OPINIÓN
¿Aislamiento social o toque de queda?
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Muy crudo el pronóstico del gobernador Enrique Alfaro cuando advierte que de seguir el nivel de eficacia de aislamiento por debajo del 40% y se mantuviera igual en las próximas tres semanas, a mediados de mayo tendríamos en Jalisco a más de 60 mil personas contagiadas por Coronavirus y con la tasa de letalidad actual se lamentaría la pérdida de 4 mil vidas.
Todo esto de acuerdo al modelo predictivo elaborado por la Universidad de Guadalajara, de allí la decisión del Gobierno de Jalisco de establecer un “toque de queda” no oficial, ya que de acuerdo al decreto publicado en el Periódico Oficial de Jalisco el aislamiento social y el uso de cubre bocas será obligatorio y establecerán sanciones para quien no acate estas disposiciones de la autoridad de quedarse en casita.
En un mensaje que grabó en video de poco más de diez minutos divulgado a través de sus redes, el gobernador Alfaro dio a conocer que ese escenario catastrófico lo llevó a la toma de decisiones en el Gabinete de Salud y de Seguridad en conjunto con las autoridades municipales que las medidas de aislamiento social tendrán carácter de obligatorio y quien las desacate, será sancionado y corresponderá a la fuerza pública hacerlas cumplir. Sobre el tipo de sanciones que aplicarán serán publicadas en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.
Previo a ello, Alfaro habló de lo exitoso que han sido las medidas que han tomado en Jalisco, sin dejar de presumir que ha sido mucho mejor que la Ciudad de México, el Estado de México y que veinte entidades más, como lo muestran las 13 defunciones y los cerca de 200 casos de contagios contra miles de la capital del país y cientos de fallecimientos, fiel a su estilo no se quedó con las ganas de decirlo y de darle un repasón a su villano favorito del momento como es el vocero del Gobierno Federal en esta contingencia Hugo López Gatell. “Somos el lugar 23 a nivel nacional tanto en contagios como en fallecimientos y gracias a las acciones, es 11 veces menor que en la Ciudad de México”
La decisión drástica fue tomada por el relajamiento, afirmó, que se vivió durante los últimos días, llegando a un punto crítico, por lo que se tuvo que dar este paso decisivo. Estas medidas son las mismas que dio a conocer en el inicio de la contingencia, la diferencia es que ahora no son voluntarias, son obligatorias y habrá sanciones para quien no las cumpla. Sin embargo, los números que nos muestra el Gobierno del Estado sobre contagios y muertes, no hablan de crisis, incluso las pruebas masivas aplicadas no se ha registrado hasta ayer un caso de contagio, lo que contrasta con el discurso de este domingo del gobernador.
Se saldrá a la calle, aclaró, únicamente para lo estrictamente necesario, de tal suerte que la población con factores de riesgo (mayores de 60 años, con enfermedades crónicas-degenerativas, embarazadas e inmunodeprimidos (SIDA, cáncer, diabetes, desnutrición, Etc.)., deberán guardarse.
Sólo pueden funcionar las actividades económicas definidas como esenciales.
No eventos de más de 50 personas.
De la misma forma el Gobierno del Estado y los ayuntamientos entregarán en forma masiva cubrebocas, aunque dijo que cada quien se deberá hacer responsable de lo que le toca. De la misma forma los puntos de control se trasladarán y reforzarán los límites con los otros estados, lo cual ya quedó definido al hablar con los gobernadores de los estas entidades vecinas. Y en particular se pondrá atención especial en la revisión aquellos que vienen del Estado de México.
¿ES TOQUE DE QUEDA?
Hay quienes interpretan esta decisión decretada por el gobernador Enrique Alfaro como un “toque de queda” (término que no existe en la Constitución General de la República) o suspensión de garantías individuales, con lo que estaría invadiendo facultades de la Federación, ya que sólo puede ser emitido por el Presidente de la República, , es el único que tiene la facultad de “suspender determinados derechos en aras de su propia conservación”, y en ese sentido tanto el Presidente López Obrador como el vocero del gobierno federal doctor López Gatell se han pronunciado en contra de suspender las garantías individuales.
La única facultad que tienen tanto alcaldes como gobernadores es recomendar a la gente permanecer en casa y acatar las medidas higiénicas pertinentes emitidas por la Secretaría de Gobernación, por lo cual la determinación del gobernador Alfaro estaría violando la Carta Magna, y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de los que México forma parte.
La suspensión de las garantías individuales, se pueden dar, pero sólo lo puede decretar el Presidente de la República, en casos de invasión, o perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto.
Habrá que ver qué dicen al respecto los constitucionalistas y defensores del derecho ante esta decisión que asume el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro de suspender las garantías individuales en aras de proteger la salud pública, ¿se convertirá en un nuevo capítulo de choque con el Gobierno Federal? ¿Cómo será tomada la decisión por el Gobierno Federal?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
