OPINIÓN
17 años de transparencia
Opinión, por Salvador Romero Espinoza //
Este 2 de julio el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, también conocido como el ITEI, cumplió 17 años de vida, y su principal función es y ha sido ayudar a la gente a defender sus derechos humanos de acceso a la información pública (DAI) y a la protección de sus datos personales (DPDP) en posesión de las autoridades jaliscienses.
Aunque es evidente que una de las funciones más importantes del DAI está relacionada con la supervisión del ejercicio de los recursos públicos y obligaciones gubernamentales, también tiene otras funciones como «derecho llave», pues te permite acceder a información pública necesaria para poder acceder a otros derechos como el derecho a la salud, la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, etc.
Por ello, en estos 17 años en el ITEI se ha trabajado de la mano con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada, universidades y, por supuesto, con las más de 500 instituciones y dependencias obligadas a cumplir dichas leyes, con quienes se han realizado esfuerzos en conjunto para garantizar los derechos en materia Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Quizás no lo sepas, pero el camino del ITEI no ha sido fácil, pues han habido y seguirán habiendo obstáculos y muchos retos por superar, entre ellos, tener uno de los presupuestos per cápita más castigados de todo el país; sin embargo, a pesar de ello, sus logros son significativos y el trabajo del ITEI ha sido reconocido en todo México y en otros países del Mundo.
Hoy, por ejemplo, Jalisco es el Estado número uno del país en carga de información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia y somos el tercer Instituto del país con más recursos de revisión favorables para las y los ciudadanos.
En materia de capacitación, somos el único instituto de transparencia que cuenta con un Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, el CESIP.
En coordinación con el gobierno municipal de Guadalajara, generamos la herramienta digital “Test Data”, que facilita la elaboración de versiones públicas de documentos, lo que contribuye a eficientar la entrega de información pública.
Al Poder Judicial le ayudamos a implementar el software “ELIDA” o eliminador de datos, único en su tipo en México, que tiene la capacidad de generar versiones públicas de las sentencias en segundos, lo que permite supervisar el trabajo de todas y todos los jueces y magistrados.
En conjunto con el Congreso de Jalisco, hemos impulsado ejercicios de Parlamento Abierto, para que puedas opinar y contribuir al análisis de las iniciativas y propuestas de tus diputadas y diputados.
El ITEI ha hecho esfuerzos para acercar estos derechos a niñas, niños, adolescentes, personas sordas, personas invidentes, mujeres en situación vulnerable, personas de comunidades indígenas y personas con alguna discapacidad, y actualmente, estamos en el proceso de certificar nuestro portal de Internet para que pueda ser accesible para cualquier persona.
Por otra parte, como estamos conscientes que utilizas de manera recurrente las redes sociales digitales para informarte, desde el ITEI tomamos la iniciativa en el Sistema Nacional de Transparencia para sentar las bases de la difusión de información pública a través de estas plataformas.
Conscientes que la mayoria de la gente utiliza WhatApp para comunicarse diariamente, decidimos poner en marcha la plataforma WHATSPARENCIA, que es justamente una línea de WhatsApp, mediante la que te asesoramos en el número 33 3906 9656, con lo que el ITEI se vuelve el primer instituto de transparencia local del país en atenderte a través de esta plataforma.
El ITEI participa también activamente tanto en el Sistema Nacional como en el Sistema Estatal Anticorrupción, y una muestra de ello es que en las elecciones del pasado 2021, desarrollamos la plataforma “Iniciativa 3 de 3 por la Integridad”.
Estamos conscientes, sin embargo, que nos falta mucho por hacer y retos por vencer, que tenemos serias limitaciones presupuestales que nos impiden promover más la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en muchos sectores de la población, pero seguimos y seguiremos buscando formas para hacerlo, porque el principal motor de una democracia es una sociedad informada.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
Se rasga bandera gigante en Guanajuato
Conciencia TV: ¿Quiénes fueron los jaliscienses que participaron en el Movimiento de Independencia de México?
