– A título personal, por Armando Morquecho Camacho

En la historia de la política internacional, las decisiones económicas suelen asemejarse a partidas de ajedrez: cada movimiento no solo busca ganar terreno en el presente, sino también anticipar jugadas futuras que podrían definir la victoria o la derrota.

México, con el anuncio de aranceles de hasta un 50% a productos provenientes de países sin acuerdos comerciales —particularmente China—, ha hecho una jugada que puede parecer arriesgada, pero que revela un cálculo estratégico más amplio: equilibrar una balanza comercial desigual y, al mismo tiempo, alinearse con el tablero donde Estados Unidos y China libran una guerra cada vez más abierta.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha justificado la medida bajo dos argumentos centrales: primero, la necesidad de equilibrar la balanza comercial con China, que hoy refleja una brecha difícil de ignorar; y segundo, el impulso del llamado Plan México, su proyecto estrella para transformar la economía y fomentar la producción nacional.

Visto desde esa óptica, el arancel no es un simple impuesto, sino un muro de contención frente a la dependencia excesiva de productos chinos y, al mismo tiempo, una palanca para reconfigurar las cadenas de valor en territorio mexicano.

El gesto tiene también una lectura geopolítica. Estados Unidos ha reactivado una estrategia de confrontación comercial contra China y la Unión Europea ha hecho lo propio. México, tercer socio comercial de Estados Unidos y pieza clave en la industria automotriz de Norteamérica, no podía permanecer neutral. Imponer aranceles de este calibre es enviar una señal de lealtad estratégica a Washington, asegurando que México no será el eslabón débil en la cadena norteamericana.

La analogía podría entenderse si imaginamos un puente colgante sobre un río. Durante décadas, México ha cruzado ese puente que fue construido con materiales chinos y que servían de soporte a la industria nacional. Ahora, la decisión de elevar aranceles implica retirar varios de esos tablones y reemplazarlos con productos propios o con piezas de otros socios.

No es una tarea sencilla. Estos cambios en un inicio podrían debilitar el puente, pero esto se hace con la finalidad de consolidar la estructura y hacerla menos dependiente de un solo proveedor.

Los críticos señalan que el golpe puede resultar contraproducente. La industria automotriz mexicana, uno de los grandes motores de la economía, ha construido buena parte de su competitividad sobre la base de insumos chinos.

No obstante, esta medida podemos verla desde otra perspectiva y no solo como una medida para eliminar de golpe la presencia china, sino que esta busca generar incentivos para que la inversión y la producción se instalen en territorio mexicano o en países con reglas más claras.

Esta jugada puede entenderse también como una apuesta al futuro del nearshoring, el fenómeno que ha llevado a empresas globales a trasladar operaciones de Asia a países más cercanos al mercado estadounidense. México, por su ubicación geográfica y su red de tratados, se ha convertido en uno de los destinos más atractivos.

Para capitalizar esa ventaja era necesario enviar una señal firme: que el país está dispuesto a reordenar su comercio exterior y a reducir su dependencia de un socio con el que no comparte compromisos de largo plazo.

No obstante lo anterior, en lo político, México también gana margen de maniobra. Al mostrar una postura clara frente a China, fortalece su posición en la relación con Estados Unidos, con quien compartimos más que fronteras. Recordemos que, en el contexto sociopolítico actual, el T-MEC exige disciplina y coordinación en temas comerciales, especialmente en la industria automotriz, que es clave tanto en México como en Estados Unidos.

El reto, sin embargo, será enorme. La transición hacia cadenas de suministro menos dependientes de China implicará costos de corto plazo, ajustes en la industria y tensiones con empresarios acostumbrados a la eficiencia y el bajo precio de los insumos chinos.

Pero en la economía, como en la vida, no siempre se trata de elegir el camino más fácil, sino el que garantiza mayor estabilidad y desarrollo a largo plazo. Si el Plan México logra que las fábricas, en lugar de importar piezas, empiecen a producirlas en territorio nacional, la apuesta habrá valido la pena.

Imaginemos por un momento la industria del automóvil como un gran árbol. Sus raíces se extienden en múltiples direcciones: hacia Estados Unidos, hacia Europa y, en las últimas dos décadas, con fuerza, hacia China. Lo que hoy propone el gobierno mexicano es podar algunas de esas raíces para que el árbol no dependa en exceso de un solo suelo.

Es verdad que hay incertidumbre. Nadie puede asegurar que los aranceles funcionarán como palanca de desarrollo interno y no como un freno a la producción. Nadie puede anticipar hasta qué punto las tensiones con China podrían derivar en represalias.

Pero lo que sí es claro es que seguir con una dependencia de 130 mil millones de dólares en importaciones de China, frente a apenas 15 mil millones en exportaciones de México, es caminar sobre una cuerda floja demasiado delgada.

México está intentando, con esta decisión, dejar de ser un simple espectador en la guerra comercial de Estados Unidos contra China, para convertirse en un jugador que elige con quién y cómo quiere relacionarse. El Plan México puede ser la brújula que oriente esta transición, y los aranceles, la herramienta que marque el rumbo.

No se trata de cerrarse al mundo, sino de abrirse de manera más inteligente, cuidando que el intercambio económico no se convierta en una relación de dependencia.

Al final, lo que está en juego no es solo la balanza comercial con China ni la competitividad de la industria automotriz, sino la posibilidad de que México aproveche este momento de reconfiguración global para fortalecerse como un país capaz de producir, innovar y sostener su crecimiento sin depender de los caprichos de una sola potencia. El puente que hoy tambalea puede convertirse, si se refuerza con visión, en la vía sólida hacia un futuro de mayor autonomía económica.

– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

Tan antigua como la existencia de las sociedades organizadas, la corrupción es tentación, aquí y en China, dicho esto solo por mencionar un lugar distante. En algunos países es sancionada incluso con pena de muerte; en otros, la tolerancia es cero y se persigue hasta en los más altos niveles.

En México, a pesar de discursos y leyes, la corrupción se tolera, se encubre, y las instituciones y normas hechas para combatirla son extraídas del cajón para darles generalmente un uso político.

Lo que ha sucedido en estos días con el asunto del contrabando de hidrocarburos en buques que pasaban por las aduanas controladas por miembros de las fuerzas armadas, no es de ninguna manera el inicio de una batida formal contra la corrupción, ni deriva de una política pública ahora sí decidida a combatirla.

Es presumible que podría haber continuado la operación del ilícito, si no fuera porque en EUA detuvieron, en mayo de 2025, a integrantes de la familia Jensen, residentes en Utah y Texas, acusados de procesar petróleo crudo robado por un cartel mexicano y transportarlo a México en barcos, derivando esta acción de la persecución que en ese país se ha dado contra las actividades de los carteles mexicanos.

En el marco de los acuerdos y compromisos que nuestro gobierno ha tenido que formalizar para evitar la fijación de aranceles, era imposible no dar seguimiento a la cadena de pruebas que la investigación estadounidense arrojó. No hacerlo era dar la razón a lo que las autoridades estadounidenses de todos los niveles han dicho respecto al contubernio de instancias oficiales con las organizaciones del narcotráfico.

Son evidentes los esfuerzos de comunicación que han hecho, desde la presidente Sheinbaum, hasta el Fiscal Gertz Manero y el Secretario de Seguridad García Harfuch, para evitar que el escándalo manche al ex titular de la Secretaría de Marina y que trascienda hasta el mismo expresidente López Obrador, sin embargo, fue él mismo quien causó que la corrupción hoy manche a una de las instituciones más respetadas y reconocidas.

En octubre de 2022, publiqué en Conciencia Pública una colaboración con el título «Manzana envenenada», derivada de la decisión presidencial que asignaba a las fuerzas armadas funciones de control y operación en aduanas, puertos, aeropuertos y otras distintas a su función militar.

Expresaba en ese entonces: “El presidente (AMLO) ha puesto la manzana prohibida de la tentación en el árbol institucional de las fuerzas armadas».

Para la milicia es una prueba por la que, a mediano plazo, habrán de sufrir un desgaste explicable. Puede ser que, por la institucionalidad y disciplina castrense, se supere la prueba de la honestidad en el manejo de los recursos, pero también puede suceder que no y que la actuación de algún mando u oficial de las fuerzas armadas se parezca o imite a servidores civiles, como algunos exgobernadores o directores de empresas paraestatales o administradores de fondos que frecuentemente son exhibidos por no resistir la tentación de disponer del dinero público.

Ejemplos de corrupción en la milicia ha habido cuando no disponían de tantos recursos y facilidades; «lo que pase hoy estará por verse”.

Lo que era previsible ya sucedió y lo que estamos viendo con altos mandos de la marina, no sería extraño que se repitiera en otras áreas en las que se han involucrado las fuerzas armadas. Los medios de información han denunciado irregularidades que merecen investigación, en todas las obras prioritarias de la anterior administración. Lo mismo en el Tren Maya que en el Aeropuerto Felipe Ángeles o el tren interoceánico del istmo.

Denuncias que han sido descalificadas, pero nunca investigadas, presumiblemente por no empañar la herencia de “honestidad” que falazmente sembró el presidente que más ha mentido en la historia de nuestro país. Es su imagen la que preservan, porque es también la imagen del movimiento al que quieren poner un segundo piso.

La solidez moral de este movimiento y su gobierno ha sido cuestionada por autoridades de los EUA, empezando por su presidente, y el asunto del huachicol petrolero les está dando la razón. Sano sería para el país y para la gestión de Claudia Sheinbaum que pasara de la reacción a las acusaciones a la eliminación de los motivos.

El problema es que para hacerlo tendría que desprenderse de los sentimientos de lealtad y agradecimiento para con su antecesor y protegidos, y eso parece no estar en su pensamiento. Si bien la reciente detención de Hernández Requena ayuda al discurso, en los hechos bien puede servir para sacrificar un peón o hasta un alfil, para distraer y salvar a piezas mayores, porque el asunto del huachicol puede llegar más alto.

Lo que suceda con estos dos casos mostrará la real voluntad del régimen para combatir la corrupción o si simplemente seguirá la simulación y el disimulo.

– Opinión, por Iván Arrazola

Uno de los dilemas que enfrentó Andrés Manuel López Obrador al llegar al poder fue cómo conformar un equipo capaz de implementar sus proyectos de gobierno y, al mismo tiempo, mantenerlo bajo estricta vigilancia para evitar actos de corrupción. La respuesta la encontró en dos instituciones con fuerte disciplina interna: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

A ellas les atribuyó un rasgo casi incuestionable: la incorruptibilidad. Sin embargo, los recientes escándalos revelan que esta premisa, presentada como garantía de eficacia y honestidad, no era más que un mito que hoy comienza a desmontarse.

A la primera le encomendó la ejecución de sus obras emblemáticas, como la construcción del Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. A la segunda, le otorgó la administración y el control de las aduanas. Esta última decisión generó fricciones con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien no estuvo de acuerdo con que los militares asumieran esas tareas.

La lógica detrás de esta decisión obedecía a que López Obrador no confiaba en otros perfiles para desempeñar estas funciones. Argumentaba que la verticalidad de las Fuerzas Armadas garantizaba rendición de cuentas directa y control absoluto ante cualquier anomalía.

Sin embargo, ese mito comenzó a resquebrajarse con el anuncio del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre el desmantelamiento de una red de contrabando de huachicol fiscal operada por elementos de la Marina. Los principales responsables eran los hermanos Lagunas Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Desde sus primeros años en el poder, López Obrador dejó claro que privilegiaba la confianza personal por encima de la capacidad técnica en la selección de su equipo. En este caso, la narrativa de incorruptibilidad se derrumbó.

Aunque poco se sabe más allá de lo que han declarado las autoridades, hay antecedentes que permiten entender la magnitud del problema. El periodista Carlos Loret de Mola había publicado en 2022 una columna en la que señalaba a los sobrinos de Ojeda como operadores de una red de huachicol. No obstante, la publicación fue desestimada por ser un periodista incomodo.

El reto mayor ahora es deslindar al expresidente López Obrador de este escándalo. Según las declaraciones de García Harfuch y Gertz Manero, el propio Rafael Ojeda había denunciado a sus sobrinos dos años antes y solicitado que se les investigara. Por otro lado, las autoridades han insistido en que se trataba de “unas cuantas manzanas podridas”, y no de una institución infiltrada por redes de corrupción.

Para dar coherencia a su versión, explicaron que las órdenes de aprehensión se giraron hasta este año porque se necesitaban más pruebas, las mismas que llegaron con la incautación del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, cargado con 10 millones de litros de combustible ilegal, y con la detección de otros 8 millones de litros en un predio en Ensenada.

No obstante, las dudas persisten: ¿se informó al presidente de la denuncia original?, ¿qué medidas se tomaron para limitar el poder de los sospechosos?, ¿cómo fue posible que uno de los sobrinos ascendiera en su carrera naval mientras era investigado?

La administración de Claudia Sheinbaum busca deslindar a López Obrador y a su secretario de Marina del caso, aunque reportajes periodísticos y la presión de Estados Unidos sugieren que México fue alertado con anticipación y actuó solo tras insistencia de Washington.

El mayor desafío para el actual gobierno es desmontar definitivamente el mito de la incorruptibilidad militar. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, particularmente en la administración de aduanas, parece haberse salido de control. A ello se suman las muertes sospechosas de elementos vinculados de alguna manera con el caso.

La insistencia en eximir de responsabilidad a López Obrador y a Ojeda puede interpretarse como un intento de encubrir a la administración pasada. Por ello, sería prudente que el gobierno de Sheinbaum, como ella misma ha declarado, esperara a que concluyan las investigaciones antes de exonerar públicamente a alguien.

El otro gran reto es decidir qué papel tendrán las Fuerzas Armadas en adelante: ¿seguirán ocupando funciones civiles estratégicas o se dará un proceso de devolución de atribuciones a manos civiles? Después de la magnitud de este escándalo, resulta difícil justificar que la Marina mantenga el control de las aduanas.

En última instancia, aunque Sheinbaum insista en que el combate a la corrupción será frontal, mientras México no cuente con un sistema robusto de instituciones independientes que investiguen y sancionen estos casos, sus esfuerzos serán percibidos más como actos de voluntad política que como transformaciones de fondo.

Y un país sin contrapesos, más allá de discursos o promesas, sigue siendo vulnerable frente a la corrupción estructural que, en su momento, el líder moral de la 4T proclamó haber erradicado.