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NACIONALES

«Ya es muy tarde»

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Opinión, por Iván Arrazola //

Con esta frase, la presidenta Sheinbaum respondió a una pregunta formulada durante su conferencia mañanera sobre la propuesta de los comisionados del INAI para reducir el presupuesto del organismo autónomo en 300 millones de pesos. Con ese argumento simplista y meramente burocrático, la presidenta justificó la desaparición de un organismo fundamental como lo es el INAI, cuya labor es supervisar la transparencia y las acciones del gobierno.

Esta postura condena al país a un estado de opacidad comparable al que se vivió durante el siglo XX, cuando la falta de rendición de cuentas era la norma y la información pública era inaccesible. La eliminación de un ente de vigilancia como el INAI representa un grave retroceso en los avances hacia una democracia más transparente y participativa, y limita el derecho de los ciudadanos a conocer y cuestionar las acciones de sus gobernantes.

¿Por qué al régimen le resulta tan fácil tomar estas decisiones sin asumir ningún costo? La respuesta es clara: en este momento, el país carece de los contrapesos necesarios para frenar el avance del autoritarismo. Además, parece no haber una preocupación real entre la ciudadanía, que ha aceptado tranquilamente que todo se hace en nombre de una supuesta austeridad republicana, aunque el despilfarro del régimen es evidente.

Basta señalar que, tan solo en el sexenio anterior, PEMEX registró pérdidas por 1.3 billones de pesos. Esta falta de contrapesos y de cuestionamiento público permite al régimen avanzar sin obstáculos significativos, sacrificando transparencia y debilitando las instituciones democráticas en favor de decisiones arbitrarias y de un discurso de austeridad que parece justificar cualquier medida.

En esta misma línea, el oficialismo ha intentado vender una visión de democracia reducida a su expresión más básica. La presidenta Sheinbaum sostiene que siempre ha luchado por la democracia y, por ello, considera que no se le puede calificar de autoritaria. Además, argumenta que su mandato está respaldado por una mayoría que la eligió en las urnas, lo cual, según ella, le otorga la autoridad para implementar las reformas que considere necesarias, pues es el pueblo quien, al votar de forma mayoritaria el 2 de junio, le ha delegado ese poder.

Sin embargo, la presidenta parece ignorar un aspecto fundamental de la democracia: la necesidad de establecer límites al ejercicio del poder. La democracia no solo consiste en ganar elecciones, sino en respetar y fortalecer las instituciones, en actuar dentro del marco de la ley y en reconocer que el poder debe ser contrarrestado para evitar abusos.

El poco aprecio y respeto que muestra hacia las leyes y la limitación del poder reflejan una concepción profundamente autoritaria, en la que el mandato popular se interpreta como una carta blanca para gobernar sin restricciones. Esta visión no solo debilita la democracia, sino que abre la puerta a prácticas que minan los principios de legalidad y equilibrio institucional, fundamentales en un sistema verdaderamente democrático.

El argumento favorito del régimen para justificar la desaparición del INAI es que este organismo no ha logrado erradicar la corrupción. Este razonamiento, sin embargo, resulta engañoso. La transparencia, aunque no es la solución completa al problema de la corrupción, es uno de los pilares esenciales para combatirla, y la función principal del INAI es precisamente facilitar el acceso a la información pública, permitiendo a los ciudadanos conocer y cuestionar las acciones gubernamentales.

Esta labor de transparencia resulta incómoda para un régimen que se ha especializado en reservar información, con el único objetivo de evitar el escrutinio público y las críticas sobre sus acciones. En este contexto, eliminar al INAI es conveniente, especialmente si se consideran casos emblemáticos, como el de «La Casa Blanca», que mostró el conflicto de interés entre la familia de uno de los hijos del presidente y una empresa contratista de PEMEX, o el caso del Tren Maya donde contratistas fueron relacionados con hijos de López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en lugar de fortalecer la rendición de cuentas, opta por deshacerse del «mensajero» que hace posible la transparencia. Según su visión, la ciudadanía debería «confiar» en la buena voluntad del gobierno para divulgar la información, en lugar de depender de un organismo independiente que garantice el acceso público a esta.

Con esta frase, se pasa por alto que quienes verdaderamente llegaron tarde son los que ahora gobiernan y actúan con una visión anticuada de lo que significa la democracia. En su concepción, lo único relevante es la mayoría obtenida en las urnas, lo cual, según ellos, les otorga el derecho a hacer cualquier cosa, especialmente concentrar poder y reemplazar las instituciones por la voluntad de una o unas pocas personas. En esta visión, el destino de un país queda en manos de decisiones unilaterales, sustentadas en un discurso cargado de prejuicios y resentimientos, pero desprovisto de un proyecto que realmente construya un mejor país.

 

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NACIONALES

Elecciones del Poder Judicial: Abstención del 86 por ciento; votaron 13 millones, es decir, entre el 12.57 y 13.32%

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Por Mario Ávila //

En un ejercicio sin precedentes en la historia de México y del mundo, alrededor de 13 millones de ciudadanos salieron a las urnas este domingo para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.

La jornada electoral, que transcurrió sin incidentes graves en el país, marcó un hito en la democracia mexicana, aunque también dejó al descubierto los retos de un proceso inédito que busca transformar una de las instituciones más importantes del Estado.

Participación ciudadana: Un 13% acude a las urnas

A las 23:00 horas de este domingo, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ofreció un corte informativo sobre la jornada electoral. Según las estimaciones del INE, la participación ciudadana osciló entre el 12.57% y el 13.32%, lo que equivale a un rango de 12.5 a 13.3 millones de votantes de un padrón de 99.7 millones de ciudadanos registrados en el Listado Nominal del Electorado.

Para obtener esta cifra, el INE recurrió a una muestra representativa de 1,644 casillas seccionales, equivalente al 2% de las más de 83 mil instaladas en todo el país. La muestra fue diseñada por expertos en estadística y matemática, garantizando su representatividad. Aunque la participación fue baja comparada con otros procesos electorales, Taddei celebró el ejercicio como “una etapa histórica para el INE, como organizador y depositario de la confianza ciudadana, que ha hecho todo para garantizar una elección transparente”.

Para contextualizar, la participación en la elección presidencial de 2024, que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia, alcanzó el 61%, mientras que en la Revocación de Mandato de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, votaron 16.5 millones de mexicanos (un 17.7%).

En la consulta para juzgar a expresidentes de 2021, otro proceso inédito, la participación fue aún menor, con un 7.4%. Si bien la elección del Poder Judicial no puede compararse directamente con estos ejercicios, la cifra del 13% refleja los desafíos de involucrar a la ciudadanía en un proceso complejo y poco familiar.

Un proceso de conteo escalonado y transparente

El cierre de casillas marcó el inicio de un arduo proceso de cómputo que se lleva a cabo en los 300 Consejos Distritales del INE, donde miles de funcionarios y ciudadanos trabajan para dar certeza a los resultados. Taddei explicó que, a diferencia de elecciones anteriores, el conteo comenzó a las 18:00 horas del mismo domingo, transmitiéndose en vivo a través de los canales del INE y bajo la supervisión de observadores electorales para garantizar máxima publicidad.

En esta elección se renovaron 881 cargos del Poder Judicial: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 magistraturas de Salas Regionales del TEPJF, 464 magistraturas de Tribunales de Circuito y 386 jueces de Distrito. La magnitud del proceso obligó al INE a diseñar un calendario escalonado para el cómputo de votos.

Del 1 al 3 de junio se contarán los votos para la SCJN, y entre el 3 y el 4 se computarán los del Tribunal de Disciplina Judicial. Los días 4 y 5 se dedicarán a la Sala Superior del TEPJF, mientras que del 5 al 6 se contarán los votos de las Salas Regionales.

Entre el 6 y el 8 de junio se procesarán los votos para Tribunales de Circuito, y del 7 al 10 los de jueces de Distrito. El 12 de junio se validarán los resultados, y el 15 se realizarán los cómputos nacionales, declarando la validez de la elección y entregando constancias de mayoría a los ganadores.

López Obrador reaparece y respalda la reforma

Un momento que captó la atención nacional ocurrió a las 9:50 de la mañana en Palenque, Chiapas, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de esta reforma durante su sexenio, reapareció para votar en una casilla especial.

Visiblemente más delgado, con el cabello corto y vestido con una guayabera blanca con vivos guinda, López Obrador habló con los medios tras emitir su voto: “Nunca en la historia de nuestro país el pueblo había tenido el derecho de elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez, por eso quise participar en esta elección histórica”.

El expresidente aprovechó para elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor del mundo”, y reveló que está trabajando en un nuevo libro sobre la grandeza cultural de México. “Es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo algo que les va a gustar mucho”, adelantó, generando expectativa entre sus seguidores.

Protestas y elecciones concurrentes

Mientras López Obrador celebraba el proceso, en la Ciudad de México y otras capitales estatales se registraron marchas de protesta contra la elección, lideradas por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), exfuncionarios del Poder Judicial y comunicadores opositores a Morena. Las críticas señalaron la falta de información, la confusión en las boletas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones” para orientar el voto, lo que algunos consideran una forma de manipulación.

Este domingo también se eligieron cargos del Poder Judicial en 19 estados de la República, además de elecciones municipales en Veracruz y Durango. En:Jalisco, Luis Zamora Cobián, vocal de la Junta Local del INE, aseguró que la jornada transcurrió sin incidentes relevantes. “Fue una buena elección, no hubo hechos que lamentar en el estado”, afirmó, destacando el esfuerzo de organización en un contexto de procesos concurrentes.

Un hito con retos pendientes

La elección del Poder Judicial Federal marcó un antes y un después en la democracia mexicana al permitir que la ciudadanía participe directamente en la renovación de una institución clave. Sin embargo, la participación del 13% evidencia los retos de un proceso complejo, con miles de candidatos y cargos poco conocidos para la población. La desinformación, la falta de campañas efectivas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones”, subrayan la necesidad de ajustes para futuros ejercicios de este tipo.

A pesar de estos desafíos, el INE reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que cada voto será contado con certeza. Esta elección, aunque perfectible, sienta un precedente para la democratización de instituciones tradicionalmente alejadas de la participación ciudadana. Ahora, el país espera los resultados que definirán el rumbo del Poder Judicial, mientras la sociedad reflexiona sobre el impacto de este proceso en el equilibrio de poderes y la consolidación de la democracia mexicana.

LOS NÚMEROS

Los ciudadanos salieron a las urnas para elegir mil 800 puestos en los poderes judiciales locales y federales:

9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

2 Magistraturas de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)

464 Magistraturas de Circuito

386 personas Juzgadoras de Distrito

Se registraron 1,700 incidentes durante la jornada

De acuerdo con el corte de caja que dio el INE a las 18:00 horas, se instalaron en el país 83 mil 974 casillas, lo que representa el 99.98%. Las casillas cerraron alrededor de las 18:00 horas luego de su apertura a las 08:00 horas, después de la tradicional ceremonia de honores a la Bandera en la explanada del INE.

En tanto, el INE reportó 1770 incidentes; de los más relevantes, 500 fueron incidentes relacionados con la interferencia para impedir la realización de la jornada «sin causa justificada». Las incidencias fueron desde riesgo en casillas hasta el mal tiempo por el clima. De todas las incidencias reportadas, el 80.4% fueron atendidas.

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JALISCO

Morena en Jalisco: El fracaso de la reforma judicial y el rechazo ciudadano

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La participación del 7.5% en las elecciones judiciales del pasado domingo en Jalisco, la más baja del país, es un mensaje contundente de la ciudadanía: un rechazo claro a la reforma judicial impulsada por Morena y una señal de desconfianza hacia las instituciones. Este resultado no solo expone las fracturas internas del partido en el estado, sino que también pone en duda la legitimidad del proceso y plantea serios desafíos para el futuro político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en una región clave.

Un abstencionismo que habla

El 7.5% de participación –equivalente a un 92.5% de abstención– no puede interpretarse de otra manera que como un fracaso estrepitoso de los operadores y liderazgos de Morena en Jalisco. Figuras como Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Chema Martínez y Laura Imelda Pérez, así como la Universidad de Guadalajara, mostraron una incapacidad evidente para movilizar al electorado.

¿Dónde quedó el morenismo que prometía transformar el estado? El abstencionismo no solo refleja la falta de articulación del partido, sino también un rechazo público a lo que muchos perciben como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial y socavar su independencia.

En mi columna del lunes, titulada “¿Democratización o control político?”, planteé si este proceso realmente democratiza la justicia o si es un mecanismo para consolidar el poder de Morena. Los números de Jalisco responden con claridad: los ciudadanos ven más allá de la narrativa oficial de “democratización” y perciben la reforma como una toma de poder, especialmente en un contexto donde Morena domina el Congreso de la Unión.

Líderes sociales como el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, han criticado el proceso como un ejercicio que favorece la agenda de Morena en lugar de mejorar el sistema judicial. Su descripción de un proceso “planchado” resuena con un electorado jalisciense históricamente receloso del control centralizado, lo que explica su decisión de abstenerse.

Fragmentación y divisionismo en Morena

Otro factor detrás de esta baja participación es la fragmentación interna de Morena en Jalisco. El partido carece de unidad y de una visión compartida; en su lugar, prevalece una lucha de intereses por el control y el poder. Los liderazgos locales, más preocupados por sus agendas individuales que por un proyecto colectivo, se comportan como “perros y gatos en disputa”, cada uno aferrado a su hueso. Desde la Ciudad de México, figuras como Leonel Cota Montaño y Alfonso Ramírez Cuéllar intentaron, sin éxito, alinear a los grupos locales. A pesar de sus declaraciones públicas de unidad y de promesas de duplicar la participación, el morenismo jalisciense quedó en evidencia.

La Universidad de Guadalajara, que se involucró en el proceso, tampoco logró movilizar al electorado. Su incapacidad para mantener el registro del partido Hagamos en elecciones pasadas ya había mostrado sus limitaciones, y esta elección judicial lo confirmó. Morena le falló a la presidenta Sheinbaum al no conectar con los jaliscienses, un estado donde el partido ha enfrentado dificultades históricas para consolidarse. Si en la elección federal de 2024 Morena obtuvo resultados en Jalisco, el mérito fue del liderazgo de Sheinbaum, no de las figuras locales, marcadas por el divisionismo, el egocentrismo y el individualismo.

Desconfianza institucional y desencanto ciudadano

El 92.5% de abstención no solo es un rechazo a la reforma judicial, sino también un reflejo del desencanto con el sistema político en general. La percepción de que estas elecciones carecen de legitimidad o de un impacto real en la justicia ha exacerbado la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos jaliscienses, conocidos por su tradición de autonomía y resistencia al poder central, ven en esta reforma un intento de Morena por imponer su agenda, más que una solución genuina a los problemas del Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia.

Esta desconfianza se suma a la falta de información y a la complejidad del proceso electoral. Con miles de candidatos y cargos poco conocidos, muchos ciudadanos optaron por no participar, percibiendo el ejercicio como una farsa diseñada para favorecer a Morena. La baja participación en Jalisco, comparada con el promedio nacional del 13%, refleja un sentimiento anti-morenista que podría fortalecerse en el futuro, especialmente si el partido no ajusta su estrategia.

Implicaciones para el futuro político de Jalisco

El fracaso de Morena en movilizar a los ciudadanos en un proceso tan publicitado como las elecciones judiciales expone su vulnerabilidad en Jalisco, un estado donde ha luchado por consolidarse frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta baja participación podría fortalecer a la oposición y al sentimiento anti-morenista, abriendo la puerta a que partidos locales capitalicen el descontento ciudadano. Además, el divisionismo interno de Morena podría llevar a una reconfiguración de sus liderazgos en el estado, un proceso que será crucial para su futuro político.

¿Quiénes podrían emerger como nuevos líderes? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero lo que sí está claro es que Morena necesita un liderazgo más inclusivo y una comunicación efectiva para reconectar con los jaliscienses. Sin estos cambios, el partido seguirá enfrentando reveses en un estado estratégico para el panorama nacional. La presidenta Sheinbaum, quien ha apostado por esta reforma como un pilar de la 4T, también enfrenta un desafío: demostrar que puede unificar a su partido y ganar la confianza de regiones tradicionalmente reticentes al proyecto morenista.

Un mensaje claro para Morena

El 7.5% de participación en Jalisco es una combinación de factores: un rechazo a la reforma judicial, una profunda desconfianza en las instituciones, una división interna de Morena y un fortalecimiento del anti-morenismo local.

Este resultado plantea un reto significativo para el partido y para Sheinbaum, quien deberá replantear su estrategia en el estado si busca consolidar su proyecto político a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense ha hablado con su abstención, y su mensaje es claro: no basta con discursos de democratización; se necesitan acciones que realmente.

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NACIONALES

Elección judicial en México: ¿Democratización o control político?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La elección para renovar el Poder Judicial Federal, celebrada este domingo 1 de junio de 2025, fue presentada por Morena y la 4T como un hito de democracia directa. Sin embargo, el proceso, justificado con el discurso de un Poder Judicial corrupto y elitista, ha generado más dudas que certezas.

La baja participación ciudadana y las múltiples irregularidades sugieren que el objetivo real podría ser el control político de una institución clave para el equilibrio de poderes en México.

BAJA PARTICIPACIÓN: DESCONFIANZA Y DESINFORMACIÓN

Las encuestas de Infobae y El Economista anticipaban una participación de entre el 8% y el 23%, y el INE confirmó un 12% (unos 12.06 millones de votantes de un padrón de 100 millones). Esta abstención histórica no respalda la narrativa de Morena de un apoyo popular, sino que refleja desconfianza y falta de legitimidad. Una encuesta de Enkoll mostró que el 77% de los mexicanos no conocía a ningún candidato, evidenciando una desinformación generalizada.

La complejidad de las boletas, con 3,400 candidatos para 881 cargos y 60 distritos electorales (según la Universidad Iberoamericana), dificultó el voto informado, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a información.

El diseño del proceso también parece haber sido opaco. La ausencia de debates públicos y la distribución de «acordeones» –listas de candidatos oficialistas– sugieren manipulación para favorecer a Morena. Estas prácticas, denunciadas por analistas, minaron el voto libre y desincentivaron la participación. La abstención masiva no es apatía, sino una protesta silenciosa contra un sistema que no garantiza transparencia ni equidad.

IRREGULARIDADES: UN PROCESO VICIADO

La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades que refuerzan la percepción de un proceso diseñado para beneficiar a Morena. Reportes de El Universal e Infobae documentaron acarreo de votantes, compra de votos y distribución de «acordeones» por los «servidores de la nación». Estas acciones, lejos de ser aisladas, parecen coordinadas para controlar el Poder Judicial.

Además, hubo cargos «sin competencia», con candidaturas únicas en 51 posiciones federales, como en Durango (49 candidaturas para 49 cargos, según Integralia), lo que reduce la elección a una formalidad y cuestiona su pluralidad.

La complejidad del conteo, con casillas atendiendo hasta 2,250 electores (el triple que en elecciones ordinarias), generó dudas sobre la integridad del proceso. El INE enfrentó un desafío logístico sin precedentes, y la tardanza en los resultados —estimaciones para el 3 de junio en el caso de la Suprema Corte y el 5 de junio para el Tribunal Electoral— alimentan especulaciones sobre posibles manipulaciones.

EL DISCURSO DE LA CORRUPCIÓN

Morena justificó la elección señalando corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, un discurso que resuena con una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, el análisis no resiste un escrutinio crítico. El Índice Global de Impunidad 2025 coloca a México en el último lugar de 69 países, y problemas como la falta de juzgados, la sobrecarga de casos (un juez mercantil en Monterrey maneja 15 mil casos, según Rubén Moreira) y la necesidad de capacitación persisten. Pero la solución propuesta no ataca estas raíces, sino que politiza el Poder Judicial. La presencia de candidatos alineados con la 4T, según El País, sugiere una captura institucional disfrazada de participación popular, más que una verdadera democratización.

IMPACTO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA

La baja participación y las irregularidades tienen graves implicaciones. La abstención masiva refuerza la percepción de que las elecciones no son confiables para el cambio institucional. La manipulación del proceso amenaza la independencia judicial, pilar del equilibrio de poderes.

Si el Poder Judicial queda subordinado al Ejecutivo y Legislativo, ambos dominados por Morena, México podría deslizarse hacia un sistema de partido hegemónico, similar al viejo PRI, como advirtió PortalGuanajuato.mx.

La polarización también se ha profundizado. Mientras Claudia Sheinbaum defiende la elección como un hito democrático, críticos como Enrique Krauze y Javier Laynez Potisek la califican de «farsa» y «golpe de Estado». Esta división debilita la confianza en las instituciones y dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas reales del sistema judicial.

UN EXPERIMENTO FALLIDO CON COSTOS ALTOS

La elección judicial del 1 de junio de 2025 no democratizó el Poder Judicial ni combatió la corrupción. Se convirtió en un ejercicio de control político que deja al sistema judicial más vulnerable. La baja participación y las irregularidades no son fallas accidentales, sino síntomas de un proceso diseñado para favorecer a Morena sobre los principios democráticos.

México necesita una reforma judicial que fortalezca la independencia, la capacitación y los recursos, no que lo someta al poder político. La factura será alta: un Poder Judicial debilitado, una democracia erosionada y una ciudadanía desencantada. La pregunta es si la sociedad mexicana exigirá una transformación real o si este episodio marcará un retroceso autoritario más profundo.

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