ENTREVISTAS
Urge reforma fiscal, beneficiaría a todo el país, no solo a Jalisco: Claudia Salas, diputada federal por MC
Por Francisco Junco //
Una tributación más justa no solo sería benéfico para Jalisco, sino para todas las entidades del país, ya que la que está en la actual legislación deja en desventaja a los estados, por ello, urge una reforma fiscal y es un tema que ya tienen la mayoría de las bancadas como un tema urgente, así lo indicó la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas.
“Lo trae el PRI, lo trae el PAN, lo traemos MC como un tema urgente. La reforma fiscal. Seguiremos insistiendo en ésta. Será uno de los temas que vengan en el siguiente periodo, que es parte también de nuestra agenda y la seguiremos poniendo sobre la mesa. Necesitamos una convención nacional hacendaria, así que claro que necesitamos convocar a una convención nacional que ponga sobre la mesa las nuevas condiciones del país. Hay un convenio de coordinación que se firmó hace 40 años y que definitivamente las cosas han cambiado bastante, nosotros estaremos con esa apuesta”.
En el mismo orden de ideas, la legisladora emecista agregó que la última convención hacendaria se realizó en 2005 y el contexto económico ha cambiado drásticamente a la fecha, por ello la necesidad de considerar las condiciones actuales de los estados y sus contribuciones.
“De cada ocho pesos que Jalisco manda al gobierno federal, sólo regresan dos en aportaciones y participaciones, que además estas aportaciones van dirigidas a tres rubros, que son de salud, seguridad y educación. Que son los rubros que más la gente necesita. Claro que necesitamos que esos rubros se fortalezcan en Jalisco”.
De igual manera, detalló que los indicadores actuales del convenio de coordinación fiscal que son marginación y pobreza son estos los que determinan mayor contribución a una entidad, pero a juicio de la diputada federal esto no refleja las necesidades reales de una entidad próspera y demandante como Jalisco.
“No queremos que los estados más pobres dejen de recibir recursos, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero. No es que queramos que esos estados ya no reciban recursos, de ninguna manera, lo que queremos es ampliar justamente el fondo de participación, el Fondo de Recaudación Participable”.
La propuesta, ahondó, es que se aumente el Fondo de Recaudación Participable del 20 por ciento, como esta en la actualidad, al 30 por ciento, tomando en cuenta nuevos indicadores como, por ejemplo, generación de empleo y salud financiera. “Es necesario reconocer el esfuerzo fiscal de los estados y recompensarlo adecuadamente”.
Aseguró que este esquema no solamente beneficiaría a Jalisco, es decir, sería una ganancia para todos los estados, y reflexionó que si Morena gobierna 24 estados, “también le conviene mucho”, porque hay entidades, que tienen gobiernos guindas, que son prósperos en sus indicadores, por lo que recibirían más recursos.
“Ese 10 por ciento entraría de una manera, bajo principios del federalismo fiscal y de justicia redistributiva, entraría a concursar todos los estados por ese 10 por ciento y se lo llevarían conforme a los indicadores que la propia Secretaría de Hacienda ponga y disponga. Entonces, no es una cuestión solamente unilateral de Jalisco”, subrayó lo que sería la propuesta de su bancada.
Además, propuso que los recursos adicionales derivados de un reajuste fiscal se destinen a fortalecer áreas críticas como salud, educación y seguridad. “Estos son los rubros que más necesitan atención inmediata, y que al mismo tiempo generan desarrollo a largo plazo”.
JALISCO EN EL PRESUPUESTO FEDERAL
“Jalisco no fue abandonado en el presupuesto federal”, es la precisión que hizo la diputada Claudia Salas, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas en la Cámara de Diputados federal, quien explicó que la distribución presupuestal aprobada Jalisco no recibe el trato que debe recibir al ser uno de los estados que más contribuye a la economía nacional.
Entre los logros presupuestales, la legisladora Claudia Salas destacó la asignación de recursos para el saneamiento del Río Santiago, un proyecto que implica una inversión total de 46 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil 600 millones ya están etiquetados para su primera etapa. Este proyecto es considerado clave para mejorar las condiciones ambientales y de salud de las comunidades cercanas al río.
Otro avance importante es el proyecto de vivienda social liderado por la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), con prácticamente 38 mil millones de pesos, “que es mucho recurso”, se contempla para la construcción y mejoramiento de 150 mil viviendas a nivel nacional, de las cuales Jalisco busca asegurar una parte significativa.
“La Sedatu lo que tiene prácticamente para este 2025 es construir 150 mil viviendas, de las cuales 50 mil son viviendas nuevas, y 100 mil son para el mejoramiento y ampliación también de la vivienda. Esto es un aumento muy considerable, prácticamente el 84 por ciento del presupuesto se aumentó en este rubro de viviendas”.
Claudia Salas subrayó que estas viviendas deben construirse en zonas metropolitanas con acceso a servicios públicos, evitando repetir errores del pasado donde las viviendas quedaban lejos de todo y eran eventualmente abandonadas, por lo que dijo, “tenemos que garantizar que las viviendas estén conectadas a la movilidad y a los servicios esenciales”.
Aunque aclaró que la propuesta de reforma al Infonavit empaña este el tema de vivienda, y acotó, el gobierno está manejando la cifra de dos millones de viviendas y cuestionó de dónde, si hay un presupuesto de 38 mil millones de pesos que te da para 150 mil viviendas y dijo que la respuesta se encuentra en los dos billones de pesos que quiere controlar del Infonavit, del dinero de los trabajadores, “sin consensuar, cancelando toda la posibilidad de que las fuerzas políticas puedan estar presentes en esta en esa discusión”.
En el tema carretero, explicó que presentó un estudio perfectamente fundamentado de cuánto se requiere en Jalisco, que son cerca de 12 mil millones de pesos, sin embargo y a pesar de algunos diálogos con otras fracciones, incluso la visita del gobernador Pablo Lemus a la Cámara de Diputados, apenas se logró un presupuesto de cerca de 600 millones de pesos en una parte de carretera.
Por otro lado, señaló, Jalisco deberá competir por fondos adicionales para proyectos clave como la Línea 5 del Tren Ligero, donde se concursan proyectos de inversión público-privada, como ocurrió, a nivel local, con la Línea 4, y “estamos certeros de que la línea 5 estará concursándose en ese fondo con una suerte de inversión público-privada para que pueda ser tripartita, que haya capital privado, que haya capital del estado y capital también del gobierno federal”, dijo.
La diputada manifestó su preocupación por los recortes en el sector salud, que impactarán en programas como el destinado a cubrir honorarios médicos en hospitales civiles. “Jalisco recibirá 280 millones de pesos menos en este rubro, lo que compromete la operación del Nuevo Hospital Civil de Oriente,” explicó.
Añadió: “Hay una gran preocupación, porque seguramente se cubrirá ese recurso con fondos estatales, pero no deja de ser una obligación del gobierno federal, porque así están los convenios, así están los ramos. Viene en el ramo de gasto federalizado”.
PREOCUPA REFORMA AL INFONAVIT
Respecto a la propuesta de reforma al Infonavit, la legisladora emecista la calificó como grave, por permitir que el gobierno federal tenga mayor control sobre los recursos de los derechohabientes. “Es inaceptable que se manipulen los ahorros de los trabajadores, sin transparencia ni rendición de cuentas”, acotó.
Además, denunció que esta reforma eliminará la obligación de rendir informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y advirtió que con la reforma se pretende que estos controles desaparezcan, dejando un vacío peligroso en la supervisión de los recursos.
“Esta reforma al Infonavit nos deja todavía ahorita un mal sabor de boca. Esa reforma, que, si bien acompañamos la reforma constitucional para conseguir vivienda social asequible, habitable, y la votamos por unanimidad en la Cámara de Diputados, esta reforma se viene a empañar ahora de manera muy drástica, justamente con esta reforma secundaria que se pretende poner sobre la mesa”.
Subrayó: “El gobierno federal entra totalmente a manipular el recurso de los derechos habientes. Y eso es muy grave porque los recursos que maneja el Infonavit no son recursos gubernamentales, no es presupuesto público, es dinero de los derechos habientes”.
Y advirtió que esto anula la democracia interna del organismo y pone en riesgo los ahorros de los trabajadores, también cuestionó la designación directa del director del Infonavit por parte de la presidencia, una práctica que consideró contraria a los principios de equidad y balance tripartito respaldados por la Organización Internacional del Trabajo.
“Es como dejar al lobo con Caperucita,” afirmó, alertando sobre los riesgos de corrupción y falta de rendición de cuentas. De acuerdo con la legisladora, esta reforma también amenaza con desviar recursos destinados originalmente a los derechohabientes hacia proyectos que no han sido consensuados con ellos, y es que “el gobierno no puede decidir unilateralmente sobre el dinero que no le pertenece”.
La diputada también expresó su preocupación por los efectos que esta reforma podría tener en la confianza de los trabajadores hacia el sistema de ahorro para la vivienda. “Estamos hablando de recursos que son el fruto del esfuerzo de millones de mexicanos, y cualquier manejo indebido compromete la credibilidad del sistema completo,” explicó.
La diputada agregó que el derecho de veto que se pretende otorgar al director del Infonavit no sólo centraliza el poder, sino que también elimina la posibilidad de decisiones colegiadas. “Este modelo autoritario va en contra de los principios básicos de transparencia y democracia participativa,” señaló, enfatizando la importancia de mantener una estructura tripartita equilibrada.
Además, criticó la intención de utilizar los recursos de los derechohabientes para proyectos que no necesariamente benefician a quienes aportaron. “No podemos permitir que el ahorro destinado a garantizar una vivienda digna se use para otros fines. Esto sería un golpe directo a los trabajadores y sus familias”.
Finalmente, hizo un llamado a los sindicatos y representantes de los trabajadores para que se unan en la defensa de los derechos de los derechohabientes, aunque la fracción parlamentaria tenga la mayoría en el Congreso de la Unión, debe haber una manifestación importante de desacuerdo con lo que pretende hacer el oficialismo con la reforma del Infonavit.
“Necesitamos una movilización colectiva que envíe un mensaje claro: estos recursos son intocables y deben manejarse con total transparencia y responsabilidad. debe de haber una condena social muy grande, yo estoy segura de que los sindicatos no lo van a permitir. Aquí tenemos sindicatos muy fuertes”.
COMPROMETIDA CON JALISCO
Claudia Salas reiteró su compromiso de gestionar recursos que beneficien directamente a los jaliscienses. “Soy la única diputada federal de mi partido por Jalisco, y eso me obliga a prepararme, a estar en el debate nacional y a alzar la voz por mi estado,” declaró. También destacó su colaboración con el gobernador Pablo Lemus para impulsar proyectos prioritarios.
La diputada hizo énfasis en la importancia de mantener un diálogo fluido con el gobierno federal para garantizar que los recursos lleguen a Jalisco de manera justa. “Seguiremos gestionando, proponiendo y luchando para que Jalisco reciba lo que merece. Este es un esfuerzo conjunto que requiere voluntad política y visión a largo plazo”.
La diputada también enfatizó la importancia de fortalecer la recaudación estatal a través de mecanismos locales innovadores y destacó que “Jalisco ha sido un ejemplo al implementar un incremento al impuesto sobre nómina que permitió recaudar 13 mil millones de pesos adicionales, destinados a renovar más de mil escuelas”. Este modelo, demuestra la capacidad del estado para autogestionar recursos en beneficio de sus ciudadanos.
Además, resaltó la necesidad de hacer que los domicilios fiscales de grandes empresas jaliscienses que actualmente tributan en la Ciudad de México regresen al estado, y acotó que “es inaceptable que empresas con operaciones aquí tributen en otro estado, privando a Jalisco de recursos que legítimamente le corresponden,” afirmó, señalando que ya se han identificado más de 150 empresas en esta situación.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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