OPINIÓN
Mientras México se hunde: AMLO, ejemplo de liderazgo fallido
Comuna México, por Benjamín Mora //
Una vez leí: “No comprendes el significado de puntualidad hasta que llegas tarde a la vida de una persona”. ¡Vaya verdad que, a todos, alguna vez, nos sucedió y muchas veces nos seguirá doliendo!
A mi abuela Rafaela le encantaba la política, pero no los políticos. Solía decirme: Cuídate de quien necesita amasar poder porque seguro sufre de enormes carencias y puede darte sorpresas muy dolorosas.
Jamás conocí a nadie tan obstinado por el poder como Andrés Manuel López Obrador. Tampoco jamás lo imaginé tan torpe e imberbe para ejercer la Presidencia de la República; pareciera que se preparó para el engaño, pero no para gobernar. Es, sin duda, el menos indicado para gobernar a México en estos tiempos, difíciles desde fuera e imposibles, desde dentro, gracias a él.
Mi madre me decía: No te obsesiones con llegar a tiempo a una cita si no tienes una buena razón para ella. En asuntos de gobierno, la puntualidad es un valor que en México pocos aprecian y que, hoy día, en el caso de las posibles denuncias penales en contra de peces gordos de otros gobiernos del pasado, panistas y priistas, resulta primordial. Todos, sin excepción, exigimos el castigo a quienes abusaron del cargo de gobierno que ostentaron; sin embargo, tal exigencia tiene igual fuerza con quienes hoy se extralimitan en la 4T.
Sin duda, los escándalos políticos en México habrán de crecer en las semanas y meses siguientes, hasta convertirse en el gran circo nacional en medio de una profunda decepción social del derecho y el hazmerreír ante el mundo.
Decían nuestros abuelos que quien se ríe, se lleva, y ello pasará a la 4T y su creador, Andrés Manuel López Obrador. Poco a poco y paso a paso, saldrán videos no solo de sus enemigos sino de su propia gente y, quizá, hasta de él mismo y de su familia, como ya lo vemos.
La honestidad valiente demostrará que ni ha sido honesta ni mucho menos valiente, y con ella, la 4T podría encaminarse sola hacia el campo santo de la política mexicana, cargado su ataúd y cubierta de una mortaja pluripinta.
GANA UN ROUND ALONSO ANCIRA
En derecho, los delitos tienen un tiempo para denunciarse, perseguirse, juzgarse y sentenciarse; actuar a destiempo, desde el gobierno, no solo es torpe sino pernicioso y antesala de un régimen dictatorial. Recientemente, Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, obtuvo amparo definitivo en contra la orden de aprehensión que dio origen a la ficha roja de Interpol y, en consecuencia, su extradición presentada ante la justicia de España, en donde permanece detenido. Con ello, Alonso Ancira debe quedar en libertad. Más allá de la causa, lo que nos queda claro es que los delitos prescriben y, en ese caso, quien delinquió no puede ser detenido ni juzgado y menos sentenciado por algo que es historia, simple historia. Jamás sabremos, a ciencia cierta, si Ancira fue o no culpable.
Debemos señalar que muchos de los delitos que se le imputan a Emilio Lozoya Austin están vinculados con los que, supuestamente, cometió Alonso Ancira; por tanto, también prescribieron. Quizá, solo quizá, por ello se filtran por todos lados -a sugerencia de AMLO- videos “probatorios” de delitos que jamás podrán llevarse a juicio.
La denuncia penal de Lozoya Austin en contra de priistas y panistas es tan válida como la palabra del propio presidente. López Obrador busca ganar, estigmatizando a sus enemigos, según su propio deseo y voluntad. La estrategia está clara: Ganar en la plaza pública no que no es posible sentenciar por un juez. Esto es perverso y desesperado.
CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Recientemente supimos de los miles de pesos mensuales que, por más de un año, David León entregó a Pío, hermano de López Obrador, como aportación a su causa. El Presidente, al pretender aclarar tan hecho dijo, en Aguascalientes, que el caso de su hermano Pío y David León no es lo mismo que las corruptelas de Lozoya pues lo de los suyos fueron aportaciones y en el caso de los otros, se compraron favores; pero pregunto ¿Qué David León no ha sido beneficiado por AMLO, con nombramientos en su gobierno, quizá como pago de sus aportaciones? ¿Con qué recursos financieros ayudará David León a la 4T, hacia 2021 y 2024, por ser quien decidirá sobre qué medicamentos comprará el gobierno de México en el extranjero, cuáles los laboratorios médicos que los producirán y cuál el precio en que los adquirirá, dejando un margen de utilidad compartible? ¿Acaso las aportaciones de David León a Pio López Obrador fueron reportadas al Instituto Electoral o quedaron en la oscuridad del delito electoral? ¿Y por qué razón la Cofeprís perdió su independencia y pasó a manos de López-Gatell, subsecretario de Salud? La estrategia es clara y es electoral.
La moral de AMLO está distraída cuando justifica a su hermano Pio, diciendo: Tan solo recibió poquito dinero, y me recuerda a Hilario “Layín” Ramírez Villanueva, nayarita, cuando aceptó que desde el gobierno robó, pero poquito y que le dio, sí, una rasuradita al erario municipal. El asunto es claro, si Pio López Obrador y David León manejaron poco dinero fue porque no tuvieron el modo de hacerlo en grande. Su honestidad es tan pobre como sus contactos.
Dicen que en arca abierta hasta el más santo peca. López Obrador acumula los dineros de diversos programas que cancela a través de maniobras ilegales, ilegítimas y perversas para usos muy previsibles hacia 2021. Creo que es tiempo de amarrarle las manos al Presidente para que no caiga en tentaciones y su santidad y honestidad sucumban ante las tentaciones del maldito dinero. Ayudémoslo a llegar al cielo; claro, cuando Dios lo decida.
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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