NACIONALES
Una semana difícil
Opinión, por Iván Arrazola //
Acostumbrado a manejar la agenda pública y a establecer los temas de discusión, probablemente esta es una de las semanas más complicadas que ha vivido el presidente López Obrador desde que inició su sexenio, ya que no puede controlar la agenda ni la discusión pública.
Todo empezó el día domingo 18 de febrero con la Marcha por la Democracia, el presidente mostró su molestia con las miles de personas que se movilizaron a lo largo del país. Fue en efecto una marcha que mostró que hay un sector de la población que no está de acuerdo con la gestión del presidente y que se opone abiertamente a la forma en que se está manejando el país. Por eso hizo todo lo posible por deslegitimar a las personas que acudieron a la marcha, la dureza del discurso presidencial sobre los asistentes a la Marcha fue contundente, señaló que se movilizaron porque se beneficiaban con la corrupción y por eso “quieren regresar”, también señaló que “se disfrazan de demócratas cuando eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo”.
La molestia del presidente es evidente sobre todo cuando muchas de las personas que participaron en la marcha son personas de clase media que hace seis años lo apoyaron para llegar al poder, pero quizás lo más preocupante para el presidente es que no puede determinar con precisión cuál es el tamaño de las personas inconformes con su gestión, si bien sus niveles de popularidad rondan el 60% y la candidata de su partido tiene una ventaja de doble dígito en las encuestas, hay un movimiento que se gestó de forma orgánica y que no controla.
En segundo lugar, la salida de la cárcel de Emilio Lozoya para seguir su proceso en prisión domiciliaria también provocó la molestia del presidente con el poder Judicial y el juez que envió a su casa a Lozoya, acusó al poder Judicial de estar podrido, no hubo menciones sobre el trabajo de la FGR, pero sí de cómo durante la presidencia de Arturo Zaldívar era más fácil controlar a los jueces.
El presidente lo dijo en los siguientes términos: “Pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: Cuidado con esto”. La declaración provocó diversas reacciones, Arturo Zaldívar lo negó, la ministra Norma Piña señaló que no se debe confundir dialogo con subordinación, mientras que el ministro Aguilar dijo que “un juez que no es imparcial será el mandadero de alguien”.
Pero sin duda, el momento más complicado se dio cuando el presidente reveló en su conferencia mañanera del 22 de febrero que la corresponsal del New York Times, Natalie Kitroeff, le envió una carta haciéndole preguntas sobre un presunto financiamiento del crimen organizado a su campaña presidencial en el 2018, dinero que fue recibido por colabores cercanos e hijos del presidente.
El presidente no solo señaló que se trataba de una calumnia, tachó de pasquín inmundo al periódico neoyorquino y en un arrebato reveló el número telefónico de la periodista en plena conferencia, hecho que generó el reclamo distintos periodistas que consideran la revelación una violación a la ley y un acto de intimidación. López Obrador exigió al gobierno de Estados Unidos que aclarara el asunto, y cuestionó “¿Con qué derecho investigan a un Gobierno legítimamente constituido?”.
Por su parte el gobierno de Estados Unidos respondía que “no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador”, sin embargo, este es un tema que se mantiene en la agenda pública y ha provocado el enojo tanto del presidente como de su partido. En redes sociales el tema ha sido tendencia durante semanas ya que también se publicaron reportajes sobre el financiamiento de la campaña del 2006, por lo que Morena anunció que presentará una queja ante el INE alegando guerra sucia.
Para el presidente el tema parece salirse de control ya que no es capaz de identificar a un enemigo, habla sobre el gobierno de los Estados Unidos, de la DEA, de los medios internacionales, pero no es capaz de identificar un claro interlocutor, en el cual pueda enfocar sus baterías, como lo hace con la oposición, la derecha o los conservadores como le gusta llamar a sus adversarios. Las especulaciones seguirán siendo parte del debate cotidiano, el presidente ya no podrá alegar como cuando era candidato que le quieren ganar a la mala o lo quieren sacar de la boleta, ahora está expuesto al escrutinio público y lo que se discute es si al igual que otros expresidentes tuvo nexos con el narco.
Por otro lado, el presidente ha sobreexplotado el tema de Genaro García Luna, al que ha exhibido como un ejemplo de corrupción y de nexos con el narco, García Luna fue encontrado culpable en base a testimonios de testigos del crimen organizado, las investigaciones que se han hecho contra el presidente también han partido de declaraciones de informantes del crimen organizado que han cooperado con las agencias de seguridad estadounidense como la DEA.
Hoy el presidente López Obrador parece estar experimentando en carne propia el fin de su sexenio y con ello su declive, en unos cuantos meses tendrá que dejar el poder y posiblemente con ello quedará expuesto, tanto a la posible reapertura de los casos que hasta este momento parecen haberse cerrado por razones “políticas”, así como ante la opinión pública que seguirá especulando sobre si lo señalado en los reportajes es cierto, en lo que le resta de su administración bien haría el presidente en demostrar en los hechos la máxima que tanto pregona “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
