-Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

La noche del 23 de julio Zapopan volvió a colocarse en el centro del debate político estatal. En medio de un operativo contra motociclistas, el diputado federal y dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Jalisco, José Luis Sánchez González, irrumpió en la escena denunciando abusos de autoridad, lesiones a jóvenes y la retención de motocicletas sin la entrega de los folios de infracción correspondientes. La historia no tardó en reventar en redes sociales y medios, desatando un cruce de narrativas: la del legislador que dice defender los derechos ciudadanos y la de quienes lo acusan de entrometerse en la labor policial amparado por su fuero.

La operación de la Policía Vial se realizaba en una de las arterias más transitadas de la ciudad, la avenida Vallarta, y según datos oficiales tenía un objetivo claro: revisar la documentación de los conductores y detectar motocicletas con reporte de robo, un delito que ha repuntado en el Área Metropolitana de Guadalajara. El saldo fue contundente: 81 motocicletas aseguradas. La mayoría, según las autoridades, por carecer de los papeles en regla.

Pero lo que podía haber pasado como una acción más de seguridad terminó convertida en un espectáculo político. A eso de las once de la noche, dice el diputado Sánchez que, recibió una llamada de un par de jóvenes que le denunciaban supuestas arbitrariedades en el operativo. Dice que, se levantó, llegó al punto y, con celular en mano, comenzó a grabar. “No estoy en contra de los operativos, pero sí de que al amparo de estas acciones violen garantías o derechos humanos”, dijo ante un grupo de oficiales que, asegura, se negaban a entregar folios a los motociclistas.

La versión del legislador incluye un elemento que detonó la indignación pública: jóvenes golpeados, una mujer sangrando, moretones visibles. “Yo mismo los vi”, afirmó en sus redes, pero, en el video que menciona el diputado no aparece nadie con ese supuesto maltrato. El diputado no solo increpó a los agentes, sino que buscó hablar con el coordinador del operativo, quien nunca “dio la cara”, según su relato, en el video que el mismo José Luis Sánchez subió, se le ve hablando con un oficial a cargo que le debate con argumentos jurídicos y el diputado federal no sale bien librado. El video que grabó circuló inmediatamente y fue suficiente para que las opiniones se dividieran.

El incidente pone sobre la mesa una vieja pregunta: ¿hasta dónde se puede sacrificar el debido proceso en nombre de la seguridad pública? Las rodadas de motociclistas, muchas de ellas realizadas de manera irregular en avenidas principales, han sido un problema recurrente en la ciudad. No son pocos los ciudadanos que se quejan del ruido, el desorden y los accidentes que generan estos grupos.

Sin embargo, el hecho de que existan inconformidades con su comportamiento no exime a las autoridades de cumplir con la ley. La Constitución Política de Jalisco (artículo 4) establece que toda persona tiene derecho a la movilidad y al respeto de sus derechos humanos, cosa que el diputado federal no supo argumentar. La Ley de Movilidad y Transporte obliga a las autoridades a fundar y motivar cada acto administrativo, incluida la retención de un vehículo. Si, como denuncia el diputado, no se entregaron los folios de infracción, se estaría vulnerando el derecho de los ciudadanos a defender su propiedad, pero, la Policía Vial asegura haber entregado a todos los conductores de las 81 motos recogidas, si se les entregó.

La línea entre el operativo legítimo y el abuso de autoridad es delgada. Si hubo agresiones físicas y omisión en la entrega de documentos, las autoridades deberán responder. Pero esa misma delgada línea también exige que la intervención de un legislador no entorpezca los procedimientos en curso, como evidentemente se puede observar en el video.

Las críticas hacia el diputado no se hicieron esperar. “¿Cuál es la manera correcta de denunciar irregularidades? Es muy diferente observar y recabar información a envalentonarse por un fuero y agredir a las autoridades”, escribió un usuario en redes sociales. Otros lo acusaron de oportunismo político: “Es muy fácil hablar desde el privilegio y ser humanista para obtener votos”.

El fuero legislativo protege a los diputados de ser procesados penalmente sin autorización del Congreso, pero no les otorga facultades para detener o supervisar operativos. Lo que sí pueden hacer es documentar, denunciar y solicitar que se investiguen los hechos. En este caso, la presencia de Sánchez generó un choque de narrativas: ¿actuó como representante ciudadano o se sobrepasó en sus funciones?

Su defensa es clara: “Yo no reclamé el operativo, sino los abusos de autoridad”. El problema es que su intervención puede ser interpretada como un intento de debilitar la autoridad de los agentes en el lugar. Este matiz es clave para entender la carga política del incidente y la necesidad de legisladores preparados legalmente para ser “la voz del pueblo”.

El episodio también revela la fractura dentro de la propia comunidad motociclista. Grupos organizados como Queen Riders, liderado por Ana Mayet, se deslindan de las rodadas caóticas. “No estoy de acuerdo con esas rodadas porque ocasionan que nos veamos afectados los que sí acatamos las normas”, dijo. Su grupo, compuesto por 20 mujeres, tiene reglas internas estrictas: uso de casco obligatorio, papeles en regla y circular en fila para no obstruir el tránsito.

José Luis Sánchez es un actor político menor, también dirigente estatal del disminuido PT, sin embargo, su estrategia es arriesgada. Si no presenta pruebas contundentes de los abusos que denuncia, corre el riesgo de que el episodio sea percibido como un espectáculo mediático. Si por el contrario logra documentar las irregularidades, podría evidenciar fallas estructurales en la forma en que se ejecutan los operativos de seguridad.

El caso de Zapopan es un microcosmos del dilema que enfrenta Jalisco y buena parte del país: ¿cómo garantizar la seguridad pública sin vulnerar las garantías individuales? Los operativos contra motociclistas buscan combatir el robo y el desorden vial, pero deben hacerse dentro del marco de la ley.

Al final, la discusión no es sobre motociclistas o diputados. Es sobre un Estado que, en nombre de la seguridad, corre el riesgo de normalizar la arbitrariedad. Y sobre una clase política que, entre el cálculo electoral y el deber de representar a los ciudadanos, parece olvidar que la legitimidad de la acción pública no se mide por los likes en redes sociales, sino por el respeto irrestricto a la ley.

El operativo en Zapopan dejó 81 motocicletas aseguradas, pero también dejó algo más valioso: la evidencia de que Jalisco necesita urgentemente revisar cómo se ejercen las facultades de la autoridad. Porque en un Estado de derecho, ni los motociclistas, ni los diputados, ni los policías están por encima de la ley.

En X @DEPACHECOS

MUY APAPACHADO

Como es ya tradicional, Juan Huerta, el líder de la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ), fue festejado por sus amigos y familiares en la Antigua Hacienda de la Mora, en una tarde muy mexicana con música de mariachi y los platillos elaborados por el Chef Ramón Torres.

EL CALOR DE LA FAMILIA

Juan Huerta recibió el calor de sus familiares en el festejo de su cumpleaños.

ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, amigo personal de Juan Huerta, lo acompañó en este día tan especial.

PERSONALIDADES

De pie Arnoldo Rubio, Juan Huerta, la diputada presidenta del Congreso del Estado, Martha Arizmendi y Héctor Pizano. Sentados el diputado local Enrique Velázquez y la diputada federal Nadia Sepúlveda.

MUCHAS FELICITACIONES

El diputado Gustavo Macías Zambrano, Adriana Luna, la regidora Diana González y la diputada local Gaby Cárdenas hicieron acto de presencia para felicitar y festejar a Juan.

SELFIE DE ADRIANA

La gran periodista Adriana Luna con Juan Huerta y la diputada Gaby Cárdenas.

LOS AMIGOS

De izquierda a derecha Gilberto Orozco, Héctor Pizano, Juan Huerta, Tereso Medina y el diputado Miguel de la Rosa.

EL RECIBIMIENTO

El vicecoordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar al llegar a la comida, es recibido por Juan Huerta y Héctor Pizano.

DON RAFAEL YERENA

Los periodistas Luis Fermín Anaya y Adriana Luna con Don Rafael Yerena Zambrano, líder vitalicio de la Federación de Trabajadores de Jalisco.

VÍCTOR HUGO PÉREZ PELAYO

De izquierda a derecha: El diputado local Miguel de la Rosa, Víctor Hugo Pérez Pelayo, la diputada Marta Arizmendi y Emilio Ulloa.

NADIA SEPÚLVEDA

Juan Huerta con Héctor Pizano y la diputada federal Nadia Sepúlveda.

CARLOS MEJÍA VIAJÓ DESDE OAXACA

De izquierda a derecha: Héctor Pizano, diputada federal Nadia Sepúlveda, Tereso Medina, Alfonso Ramírez Cuellar y Carlos Mejía, secretario general de la Federación de Trabajadores de Oaxaca.

CON DON TOÑO ÁLVAREZ

Juan Huerta con la diputada Gaby Cárdenas y Don Antonio Álvarez Esparza.

MARTHA ELIA NARANJO

De izquierda a derecha. Dr. Óscar Garibay Román, Martha Elia Naranjo (secretaria general de la Federación de Fedetjal y el festejado Juan Huerta.

TERESO MEDINA

Felipe Aréchiga, Alfonso Ramírez Cuellar, Juan Huerta y Tereso Medina, líder de la Federación de Trabajadores de Coahuila.

-Opinión, por Gerardo Rico

Hasta el momento siguen sin respuesta las demandas de hace unos días, solo se incrementó en 4% su salario, cuando la petición fue del 20%; siguen sin entregar uniformes; persisten las excesivas jornadas de trabajo -hasta 18 horas al día- en la mayoría de las rutas asignadas no existe un tiempo definido -como lo contempla la ley- y en muchas ocasiones los conductores se quedan sin comer y no pueden ni acudir al baño por los tiempos tan cortos de recorrido de las rutas.

¿Le suena familiar? Se trata de los operadores afiliados al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Industria de la Construcción y Transporte en General de la República Mexicana (Setict), quienes ratificaron su derecho a huelga y la vigencia de ésta ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y empresarios a sus demandas para mejorar el servicio a usuarios, luego del paro de labores que realizaron el pasado 15 de julio en Mi Macro Periférico.

Los inconformes señalan que en la actualidad el sistema de transporte urbano en la zona metropolitana de Guadalajara enfrenta un alarmante déficit de más de 1,800 operadores. Aquellos que sí laboran lo hacen en condiciones que vulneran sus derechos laborales, sin prestaciones como el Seguro Social, Afore, aguinaldo, vacaciones, Infonavit ni reparto de utilidades. Además, muchos trabajan sin días de descanso. Aunque hay algunas empresas que cumplen cuando menos al 80% de las prestaciones.

Cuando se creó el modelo de ruta-empresa -mayo del 2017- en el transporte urbano, se prometió un cambio positivo: conductores mejor remunerados, jornadas laborales más cortas, y más tiempo libre para dedicar a la familia, al estudio o al aprendizaje de nuevos oficios. Se pintó un futuro en el que el trabajo sería digno y compatible con una vida personal plena.

Se afirmó en su momento que esta reestructuración implicaba una transformación a fondo del sistema de transporte público, con la creación de empresas operadoras que asumen la responsabilidad del servicio en rutas específicas. Se enfatizó que el modelo ruta-empresa contribuiría a mejorar la seguridad vial, ya que se esperaba que las empresas operadoras asumieran mayor responsabilidad en la capacitación de conductores y en el mantenimiento de las unidades.

UN DOLOR DE CABEZA

En marzo del 2018 se creó un fideicomiso, con el objetivo de administrar los recursos provenientes de multas por infracciones de tránsito, particularmente las relacionadas con exceso de velocidad y semáforos, detectadas por dispositivos electrónicos. Posteriormente, se modificó para incluir otros fines, como el apoyo a proyectos de movilidad urbana sustentable y subsidios para concesionarios de transporte público que se integren al sistema de ruta-empresa.

Lo cierto es que con el mecanismo de pre pago con tarjeta los recursos van al fideicomiso, lo que para muchos auto transportistas signfica un auténtico monopolio, pues no disponen de dinero en efectivo para las reparaciones de las unidades del transporte urbano, como lo hacían antes. Acusan que la administración del ex gobernador Enrique Alfaro los dejó quebrados ya que es el gobierno el encargado de administrar estos recursos y en muchas ocasiones retrasan el pago correspondiente hasta por cuatro meses o más.

Incluso hay quienes en años no han recibido sus pagos correspondientes al servicio que prestan sus unidades. Las pocas rutas que sobreviven laboran al 50 o en ocasiones hasta al 25% de su capacidad con una gran cantidad de unidades paradas que se resienten en los tiempos de espera de miles de personas que a diario requieren del transporte público en el área conurbada de nuestra ciudad.

Se calcula que antes de la pandemia del Covid 19 circulaban seis mil 300 unidades del transporte urbano, luego de esta emergencia sanitaria lo hacían apenas el 50%, aunque en la actualidad se estima que apenas circula el 65% del total de la flotilla , para poder subsistir. El 35% restante de las rutas, sus dueños determinaron guardarlas y de este modo se ahorran desde el pago de combustible, mantenimiento y sueldo a operadores por el simple hecho de que sus rutas no son rentables o determinaron suprimirlas.

Esto originó que la anterior administración estatal metiera diferentes rutas sin estudios previos y otorgó permisos a empleados del gobierno del Estado, según comentan los transportistas Con el paso de los meses varias rutas desaparecieron, situación que repercute en los usuarios.

Esta deficiente planeación originó otro problema: las autoridades del transporte se cansan de presumir que cuando menos en los últimos siete años no se ha incrementado el costo del pasaje y permanece en 9.50. Sin embargo, dejaron de operar rutas que llevaban de un extremo a otro en la ciudad y actualmente el pasajero de a píe debe pagar dos o tres camiones por persona para llegar a su destino.

Lo que obliga a erogar un promedio de 10 a 15 pasajes a la semana, por persona, con el concebido daño a la economía familiar. Más cuando son tres o más miembros de la familia los que tienen que salir a diario para realizar diferentes actividades.

¿Estamos ante el agotamiento del modelo ruta-empresa?