NACIONALES
«Transparencia para el pueblo»
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
Un grave problema se avecina con la transparencia gubernamental en México, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, en este intermedio en que surte efectos la reforma que desaparece al INAI y a los 32 órganos autónomos con institutos de transparencia, los cuales deben ser liquidados en junio del presente.
El plazo de los transitorios de la reforma misma somete los avances en derecho a la información que el país conquistó durante los últimos 25 años, a un híbrido de autonomías constitucionales mal entendidas, con autoprotección de la federación y sumisión de las autoridades locales en materia de transparencia.
El nuevo modelo propuesto por el Poder Ejecutivo Federal, llamado “Transparencia para el pueblo”, fue presentado el 31 de enero por la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública. De él se desprende que, evidentemente, en México no se puede dejar de garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales, por lo que la propuesta genera una serie de ajustes en que las autoridades federales, locales y municipales deberán someterse entre ellas a un enredoso y poco práctico modelo que solo en teoría garantiza que las autoridades de todos los niveles, o también llamados sujetos obligados por la ley, mantengan la obligación de poner a disposición de la ciudadanía información sobre sus acciones y el uso de los recursos públicos, de manera oportuna, completa y permanente; y que, además, posea el ciudadano la forma de exigirla cuando no considere que fue completa o real.
En la práctica, difícilmente resultará que el sujeto obligado sea requerido a la revisión de su actuar y se le ordene entregar información pública al ciudadano, sin judicializar, por ser su derecho humano; lo cual sí, ya existía en el casi extinto Sistema Nacional de Transparencia.
La propuesta de leyes secundarias presentada por el Ejecutivo Federal se caracteriza por la oferta de que sean los poderes ejecutivos los que absorban las facultades y obligaciones que caracterizaban a los casi extintos órganos garantes y al Sistema Nacional de Transparencia, un pulpo de tres mil tentáculos que se supone debemos entender como lo que garantizará el derecho humano a la información y su acceso, la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados o de particulares, y la manera de exigir a sujetos obligados la entrega de lo que se solicita, cuya finalidad debería ser combatir la corrupción y la opacidad.
En este sentido, y ante la desarticulación del Sistema Nacional de Transparencia, tratan de ocultar que no están proponiendo en el fondo ser juez y parte en materia de transparencia, ni que pretenden someter a los ejecutivos estatales a la supremacía del Ejecutivo Federal y a los ayuntamientos a sus poderes ejecutivos estatales, en completa anticonstitucionalidad de autonomías, buscando el control jerárquico político y gubernamental de los más pequeños. Y así, como cadena alimenticia, la transparencia en México se volverá inentendible, poco accesible, burocrática y abrumadora para el ciudadano que quiera ejercer su derecho a saber.
Además, la propuesta de “Transparencia para el pueblo” plantea que la mejor forma de exigir ante la presunción de opacidad o negación es la vía judicial para forzar el acceso a la información, sea el amparo, bajo una lógica irreal y fantasiosa de lo que implica realizar un amparo y darle seguimiento.
La propuesta se fundamenta en que el ciudadano no requiere asistencia legal ni mayor complicación en realizar un escrito de amparo, presentarlo, darle seguimiento, entender la resolución, sus términos y etapas procesales, para conseguir que un sujeto obligado sea requerido por la justicia federal, vía amparo, a entregar información pública y no un tribunal administrativo.
Complicado escenario nos espera durante los próximos seis años, solo la voluntad política de cada entidad federativa, apelando a la autonomía constitucional, podrá mostrar el interés de los gobiernos de los estados en respetar y garantizar los derechos humanos al acceso a la información pública, la protección de datos personales y a un gobierno libre de corrupción.
Con lo que respecta a la rendición de cuentas, nos quedarán a deber; este pulpo de tres mil tentáculos tiene un mecanismo de defensa para evitar que los gobiernos de todos los niveles se sometan a la rendición de cuentas y consta de una tinta oscura preparada de excesiva burocracia, inconstitucionalidad, mil instancias gubernamentales y amparos. Evidentemente, no es transparencia para el pueblo; es un enredo de control de información, sometiendo a los ayuntamientos a sus poderes ejecutivos locales y a estos al federal.
–Por Mario Ávila
Obras de arte y muchos otros objetos de valor, al menos 188 bienes muebles, desaparecieron de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la víspera del cierre de una era que termina este domingo 31 de agosto a las 24 horas.
Según información del periodista Rivelino Rueda para Milenio, con base en una auditoría interna con folio DAIA/2024/27, entre los objetos extraviados en las oficinas de los ministros, se enlistan equipos de comunicación, colecciones de arte y otros bienes de alto valor, siendo las oficinas de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández las más afectadas, al contar con 78 objetos no localizados.
El informe revela que en total la SCJN cuenta con 17 mil 706 activos fijos valorados en 1,300 millones de pesos, de los cuales 4 mil 500 son equipos de comunicación y 674 corresponden a colecciones de arte, con un valor aproximado de 511 millones de pesos.
Entre los ministros más afectados, además de Piña, destacan los despachos de Ríos Farjat, Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Laynez Potisek, Ortiz Ahlf y Pérez Dayán.
– Por Francisco Junco
Habitantes de Tepoztlán salieron a las calles este viernes para protestar afuera de la vivienda del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.
La casa, valuada en casi 12 millones de pesos, fue señalada por los vecinos como un ejemplo de cómo las tierras comunales han sido vulneradas por intereses políticos y económicos.
Los inconformes recordaron que la zona donde se ubica la propiedad es considerada terreno comunal y, por tanto, no puede ser vendida ni traspasada sin el aval de la asamblea de comuneros.
“Aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, expresó uno de los manifestantes en un video que circuló en redes sociales.
El predio, de aproximadamente mil 200 metros cuadrados, generó controversia desde finales de agosto, cuando se reveló que Fernández Noroña lo adquirió a crédito. Aunque el legislador buscó minimizar el tema, sus confrontaciones con periodistas que difundieron la información alimentaron aún más la polémica.
Durante la protesta, los colonos colocaron carteles en los alrededores de la vivienda y advirtieron que no permitirán que se pasen por alto los derechos agrarios de Tepoztlán.
También exigieron revisar el procedimiento mediante el cual se realizó la transacción, señalando que cualquier compra sin autorización de la asamblea resulta ilegal.
El reclamo coincidió con el cierre del periodo de Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado, cargo que en esa misma semana fue asumido por Laura Itzel Castillo.
Para los manifestantes, el hecho de que un representante popular esté involucrado en una operación cuestionada representa una contradicción con su papel como legislador.
Hasta el momento de la manifestación, Fernández Noroña no había ofrecido una postura oficial frente a las demandas de los colonos.
Los habitantes, por su parte, anunciaron que continuarán con acciones de presión y aseguraron que la defensa de sus tierras comunales no está sujeta a partidos ni coyunturas políticas, sino al respeto
NACIONALES
Sugiere la diputada Dolores Padierna al PRI, relevar con suplentes, a «Alito» y agresores
– Por Mario Ávila
En un intento de bajar el nivel de hostilidad que se respira en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, la diputada de Morena, Dolores Padierna, sugirió a los militantes del PRI, que sean los diputados y senadores suplentes, sustituyan en el cargo al presidente Alejandro Moreno «Alito» y a los cuatro legisladores del tricolor que agredieron el miércoles al presidente, Gerardo Fernández Noroña.
La legisladora, que fue el personaje más cercano a Fernández Noroña en el momento de la agresión, ya que desempeña el papel de secretaria de la Mesa Directiva, relató en tribuna el odio que se veía en el rostro y en el puño de Alejandro Moreno, cuando embestía al presidente del Senado, por lo que nunca dudó en intervenir y se mantuvo en medio de ambos.
Decidí meterme -dijo-, para tratar de evitar que el presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de La Unión, no sufriera un golpe artero que hubiera tenido consecuencias mayores.
Y es que desde que comenzó la sesión el día de ayer -abundó- había una intentona de parte de las bancadas de la derecha, de agredir, de irrumpir como lo han estado haciendo, pero ese día con mayor razón, vi el odio, el intento de agredir con fuerza y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de La Unión y decidí interponerme para que no pasara a mayores.
Desde la tribuna, en lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, Dolores Padierna, lanzó un exhorto a la PGR para que haga la investigación pertinente y cumpla con su responsabilidad.
Pero a la vez anticipó que en la Cámara de Diputados, a través de su grupo parlamentario harán un llamado al Comité de Ética y ante la Comisión de Decanos, para que analice el caso «porque no puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en el Congreso».
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