Por Redacción Conciencia Pública //

El Senado de México aprobó la creación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica como parte de una ley para eliminar trámites burocráticos y modernizar los servicios públicos.

Esta nueva versión incluirá datos biométricos como huellas digitales, escaneo de iris, firma y fotografía, y se utilizará para facilitar gestiones digitales a través de la plataforma de trámites “Llave MX”.

Con esta reforma, todos los trámites ante autoridades federales, estatales, municipales y organismos autónomos deberán realizarse mediante la plataforma digital usando la CURP biométrica.

El gobierno asegura que esto reducirá la corrupción y agilizará los procesos, aunque los partidos de oposición cuestionan la viabilidad técnica del proyecto ideado por la autoirdad federal, emanada de Morena y la 4T.

La CURP biométrica también se empleará para integrar a los ciudadanos al Sistema Nacional de Salud y apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sería la encargada de operar esta identificación digital, mientras que el Registro Nacional de Población (RENAPO) quedará alojado en una plataforma única de identidad.

¿Qué es Llave Mx?

La idea de una identidad digital puede sonar compleja, pero en esencia Llave MX funcionará como un perfil digital único para realizar trámites ante el gobierno sin tener que acudir presencialmente. Algo así como un expediente virtual con tu CURP, datos personales y accesos a servicios en línea.

Con esta llave se podrá, por ejemplo, solicitar una beca, corregir un acta de nacimiento o incluso registrarse para ciertos procesos legales. La meta: eliminar papeleo innecesario, filas eternas y múltiples cuentas para diferentes dependencias.

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

En medio de la polarización política que atraviesa México y la creciente tensión en las relaciones con Estados Unidos, las acusaciones del Departamento del Tesoro de ese país contra tres instituciones financieras mexicanas —Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam— por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles del narcotráfico deben tomarse con cautela.

Estas acusaciones, que han generado un fuerte impacto en la opinión pública, señalan particularmente a Vector Casa de Bolsa, asociada al empresario regiomontano Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Las acusaciones y su trasfondo político

El Departamento del Tesoro, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN), acusa a Vector de facilitar operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo entre 2013 y 2021. Según las autoridades estadounidenses, una «mula financiera» habría lavado 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, y se habrían realizado pagos por más de 1 millón de dólares a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la producción de fentanilo entre 2018 y 2023.

Por su parte, CIBanco e Intercam son señalados por supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo reuniones entre ejecutivos de Intercam y presuntos miembros de esta organización criminal.

Sin embargo, las acusaciones carecen de claridad y evidencia pública contundente, lo que sugiere un trasfondo político. Alfonso Romo, quien fungió como enlace entre el gobierno de AMLO y el sector empresarial, abandonó la administración en 2020 debido a diferencias ideológicas.

Este contexto alimenta la percepción de que las acusaciones podrían estar motivadas por intereses políticos, especialmente en el marco de la política antidrogas de la administración de Donald Trump, que ha clasificado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

La respuesta del gobierno mexicano

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reaccionó con prontitud, exigiendo al Departamento del Tesoro pruebas concretas de las acusaciones. Hasta el momento de redacción de este artículo, no se ha hecho pública ninguna evidencia sólida.

La SHCP argumenta que las transacciones señaladas forman parte del comercio bilateral con China, que asciende a 139 mil millones de dólares anuales, y que las irregularidades detectadas son de carácter administrativo, no delictivo.

Por su parte, Vector Casa de Bolsa ha negado categóricamente las acusaciones, destacando sus 50 años de trayectoria y su cumplimiento con los estándares normativos. La institución asegura que las operaciones cuestionadas son legítimas y están respaldadas por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval). Cabe destacar que Alfonso Romo no ha sido imputado directamente, pero su cercanía con AMLO amplifica el impacto político de estas acusaciones.

Politización y presión internacional

No es la primera vez que el gobierno mexicano enfrenta señalamientos de este tipo. En el pasado, la DEA ha insinuado vínculos entre narcotraficantes y la campaña presidencial de AMLO en 2006, acusaciones que nunca prosperaron por falta de pruebas. En el contexto actual, la narrativa de la administración Trump parece buscar presionar al sistema financiero mexicano para que asuma mayores responsabilidades en la lucha contra el lavado de dinero.

Esta estrategia se ve reforzada por la percepción en algunos sectores de México de que Trump representa una alternativa frente a la hegemonía de Morena, en un escenario donde la oposición carece de peso político significativo.

Implicaciones y desafíos

El caso pone de manifiesto los desafíos del sistema financiero mexicano para blindarse contra el lavado de dinero. La sociedad civil demanda mayor transparencia y colaboración internacional para investigar posibles nexos entre políticos, empresarios y el crimen organizado, siguiendo la pista del dinero.

Sin embargo, para desentrañar esta compleja red, es indispensable que tanto el gobierno estadounidense como el mexicano actúen con claridad. La FinCEN debe presentar pruebas sólidas, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deben realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer los señalamientos.

Conclusión

Las acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam, y la mención de Alfonso Romo, han avivado el debate público en un entorno de polarización y tensiones diplomáticas. Sin pruebas concretas, estas acusaciones corren el riesgo de percibirse como un instrumento político más que como un esfuerzo genuino por combatir el crimen organizado.

México y Estados Unidos enfrentan el reto conjunto de fortalecer la cooperación en materia de inteligencia financiera, pero esta debe basarse en hechos verificables y no en especulaciones que alimenten la desconfianza. Mientras no se presenten pruebas contundentes, el caso seguirá siendo un capítulo más en los complejos juegos del poder.

Por Francisco Junco //

México, a pesar de ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene un nivel de aseguramiento significativamente menor al promedio internacional. Mientras países con economías similares destinan hasta el 9% de su Producto Interno Bruto (PIB) al sector de seguros, en México esta cifra apenas alcanza el 2.5%.

Carlos Omar Jiménez, director de seguros de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), considera que esta baja penetración no es solo un indicador económico, sino un reflejo de la falta de una cultura de prevención en la sociedad mexicana.

En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez explicó que el sector asegurador tiene dos prioridades clave: aumentar la cobertura para que más personas tengan acceso a seguros y garantizar que quienes ya están asegurados cuenten con una protección integral. “Queremos que el seguro llegue a más población, lo que incrementará su participación en el PIB. México está muy por debajo del nivel de aseguramiento de países similares”, afirmó.

Además, enfatizó la importancia de ofrecer coberturas complementarias que respondan a los riesgos específicos de cada persona, familia o empresa, para que el sector no solo crezca en términos económicos, sino que contribuya a una sociedad más preparada y resiliente.

La baja adopción de seguros en México deja a la población vulnerable ante eventos como accidentes viales, desastres naturales, enfermedades o quiebras de pequeñas y medianas empresas. Jiménez destacó que México es el único país de la OCDE sin una política pública que exija un seguro obligatorio para automóviles, lo que subraya la necesidad de una mayor colaboración con las autoridades para fomentar el aseguramiento.

“Esto evidencia que hay mucho por hacer en la industria y requiere una vinculación más fuerte con el gobierno”, señaló.

El impacto de un país con mayor cobertura de seguros trasciende lo financiero. Según Jiménez, una sociedad más asegurada es más resiliente y capaz de enfrentar con mayor eficacia huracanes, terremotos, crisis económicas o problemas de salud. “Un país más asegurado no solo incrementa su participación en el PIB, sino que está mejor preparado para atender desastres naturales o quiebras empresariales causadas, por ejemplo, por riesgos climáticos”, explicó.

A pesar de que el sector asegurador mexicano ha pagado más de 22 mil millones de pesos en siniestros, según datos de la AMIS, el número de personas aseguradas sigue siendo bajo. Esto ha llevado a la industria a redefinir su rol, pasando de ser únicamente un pagador de siniestros a un actor proactivo en la reducción de riesgos. “No solo se trata de pagar accidentes viales, sino de trabajar para que haya menos. El sector ahora busca prevenir siniestros, no solo indemnizarlos”, afirmó Jiménez.

Otro desafío importante es el fraude, que representa entre el 5 y el 10% de las reclamaciones, especialmente en el ramo automotriz. Dado que los siniestros se pagan con las primas de los asegurados, el fraude afecta directamente los recursos de los usuarios. Para combatirlo, la AMIS ha fortalecido sus protocolos de verificación en coordinación con autoridades y el sector privado, implementando medidas como la validación de números de serie vehiculares, la autenticidad de facturas y el uso de papel de seguridad en documentos clave.

En el ramo de salud, aunque no es el enfoque principal de Jiménez, también se han adoptado medidas para evitar abusos, como la presentación de radiografías falsas o la declaración de lesiones preexistentes como recientes. “Trabajamos con estándares internacionales para garantizar que los tratamientos médicos sean legítimos y evitar reclamaciones indebidas”, explicó.

En cuanto a las quejas contra aseguradoras, Jalisco ocupa el segundo lugar nacional con el 7% de los casos, un reflejo del alto número de asegurados en la entidad. Sin embargo, Jiménez señaló que muchas de estas quejas provienen del desconocimiento de las pólizas contratadas.

Por ejemplo, tras el huracán Otis en Acapulco, el 15% de los afectados creía tener cobertura contra riesgos hidrometeorológicos, pero no era así. “No es que las aseguradoras no quieran pagar; el contrato está diseñado para cumplir, pero la cobertura debe estar incluida. Estamos trabajando con las autoridades para fomentar el conocimiento de las pólizas y reducir quejas infundadas”, aclaró.

Con la llegada del Mundial 2026, que tendrá a Guadalajara como una de sus sedes, la AMIS anticipa retos en materia de protección, seguros de responsabilidad civil y prevención. “Este evento generará más tráfico y, con ello, un mayor riesgo de accidentes. Las personas deben estar conscientes de la necesidad de estar protegidas”, señaló Jiménez.

El sector ya prepara campañas de difusión para visibilizar estos riesgos y promover una cultura del aseguramiento, dado que eventos de esta magnitud conllevan tanto oportunidades como obligaciones.

La inteligencia artificial (IA) también está transformando el sector, pero Jiménez aclaró que no reemplaza a los agentes de seguros, sino que fortalece su trabajo. “La IA no sustituye a las personas; mejora las herramientas para identificar, cuantificar y priorizar riesgos, profesionalizando aún más la industria”, afirmó.

Bajo el liderazgo de Pedro Pacheco, nuevo presidente de la AMIS, el sector mantiene una estrategia centrada en cinco prioridades nacionales: resiliencia ante desastres, seguridad vial, seguros para el retiro, inclusión financiera y acceso a la salud. Estas metas buscan consolidar el papel de los seguros como un pilar para el desarrollo económico y social del país.

Finalmente, el crecimiento del parque vehicular, especialmente de motocicletas, plantea un desafío urgente. Nueve de cada diez motos en México carecen de seguro, a pesar de ser vehículos de alto riesgo. La AMIS aboga por establecer mecanismos obligatorios de aseguramiento, argumentando que las motocicletas, aunque tienen derechos, también generan víctimas y deben asumir responsabilidades. “Tienen que respetar el reglamento y proteger a las víctimas, porque también las generan”, subrayó Jiménez.

En conclusión, el sector asegurador mexicano enfrenta el reto de expandir la cobertura, mejorar la calidad de la protección, combatir el fraude y fomentar una cultura de prevención. Al hacerlo, no solo busca incrementar su peso en la economía, sino contribuir a una sociedad más resiliente, preparada para enfrentar los riesgos del presente y del futuro.

Palabras: 920

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Por Francisco Junco

Pese a que México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), su nivel de aseguramiento está muy por debajo del promedio internacional. Mientras países con economías similares destinan hasta el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) a los seguros, en México apenas alcanza el 2.5%. Para Carlos Omar Jiménez, director de seguros de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), esta baja participación no es sólo un indicador financiero, sino el reflejo de una sociedad que aún no asume plenamente la cultura de la prevención.

“El sector asegurador tiene dos grandes prioridades. La primera es hacer que el seguro llegue a mucha más población. Y eso, por supuesto, en consecuencia, vendrá acompañado de un crecimiento en la participación en el PIB. Estamos hablando de que México es un país donde el nivel de aseguramiento está muy por debajo, inclusive de niveles de países similares a México”, aseguró en entrevista con Conciencia Pública.

Esa baja penetración del seguro en la economía mexicana se traduce en una alta vulnerabilidad para la población. Accidentes viales, fenómenos naturales, enfermedades o incluso la quiebra de pequeñas y medianas empresas, podrían prevenirse o enfrentarse mejor si existiera una cultura del aseguramiento más sólida y extendida.

“Somos, sólo por darte un ejemplo, el único país de la OCDE que no tiene una política pública de seguro obligatorio en términos de automóviles. Esto, por supuesto, deja ver que hay mucho más por hacer en la industria, una vinculación cada vez más fuerte con las autoridades”, dijo el directivo representante de AMIS.

Más allá de aumentar la cobertura, Carlos Omar Jiménez subrayó que uno de los grandes objetivos de la AMIS es lograr que quienes ya cuentan con un seguro estén realmente bien protegidos. No basta con estar asegurado, es indispensable contar con coberturas integrales que realmente respondan a las necesidades de cada persona, familia o empresa.

“La prioridad número dos es que, si ya estás asegurado, que tengas una protección integral, que tengas una serie de coberturas complementarias a los riesgos básicos. Entonces, más personas aseguradas y más personas mejor aseguradas es el reto que nos va a permitir que el sector tenga una mayor participación en el PIB”, explicó.

El impacto de un país más asegurado va mucho más allá de las finanzas, explicó, esto significa contar con una sociedad más resiliente, capaz de sobreponerse con mayor eficacia a desastres naturales, enfermedades, o crisis económicas inesperadas.

“Eso, por supuesto, que viene acompañado no sólo de una participación en el PIB, sino de un país mucho más resiliente, un país mucho más preparado para atender huracanes, terremotos, enfermedades, empresas que se van inclusive a la quiebra por no tener un seguro frente a un riesgo climático, por ejemplo”, remarcó Carlos Omar Jiménez.

Pese a que el sector asegurador en México ha pagado más de 22 mil millones de pesos por siniestros, según cifras de la propia AMIS, el número de personas aseguradas sigue siendo bajo. Esta situación obliga al sector a repensar su rol, no sólo como pagadores de siniestros, sino como actores que deben contribuir activamente a reducir los riesgos.

“Ya no es solamente una prioridad pagar siniestros. Ahora el sector juega un nuevo rol que es ayudar a que haya menos siniestros. No sólo se trata de pagar los accidentes viales, se trata de trabajar en que haya menos accidentes viales”, afirmó.

La modernización del sector también incluye una lucha frontal contra el fraude, un fenómeno que se estima representa entre el 5 y el 10% del total de reclamaciones, sobre todo en el ramo automotriz y refirió que el sector asegurador paga los siniestros con la prima de los asegurados, es decir es el dinero es de los asegurados por lo que sostuvo que si se permite los fraudes en realidad se está impactando a los recursos de los usuarios.

Para enfrentar esta problemática, la AMIS ha reforzado sus protocolos de verificación en coordinación con autoridades y sectores privados. Se ha trabajado en validar números de serie vehiculares, autenticidad de facturas y se ha implementado el uso de papel seguridad en documentos clave.

En cuanto al ramo de salud, aunque no es su especialidad directa, Carlos Omar Jiménez señaló que también se han adoptado protocolos para evitar fraudes o abusos, como la presentación de radiografías falsas o la declaración de lesiones preexistentes como recientes.

“Se trabaja muy de la mano con procedimientos médicos, con estándares internacionales de cómo hacer un tratamiento médico, de tal suerte de que se evite que una persona pueda presentar una radiografía que no es correcta o que tenga una lección preexistente y que la quiera reclamar al seguro cuando no corresponde”, explicó.

Sobre las cifras de quejas contra aseguradoras, Jalisco ocupa el segundo lugar nacional, con el 7% de los casos, señaló que la entidad es una de las grandes ciudades que tiene una cantidad importante de asegurados, por lo que este número, está relacionado con la cantidad de asegurados. Pero reconoció que gran parte de estas quejas, tienen origen en el desconocimiento de las pólizas contratadas. Por ejemplo, dijo en el caso del huracán Otis en Acapulco, el 15% de los afectados no contaba con cobertura contra riesgos hidrometeorológicos, pero creyeron que sí.

“No es que no te quieran pagar, el contrato está hecho para pagar. Más bien, no tenías la cobertura. Entonces, estamos trabajando mucho con las autoridades para generar mucha cultura del conocimiento de las pólizas para evitar quejas que no necesariamente son acciones procedentes”, explicó.

En un contexto de eventos masivos como el Mundial 2026, que tendrá como una de las sedes en Guadalajara, la AMIS ya visualiza una serie de retos en cuanto a protección, seguros de responsabilidad civil y prevención y dijo que “vemos con muy buenos ojos que esto va a generar mucho tráfico, mucho tránsito vehicular, más tráfico, más accidentes. Entonces que las personas estén conscientes que esto va a generar un poco de mayor riesgo al cual hay que estar protegido”.

El sector, adelantó, ya trabaja en campañas de difusión enfocadas en visibilizar estos riesgos. y promover la cultura del aseguramiento, ya que este tipo de eventos están asociados a muchos temas de nivel mundial, pero generan también obligaciones y generan riesgos, por lo que se tiene que estar preparado para protección frente a cualquier riesgo.

Sobre el impacto de la inteligencia artificial, Jiménez aclaró que no sustituye al agente de seguros, sino que viene a fortalecer su trabajo y profesionalizar aún más la industria, ya que las tecnologías no vienen a sustituir a las personas, vienen a fortalecer las herramientas para hacer mejor el trabajo, que es identificar, cuantificar, priorizar y sobre todo generar instrumentos de protección financiera.

En cuanto al liderazgo del nuevo presidente de la AMIS, Pedro Pacheco, explicó que existe una clara estrategia de continuidad que gira en torno a cinco prioridades nacionales, donde AMIS se ha planteado cinco prioridades. Resiliencia ante desastres, seguridad vial, seguros para el retiro, inclusión financiera y acceso a la salud.

Finalmente, ante el crecimiento del parque vehicular y, especialmente, del uso de motocicletas, vehículo de alto riesgo, la AMIS advierte la urgencia de establecer mecanismos obligatorios de aseguramiento.

“Nueve de cada diez motocicletas no tienen ningún tipo de seguro. Las motocicletas en efecto tienen derechos, pero también tienen obligaciones y son vehículos automotores. Tienen que respetar el reglamento y respetar este tipo de políticas que es el proteger a las víctimas porque también generan víctimas”, subrayó.