OPINIÓN
Acusaciones directas contra EPN y Videgaray: Filtraciones demoledoras
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Por más que quisiera quien esté atento a los sucesos nacionales, no puede sustraerse a lo que aconteció la semana pasada: la filtración de dos documentos en relación al caso Lozoya y el combate a la corrupción, lo que involucra plenamente a la política mexicana.
Ni el COVID-19, ni la situación económica crítica que azota al mundo o las elecciones estadounidenses que para el orbe tanto significan, bueno ni la final de la Champions de futbol europeo que emociona a millones, pudieron distraernos de conocer esos documentos: uno consistente en un video de poco más de cuatro minutos, y otro de 63 páginas que es nada más ni nada menos, que el esperado texto de la denuncia que presentó el 11 de agosto reciente, Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de proporcionar datos que le acrediten para recibir el trato de testigo colaborador que ya se le otorga, papel que de resultar eficaz, casi lo exentará de sanciones punitivas.
En el video filtrado por nadie sabe quién, pero del cual muchos aparecen como sospechosos, comenzando con los adversarios del PAN, siguiendo con los de los gobernadores involucrados y continuando con los amigos del mismo Lozoya, se exhibió en toda su descarnada y nauseabunda imagen a los deshonestos. Por ello algunos aseguraron que como encuadran dentro de las acciones que auspicia el Presidente del país para abatir la corrupción, quizá allí radica la clave de cómo aparecieron: pero la FGR se deslindó rápido de que ella haya sido la filtradora y AMLO asentó el día 20, en la mañanera, que había de indagarse. Lo cierto pues, es que el video representa un botón de muestra de lo podrido del sistema político mexicano; porque si de él se acredita lo que ciertos legisladores federales suelen hacer, para obtener dinero, similares maniobras se llevan a cabo en los Estados y municipios, para lograr fines que lejos de beneficiar al pueblo y sus instituciones, solo engordan las cuentas y bolsillos de los políticos implicados. Y Jalisco, desde hace sexenios no está excluido de tales desenfrenos.
El 19 del presente mes, el impacto causado por el video, pasó a segundo término ante la filtración de la denuncia de Lozoya. Fue su efecto como el de una bomba nuclear, pavoroso y aniquilador. Claro que resta probar lo allí referido, pero sostenido por quien subsistió en las entrañas del monstruo, mucho de lo denunciado debe ser cierto.
De la lectura, larga y a veces pesada, pero que se sostiene por la expectativa de qué nuevos delitos y personajes van a ir apareciendo, no menos de dieciséis políticos finalmente se inmiscuyen. Y son de primerísima línea, desde expresidentes, como Salinas, Calderón y Peña Nieto, o poderosos funcionarios al estilo de Videgaray, Meade y el mismo Lozoya.
La parte inicial de la denuncia narra detalladamente cómo se enlazaron el dueño de la compañía brasileña Odebrecht, con el candidato y luego Presidente Enrique Peña Nieto, siendo luego sustituido en la relación por Luis Videgaray y Lozoya. Todos dedicados a tramar la manera de a final de cuentas, corrompidamente ganar dinero a costillas de PEMEX y la nación.
Asombra que en esas mezquinas maniobras, varios millones de dólares se hayan destinado para cubrir gastos durante la campaña electoral de Peña Nieto y particularmente pagarle a sus consultores extranjeros (uno cobró 380,000.00 euros ¡!), como si la campaña fuera para llegar a Secretario de la ONU.
¿Y de todo esto ni por asomo se dio cuenta el IFE, actualmente INE? Y eso que sus consejeros y altos funcionarios, son tan quisquillosos cuando de dinero se trata, sobre todo si es cuestión de defender sus estratosféricos salarios y ostentosos gastos complementarios.
A cada paso Lozoya reitera: el que me daba las instrucciones directas era Videgaray, quien le reportaba a Peña Nieto. Por cierto, que el denunciante aclara que apenas sí conocía a los dos superiores que tenía, o sea el futuro Presidente del país y su flamante brazo derecho, Videgaray. Todo eso fue en 2012 y luego describe lo sucedido en 2013: se le instruyó para entregar cantidades a la oposición, a efecto de que se aprobaran reformas estructurales. Esas cantidades también las proporcionó Odebrecht, siendo los recipiendarios senadores y diputados, sobre todo panistas, quienes enviaban a sus peones a contar y recoger sus bolsas transparentes (desde luego, tontos no son) para que supieran la denominación de los billetes y además en maletas. Según avanzaba la reforma energética, se entregaban sumas cuantiosas a dichos dizque “legisladores”, que, de ser cierto lo que describe la denuncia, no son más que buitres.
Al respecto afirma Lozoya: “…la actitud de los panistas en obtener recursos era brutal.” (Página 15, de la denuncia) y luego agrega que Videgaray “llevaba un control puntual de los sobornos entregados”. Y el dinero que daba la empresa brasileña, era ahora para garantizar dominio e influencia en el gobierno.” (Pág. 18, denuncia). Pero también hubo priístas en el enjuague: el senador David Penchyna, recibió en 2014 seis millones de pesos. Este por cierto tiene apetito monetario desbocado, pues siendo director del INFONAVIT percibía la fabulosa cantidad de $745,000.00 pesos mensuales, en tanto que los trabajadores afiliados a ese instituto, reciben magras sumas para tener una casita, misma que pagan con crecidos intereses y largos períodos.
Y el asombro no para conforme leemos esa denuncia: Ricardo Anaya, el célebre candidato panista bautizado como “Ricky, Ricón” recibió la crecida cantidad de $6, 800,000.00 por el mes de agosto, luego de constantes presiones que ejerció sobre Lozoya.(Pág.20, Denuncia). Ente 2013 y 2014, señala Lozoya, se entregaron ochenta millones de pesos al enviado de los legisladores blanquiazules, habiéndolos recibido su enviado señor Rafael Caraveo Opengo, en ese entonces secretario técnico de la Comisión de Administración presidida por el panista Jorge Luis Lavalle y cercano al exsenador Ernesto Cordero. Según Yolanda Valladares, ex dirigente panista en Campeche, Caraveo Opengo era prestanombres de Jorge Luis Lavalle.
Sobre lo anterior, los señalados como recipiendarios de las bolsas de dinero en este sombrío relato de la corrupción, aunque nerviosos, han reaccionado airados y amenazantes, niegan todo y anuncian demandas y denuncias contra Lozoya. Preguntado sobre esto, expresó el senador Germán Martínez, al periodista Julio Astillero: “yo no le creo todo a Lozoya, pero tampoco les creo a los que señalados en la denuncia, replican que son inocentes.” Y en eso estamos de acuerdo.
La denuncia es tan extensa e interesante, que amerita otro artículo. Por hoy, tomemos aire y luego, si otra cosa no lo impide, completaremos nuestro vistazo sobre tan singular delación.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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