El gigante asiático, por su parte, libra otra batalla: el dominio del espacio inalámbrico. China Mobile reveló que en una red experimental de 6G alcanzó velocidades de 280 gigabits por segundo, descargando un archivo de 50 GB (unas 25 películas de mediana calidad) en apenas 1.4 segundos.
A esto se suman proyectos universitarios que exploran transmisiones en frecuencias en terahercios y enlaces satelitales de 100 Gbps, tecnologías que se perfilan como piezas centrales en la construcción de un ecosistema digital global, donde China pretende marcar la pauta a la espera lanzar comercialmente las redes 6G para el año 2030 en todo su territorio.
La estrategia china es evidente: no se conforma con desplegar infraestructura terrestre, busca liderar el futuro de las comunicaciones en el espacio y en el aire, donde se definirá el control de datos y, con ello, el poder geopolítico. De ahí que los experimentos en 6G no solo representen avances científicos, sino una carta de presentación en la carrera tecnológica frente a los estadounidenses, japoneses y los europeos.
México, en contraste, aparece con un logro más modesto pero simbólico. El año pasado la empresa Megacable, en alianza con Nokia, alcanzó 1.1 terabits por segundo en pruebas de fibra óptica de larga distancia.
No es un récord mundial ni una revolución en telecomunicaciones (aunque sí es un hito a nivel Latinoamérica, equivalente a descargar un videojuego como Call of Duty: Modern Warfare III en un segundo). Esta es una señal de que nuestro país busca modernizar su infraestructura digital con miras a los próximos años.
El reto está en si estos avances se traducirán en beneficios reales para los ciudadanos o quedarán como demostraciones técnicas en un país donde millones aún carecen de acceso a internet estable.
La comparación es reveladora: mientras Japón apuesta por la perfección de la fibra, China por la supremacía inalámbrica y espacial, México apenas intenta ponerse al día. El dilema nacional es mayúsculo: ¿apostar por ser solo consumidores de tecnologías extranjeras o trazar un plan estratégico que coloque a la región en la disputa global por la soberanía digital?
Lo cierto es que el internet del futuro no será solo más rápido; también será la nueva frontera de poder. Quien controle las redes de transmisión controlará la información, la seguridad nacional y el desarrollo económico. Japón y China ya están en esa carrera. México, como suele ocurrir, observa desde la periferia.
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