NACIONALES
Vacío legal en materia de bioterrorismo: México, sin preparación para un conflicto de bioseguridad grave
Por Omar Becerra Partida //
Ahora con todas las teorías conspirativas del COVID 19, de ¿que si es o no un acto bioterrorista?, sería interesante analizar el vacío legal tan riesgoso que tenemos en el país…
En este manuscrito, abordaremos un vacío legal muy importante en México, que se refiere a la creación de una ley en anti-bioterrorismo, nos enfocaremos en la necesidad de crear un marco juridico, como protección de derechos humanos y así encontrar una protección juridico-bioético de esta nueva forma de genocidio
Sabemos que México en temas de Bioderecho es nuevo, así como también no existe, el interés ni por parte del gobierno, ni de los legisladores, sobre la investigación de dichos temas.
El término bioética según V.R. Potter, tiene un origen etimológico bien conocido: BIOS–ethos, comúnmente traducido por ética de la vida, que si la materializáramos en materia legislativa sería una integralidad jurídica de equilibrios para la sociedad mexicana.
Está demás dar una explicación amplia de lo que se vive en México, pero si es importante hacer este tipo de investigaciones para que sean el inicio de una carrera larga tanto académica como gubernamental para dichos temas de interés mundial.
El desarrollo de las Biotecnologías, y el interés por el poder por parte de las naciones, ha sido en gran medida, la principal causa de la creación de armas biológicas y por qué no del soldado perfecto como lo podría ser un virus.
La creación de células zombies por parte de Universidad de Nuevo México, en conjunto con los Sandia National Laboratories de Albuquerque, nos hace pensar que ya no estamos tan lejos de lo que vemos en películas de ciencia ficción.
El marco Jurídico mexicano brilla en su ausencia, sobre estos temas, y es donde observamos que el derecho mexicano ha sido rebasado por la ciencia, en donde al abogado, se le da una formación de intérprete de la ley mas no de racionalizarla como tal, y por ende el marco jurídico se convierte en un lienzo mil veces pintado del mismo color, sin aportar algo que favorezca a la sociedad mexicana.
Entendemos que el Bioterrorismo consiste en el uso intencionado de un patógeno o producto biológico para producir daño a personas, animales, plantas u otros organismos para influir sobre la conducta de los gobiernos o intimidar a la población civil.
Las armas biológicas, consisten en virus, bacterias u otros gérmenes que normalmente se encuentran en la naturaleza pero que en ocasiones han sido modificados en laboratorio para aumentar su capacidad de dispersión, de resistir los tratamientos médicos o ser más dañinos.
Recordemos que el primer Bioterrorista que tuvimos en Mexico fue Hernán Cortez, al envenenar las aguas de Tlatelolco, con cadáveres para poder entrar a la misma.
LAS PANDEMIAS EN MÉXICO
¿Cuánta pandemias se han sufrido en México?
Según documentos como el libro Ensayos sobre la historia de las epidemias en México del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1982, compilado por Enrique Florescano y Elsa Malvido, el boletín de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se puede consultar en la página electrónica de la Dirección Dineral Adjunta de Epidemiología (www.dgepi.salud.gob.mx) , el libro de la Visión de los vencidos Miguel León-Portilla y así como el artículo de la Jornada llamado, El catarro pestilencial, primer gran epidemia que azotó México encontrado en https://www.jornada.com.mx/2009/04/25/ciencias/a02n1cie
Daremos un historial de las pandemias en nuestro país:
1450-1456. Una epidemia de influenza o gripa.
1528. Epidemia caracterizada por la aparición de tos y granos ardientes, según redacta el antropólogo e historiador Miguel León-Portilla en su libro La Visión de los Vencidos.
1540. Epidemia de tifoidea.
En 1576. Epidemia que no adquirió nombre y que era una combinación de viruela y tifoidea.
1813 epidemia de tifoidea y cólera.
1902. Epidemia Peste bubónica.
1918. Epidemia influenza española.
1940. Epidemia la malaria o paludismo.
1948-1955 Epidemia de poliomielitis.
2009. Epidemia de influenza.
2020. Epidemia de COVID 19
PLAN CONTRA ATAQUE BIOTERRORISTA
En este contexto tenemos un plan nacional en contra de un ataque bioterrorista, realizado en el sexenio de Felipe Calderón, pero el solo actuar con un plan es insuficiente para las instituciones de seguridad social, ya que no se dan abasto por sí solas con padecimientos comunes.
México, no está preparado, para un conflicto de bioseguridad tan grave.
Existe un plan nacional sobre bioterrorismo mas no existe un marco legal especial, quizá solo la creación de una ley por si sola podría ayudarnos en un cien por ciento, pero sí podría dar en ese contexto la capacidad de crear instituciones adecuadas para subsanar esta situación y complementar con las instituciones del estado con las que ya se cuentan.
Las leyes internacionales prohíben el uso de agentes biológicos en los conflictos armados, como lo vemos en el Protocolo de Ginebra y después, en 1969.
La Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución que hace recomendaciones a dicho Protocolo. Adicionalmente, se desarrolló la Convención Mundial de Armas Biológicas y Toxinas en 1972, que fue revisada en 1975, 1980, 1986, 1991 y 1996.
Esta convención está en contra del desarrollo, producción, adquisición y acúmulo de microorganismos y sus productos, excepto para fines pacíficos.
Pero si con el COVID 19 que según los expertos es un virus no mutado en laboratorio, ¿Qué pasaría con uno que si fue mutado con el fin de perjudicar a la población?
El Dr. Omar Becerra Partida es Presidente del Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco AC.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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