«Ya es muy tarde»

Opinión, por Iván Arrazola //

Con esta frase, la presidenta Sheinbaum respondió a una pregunta formulada durante su conferencia mañanera sobre la propuesta de los comisionados del INAI para reducir el presupuesto del organismo autónomo en 300 millones de pesos. Con ese argumento simplista y meramente burocrático, la presidenta justificó la desaparición de un organismo fundamental como lo es el INAI, cuya labor es supervisar la transparencia y las acciones del gobierno.

Esta postura condena al país a un estado de opacidad comparable al que se vivió durante el siglo XX, cuando la falta de rendición de cuentas era la norma y la información pública era inaccesible. La eliminación de un ente de vigilancia como el INAI representa un grave retroceso en los avances hacia una democracia más transparente y participativa, y limita el derecho de los ciudadanos a conocer y cuestionar las acciones de sus gobernantes.

¿Por qué al régimen le resulta tan fácil tomar estas decisiones sin asumir ningún costo? La respuesta es clara: en este momento, el país carece de los contrapesos necesarios para frenar el avance del autoritarismo. Además, parece no haber una preocupación real entre la ciudadanía, que ha aceptado tranquilamente que todo se hace en nombre de una supuesta austeridad republicana, aunque el despilfarro del régimen es evidente.

Basta señalar que, tan solo en el sexenio anterior, PEMEX registró pérdidas por 1.3 billones de pesos. Esta falta de contrapesos y de cuestionamiento público permite al régimen avanzar sin obstáculos significativos, sacrificando transparencia y debilitando las instituciones democráticas en favor de decisiones arbitrarias y de un discurso de austeridad que parece justificar cualquier medida.

En esta misma línea, el oficialismo ha intentado vender una visión de democracia reducida a su expresión más básica. La presidenta Sheinbaum sostiene que siempre ha luchado por la democracia y, por ello, considera que no se le puede calificar de autoritaria. Además, argumenta que su mandato está respaldado por una mayoría que la eligió en las urnas, lo cual, según ella, le otorga la autoridad para implementar las reformas que considere necesarias, pues es el pueblo quien, al votar de forma mayoritaria el 2 de junio, le ha delegado ese poder.

Sin embargo, la presidenta parece ignorar un aspecto fundamental de la democracia: la necesidad de establecer límites al ejercicio del poder. La democracia no solo consiste en ganar elecciones, sino en respetar y fortalecer las instituciones, en actuar dentro del marco de la ley y en reconocer que el poder debe ser contrarrestado para evitar abusos.

El poco aprecio y respeto que muestra hacia las leyes y la limitación del poder reflejan una concepción profundamente autoritaria, en la que el mandato popular se interpreta como una carta blanca para gobernar sin restricciones. Esta visión no solo debilita la democracia, sino que abre la puerta a prácticas que minan los principios de legalidad y equilibrio institucional, fundamentales en un sistema verdaderamente democrático.

El argumento favorito del régimen para justificar la desaparición del INAI es que este organismo no ha logrado erradicar la corrupción. Este razonamiento, sin embargo, resulta engañoso. La transparencia, aunque no es la solución completa al problema de la corrupción, es uno de los pilares esenciales para combatirla, y la función principal del INAI es precisamente facilitar el acceso a la información pública, permitiendo a los ciudadanos conocer y cuestionar las acciones gubernamentales.

Esta labor de transparencia resulta incómoda para un régimen que se ha especializado en reservar información, con el único objetivo de evitar el escrutinio público y las críticas sobre sus acciones. En este contexto, eliminar al INAI es conveniente, especialmente si se consideran casos emblemáticos, como el de «La Casa Blanca», que mostró el conflicto de interés entre la familia de uno de los hijos del presidente y una empresa contratista de PEMEX, o el caso del Tren Maya donde contratistas fueron relacionados con hijos de López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en lugar de fortalecer la rendición de cuentas, opta por deshacerse del «mensajero» que hace posible la transparencia. Según su visión, la ciudadanía debería «confiar» en la buena voluntad del gobierno para divulgar la información, en lugar de depender de un organismo independiente que garantice el acceso público a esta.

Con esta frase, se pasa por alto que quienes verdaderamente llegaron tarde son los que ahora gobiernan y actúan con una visión anticuada de lo que significa la democracia. En su concepción, lo único relevante es la mayoría obtenida en las urnas, lo cual, según ellos, les otorga el derecho a hacer cualquier cosa, especialmente concentrar poder y reemplazar las instituciones por la voluntad de una o unas pocas personas. En esta visión, el destino de un país queda en manos de decisiones unilaterales, sustentadas en un discurso cargado de prejuicios y resentimientos, pero desprovisto de un proyecto que realmente construya un mejor país.